El Gobierno nacional dio un paso contundente en la defensa de los recursos naturales y la soberanía del país sobre el Atlántico Sur.
A través de un firme comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, se confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos —entre personas humanas y jurídicas— por violar de manera directa las prohibiciones establecidas en la Ley N° 26.659 al realizar actividades hidrocarburíferas ilegítimas en la plataforma continental argentina.
ofensiva total: ya van 60 sancionados por explotar ilegalmente los recursos
Esta nueva batería de expedientes se suma a las acciones legales y administrativas que el Poder Ejecutivo ya había iniciado previamente contra otros 45 involucrados, elevando el total a 60 actores bajo la lupa del Estado. las medidas apuntan a identificar y castigar rigurosamente a cada una de las firmas y ejecutivos que operan de forma clandestina sin la correspondiente autorización nacional.
Desde el Gobierno remarcaron que el avance de estos sumarios es fruto de una tarea sostenida de investigación que busca detectar la totalidad de la red de explotación ilegal. La Casa Rosada dejó en claro que continuará profundizando el rastreo para abrir nuevos expedientes a todos los responsables de la extracción no permitida de riquezas en la zona.
«nadie dispondrá de los recursos»: el tajante mensaje de javier milei
El comunicado oficial, rubricado por el presidente Javier Milei, enfatizó que «la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía» y ratificó con firmeza que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares pertenecientes corresponden indiscutiblemente a la Nación. Bajo este principio, la Casa Rosada advirtió que ninguna entidad o individuo podrá disponer de sus recursos estratégicos sin el permiso expreso del país.
Para concluir, el Estado nacional reafirmó su absoluto compromiso de agotar de manera implacable todas las herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales disponibles en el ámbito internacional para garantizar que quienes violen el territorio marítimo respondan legalmente por sus actos.