El Poder Ejecutivo Nacional avanzó firmemente en la cobertura de vacantes estratégicas para el sistema de justicia en distintas provincias y en la ciudad de Buenos Aires.
Mediante decretos publicados formalmente durante las primeras horas de la jornada, se confirmó el nombramiento de seis funcionarios clave que pasarán a desempeñarse en áreas de la acusación pública y la defensa oficial.
Las resoluciones llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habiendo sido ratificadas en el Boletín Oficial para su inmediata entrada en vigencia.
Dos defensoras estratégicas para CABA y la provincia de Río Negro
Dentro de los nombramientos oficializados, la estructura de la Defensa Pública sumó dos abogadas que asumirán la representación de acusados y la tutela de víctimas en juzgados de alta exigencia procesal.
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Capital Federal: Se designó a la doctora Amanda Espino como Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, al frente de la Defensoría N° 7.
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Río Negro: La doctora María Laura Irastoza fue nombrada formalmente en el cargo de Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia patagónica.
Cuatro fiscales nombrados para batallar en Chaco, Mendoza y Corrientes
Por otro lado, la reestructuración impulsada por el Gobierno reforzó los ministerios públicos fiscales del interior del país, cubriendo cargos clave en regiones estratégicas para el fuero federal.
La nómina de fiscales designados quedó conformada de la siguiente manera:
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Chaco: El doctor Patricio Nicolás Sabadini asumirá la titularidad en la Unidad Fiscal de Resistencia.
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Mendoza: Se oficializó al doctor Fernando Gabriel Alcaraz al frente de la Unidad Fiscal Mendoza.
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Corrientes: La provincia mesopotámica suma dos nuevos fiscales federales; el doctor Hugo Daniel Froy estará al frente de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, mientras que el doctor Juan Marcelo Burella Acevedo asumirá en la Unidad Fiscal de Corrientes.
Con estos nombramientos, el Ejecutivo busca dotar de mayor operatividad a los tribunales federales e instruir procesos más veloces en zonas donde la demanda judicial es crítica.