El Juzgado Laboral N.º 17 dispuso la transferencia con fondos embargados preventivamente para cubrir los haberes adeudados entre marzo y junio. El fallo responde al incumplimiento de un convenio de estabilidad laboral. Desde el SUTNA celebraron la medida pero apelarán para exigir la actualización por inflación y la nulidad de los retiros voluntarios.
En un fallo de fuerte impacto para el sector industrial y gremial, el Juzgado Laboral N.º 17 ordenó a la fabricante de neumáticos Fate transferir $1.200 millones para saldar los sueldos adeudados de 200 operarios afectados tras el cierre de la compañía.
La resolución judicial determina que la acreditación de los haberes —correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de este año— deberá hacerse efectiva este viernes 23 mediante la utilización de fondos que habían sido embargados de forma preventiva. Quedaron excluidos de este desembolso aquellos operarios que suscribieron acuerdos de retiro voluntario.
Un punto intermedio y el incumplimiento del acuerdo de estabilidad
La cifra fijada por el magistrado surgió como un punto medio entre las posturas contrapuestas del gremio y la patronal. Por un lado, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) reclamaba un piso de $1.800 millones, mientras que la firma de neumáticos argumentaba que la deuda ascendía únicamente a $600 millones.
Con este fallo, el tribunal dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. El eje central del reclamo obrero se basa en el incumplimiento de un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025 y con vigencia extendida hasta el 30 de junio de 2026. A través de dicho compromiso, Fate había recibido beneficios impositivos por parte del Estado con la condición explícita de no concretar despidos.
Ocho meses después del anuncio del cierre definitivo de la planta fabril de San Fernando —medida que impactó inicialmente en 920 operarios—, desde el SUTNA celebraron la decisión de la Justicia como un triunfo de la resistencia gremial y afirmaron que el dictamen confirma que el cierre empresarial «fue ilegal».
Apelaciones en marcha, reclamo por inflación y marcha atrás al desalojo
Pese a la valoración positiva del fallo, desde la cúpula sindical adelantaron que apelarán el monto fijado por considerar que el saldo «no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación». En paralelo, confirmaron que promoverán nuevas demandas judiciales para exigir la percepción de las remuneraciones devengadas con posterioridad al 1 de julio de este año.
Asimismo, la representación gremial ratificó que insistirá en la «nulidad de los acuerdos de retiro voluntario» firmados por otro sector de la nómina, al denunciar que las firmas fueron obtenidas bajo «extorsión económica» tras haber permanecido varias semanas sin cobrar sus salarios.
En el plano procesal penal, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que se había dictado en septiembre sobre los predios fabriles. De esta manera, los trabajadores mantendrán las guardias, el acampe y los reclamos en las inmediaciones de la planta de San Fernando.