Un letal agujero financiero pone en jaque la estabilidad del sistema sanitario y previsional de la provincia de Buenos Aires.
La masiva contratación informal dentro de los municipios bonaerenses está provocando un vaciamiento multimillonario en las arcas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS), desatando una creciente tensión sindical y social.
El empleo precario en las comunas priva al sistema de salud provincial de un flujo de fondos indispensable, en medio de un clima de protestas que amenaza con paralizar accesos clave en el territorio bonaerense.
Trabajo en negro en los municipios: un hueco de $90.000 millones al año
Actualmente, unos 300 mil trabajadores se desempeñan en las intendencias bonaerenses, pero apenas el 60% goza de estabilidad laboral en planta permanente. El 40% restante —alrededor de 100 mil personas— trabaja bajo esquemas de contratación precaria como monotributistas y cooperativistas.
Esta anomalía laboral no solo cercena los derechos básicos de los agentes municipales, sino que asesta un golpe demoledor a la seguridad social provincial:
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Pérdida por empleado: Tomando un sueldo promedio de $700.000, cada trabajador deja de aportar mensualmente el 4,8% de su haber ($33.600) y los municipios evitan realizar la contribución patronal equivalente ($33.600).
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Fuga mensual y anual: La evasión acumulada alcanza los $67.200 por mes por trabajador, lo que representa más de $800.000 al año por cabeza.
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Agujero total: Para un piso estimado de 100 mil monotributistas, la recaudación perdida supera holgadamente los $90.000 millones de pesos anuales, cifra que equivale a entre 5 y 7 puntos de la masa total de recursos del IOMA.
El freno al Consejo de Empleo Municipal y la promesa incumplida
El origen institucional del problema radica en la paralización del Consejo de Empleo Municipal, un órgano tripartito y vinculante previsto en la Ley 14.656 aprobada en 2014. Esta normativa, redactada por el actual secretario general de la FESIMUBO, Hernán Doval, tiene como fin regular las condiciones laborales, pactar los pases a planta permanente y poner un freno al abuso del empleo precario.
Sin embargo, el organismo jamás fue puesto en marcha. Las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal lo omitieron, y aunque la actual administración provincial prometió formalmente su convocatoria en reiteradas oportunidades, el ministro de Trabajo, Walter Correa, volvió a posponer la reunión hasta marzo de 2027.
Fuentes del sector señalan que las demoras responden a la presión de otros gremios que no alcanzan el piso estatutario de representatividad para integrar el Consejo. Pese a que la federación mayoritaria propuso sumarlos en calidad de oyentes para destrabar el conflicto, la negociación permanece paralizada.
Crece la furia sindical: piquetes en accesos y alerta por sorpresivos cortes
Ante el estancamiento político y la falta de respuestas, los trabajadores municipales profundizaron su plan de lucha. El propio dirigente Hernán Doval advirtió que se preparan «para un conflicto prolongado».
Las acciones de fuerza ya mostraron un importante despliegue en la vía pública:
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Corte en Panamericana: Trabajadores interrumpieron durante tres horas la colectora de la autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197.
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Protestas locales: Ya se registraron medidas de fuerza similares en Bahía Blanca, Cañuelas, Tigre e Ituzaingó.
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Acción sorpresiva: Las bases sindicales planifican un corte de tránsito de manera inminente en el Puente Pueyrredón, manteniendo la fecha y la hora bajo estricto sigilo.
La escalada de protestas amenaza con extenderse a otros sectores de la administración pública provincial si no se reactivan de inmediato las mesas de negociación oficiales.