En medio de la intensa contienda judicial y política por los recursos de la educación superior, la Justicia Federal dictó una resolución clave.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concedió la apelación interpuesta por el Gobierno nacional contra el fallo que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario; sin embargo, ordenó que el Ejecutivo continúe cumpliendo de forma inmediata con la medida cautelar vigente.
La cautelar sigue firme: presupuesto, salarios y becas asegurados
Pese a dar vía libre a la apelación gubernamental —que ahora quedará bajo la revisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal—, el magistrado resolvió dar continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar. Esta medida impone al Estado nacional la obligación ineludible de girar las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento operativo de las casas de altos estudios, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y la actualización de las becas estudiantiles.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano rechazó de plano la postura judicial argumentando que la normativa ocasiona «agravios concretos y de significativa gravedad institucional», vulnerando directamente el orden fiscal. La Casa Rosada sostiene que acatar la ley compromete seriamente el equilibrio de las cuentas públicas al no haberse fijado una fuente de financiamiento específica.
Los argumentos del Ejecutivo y la alerta por el gasto público
El Ministerio de Capital Humano remarcó en su presentación que la implementación de la ley pretende cubrirse «mediante reasignaciones» de partidas que llegarían a absorber el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional. En ese sentido, las autoridades exigieron que la Ley de Financiamiento Universitario sea interpretada de manera «armónica» junto con las leyes 24.156, 24.629 y 27.798, las cuales regulan la autorización y ejecución del gasto público nacional.
A la espera de un pronunciamiento definitivo de la Cámara de Apelaciones, la cautelar continuará ejecutándose para resguardar el sistema universitario nacional.