En un giro político y legislativo de alto impacto, la provincia de Neuquén acelera el debate para transformar de raíz su marco regulatorio minero.
Con el firme objetivo de jubilar una normativa con más de medio siglo de antigüedad, se impulsa la creación de un organismo especial interpoderes que analice de punta a punta la reforma del Código de Procedimientos Mineros. El proyecto, ingresado originalmente por el gobernador Rolando Figueroa el pasado 1 de marzo, busca modernizar los procesos administrativos, ambientales y técnicos de la actividad en todo el territorio neuquino.
La propuesta de la comisión interpoderes que extendería el debate
La iniciativa para conformar este espacio de discusión fue anunciada por el diputado provincial Damián Canuto (PRO-NCN) durante una reunión de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones. El legislador argumentó que la «complejidad y solemnidad» de la materia exige un análisis exhaustivo y sin apuros, proponiendo integrar a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a sectores públicos y privados. El organismo contaría con la presidencia de Canuto, dos representantes de la presidencia de la Legislatura, dos del Ejecutivo y delegados del Judicial.
Con un plazo inicial de funcionamiento de seis meses y posibilidad de prórroga por otro período idéntico, las discusiones de la reforma podrían extenderse hasta 2027. Cabe recordar que el proyecto sufrió modificaciones en septiembre, cuando Canuto presentó un texto alternativo trabajado con el Ejecutivo que redujo el articulado de 288 a 201 disposiciones, adaptándose al nuevo Código Procesal Civil Adversarial. La propuesta de resolución será presentada formalmente en los próximos días para tomar estado parlamentario la semana que viene.
Digitalización, Vaca Muerta y los cambios clave del nuevo Código
El objetivo central es derrocar la Ley Provincial 902 —sancionada el 8 de octubre de 1975— y unificar las disposiciones del sector. Según explicaron el director provincial de Minería, Carlos Portilla, el director general de Legal, Elías Salazar, y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, la norma sumará herramientas digitales, actualizará la transferencia de derechos mineros y exigirá programas mínimos de trabajo e inversión a quienes soliciten permisos de exploración, evitando la especulación sobre grandes extensiones territoriales.
Asimismo, la legislación reforzará el régimen de caducidad de los derechos mineros y ordenará la convivencia espacial entre la minería y los hidrocarburos en zonas donde se superponen instalaciones, un punto vital para las operaciones en Vaca Muerta. Todas estas modificaciones ya se vienen debatiendo en reuniones sectoriales, como la realizada el 8 de octubre en Zapala con la presencia del secretario de Ambiente, Hipólito Salvatori, productores y apoderados, consolidando un camino hacia una mayor seguridad jurídica y ambiental.