El gobierno de Nicaragua otorgó medida de casa por cárcel a 40 presos políticos este sábado, en un momento de creciente presión internacional sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión se conoce semanas antes de que Estados Unidos anuncie si aplicará aranceles de hasta 100% a Nicaragua por violaciones a los derechos humanos.
Según informo el medio DW, la medida afectaría a personas con enfermedades crónicas y mayores de 60 años, cuyas condiciones de salud se habrían agravado durante el cautiverio. El gobierno de Managua no se ha pronunciado oficialmente sobre estas versiones.
La respuesta de las organizaciones opositoras
La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que opera desde el exilio, advirtió inmediatamente que no se trata de «una liberación plena», sino de arresto domiciliario que «sigue manteniendo a los opositores bajo el yugo de la dictadura». En un comunicado publicado en X, el grupo señaló que estas personas seguirán sometidas a «tortura sicológica», «acoso sistemático» y «humillación».
Sin embargo, otros grupos de activistas como Avanza expresaron cierta satisfacción por la medida, aunque sin dejar de señalar que representa solo un avance parcial en sus demandas de liberación total de todos los presos políticos del régimen orteguista.
El contexto de presión internacional
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba hasta octubre 77 opositores en las cárceles de Nicaragua, por lo que la medida afectaría a más de la mitad de ellos. El anuncio se produce en un momento particularmente sensible para el gobierno de Ortega, que enfrenta posibles sanciones comerciales de Estados Unidos.
Nicaragua, aliada clave de Venezuela en la región, es gobernada con poder absoluto por la dupla Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han cortado libertades fundamentales y aniquilado a la oposición desde las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos. Managua califica aquellas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
