Pablo Morelo advirtió que la gestión actual «no desarrolló ninguna política positiva» y exigió recursos urgentes tras la media sanción en Diputados.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara por una abrumadora mayoría la nueva «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», desde el Foro Permanente de Discapacidad calificaron la votación como «un paso importantísimo».
Avance clave en el Congreso y las alarmas por el costo de la emergencia
No obstante, la entidad aclaró que el conflicto estructural está lejos de solucionarse. El presidente del Foro, Pablo Morelo, enfatizó que «la emergencia no se reduce a una ley, la emergencia es lo que vive la gente día a día», destacando que la Emergencia en Discapacidad sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y requiere una ejecución presupuestaria real por parte del Poder Ejecutivo.
Durante una entrevista, el referente del sector valoró que la oposición y el oficialismo lograran un consenso para mantener las conquistas históricas del sector que habían sido omitidas en los proyectos iniciales del Gobierno nacional. Asimismo,confió en que el Senado le dará un rápido tratamiento y aprobación la próxima semana, confiando en las gestiones del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad.
Sin embargo, Morelo alertó sobre la inminente discusión del Presupuesto 2027 y la necesidad imperiosa de garantizar las partidas económicas necesarias, advirtiendo que los sindicatos ya anticipan que los fondos del Fondo Solidario de Redistribución no alcanzarán para cubrir la demanda de las obras sociales.
«Todo es cerrar puertas, prejuicios y hablar mal de la temática»
Al analizar la relación con las autoridades nacionales, Morelo lanzó duras críticas contra la administración central,afirmando que «este Gobierno no desarrolló ninguna política positiva para las personas con discapacidad» y que la gestión se caracterizó por «cerrar puertas, prejuicio y hablar mal de la temática». Denunció que las campañas oficiales sobre supuestos «certificados y pensiones truchas» solo generaron desconfianza social para justificar un desfinanciamiento sistemático.
Esta falta de inversión incrementó los atrasos en la entrega de medicamentos y pañales —complicada aún más por la intervención judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)—, como así también el freno en la concesión de pensiones no contributivas y el retraso de más del 30% en el pago de aranceles a prestadores.
Por último, el titular del Foro advirtió que la crisis afecta severamente a las provincias, donde miles de personas sin cobertura dependen exclusivamente de estados locales que carecen de infraestructura, recursos y personal calificado.Repudió el intento del Estado nacional de «desentenderse» de su obligación federal para traspasar el problema a las provincias sin enviar los fondos correspondientes, un abandono que se profundiza en las periferias del Gran Buenos Aires,Gran Rosario, Córdoba y en las zonas rurales. Las familias y prestadores mantendrán la guardia alta hasta que las medidas legislativas se traduzcan en soluciones concretas sobre el terreno.