Los datos de inversión pública nacional confirman que la Patagonia es una de las regiones más golpeadas por el ajuste fiscal.
Un análisis comparativo muestra que, frente a 2023, provincias como Chubut y Santa Cruz sufrieron recortes reales superiores al 80% en los fondos para obras, bienes de capital y equipamiento, ubicándose entre las más afectadas del país. Según ADNsur.
Aunque algunas provincias, incluida Chubut, mostraron un leve repunte estadístico en 2025, este «rebote» parte de niveles históricamente bajos y no alcanza para revertir la drástica contracción de la inversión nacional en los últimos dos años. La información, basada en el indicador de Inversión Real Directa (IRD) relevado por consultoras especializadas, fue detallada por el periodista Raúl Figueroa.
Chubut: un fuerte «rebote» que esconde una caída profunda
En 2025, Chubut recibió $5.985 millones en concepto de Inversión Real Directa, lo que a primera vista representa un crecimiento real superior al 150% respecto del derrumbe registrado en 2024. Este salto la ubica entre las provincias con mayor variación interanual.
Sin embargo, este dato es engañoso. La base de comparación (2024) fue uno de los peores registros históricos para la provincia. Cuando se extiende la comparación a 2023 —el último año antes del cambio de gobierno nacional—, el panorama es drásticamente distinto: la inversión nacional en Chubut se redujo un 84,2%. En el ítem específico de «obra pública», la caída es aún mayor: un 86,5%.
En términos concretos, esto significa que Chubut hoy ejecuta apenas entre el 15% y el 20% de los recursos que recibía antes del cambio de orientación económica, un recorte que contrasta con la alineación general que mantuvo el gobierno provincial con la Casa Rosada.
Santa Cruz: la provincia patagónica con el recorte más severo
La situación en Santa Cruz es aún más extrema. La provincia recibió apenas $857 millones en inversión real directa durante 2025. Esto representa una caída cercana al 90% frente a 2024 y de casi un 94% respecto de 2023.
Este nivel de ejecución, tan bajo, ubica a Santa Cruz entre las cinco jurisdicciones del país con menor cantidad de recursos recibidos por esta vía. El contraste es notorio frente a las reiteradas promesas de reactivación de obras estratégicas, como las represas, que el gobierno nacional realizó a la administración de Claudio Vidal.
Un mapa nacional de ajuste desigual
La contracción de la inversión pública es un fenómeno generalizado, pero sus impactos son muy dispares en el territorio. Mientras Chubut y Santa Cruz lideran las caídas, otras provincias patagónicas también muestran retrocesos significativos:
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Neuquén registra un retroceso superior al 70% frente a 2023.
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Tierra del Fuego también muestra una contracción significativa.
La excepción regional es Río Negro, que logró en 2025 un notorio incremento —gracias principalmente a inversiones en maquinaria y equipos— ubicándose entre las cuatro provincias que concentraron el 70% de la IRD nacional. Pese a esto, su inversión en obra pública específica también se redujo drásticamente.
A nivel nacional, solo dos provincias (Jujuy y Santiago del Estero) lograron superar en 2025 los niveles de inversión de 2023. En el otro extremo, jurisdicciones como La Pampa, San Luis y La Rioja muestran recortes superiores al 99%, una virtual desaparición de la obra pública financiada por el Estado central.
Una señal política clara: la obra pública como variable de ajuste
Más allá de las cifras, el comportamiento de la inversión pública durante los primeros dos años de la administración actual revela una señal política clara. El Estado nacional ha reducido al mínimo su rol tradicional como impulsor de infraestructura y desarrollo territorial.
La obra pública dejó de ser —al menos por ahora— una herramienta de equilibrio regional y se convirtió en una de las principales variables de ajuste fiscal. La pregunta que queda abierta es si este esquema de mínima inversión se mantendrá ante las tensiones sociales y productivas que la falta de infraestructura puede generar en el interior del país.