Desde abril, 113 barcos llevan meses varados en puerto por la negativa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos a aceptar recortes salariales, mientras las empresas buscan retomar la actividad mediante acuerdos individuales con los trabajadores. Una batalla que pone en juego no solo salarios, sino el futuro de la pesca y de miles de familias.
El conflicto del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) con la flota congeladora de langostino se extendió varios meses, con un impacto económico que supera los 100 millones de dólares por la paralización de 113 buques en puerto desde abril. Esta situación afecta a los marineros, plantas procesadoras y la economía de ciudades portuarias como Puerto Madryn, donde el sector pesquero es clave. De acuerdo con ADNSUR.
La raíz del conflicto está en la negativa del SOMU a aceptar una reducción salarial propuesta por las cámaras empresarias de un 30% en el ítem de producción, argumento central que el sindicato rechaza por considerar que el salario no puede ser moneda de cambio ni experimentar rebajas.
Mientras otros sindicatos como capitanes, maquinistas y STIA ya alcanzaron acuerdos, el SOMU mantiene una postura firme en defensa del salario y las condiciones laborales vigentes.
Tras la falta de acuerdo en audiencias en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde participaron dirigentes gremiales del SOMU y representantes empresariales, las cámaras pesqueras tomaron la iniciativa de liberar a las empresas para que negocien contratos individuales con los marineros que acepten nuevas condiciones laborales. Esta alternativa busca reiniciar la actividad de la flota congeladora, que está parada desde hace meses.
LAS EMPRESAS BUSCAN ACUERDOS INDIVIDUALES CON LOS MARINEROS
Las empresas, como Conarpesa y Grupo San Isidro, detectaron que una parte importante de los marineros estaría dispuesta a firmar estos acuerdos individuales, que se ofrecen de forma “libre, voluntaria y fehaciente”.
De acuerdo a lo que detalló La Opinión Austral, se están redactando contratos donde se mantendrían los ítems fijos de producción intactos, representando incluso una mejora de más del 10% con respecto a condiciones previas, además de beneficios impositivos que podrían dejar el ingreso hasta un 15% superior al del año pasado.
Desde Conarpesa, su presidente Fernando Álvarez Castellano criticó duramente a la dirigencia del SOMU, a la que acusa de priorizar intereses políticos sobre el bienestar de los trabajadores y sus familias. Álvarez anunció adelantos en efectivo para sostener los ingresos y llamó a los marineros a firmar para no perder la temporada entera.
Sin embargo, el SOMU denunció que este avance en acuerdos individuales constituye una violación a las normas de tutela salarial y calificó esta maniobra como un “lock-out patronal” encubierto, que ya había denunciado anteriormente como bloqueos y amenazas que afectaron a plantas pesqueras en Puerto Madryn.
El sindicato sostiene que la negativa empresarial a un acuerdo colectivo es la causa del paralelismo y sostiene la defensa de sus marineros para que no pierdan sus ingresos.
El conflicto generó también fracturas internas dentro del SOMU, con agrupaciones disidentes que realizaron protestas y cortes de ruta en Puerto Madryn, exigiendo ser consideradas en las negociaciones y criticando la falta de respuesta de la conducción gremial.
Actualmente, la Secretaría de Trabajo debe homologar esta forma “extraordinaria” de acuerdos directos entre empresas y tripulantes para que se pueda retomar la actividad en aguas nacionales. El desenlace de esta situación no solo definirá la continuidad o no de la temporada de langostino, sino también el futuro de la relación entre marineros, gremio y empresas, pudiendo marcar un punto de inflexión en la defensa colectiva de los trabajadores versus acuerdos individuales.