El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó hoy una propuesta para regresar a la «presencialidad plena» en las escuelas a partir del próximo 1 de septiembre, en un esquema con protocolos que incluye una distancia de 0,90 centímetros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, ventilación cruzada y otras medidas de cuidado.
Así lo informó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, después de la reunión del organismo en la que se analizaron y validaron los cambios en el protocolo de asistencia a clases en los niveles primario y secundario de todo el país.
La propuesta, que fue aprobada por la mayoría del CFE, deberá «ser aplicada con carácter de ley» en las 24 jurisdicciones del país, incluidas Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, que no acompañaron la votación.
«Hemos tenido una reunión en la que hemos aprobado por mayoría, con el acompañamiento de 22 de las 24 jurisdicciones, los protocolos que permiten intensificar la presencialidad en el sistema educativo», indicó Trotta tras la reunión del CFE en el Palacio Sarmiento.
«La pandemia no ha sido superada pero podemos dar este paso», declaró, al advertir que pueden observarse «mejoras» en materia sanitaria.
El titular de la cartera educativa detalló los tres puntos principales del regreso a la presencialidad a las aulas a partir del próximo 1 de septiembre, como el de garantizar «90 centímetros de distanciamiento» que, de «manera excepcional, se puede disminuir a mínimo de medio metro».
Esa disposición deberá ser «compensada» con los «testeos» y el «uso de medidores de dióxido de carbono», además de la ventilación cruzada.
Trotta también confirmó que el Estado nacional «acompañará con financiamiento» a las distintas jurisdicciones con los «medidores de dióxido de carbono, kits de testeos y barbijos», y que en algunos casos se implementará el uso de doble tapabocas o triple protección.
Trotta señaló que «cada una de las jurisdicciones va a poder determinar la progresividad» de las medidas aprobadas por el CFE y explicó que la decisión tomada por mayoría de la asamblea del organismo deberá «ser aplicada como ley» en las 24 jurisdicciones pese a que la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires no acompañaron la decisión.
«Pedimos a Horacio Rodriguez Larreta y a Rodolfo Suarez que cumplan la norma», dijo Trotta en referencia a los gobernadores de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, respectivamente, al señalar que se trata de medidas que van a «cuidar a toda la comunidad educativa».
Estas pautas para el regreso a la presencialidad total habían sido definidas el miércoles último por la cartera educativa y sus asesores.
Los cambios que fueron propuestos al CFE responden a la mejora de los indicadores epidemiológicos, junto al avance en el proceso de vacunación y al aumento de las temperaturas en el territorio argentino.
Este contexto habilitó la posibilidad de nuevas instancias que avanzan y «fortalecen la presencia en las aulas», había informado el Ministerio de Educación.
La propuesta definida contempla tres escenarios posibles y refiere a condiciones mínimas, sobre las cuales cada jurisdicción podrá adicionar otras medidas que considere convenientes:
– Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo una distanciamiento físico de 1.5 metros entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurar el uso de mascarillas y la higiene de manos.
– Condición admisible: En el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 metros para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 metros entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 metros en los espacios comunes y con el cuerpo docente.
– Excepciones: Solo en el caso de que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90 metros entre estudiantes, se podrá mantener una distancia menor; y las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación.
El CFE agrupa a todos los ministros de Educación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta del Ministerio de Educación llegó luego de las diferentes reuniones con la Sociedad Argentina de Pediatría, Unicef y Organización Mundial para la Salud, entre otras.