La Justicia argentina detuvo a la novia del joven que intentó asesinar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, bajo la hipótesis de que no fue una acción individual. La detenida, Brenda Uliarte, tiene 23 años y convivía con el atacante, Fernando Sabag Montiel.
La mujer fue detenida el domingo 4 de septiembre por los agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). Si bien Uriarte sostenía que no veía a su pareja desde días atrás, cámaras de seguridad la captaron en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta el mismo día del intento de magnicidio.
La joven había asegurado a la prensa desconocer las intenciones de Sabag, así como la presencia de balas en su casa y hasta negó ser su pareja. Sin embargo, horas antes de su detención explicitó, a través de un video en redes sociales, su rechazo a la vicepresidenta y la «corrupción» y su simpatía con el partido opositor Libertad Avanza, encabezado por el diputado Javier Milei.
La Justicia también tomó declaración a Mario Borgarelli, amigo del agresor, quien en entrevistas televisivas había lamentado que Sabag no tuviera éxito en su plan. «Su intención era matarla [a Cristina Fernández de Kirchner], lamentablemente no ensayó antes», aseguró a la prensa argentina.
La detención de la novia del atacante y la declaración de Borgarelli abonan, según recogió el diario Página 12, la teoría de que el intento de magnicidio fue planeado por un grupo de personas «que exponían su odio al peronismo, al kirchnerismo, a los planes sociales, todo mezclado con elementos del neonazismo».
Además, se presume que el agresor pudo ser alentado o presionado por su entorno para atacar a la vicepresidenta.
El ‘error’ en la pericia del teléfono celular
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 contaba con el teléfono celular de Sabag como una de las pruebas claves para poder determinar los móviles del hecho y la posible colaboración de terceros.
Sin embargo, mientras se le realizaban las pericias, el teléfono fue reseteado de fábrica por lo que no se pudo acceder a los datos que contenía.
El contratiempo en la investigación motivó a la jueza a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti, y al fiscal Carlos Rívolo, a convocar a declarar a los peritos que manipularon el teléfono.
El abogado defensor de la vicepresidenta, Gregorio Dalbon, calificó de «gravísima la responsabilidad de la jueza, el fiscal y los que manipularon el celular del imputado». Dalbón advirtió que, «de confirmarse la información» se iniciará una causa contra los responsables de «tremendo ‘error judicial’, y/o posible encubrimiento agravado».
De acuerdo a Página 12, los investigadores pudieron recuperar la tarjeta de memoria del celular y la tarjeta SIM, lo que sí permite el análisis de las llamadas, fotografías y la localización del teléfono. Lo que podría haberse perdido definitivamente son las conversaciones por Whatsapp y Telegram del agresor.
En paralelo se analizan las cámaras sobre el domicilio de Cristina Fernández para identificar otros miembros involucrados. Además, se analiza el celular de Borgarelli, aunque pudo eliminar información comprometedora.