El fuero Contencioso Administrativo Federal volvió a convertirse en el escenario central de las batallas judiciales más calientes del país.
Detrás de los duros reveses que ha sufrido el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos —como la suspensión de artículos clave de la reforma laboral y la imposición de astreintes por el financiamiento universitario— se encuentra la firma del juez Martín Cormick. Al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Capital Federal, el magistrado cosecha un perfil técnico de alto relieve, pero también un pasado en la administración pública que genera fuerte polémica en la Casa Rosada.
De la IGJ y el PAMI a la magistratura impulsado por el kirchnerismo
Cormick es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de desempeñarse como docente de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de Avellaneda. Tras ejercer como defensor de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño, ocupó casilleros estratégicos en las gestiones kirchneristas: en 2014, Cristina Fernández de Kirchner lo designó al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) vía decreto 1756, mientras que entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 encabezó la Sindicatura General del PAMI bajo la gestión de Luana Volnovich, manteniendo lazos de cercanía con la agrupación La Cámpora.
Su desembarco en el fuero federal se concretó formalmente el 5 de noviembre de 2020, cuando el expresidente Alberto Fernández oficializó su nombramiento a través del Decreto 866, previo acuerdo del Senado de la Nación.
Los fallos de alto impacto: reforma laboral, universidades y protocolo antipiquetes
Los pronunciamientos de Cormick han golpeado en puntos neurálgicos de las políticas oficiales. En materia laboral, hizo lugar a una cautelar promovida por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y suspendió por 90 días los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, frenando las sanciones patrimoniales a abogados por «pluspetición inexcusable» y el pago diferido de sus honorarios.
A esta medida se le suma el extenso frente universitario impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA. El pasado 6 de octubre declaró la inconstitucionalidad de la promulgación condicionada con la que el Ejecutivo frenó la Ley de Financiamiento Universitario tras el rechazo del veto en el Congreso, una cautelar respaldada previamente por la Corte Suprema. Como consecuencia del atraso en la actualización de becas y salarios, el juez aplicó recientemente una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Finalmente, su historial incluye la declaración de nulidad del protocolo «antipiquetes» impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional en diciembre de 2025 (fallo posteriormente revocado por la Cámara en marzo de 2026) luego de haber participado presencialmente como observador judicial durante las marchas de jubilados.