Una demanda millonaria en California expone una presunta trama de corrupción y subterfugio corporativo que involucra directamente a la administración de Ignacio «Nacho» Torres y a su Secretaría de Pesca.
La gestión de Ignacio Torres ha sumado un frente de conflicto inesperado y de escala internacional. Lo que comenzó como una disputa por activos pesqueros en las costas de Chubut ha escalado hasta los tribunales de Los Ángeles, California, donde el gigante pesquero Red Chamber Co. ha formalizado una denuncia por una presunta conspiración criminal que involucra espionaje, robo de secretos comerciales y la complicidad necesaria de funcionarios provinciales.
La trama del «espionaje» en Chubut
Según el reporte conjunto presentado ante el Juez Fernando L. Aenlle-Rocha, Red Chamber Argentina alega haber sido víctima de una maniobra orquestada entre el Gobierno del Chubut y el holding español Grupo Profand. La demanda sostiene que el entonces Secretario de Pesca de la provincia —identificado en el documento como el Dr. Andrés Arbeletche— habría conspirado para finalizar de forma abrupta el contrato que permitía a Red Chamber operar la planta expropiada de Alpesca.
El punto más oscuro de la acusación describe una escena digna de un thriller de espionaje: el ingreso ilegal de dos agentes de la competencia (Luis Peña y Francisco Verde) a la planta de Red Chamber el 28 de mayo de 2025. Estos individuos habrían entrado bajo el ropaje de «asesores técnicos» de la Secretaría de Pesca provincial, cuando en realidad su objetivo era infiltrarse para robar secretos industriales y datos operativos estratégicos de la compañía.
El rol de ‘Nacho’ Torres bajo la lupa
La justicia estadounidense no solo pone el foco en los mandos medios. La demanda incluye entre las personas con conocimiento relevante de estos hechos a la propia Oficina del Gobernador, mencionando explícitamente a Ignacio Torres en relación con las decisiones oficiales, comunicaciones y órdenes que derivaron en la terminación del contrato con Red Chamber para beneficiar supuestamente a Profand y Pesquera Deseado.
Para los demandantes, no se trató de una decisión administrativa azarosa, sino de un plan diseñado para «destruir el negocio de Red Chamber en la Patagonia» y favorecer el posicionamiento de sus competidores en el mercado norteamericano.
Un impacto millonario y reputacional
Red Chamber afirma haber invertido más de 50 millones de dólares para rehabilitar la infraestructura pesquera de Chubut. Ahora, la provincia queda expuesta a un litigio bajo leyes extremadamente severas en EE. UU., como la ley RICO (contra el crimen organizado) y la Ley de Secretos Comerciales (DTSA).
Mientras el Gobierno del Chubut intenta proyectar una imagen de transparencia y atracción de inversiones, este expediente en California cuenta una historia muy distinta: una donde las instituciones provinciales habrían sido utilizadas como herramientas para el «subterfugio corporativo» y la competencia desleal.
Hasta el momento, la defensa de los acusados se ha centrado en intentar desestimar la jurisdicción del tribunal estadounidense, alegando que los hechos ocurrieron exclusivamente en Argentina. Sin embargo, la sombra de la sospecha sobre la transparencia en la adjudicación de permisos de pesca y el manejo de los bienes de Alpesca ya ha cruzado el océano, dejando a la administración de Torres en una posición sumamente incómoda frente a la mirada internacional.
