La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial, junto al SITRAJUCH tomó vista de la documentación que había requerido desde hace más de un mes en el marco de la Ley de Información Pública. Son acordadas donde hay nombramientos, aumentos salariales y otros actos que se habían mantenido oculto a la población.
Una comisión de representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales, junto con integrantes de la Asociación de Magistrados, se presentaron en el Superior Tribunal para retirar documentación que no había sido publicada y que incluye aumentos salariales, nombramientos y otros actos que se mantuvieron ocultos.
Gabriela Huenchual, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales explicó que se hicieron presentes en el Superior a raíz de que “pedimos información respecto de las acordadas que se habían dictado, donde se daban esos incrementos en forma encubierta y además de otro tipo de información que pedimos en el marco de la Ley que indica que podemos tener acceso a la Información Pública y nos citaron para el día de hoy”.
“Venimos en forma conjunta con la Asociación de Magistrados y Funcionarios que vienen representados por la doctora Sonia Donati, la secretaria de la asociación y la escribana pública Oroquieta, para retirar toda la documentación que se ha pedido. Para nosotros es muy importante el acceso a esto, porque justamente consideramos que han sido, más allá que han sido derogadas, fueron reglamentaciones espurias, y bueno, la idea es de hacernos toda esta documentación para poder darle un marco legal al pedido de juicio político del doctor Raidan”.
Aclaró Huenchual que, por el momento, el Sindicato está evaluando el pedido de juicio político sólo para el doctor Raidan, reconociendo que esto “ha sido como una caja de Pandora, toda la semana nos estamos enterando de algo nuevo. El fin de semana nos dieron a conocer una resolución interna que por disposición del doctor Raidan trae a una persona de Capital Federal a prestar servicios en calidad de contratado, por una cifra de más de $ 5 millones por mes”.
“No sabemos cuál era el tipo de trabajo que iba a hacer, porque no estaba especificado, pero sabemos que es una persona que ha sido investigada por la Justicia Federal, específicamente por el fiscal federal Marijuán, porque cobraba por prestar servicios dentro de la TV Pública y no ir a trabajar, directamente un ñoqui”.
“Ahora será momento de empezar a ver cada una de las cosas que hemos pedido. Ya te digo que es información muy importante para nosotros porque descubrimos que habían 16 acordadas que no estaban publicadas. Imaginate, las que pudimos tener acceso eran donde se daban estos incrementos encubiertos, entonces ¿qué pueden tener esas otras acordadas que están tan bien guardadas y que no se han dado a conocer”? cuestionó.
Por último, remarcó que las autoridades del Superior Tribunal “tienen la obligación y cualquier ciudadano puede acceder a las acordadas. Si vos entras en este momento todavía no están todas las acordadas colgadas” y puede llevar a una denuncia porque están incumpliendo con la Ley de Información Pública”.
Magistrados y el juicio político
En simultáneo con el SITRAJUCH, se presentaron para retirar documentación los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales quien ahora evaluarán si avanzan con un pedido de juicio político contra el ministro Raidan.
Sonia Donati, integrante de la Asociación de Magistrados explicó que, junto a la secretaria de la entidad, Roxana Scarinche y la escribana Oroquieta “retiramos las respuestas que dio el Superior Tribunal por escrito al pedido de información que hizo la Asociación”.
“Se consiguió toda la información que se pedía en la nota originaria del 23 de mayo y ahora será evaluación de la Comisión Directiva de la Asociación esa información. Se pidió un listado de nombramientos y ascenso, la información sobre el salario y conceptos que perciben los Ministros, los aumentos ocurridos”.
Recordó Donati que en Asamblea de la Asociación se resolvió pedir juicio político y ahora con la documentación recabada “la comisión evaluará si es satisfactorio o no, y ahí se decidirán las denuncias penales más el pedido de juicio político. Eso requiere otra Asamblea”.
Fuente: La Jornada
