Lucio Brondes señaló que la baja de la edad de punibilidad a los 14 años genera temor e incertidumbre en las escuelas. Remarcó que los delitos cometidos por adolescentes representan una proporción mínima y cuestionó que el encarcelamiento se presente como la solución principal ante la inseguridad.
La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a generar fuertes repercusiones e interrogantes en el ámbito judicial y socioeducativo de Chubut. El defensor jefe de Puerto Madryn, Lucio Brondes, lanzó una mirada crítica sobre el impacto real de la norma y alertó sobre el clima de preocupación que perciben entre los estudiantes de la región, fundamentalmente tras la reducción de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.
En declaraciones vertidas a Radio 3 AM 780, el funcionario judicial explicó que desde la Defensoría Pública vienen llevando adelante una agenda de encuentros informativos y capacitaciones en diversos establecimientos educativos para clarificar el alcance del nuevo marco normativo.
“Hay como incertidumbre, temor, muchas inquietudes al respecto, cuáles son los parámetros de la ley, cuál es el procedimiento específico, cuáles son las eventuales sanciones que pueden recibir”, reveló Brondes sobre las principales consultas que expresan los jóvenes.
Un enfoque punitivo frente a las fallas de la contención estatal
Si bien la nueva legislación amplió el abanico de delitos perseguibles para adolescentes e incluyó garantías procesales y principios de justicia restaurativa adaptados a la Convención sobre los Derechos del Niño, el defensor jefe puso en duda la efectividad del sistema para prevenir el delito juvenil.
Para el funcionario, la persecución penal en edades tempranas es el reflejo de deficiencias estructurales previas que el Estado no logró resolver mediante políticas públicas de salud, educación, vivienda y fortalecimiento familiar:
“Tiene un sesgo claramente criminalizante, a mi criterio, con esta baja. Un régimen penal juvenil mal puede prevenir el delito, pero claramente cuando hay una imputación penal para adolescentes es síntoma de que ha fallado todo el sistema estatal anterior”, aseveró.
En esa línea, Brondes hizo hincapié en que la sanción punitiva debe operar como la última instancia del sistema, priorizando esquemas de reparación y contención:
“La respuesta no debe ser esta responsabilización encarcelándolos, penalizándolos, sino apuntando a la justicia restaurativa”, enfatizó.
Estadísticas, primeros procedimientos y la capacidad edilicia
Uno de los ejes centrales expuestos por el magistrado apuntó a desmitificar la incidencia de los menores en la masa general de delitos. Según sostuvo, las estadísticas tanto a nivel nacional como provincial reflejan que las infracciones cometidas por adolescentes representan un porcentaje muy reducido en comparación con las atribuidas a adultos.
“Se pone el acento como que uno de los ejes de la inseguridad son los delitos cometidos o imputados a adolescentes, y esto no es así”, manifestó Brondes, cuestionando que el endurecimiento penal sea presentado socialmente como la solución de fondo contra el delito.
Pese a que la norma lleva poco tiempo de vigencia, el defensor confirmó que en la jurisdicción de Puerto Madryn ya se registraron aprehensiones e intervenciones judiciales que derivaron en audiencias de control de detención. A su vez, expresó reservas sobre la infraestructura disponible para la contención de los jóvenes, mencionando los interrogantes que existen en torno al alojamiento y la capacidad operativa del Centro de Orientación Socioeducativo (COSE).
Finalmente, el funcionario recordó que mantiene esta postura crítica desde hace más de 25 años, argumentando que los antecedentes internacionales demuestran que las leyes de mayor severidad penal no consiguieron reducir los índices delictivos sin un abordaje social y educativo integral.