El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, formalizaron acuerdos en el Palacio San Martín. El programa contempla la evaluación de la red troncal de ARSAT, partidas contra el narcotráfico y financiamiento para combatir la trata de menores.
El Gobierno nacional avanzó en el diseño de un programa estratégico junto a los Estados Unidos para sustituir progresivamente equipamiento de origen chino instalado en las redes informáticas del Estado y profundizar las acciones en materia de seguridad. El entendimiento se concretó durante una reunión celebrada en el Palacio San Martín entre el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.
El eje central del encuentro fue el anuncio de un aporte no reembolsable de US$ 15 millones por parte de Washington para la puesta en funcionamiento de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. En ese marco, Quirno confirmó que la iniciativa abarcará una auditoría técnica sobre la seguridad de la red troncal de Internet de la empresa estatal ARSAT, con el propósito de optimizar la protección del esquema informático público y la detección temprana de ataques cibernéticos.
Reemplazo de tecnología de Huawei y fases del programa
La medida profundiza las gestiones bilaterales orientadas a retirar componentes de la firma Huawei alojados en el núcleo de las estructuras tecnológicas gubernamentales, para encarar una transición hacia proveedores calificados como «confiables» por la administración estadounidense.
La convocatoria de financiamiento establece un relevamiento inicial sobre redes, centros de datos y sistemas estatales para identificar equipamiento considerado de riesgo, formulando recomendaciones para su aislamiento, neutralización o retiro sin afectar la prestación de servicios esenciales.
El nuevo centro operará bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad —fuera de la administración directa de ARSAT—, asignando cerca de US$ 5 millones al diseño de su arquitectura tecnológica, además de partidas específicas para capacitación y revisión del marco normativo. En paralelo, ARSAT avanza en un proceso licitatorio independiente por US$ 49 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar su infraestructura.
Tensión por proveedores y postura sobre visado
Consultado sobre las advertencias de Washington respecto a los proveedores tecnológicos y los episodios vinculados a la cooperativa CALF en Neuquén, el canciller Pablo Quirno descartó una política de discriminación por origen:
«Las decisiones responden a evaluaciones permanentes de seguridad informática. Estados Unidos constituye un proveedor que genera confianza al Gobierno, aunque en un escenario ideal el país debería desarrollar mayores capacidades tecnológicas propias».
A su turno, el subsecretario Christopher Landau defendió las competencias del Departamento de Estado en la concesión de visados como instrumento diplomático y de seguridad nacional:
«Washington puede restringir el ingreso de personas cuyas actividades considere una amenaza para sus intereses».
Fondos contra el narcotráfico y lucha contra la trata
El paquete de cooperación bilateral se completó con la asignación de US$ 13 millones para programas de lucha contra el narcotráfico —de los cuales US$ 7,5 millones se ejecutarán en territorio argentino y el resto en proyectos regionales—. Quirno enmarcó estos fondos en la integración argentina al Escudo de las Américas y la inclusión de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el ELN, las FARC-EP y Los Tiguerones en el registro RePET.
Asimismo, Landau y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, suscribieron el Pacto para la Protección de la Infancia, un convenio que compromete hasta US$ 10 millones de asistencia financiera estadounidense para prevenir y sancionar la trata de menores. La agenda de cooperación tecnológica y de infraestructura, enmarcada en el Corredor Andes-Atlántico, continuará desarrollándose en los próximos meses como antesala de la visita al país del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para el mes de noviembre.