El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sacudió el escenario político y judicial de su provincia al presentar un ambicioso proyecto de reforma laboral.
La iniciativa busca ponerle un freno definitivo a la escalada irrefrenable de la litigiosidad y transformar de raíz las reglas del juego en la justicia del trabajo.
Números de alarma: el récord de juicios que impulsó la medida
La decisión del mandatario entrerriano responde a un diagnóstico crítico respaldado por datos estadísticos contundentes. Las estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) revelan que durante el año 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, lo que representó un preocupante incremento del 25% respecto al período anterior.
La tendencia negativa lejos estuvo de detenerse en el período posterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el crecimiento del volumen judicial trepó hasta un alarmante 38%, registrando el índice de incremento de litigiosidad más alto entre las nueve principales jurisdicciones del país. Ante este panorama, Frigerio impulsó una reforma integral del Código Procesal Laboral enfocada en brindar transparencia, ordenar los peritajes y garantizar previsibilidad a los empleados, a las empresas y a las entidades aseguradoras.
El fin del negocio pericial: los cambios clave que introduce el proyecto
El pilar fundamental del proyecto impulsado por Frigerio es la creación del Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en la órbita del Poder Judicial. Los integrantes de este organismo serán elegidos estrictamente mediante concurso público y percibirán una remuneración fija. Con esta modificación, sus ingresos económicos dejarán de estar atados al porcentaje de incapacidad que dictaminen en sus informes o al monto final de una indemnización laboral.
Asimismo, la propuesta legislativa establece que:
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Obligatoriedad del baremo nacional: Será de uso estricto y obligatorio para evaluar y determinar cualquier tipo de incapacidad laboral.
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Criterios unificados: Los peritos médicos tendrán la obligación formal de fundamentar con rigor técnico todas sus observaciones con el fin de evitar disparidades arbitrarias.
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Redefinición de honorarios: Se desvincula el cobro de los profesionales del monto reclamado, de las condenas emitidas o de la incapacidad dictaminada; en su lugar, se fijará una escala según la complejidad, la calidad y la utilidad real del informe presentado, sujeto a un tope máximo estipulado.
Apoyo empresarial y fin al depósito para apelar
En cuanto a los aspectos procedimentales de los juicios, la reforma elimina la exigencia que obligaba a los empleadores a depositar previamente el monto total de la condena, sus intereses y las costas —o la presentación de bienes a embargo— como condición excluyente para interponer un recurso de apelación. Esta cláusula busca asegurar plenamente el derecho constitucional a la revisión en segunda instancia judicial, sin que ello implique retirar o rescindir las medidas cautelares tendientes a asegurar el pago futuro de la sentencia.
La UART expresó su firme respaldo al proyecto gubernamental, calificando el avance impulsado por Frigerio como un «primer paso concreto y necesario» para combatir la industria del juicio. Con la reestructuración del proceso, el Ejecutivo de Entre Ríos apunta a erradicar los incentivos económicos que distorsionan los peritajes y construir un marco equitativo para el desarrollo socioeconómico de la provincia.