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El misterioso empresario argentino Federico Andrés Machado (53), conocido popularmente como «Fred», quedó detenido este jueves en el aeropuerto Neuquén, a partir de una alerta roja que emitió Interpol por pedido de los Estados Unidos.

Su nombre, no sólo figura en una colosal causa de la Justicia norteamericana por narcotráfico y lavado de dinero, sino que además estuvo figuró en varios episodios de alto impacto en la Argentina: se lo vinculó con el «narcoavión» de los hermanos Juliá y con los vuelos que realizó el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez para lavar dinero proveniente de la corrupción.

Machado nació en Viedma el 2 de enero de 1968, pero se radicó en Miami. Allí posee al menos dos empresas dedicadas a la aviación en el estado de Florida, denominadas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing.

Aunque sus movimientos siempre estuvieron bajo sospecha, su suerte se complicó el pasado 24 de febrero, cuando la Justicia estadounidense lo acusó de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína mediante el uso de la flota de aviones de su propiedad.

El 1° de abril, según informaron a Clarín fuentes del caso, el Distrito Este del Estado de Texas libró una orden de detención por los delitos de «asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual».

A partir de allí, la Interpol ordenó su captura internacional y finalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria argentina lo atrapó el jueves a la noche, cuando llegó al aeropuerto de Neuquén para tomarse un vuelo con destino a Buenos Aires.

Su detención se concretó por orden del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, a cargo Gustavo Villanueva. Fuentes de la investigación consultadas por Clarín agregaron que a Machado se lo acusa además «por realizar estafas que le habrían permitido el lavado de 550 millones de dólares originados en el tráfico de cocaína».

Incluso, se cree que intentó realizar un nuevo lavado «por 34 millones de dólares en Argentina».

En la megacausa se trata de determinar si «Fred» puso a disposición sus aviones ​para movilizar cargamentos de cocaína por varios países de la región, entre los que figuran Colombia, Venezuela, Guatemala y México.

Tras ser arrestado en el aeropuerto de Neuquén, Machado quedó detenido de forma preventiva, a la espera de que la Justicia resuelva si es extraditado a Estados Unidos.

Los Juliá, Báez y el oro ilegal de Guatemala

​El 2 de enero de 2011 los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá aterrizaron en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. Llegaron a bordo de un jet Bombardier Challenger 604 cargado con 944,5 kilos de cocaína.

Los Juliá se convirtieron así en los protagonistas de una de las historias más escandalosas sobre el tráfico de drogas entre Argentina y España. Ambos fueron condenados a cumplir 13 años de prisión.​

El nombre de Machado figuró en aquella historia. El ahora detenido empresario fue quien le consiguió a Gustavo Juliá el primer avión (un Howker) con el que comenzaron los vuelos a Europa, entre 2009 y 2010.

Juliá también recurrió a Machado cuando buscó una aeronave que le permitiera volar a Europa sin tener que hacer escalas, pero el misterioso empresario decidió no sumarse a esa operación.

«Es como que te compren un Citroen hoy y vengas mañana y te pidan un Mercedes», le explicó Machado luego a la revista NOTICIAS.

Finalmente, los Juliá consiguieron la aeronave a través de un contrato con la compañía Jet Lease, que tal como reveló Clarín, incluía el depósito de un seguro por 400.000 dólares y un pago mensual de 75.000 dólares.

Algunos años después, el nombre de «Fred» volvió a figurar en otra megacausa. En este caso, la denominada «Ruta del dinero K» que expuso las maniobras que se realizaron durante el kirchnerismo, y por las que se encuentra detenido el empresario Báez, para lavar dinero proveniente de maniobras de corrupción vinculados con retornos de la obra pública.

En 2013 se conoció que el escándalo de Lázaro Báez tenía como protagonistas a dos aviones: un Learjet 35A LV-ZSZ de la empresa Marla Jet S.A, vinculada con los hermanos Juliá, y un Cessna Citation III, matrícula N955 HG.

Ese Cessna era de la empresa South Aviation, de Machado. En aquel entonces, la compañía con sede en Fort Lauderdale le indicó a Clarín que la aeronave había sido alquilada por el financista Federico Elaskar, quien le vendió la compañía CJI, conocida como «La Rosadita», a Báez.

En febrero pasado, a Báez condenaron a 12 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

La Justicia determinó que ese dinero origen ilícito fue trasladado a cuentas en paraísos fiscales, luego utilizado para la compra de bonos del Tesoro argentino y después depositado en las cuentas en Argentina de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez.

Junto con el empresario también fueron condenados sus hijos Martín Báez, a una pena de 9 años de cárcel, Leandro Báez, a 5, y Luciana y Melina Báez, a 3 en suspenso.

Y como si fuera poco, a «Fred» también lo investigan en Guatemala por conducir un sistema para estafar a inversionistas. Según publicó la prensa de ese país, la Fiscalía Federal constató que «se enviaron millones de dólares a Machado, quien estaba canalizando parte del dinero hacia una mina de minerales en Guatemala».

«El nombre de Federico Andrés Machado salió a relucir el 27 de enero pasado durante una citación en el Congreso de la República como presunto responsable de la explotación de una mina ilegal en Camotán, Chiquimula, donde estarían extrayendo oro y plata», precisó El Periódico.

Fuente: Clarin

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó a los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de ser cómplices del narcotráfico que ha penetrado el país en los últimos años, al tiempo de señalar a Maduro de brindar apoyo a la Narcotalia.

Asimismo, criticó la carta que la administración madurista envió a las Naciones Unidas para que investiguen a Colombia por los enfrentamientos armados ocurridos en Apure.

«La carta presentada por la dictadura de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia no es otra cosa que otra cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela», sentenció.

En ese contexto, enfatizó que Jorge Arreaza solicita investigar la violencia en Colombia desconociendo «que precisamente Colombia, cuando aún había democracia en Venezuela, siempre solicitó que se reuniera la Comisión Binacional de Fronteras para desarrollar con una cooperación militar, policial y judicial esas actividades del narcotráfico y los grupos terroristas. Pero el gobierno de Chávez resolvió desde entonces darle amparo a las guerrillas y a sus socios del narcotráfico en lugar de cooperar».

Fuente: Albertonews

Fuentes de inobjetable veracidad dan como un hecho la realización del juicio contra un hijo y la ex mujer del millonario gremialista lucifuercista Héctor Rubén González, a quienes –como ya se sabe— el juez Federal de Rawson Gustavo Lleral, los procesó sin prisión preventiva por “el bosque de marihuana” que la policía les encontró en el patio principal de la casa; una verdadera mansión situada en la zona sur de Trelew, a metros de una escuela primaria, que fue allanada el mediodía del 19 de mayo de este año en un inédito procedimiento que para el diario Jornada nunca existió.

Ni una línea le ha dedicado hasta ahora al tema el pasquín de González, pese a que de la noticia hablaron hasta en medios de Buenos Aires. Acá, el título “Golpe al narcotráfico” no apareció jamás.

A uno de los hijos y la ex pareja de “El Gordo” González el juez Lleral al procesarlos resolvió atribuirles los delitos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas”, “cultivo de plantas para la elaboración de estupefacientes” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”; un cargo que estaría vinculado, según se presume, a la supuesta venta de aceite de cannabis que hacían y al asesoramiento que les daban a los clientes sin estar capacitados para hacerlo.

Para el juez “cultivaban plantas de marihuana para elaborar estupefacientes” y a esa conclusión habría llegado el magistrado luego que la policía descubriera en el domicilio de los imputados “toda una estructura preparada para sembrar, cultivar y cosechar marihuana, aparentemente, con fines de comercialización para producir droga”, recuerdan algunos de los investigadores.

A los González les incautaron un total de “14 kilos de marihuana” en aquel allanamiento y de acuerdo a un informe del perito que actuó en la causa, con esos 14 kilos “podrían prepararse 29.270 cigarrillos o porros” y representarían la cantidad de 167.240 dosis de umbrales de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo que tiene la droga y que la hace sustancia alucinógena.

El juicio recién se realizaría a mediados del año que viene  y si el hijo y la ex pareja de González terminan siendo condenados van a pasar un buen tiempo en la cárcel, porque los delitos que se les imputa tienen penas que superan holgadamente los seis años de prisión.

 

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En un juicio abreviado, Héctor Omar “Cura” Segundo fue condenado a dos años de prisión en suspenso por evadir impuestos por $ 721.185,37. Deberá fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y no incurrir en el público consumo de alcohol o estupefacientes. El fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo firmó Mario Reynaldi.

La Administración Federal de Ingresos Públicos acusó al exempresario de Puerto Madryn de no haber pagado el Impuesto al Valor Agregado de octubre de 2012. Segundo era socio mayoritario de la empresa de estibaje SOCIA SRL. Primero no presentó esa declaración jurada y luego intentó cumplir con una documentación con datos falsos. Recién después cumplió.

El juicio oral y público era el 24 de noviembre pero el fiscal Teodoro Nürnberg presentó una propuesta de juicio abreviado, en acuerdo con AFIP y el defensor Carlos Pérez Galindo. Se concretó el 20 de noviembre y en esa audiencia Segundo reconoció su delito y aceptó la condena.

La denuncia data de 2014 ante la Fiscalía Federal de Rawson, luego de que la AFIP verificara la falta de presentación de la DD.JJ. del I.V.A. y su posterior presentación con datos falsos. El fiscal Fernando Gélvez impulsó la investigación por el perjuicio económico causado al Estado Nacional.

Según el informe del perito contador Pablo Edgardo Ramón, tras detectar indicios de actividad comercial, la AFIP intimó al contribuyente a regularizar su situación. SOCIA presentó una declaración fuera de tiempo y con datos falsos. “Esta declaración engañosa de infidelidad contable motivó el cuestionamiento del organismo recaudador”, dice la sentencia. La firma presentó una segunda declaración jurada para rectificar la anterior, por un monto a pagar de $ 721.185,37.

Según la pericia contable, “el monto a ingresar en favor de la AFIP resultante de la DD.JJ. rectificativa arroja un importe superior a la presentación de la original, por lo que se desprende que su presentación se debió a un error u omisión en el cálculo”.

El “Cura” no declaró. Era el dueño junto con Juan Domingo Segundo, que fue sobreseído porque sólo hacía trabajo operativo. Omar era socio mayoritario y responsable de las operaciones comerciales y bancarias. Conocía el giro comercial de la empresa, su administración y sus deudas. En los libros es quien informa detalles contables y tributarios que “sólo una persona involucrada en la gestión y administración puede conocer”.

Se probó que Segundo primero omitió presentar en término la DD.JJ, luego lo hizo con datos falsos para eludir pagar. “El accionar demostró su conocimiento de las obligaciones tributarias que debía afrontar y su intención deliberada de evitar pagar”. Eludir primero y luego enumerar datos falaces para lograr una deuda tributaria inferior a la real, “son comportamientos que sólo pueden responder a un propósito deliberado de engañar al organismo recaudador y obtener una ventaja económica”.

El informe pericial advirtió irregularidades en la contabilidad de SOCIA. Por ejemplo, se perdieron las copias de las operaciones de venta, según admitió el mismo personal. “Por lo tanto, al desconocerse los conceptos facturados se vio impedido este perito de evaluar la capacidad económica, productiva y funcional de la empresa para prestar servicios”.

Al decidir la condena, el juez Reynaldi valoró a su favor “la buena impresión” causada por Segundo en la audiencia, su estado de salud y “las experiencias de vida que lo habrían llevado a evadir el impuesto”.

El fallo recuerda que Segundo cursó hasta segundo año como aspirante en la Escuela de Mecánica de la Armada, es divorciado de terceras nupcias, tiene diez hijos (cuatro menores) y está desocupado ya que un ACV le dejó secuelas en la movilidad de sus piernas y su mano izquierda. Lo ayudan económicamente tres de sus hijos y dos hermanos.

Ya tiene una condena por narcotráfico por el Caso Poseidón: cumple prisión domiciliaria, indicó Diario Jornada.

«Este es el momento preciso para que debatamos ‘Ficha Limpia’ y demos una batalla frontal a los corruptos y abusadores que nos sirva de mensaje: la lucha es contra la delincuencia en sí, caiga quien caiga», planteó el legislador José María Canelada, tras conocerse detalles de una causa judicial por narcotráfico en la que se investiga a empleados del Siprosa.

«El Estado provincial no sólo debe esclarecer el caso de empleados públicos vinculados al narcotráfico. Debe dar un paso más allá, con acciones concretas y decisión política unánime para luchar contra cualquier banda delictiva que quiera cobijarse al calor del poder, en cualquier rincón de la esfera pública… Mostremos con acciones concretas que todas las fuerzas políticas podemos unirnos para dar el mensaje de que aquí no se cobijará a nadie, sea del partido que sea», pidió.

El parlamentario, autor del proyecto de «Ficha Limpia» en Tucumán, destacó el ejemplo de la provincia de Chubut: «esta semana se convirtió en la primera provincia en aprobar esta ley. Y aquí hay algo fundamental: aunque lo presentó un diputado radical, opositor al gobierno de Mariano Arcioni – alineado al oficialismo nacional-, la iniciativa se aprobó por unanimidad. Ha sido un ejemplo de que cuando hay decisión política y cuando los proyectos benefician al pueblo, las fuerzas políticas se paran del mismo lado».

Canelada aseguró para La Gaceta que las declaraciones del oficialismo en torno al escándalo narco debían materializarse en una lucha tangible contra los delincuentes que habitan en el Estado provincial. «Si esta batalla que se proclama a viva voz contra los delincuentes es una decisión política, demos el debate de ‘Ficha Limpia’. Mostremos con acciones concretas que todas las fuerzas políticas podemos unirnos para dar el mensaje de que aquí no se cobijará a nadie, sea del partido que sea. Como bien dice el dicho, ‘quien nada debe, nada teme’. Es hora de que lo pongamos en práctica», dijo.

Fuente: La Gaceta

El Cura segundo es amigo personal del sub jefe de la Policía de Chubut Néstor Gómez Ocampo conocido en el jerga como «El Tero».

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que una vez que obtenga el alta hospitalaria, Héctor Omar “Cura” Segundo pueda beneficiarse por segunda vez con la prisión domiciliaria en Formosa al 70 de Puerto Madryn. Está condenado a 9 años de cárcel por el caso de los 110 kilos de cocaína hallados en la pesquera Poseidón.

El juez Enrique Guanziroli puso las siguientes condiciones: Segundo deberá comunicar a la Comisaría 1ª el alta con un certificado y ese personal lo trasladará hasta la casa; no podrá ausentarse por ninguna circunstancia y si tiene turnos médicos, deberá pedir permiso con antelación por medio de su defensor. Si es una “grave urgencia médica”, deberá ser comunicada de inmediato al Tribunal.

El condenado deberá acatar las restricciones de la cuarentena y aportar un teléfono para comunicar a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, de modo que haga efectivo su monitoreo electrónico. El “Cura” no podrá abusar del alcohol, usar ni tener estupefacientes o armas de ningún tipo.

La Policía certificará que la vivienda no cuente con desniveles que pongan en peligro la integridad física del beneficiado y seguirá con los controles sorpresivos diarios en el nuevo domicilio.

Antecedentes

Ya el 20 de marzo a Segundo se le concedió la prisión domiciliaria por ser paciente de riesgo, ante la seria posibilidad de que contrajera Covid-19 en la Unidad 6 de Rawson, debido a sus patologías preexistentes.

Pero rl 19 de julio se le revocó el beneficio cuando los vecinos lo sorprendieron comprando en un comercio, sin permiso, y lo denunciaron. De nuevo preso sufrió una descompensación, debido a un ACV sufrido días antes. Por este motivo sigue internado.

Su defensor solicitó que se le conceda nuevamente el arresto domiciliario, en otra casa dado que se separó de su mujer, y por su “delicado estado de salud”.

Los informes médicos desaconsejan su alojamiento en un penal. Según el médico policial, padece de diabetes y es insulino dependiente. Y tiene lesiones en el cerebro que le provocan una alteración del lado izquierdo de su cuerpo, inestabilidad corporal y caídas, y tener que deambular con andador.

“No puede ser alojado en las unidades de detención locales ya que no se cuenta con posibilidad de supervisión de la persona y de la medicación por personal de salud, de los cuidados necesarios por tener factores de riesgo ante la pandemia que nos afecta, y la imposibilidad de realizar la rehabilitación necesaria”. Necesita un lugar sin desniveles “para evitar accidentes por sus trastornos motrices”.

El médico legista de la jurisdicción advirtió que se requiere la atención de profesionales del área Psiquiatría y Psicología.

“Humanitario”

La fecha probable de alta era el 5 de octubre, pero el 9 –fecha de la resolución- todavía no había sido informada y seguían los controles policiales periódicos.

“La prisión domiciliaria tiene como fundamento no infligir más penas que las legalmente impuestas con base en criterios humanitarios, en especial con quienes están afectados en su salud y se ha acreditado una circunstancia que dificulta su estadía en un penal, al menos temporalmente”, explicó Guanziroli para otorgar el nuevo beneficio.

¿Por qué será que al “Tero” Gómez lo relacionan tanto con el delito?

DEA chubutense: ¿Massoni le bajó el pulgar al “Tero” Gómez?

La “DEA” chubutense manejada por “El Tero” Gómez, el comisario amigo de un narcotraficante

Si la Justicia no pone límites enseguida y sigue mirando para otro lado, la policía de Chubut va a terminar de convertirse en “la maldita policía” que nadie quiere y que a todos horroriza. Ya ha salido a la luz los vínculos con el narcotráfico, la trata y la prostitución VIP de uno de sus jefes, se han conocido hechos de corrupción y robo en los que ha habido personal policial involucrado, ya se están registrando detenciones ilegales, se están “armando causas” y en cualquier momento, así como está la provincia, pueden empezar a haber casos de “gatillo fácil”. Ojalá nos equivoquemos.

Esto que para nada pretende ser una crónica alarmista es la triste y preocupante realidad que se está viendo en la provincia. Y no lo dice solamente este portal de noticias, sino que es una constante advertencia que surge también de las redes sociales.

Hoy, con esta policía dirigida por los Gómez y Massoni nadie está a salvo. Y un ejemplo claro y contundente es lo que le pasó al director de Cholila Online, al que pretendieron sacarlo del medio armándole una causa con la complicidad de un fiscal y utilizando a su exmujer para que lo denunciara por delitos que no cometió.

¿Qué pretendían hacer con Darío Fernández “El Tero” Néstor Gómez Ocampo y Paulino Gómez para que no siguiera denunciando sus vinculaciones con el delito? Darío cree que lo hubieran matado si sus hijos no hubiesen estado con él, al momento en que lo detuvieron ilegalmente el domingo pasado a la noche, en la ruta a Gaiman.

Cuando la “maldita policía” logra estar en su pleno apogeo es peligroso denunciar a sus miembros o ser testigo de alguna de sus tropelías. Ellos, los de “la cofradía ilegal”, son capaces de usar hasta los recursos del Estado para destruir a cualquiera que sea capaz de amenazar su impunidad.

La Justicia está a tiempo para evitar que se profundice la crisis en la que está sumergida la policía del Chubut por culpa de Massoni y los Gómez y por eso sus operadores principales tienen que dejar de mirar para otro lado, haciéndose los distraídos.

No puede ser que estos temibles personajes tengan un montón de denuncias en las que se los acusa de graves delitos contra la ciudadanía y el propio Estado y no les hayan abierto todavía ni una causa penal. ¿Quién los está protegiendo desde el Poder Judicial?

Si cualquier habitante de Chubut tuviera solo las tres cuartas partes de las denuncias que les han hecho a ellos, ya estaría preso y bien guardado en la Alcaidía Policial. Esto pone en evidencia la inquietante inequidad que hay en la Justicia, en donde para el ciudadano común hay un castigo inmediato y para los sinvergüenzas que han tomado por asalto el Poder; impunidad.

Hasta hace unos días eran el uno para el otro y el actual subjefe de Policía la única persona con posibilidades ciertas de dirigir la agencia antinarcóticos que quiere crear el polémico ministro de Seguridad. Es más, Massoni siempre hizo caso omiso a las críticas que le han llovido de todos lados cuestionando al controversial Gómez Ocampo. Pero ahora, parece que las cosas han cambiado.

El otro día, en una entrevista que le hicieron en Comodoro al polémico funcionario, le preguntaron sobre si pensaba designarlo a Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo, actual subjefe de la Policía, al frente de la Unidad Antinarcóticos, a lo que Massoni respondió que por el momento no había nada concreto.

Después, le consultaron sobre las fotos en las que aparece “El Tero” Gómez con su amigo, el narcotraficante Omar “El Cura” Segundo, actualmente condenado a 9 años de prisión por traficar más de 100 kilos de cocaína y el ministro de Seguridad de la provincia, contestó: “El tema de las fotos me tiene muy sin cuidado”, e insistió después en relación a la Jefatura de la DEA chubutense: “No hay nada firme. No hemos tomado ninguna determinación, no existe la agencia y por el momento no podemos tomar determinaciones de quién la va a ocupar”.

Agregó finalmente, poniendo más dudas sobre Gómez Ocampo: “Lo que sí vamos a hacer, es buscar a la mejor persona para que lleve adelante el proyecto”.

Puede que Massoni se haya dado cuenta que es poco serio y contraproducente poner al amigo de un narco al frente de un organismo que debería luchar contra el narcotráfico.

A propósito del “Tero” Gómez, algunos en el Poder Judicial aseguran que es muy probable que termine desembarcando ahí, si un íntimo amigo de él llegara a ocupar un altísimo cargo en la Justicia de Chubut.

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Massoni y el comisario amigo de un narco en el combate contra las drogas en Chubut  

 

Massoni maneja con un tridente la policía

 

La “narcopolicía” de Massoni y el silencio de los medios dependientes de la publicidad oficial

 

 

La presencia del Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni en Puerto Madryn permitió que se consultara sobre su opinión con respecto al procedimiento que se llevó a cabo al inicio de la semana sobre el Buque Conarpesa 1 donde se informó que se había “levantado con la red” varios paquetes con unos cuantos kilos de cocaína en su interior y cuya intervención había obedecido por jurisdicción a la Prefectura Naval Argentina.

El polémico ministro manifestó: “Provincia no tuvo intervención de ningún tipo por ser jurisdicción de Prefectura Naval Argentina pero es raro, extremadamente raro se deberá profundizar la investigación porque es poco explicable la situación”.

Las grandes preguntas son, ¿qué es lo que le parece raro al ministro de seguridad de Chubut? ¿Qué hayan encontrado la droga? ¿saber quién dijo que la droga estaba ahí? o ¿que el negocio se haya caído?.

Si bien el barco no tuvo restricción alguna para volver a la zona de pesca, el Ministro sugirió que se continúe con una investigación más profunda. “Las hipótesis pueden ser variadas y también las que se imagine son raras, tiene visos ridículos”, además se preguntó: ¿Qué hacen 10kg de cocaína a 168 millas de la costa chubutense bajo el mar y a esa profundidad?», lo mismo nos preguntamos todos.

Sin embargo, la División Antidrogas de la Federal, por su lado, descubrió el lugar en donde vendían la droga; en un domicilio particular del barrio San Miguel y allí detuvo al “dealer”.

Esto evidencia que la droga pasa, llega y sale de la provincia con una facilidad casi increíble y también deja al descubierto el discurso puramente declamatorio de quienes supuestamente deberían evitar que el narcotráfico se instale en Chubut. Lo de Massoni –claramente—es “vender humo” para los medios que por intereses puramente pecuniarios lo quieren posesionar como el paladín de la Justicia que irá a fondo contra la delincuencia.

En pocas horas en Puerto Madryn, entre la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina secuestraron casi quince kilos de cocaína, de máxima pureza. La División Antidrogas de la Federal, por su lado, descubrió el lugar en donde vendían la droga; en un domicilio particular del barrio San Miguel y allí detuvo al “dealer”. Y la Prefectura incautó los ocho panes que trajo hasta el muelle Storni el buque que “misteriosamente” los pescó en alta mar.

Esto evidencia que la droga pasa, llega y sale de la provincia con una facilidad casi increíble y también deja al descubierto el discurso puramente declamatorio de quienes supuestamente deberían evitar que el narcotráfico se instale en Chubut. Lo de Massoni –claramente—es “vender humo” para los medios que por intereses puramente pecuniarios lo quieren posesionar como el paladín de la Justicia que irá a fondo contra la delincuencia.

Pero ese mensaje se cae enseguida cuando se lo confronta con la realidad. Massoni sigue diciendo que le quiere “dar una trompada en la cara” a la venta de drogas en la provincia y su policía no sale de “los porros” que le secuestran a algún jovencito desprevenido que anda con sus amigos en el auto.