La reestructuración institucional en la máxima cúpula de Petrominera Chubut Sociedad del Estado concluyó este jueves su paso definitivo en la Legislatura provincial.
Durante la sesión ordinaria, el cuerpo de diputados aprobó de forma contundente el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, concediendo el acuerdo legislativo para que la abogada Irene Carrizo asuma formalmente como la nueva presidenta de la compañía estatal.
El pliego promovido por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres avanzó en el recinto, marcando un hito sin precedentes al transformar a la funcionaria en la primera mujer en conducir la petrolera chubutense. Este estratégico recambio de perfil directivo ya había sido anticipado públicamente por el secretario general del Sindicato Petrolero, Jorge ‘Loma’ Ávila.
El fin de la era Millar y la llegada de un perfil de confianza
Irene Carrizo ya conocía en profundidad el funcionamiento operativo de la firma tras desempeñarse como síndica titular. Su designación se concretó para ocupar el sillón que dejó vacante Héctor Millar, dirigente sindical que lideraba Petrominera desde el año 2021 y cuya desvinculación oficial quedó ratificada en el Boletín Oficial a través del decreto provincial N.º 1.499.
Donde se resaltó que, con este respaldo parlamentario, el Poder Ejecutivo provincial logra oxigenar la conducción de la entidad y posicionar a una profesional de su extrema confianza para liderar los futuros proyectos de desarrollo hidrocarburífero.
Cambios en el esquema de control interno: propusieron nuevo síndico
En paralelo al nombramiento de la flamante presidenta, la gestión provincial avanza en la reorganización del esquema de control interno de la petrolera. Durante la misma jornada de debate ingresó la Providencia N° 139/2026, mediante la cual el Ejecutivo propuso formalmente a José Andrés Bahamonde para ocupar la función de síndico.
A diferencia del trámite de Carrizo, el pliego con los antecedentes de Bahamonde acaba de iniciar su recorrido parlamentario. El expediente fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde los legisladores analizarán la documentación para emitir el dictamen correspondiente antes de su tratamiento final en el recinto.