En un nuevo capítulo de máxima tensión entre la Casa Rosada y la comunidad académica, el Poder Ejecutivo activó una firme ofensiva legal para estirar los plazos y paralizar la aplicación efectiva de la normativa votada por el Congreso.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, presentó formalmente un recurso de apelación para revocar la sentencia judicial que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó la inmediata transferencia de fondos hacia las casas de altos estudios.
El planteo judicial busca frenar la ejecución dictaminada por el juez Martín Cormick, argumentando que la medida provoca un «gravamen irreparable» y genera «agravios concretos y de significativa gravedad institucional» al Estado Nacional.
Los argumentos del Ministerio de Capital Humano: equilibrio fiscal y división de poderes
Desde la cartera a cargo de Pettovello cuestionaron la validez del amparo colectivo promovido de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), sosteniendo que dicha acción no constituye una «vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos».
En el recurso presentado ante los tribunales, el Gobierno desplegó una serie de justificativos centrales:
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Falta de financiamiento específico: Sostienen que la norma votada compromete de forma severa el equilibrio de las cuentas públicas al no señalar una fuente de recursos clara para cubrir las partidas.
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Armonización de leyes financieras: Exigen interpretar la Ley de Financiamiento Universitario de manera «armónica» junto con las leyes 24.629, 24.156 y 27.798, las cuales regulan el gasto público nacional.
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Tijeretazo presupuestario masivo: Advirtieron que, si los nuevos fondos deben cubrirse mediante reasignaciones, ello obligaría a «reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional».
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Atropello a la división de poderes: Afirmaron que validar la sentencia vulnera la independencia republicana al «imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera».
Incertidumbre en las aulas: universidades al borde del paro y reclamo salarial
Con este movimiento estratégico en los tribunales, la administración nacional logra dilatar el envío de partidas presupuestarias mientras el conflicto universitario escala en intensidad. Desde las casas de estudio reclaman la urgente actualización de fondos para gastos de funcionamiento y la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes.
La decisión de apelar profundiza el descontento sindical y estudiantil, reactivando la convocatoria a nuevas medidas de fuerza e inicios de paro que amenazan con paralizar el dictado de clases en todo el territorio argentino.