En medio del recrudecimiento del conflicto por el presupuesto de la educación superior, el dirigente del Partido Obrero y referente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La acusación formal acusa a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de incurrir en los delitos de «desobediencia y abuso de autoridad» por desconocer e incumplir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Suspensión por decreto, veto y fallo judicial por inconstitucionalidad
La controversia judicial se originó tras el veto presidencial a la Ley 27.795, el cual fue revertido por mayoría calificada en el Congreso Nacional. Tras la ratificación legislativa, la gestión oficial promulgó la norma pero, de manera simultánea, frenó su ejecución mediante el Decreto 759/2025, condicionando el envío de partidas a que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento. Frente a esta maniobra, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional dicha suspensión decretada por el Ejecutivo y ordenó la recomposición inmediata de los presupuestos y salarios universitarios según la inflación acumulada.
El dirigente de la izquierda remarcó en sus plataformas digitales: «La Justicia ordenó aplicar la ley y recomponer los salarios, pero este gobierno autocrático desconoce las resoluciones judiciales para ahogar a las universidades. ¡La universidad pública no se toca!».
Un reclamo judicial para investigar a toda la cadena de mandos
La presentación radicada en la Justicia solicita que no solo se investigue la responsabilidad penal del Presidente de la Nación y del titular del Palacio de Hacienda, sino también la de cualquier otro funcionario público que haya intervenido en el desacato a la medida cautelar que exige la actualización de fondos.
De esta manera, el enfrentamiento político por las partidas universitarias escala a un terreno judicial de consecuencias institucionales impredecibles para la Casa Rosada.