El Gobierno nacional solicitó una prórroga para presentar su escrito de oposición frente al recurso de los fondos demandantes. Con este aplazamiento, la nueva fecha límite quedó fijada para el 2 de diciembre.
El Estado argentino solicitó formalmente una extensión de 30 días ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para presentar su respuesta al recurso presentado por los fondos de inversión que buscan revertir el fallo favorable obtenido por el país en el litigio por la expropiación de YPF. Con esta solicitud, la fecha límite para la entrega del escrito de oposición pasó del calendario inicial al próximo 2 de diciembre.
La presentación de la defensa argentina se dio luego de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara formalmente sin efecto la sentencia que condenaba al país a pagar 16.100 millones de dólares (monto que superaba los 18.000 millones de dólares al incluir los intereses acumulados). La magistrada neoyorquina acató de esta manera lo resuelto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que en marzo de 2026 había revocado la condena original contra la República Argentina.
Los pasos procesales en el máximo tribunal norteamericano
La solicitud de prórroga altera los plazos del expediente pero no implica una resolución sobre la cuestión de fondo. Una vez que la representación legal del país efectúe la entrega del documento el 2 de diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos evaluará si decide aceptar o rechazar la revisión del planteo formulado por los demandantes, quienes intentan restablecer el fallo adverso de primera instancia.
Cabe remarcar que el ingreso del caso al máximo tribunal estadounidense no se encuentra garantizado:
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Admisibilidad: La Corte Suprema recibe miles de peticiones de revisión (certiorari) en cada periodo de sesiones y admite únicamente un porcentaje reducido de ellas.
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Plazos: No existen plazos normativos estipulados para que los magistrados determinen si aceptan abordar el expediente o ratifican el rechazo.
Los antecedentes de la causa y el frente abierto en el CIADI
El conflicto judicial tuvo su origen en 2012 tras la nacionalización de la petrolera YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner. Las acciones legales fueron entabladas por las empresas Petersen Energía y Eton Park —con la financiación del fondo Burford Capital—, argumentando irregularidades en el procedimiento de expropiación.
En septiembre de 2023, la jueza Preska fijó la indemnización en 16.100 millones de dólares. Tras la apelación del Estado argentino, la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló dicha condena en marzo de 2026. Al ver denegado su pedido de reconsideración en esa misma instancia, los demandantes recurrieron a la Corte Suprema norteamericana.
En paralelo a la vía judicial en EE. UU., el fondo Burford Capital mantiene activada una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen, por lo que el diferendo conserva un frente abierto en el plano internacional.
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