La bancada de La Libertad Avanza destrabó el trámite parlamentario tras el dictamen en minoría de Convicción Federal. La iniciativa abarca cambios en las internaciones involuntarias, abordaje de adicciones y un pedido de las provincias para garantizar recursos.
El oficialismo en el Senado reunió las rúbricas necesarias en el plenario de comisiones para habilitar el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental en el recinto. Impulsada por la senadora Patricia Bullrich, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida el próximo jueves 29 de octubre, a la espera de la confirmación formal de la sesión.
Previo al eventual debate, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará este martes 27 una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de todos los bloques para delinear la agenda de temas a tratar.
El dictamen oficialista había sido firmado la semana pasada en el plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública —presididas por Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta—, aunque sin alcanzar el número mínimo de avales exigidos por el reglamento. La traba parlamentaria se resolvió este miércoles a última hora con la presentación de un dictamen en minoría por parte del bloque Convicción Federal, alcanzando así el respaldo de más de la mitad de los integrantes del plenario.
Reclamos por financiamiento provincial y diferencias de propuestas
El dictamen alternativo presentado por Convicción Federal lleva las firmas de los senadores Carolina Moisés, Guillermo Andrada (Comisión de Salud) y Sandra Mendoza (Legislación General). Si bien ambas bancadas coinciden en habilitar las internaciones involuntarias, el espacio opositor enfatizó la asignación presupuestaria para las jurisdicciones provinciales.
En declaraciones periodísticas, la senadora jujeña Carolina Moisés defendió la necesidad de respaldar la infraestructura sanitaria local: «Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria». Asimismo, la legisladora advirtió sobre tres casos de suicidio registrados recientemente en su provincia que, según argumentó, podrían haber sido asistidos con mayores dispositivos comunitarios.
Los ejes del proyecto oficialista
La propuesta formulada por el oficialismo modifica los criterios vigentes para disponer internaciones involuntarias al eliminar la exigencia de la autorización judicial previa. No obstante, sostiene la obligación de notificar la medida al juez competente y al Órgano de Revisión en un plazo máximo de 24 horas, otorgando al magistrado la facultad de solicitar peritajes o revocar la internación si la considera injustificada.
Entre los puntos salientes expuestos por el oficialismo se destacan:
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Tratamiento de Adicciones: Se incorporan dentro de la cobertura de salud mental las adicciones con o sin sustancia (incluida la ludopatía), suprimiendo la distinción explícita entre drogas legales e ilegales.
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Equipos Interdisciplinarios y Telemedicina: Se ratifica el rol de psicólogos y psiquiatras en evaluaciones y altas, al tiempo que se autorizan las teleconsultas para áreas geográficas sin especialistas disponibles.
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Plazos de Evaluación: En casos de internación por riesgo grave indicada por un solo profesional, el plazo para la revalidación interdisciplinaria se amplia de 24 a 48 horas.
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Internaciones Voluntarias: Para estadías que superen los 60 días, se elimina la obligación de elevar informes periódicos al juez, manteniendo únicamente la notificación al Órgano de Revisión.
Propuesta de Convicción Federal: control y rendición de cuentas
Por su parte, el dictamen alternativo de Convicción Federal exige que las internaciones involuntarias revistan un carácter estrictamente restrictivo y sean dictaminadas por al menos dos profesionales de distintas disciplinas. Si la medida es tomada de forma provisoria por un solo médico, fija un límite máximo de 24 horas corridas para su revalidación interdisciplinaria.
A su vez, el proyecto opositor encomienda al Ministerio de Salud la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental a cinco años articulado con el Consejo Federal de Salud (COFESA). Este esquema incluye la obligación del Ejecutivo de presentar ante el Congreso un informe anual detallado sobre la ejecución presupuestaria, las transferencias a las provincias y las partidas destinadas a dispositivos comunitarios y unidades de atención.