El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi concluyó que los peritajes a celulares, los movimientos en cajas de seguridad y el rastreo de billeteras cripto no probaron la existencia de un pacto ilícito ni de un ardid defraudatorio. Con el aval de la fiscalía y sin querellantes en la causa, el fallo queda al borde del cierre definitivo.
En una resolución dictada el 23 de octubre, la Justicia Federal dispuso el sobreseimiento del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros nueve investigados en el marco de la causa que analizaba presuntas irregularidades y maniobras defraudatorias en torno al lanzamiento del token $LIBRA.
El fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi puso fin a una pesquisa que buscaba determinar si la promoción pública de la criptomoneda por parte del mandatario formó parte de una maniobra coordinada para beneficiar a operadores privados a cambio de retribuciones económicas, provocando pérdidas estimadas en US$ 100 millones a más de 40.000 inversores.
Peritajes telefónicos y la nota sobre un presunto acuerdo
Uno de los pilares del expediente fue el análisis forense del teléfono celular del trader Mauricio Novelli, donde se halló una nota con la frase en inglés “this is the final agreement as discussed with H.” (“este es el acuerdo final, como se habló con H.”). Asimismo, se incorporó una propuesta de Kelsier Group de noviembre de 2024 dirigida a Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, que aludía a proyectos vinculados a blockchain e inteligencia artificial con menciones a Javier y Karina Milei.
Sin embargo, el magistrado remarcó que el peritaje no pudo acreditar que dicho texto fuera enviado, recibido o aceptado por terceros, ni que existiera un pacto formalizado.
«No demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo perfeccionado ni permite establecer sus términos definitivos, sus partes, su objeto o la eventual inclusión de una contraprestación por el ejercicio indebido de influencia», argumentó el juez Martínez De Giorgi al desestimar el valor probatorio de la nota hallada en el dispositivo.
Adicionalmente, el fallo hizo referencia a irregularidades reportadas en los informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP), donde un sumario administrativo detectó el acceso indebido y la filtración de documentación reservada, afectando la cadena de custodia probatoria.
Cajas de seguridad bancarias y trazabilidad de billeteras virtuales
Otro aspecto auditado por la Justicia se centró en los registros de ingreso y egreso a cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia, operadas por familiares de Novelli en fechas cercanas al lanzamiento del token. No obstante, al concretarse los allanamientos ordenados por el juzgado, los cofres se encontraban vacíos, impidiendo comprobar el depósito o distribución de dinero en efectivo vinculado a funcionarios públicos.
En cuanto a la ingeniería financiera digital, intervinieron la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la Policía Federal Argentina (PFA), logrando incluso el congelamiento preventivo de 44.593.888,562 USDC en la red Solana, provenientes de la dirección “LIBRA: TEAM WALLET”. Pese al rastreo de los activos, Martínez De Giorgi sostuvo que los flujos de criptoactivos no probaron transferencias hacia integrantes del Gobierno nacional.
La distinción entre la promoción pública y el ardid defraudatorio
Respecto al mensaje publicado por el jefe de Estado el 14 de febrero de 2025 en la red social X, el magistrado diferenció el impacto comunicacional de la figura presidencial respecto a la configuración del delito de estafa.
«La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria», fundamentó el magistrado, alineándose con un pronunciamiento de la Cámara Federal del 4 de septiembre de 2026.
El juez añadió en la resolución:
«La notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio», remarcó Martínez De Giorgi.
El testimonio de Nadia Beller y el escenario procesal
El expediente también desestimó la denuncia formulada por la diputada Mónica Frade, que citaba presuntas conversaciones entre Nadia Beller y Fernando Cerimedo. La fiscalía confirmó que Beller —declarante en Bolivia— no aportó elementos ni menciones referidas a la operatoria del activo digital $LIBRA.
Tras el dictamen favorable del fiscal Eduardo Taiano, el sobreseimiento alcanzó a la totalidad de los imputados. Debido a que los damnificados fueron apartados previamente de la condición de querellantes, la causa no cuenta con partes legitimadas para apelar, a menos que la Cámara Federal de Casación modifique de manera inminente el criterio de representación de los ahorristas.