El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó este jueves, por unanimidad, una ordenanza que introduce modificaciones en el régimen de contratación de la obra pública municipal.
La normativa, presentada sobre tablas por el concejal Omar Lattanzio, busca limitar las adjudicaciones mediante concursos privados sin fundamentación técnica y reforzar los controles sobre los incrementos presupuestarios.
El cambio normativo modifica el mecanismo de justificación cuando las propuestas de las empresas oferentes superan los montos estipulados originalmente por el Estado municipal.
Mayores exigencias técnicas y reducción de márgenes
Durante su exposición en el recinto, Lattanzio detalló las falencias del esquema regulado por la Ordenanza 16.797 del año 2022, la cual permitía adjudicaciones directas sin un análisis exhaustivo siempre que la oferta no superara el 30% del presupuesto oficial:
“El artículo 18 dice que cuando se resuelva aconsejar la adjudicación en favor de una propuesta que exceda el presupuesto oficial en más del 30%, será condición inexcusable que el personal técnico formule el acta”, sostuvo el edil.
Asimismo, Lattanzio ejemplificó las distorsiones que generaba dicho margen en las contrataciones públicas:
“Si el Ejecutivo calcula que una obra costará 400 millones de pesos y recibe una oferta con un incremento del 29%, directamente se le adjudica la obra sin tomar en consideración ningún análisis de a qué se debe ese incremento. Esa ordenanza está desactualizada”, argumentó el autor de la iniciativa.
Con la nueva redacción, el límite tolerado se reduce al 10%. A partir de ese porcentaje de diferencia, los dictámenes y actas de preadjudicación deberán argumentar de forma obligatoria las causas del desfase económico.
Además, la medida deroga el artículo 9 de la Ordenanza 16.197/22 y encomienda al Poder Ejecutivo el envío de una propuesta de actualización para las distintas modalidades de contratación fijadas en la Ordenanza 3834/91.
Debate por la fijación de tarifas de servicios públicos
Durante la misma sesión ordinaria, la concejal Luciana Ferreira presentó un proyecto sobre tablas para modificar la Ordenanza 6050, con el objetivo de retirar la delegación de facultades al Ejecutivo y al ENCOSEP para la fijación de las tarifas de servicios públicos.
No obstante, la moción no alcanzó los votos necesarios para su tratamiento inmediato —obteniendo 5 votos a favor, 7 en contra y una abstención—, por lo que el expediente fue derivado a la comisión correspondiente para su debate interno.