La medida de fuerza fue aprobada por unanimidad y se extenderá desde el 28 de octubre. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y partidas operativas. En paralelo, el Gobierno apela la multa judicial impuesta contra funcionarios nacionales.
El conflicto universitario suma un nuevo capítulo de tensión. El Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica aprobó por unanimidad la realización de un paro nacional de siete días a partir del próximo miércoles 28 de octubre. La medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por la recomposición salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios, la saldación de deudas salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión gremial, tomada tras analizar el alcance de la Quinta Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 15 de octubre, mandató a la Mesa Ejecutiva a articular protestas con las demás organizaciones que componen el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Desde la entidad expresaron un enérgico repudio a los episodios de represión registrados durante las recientes manifestaciones públicas y advirtieron sobre el deterioro constante del poder adquisitivo en el sector.
«¡La ley se cumple! ¡Las deudas se pagan!», enfatizó la organización sindical a través de un comunicado oficial al ratificar la medida.
Evaluación del plan de lucha y nuevas asambleas
El gremio anticipó que el próximo viernes 6 de noviembre se llevará a cabo un nuevo Congreso Extraordinario —posterior a su Congreso Anual Ordinario— para analizar el acatamiento de la huelga y definir los pasos a seguir en la agenda de reclamos. En ese marco, la conducción sindical convocó a toda la comunidad educativa a sumarse a las actividades de visibilización en las casas de altos estudios del país.
Cruce judicial y apelación del Gobierno por la ley de financiamiento
El anuncio del paro nacional se da en medio de una dura contienda legal entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por la implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En una resolución de primera instancia, el juez Martín Cormick fijó una sanción conminatoria diaria de $100.000 contra Diego Santilli debido al incumplimiento en la aplicación de la norma aprobada por el Congreso de la Nación.
La medida fue calificada como un avance clave por las autoridades de las universidades públicas, pero despertó un inmediato rechazo de la Casa Rosada. Fuentes del Poder Ejecutivo adelantaron que apelarán el fallo y tildaron a Cormick como «un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos».
Desde la administración nacional cuestionaron los antecedentes del juez al sostener que «tiene pasado y amigos en La Cámpora» y que «se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo», recordando sus fallos previos contra el protocolo antipiquetes. En las últimas horas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso del Estado, permitiendo discutir en segunda instancia dos resoluciones vinculadas a la ejecución de la ley.