Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional se concentran frente a la Casa Rosada para exigir la aplicación plena de la Ley 27.795, mientras el Gobierno alista la apelación de la medida judicial.
En una jornada de alta tensión política e institucional, los rectores y rectoras de las universidades públicas nacionales se concentrarán este miércoles a las 14:30 en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación se desarrollará en el marco de la reunión mensual del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El reclamo de las autoridades académicas cobra nuevo impulso tras el fallo dictado por el juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025. Mediante esa norma, el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación previa de fuentes de financiamiento y a la inclusión de las partidas en el Presupuesto Nacional.
La resolución judicial y la postura del CIN
En su fallo, la Justicia federal rechazó la fundamentación del Ejecutivo para postergar la puesta en marcha de la legislación sancionada por el Congreso, señalando que la misma normativa contempla los mecanismos técnicos necesarios para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Frente a este escenario, las autoridades del CIN enfatizaron que el objetivo de la convocatoria es exigir el “cumplimiento pleno y efectivo” de la legislación.
Según remarcaron los rectores, el reclamo abarca la ejecución de la totalidad de las disposiciones fijadas por la ley, extendiéndose más allá de las pautas vinculadas a las recomposiciones de los salarios docentes y no docentes y a los programas de becas estudiantiles.
El Gobierno apela y la tensión se traslada al Congreso
De forma paralela a la movilización en la plaza, el Gobierno nacional prepara la apelación de la sentencia de primera instancia. El Poder Ejecutivo busca frenar la ejecución inmediata del gasto previsto por la norma aprobada y analiza alternativas jurídicas para respaldar su decisión fiscal.
El conflicto actual se desenvuelve tras el antecedente de junio, cuando la Casa Rosada, el CIN y los sindicatos del sector acordaron:
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Un incremento salarial acumulado del 24,33%.
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Un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento edilicio e institucional.
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Una asignación adicional de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios.
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Un incremento del 50% en los montos de las Becas Manuel Belgrano.
La controversia sumará un capítulo clave el próximo jueves 15 de octubre, fecha en la que se convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, en coincidencia con una sesión especial programada en la Cámara de Diputados.
