SE ACUSA DE ADULTERAR UN INFORME PARA FAVORECER A PAE
La fiscalía de Estado de Chubut pidió hoy en persona al juez federal Rodolfo Canicoba Corral ser querellante e impulsar la causa por el supuesto pago de sobornos para la ampliación de la explotación del yacimiento Cerro Dragón por 40 años. Se solicita la indagatoria de Das Neves y ex funcionarios.
Como ya adelantó Patagónico, el fiscal de Estado de Chubut Miguel Montoya se reunió con el juez y entregó un escrito en el que piden ser querellantes. El pedido será evaluado y resuelto en los próximos días por el juez.
Montoya apunta a que se cite a declarar al ex gobernador Mario Das Neves y ex funcionarios de la provincia que intervinieron en el proceso de concesión a la petrolera Pan American Energy, lo que será estudiado en su momento por el juzgado.
Miguel Montoya, fiscal de Estado de Chubut. Foto: archivo.
Además del diputado nacional Das Neves se nombra a su ex ministro Coordinador, Norberto Yauhar, asesor del Gobierno nacional; los ex presidentes de Petrominera, al intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, a Luis Tarrío y al ex secretario de Hidrocarburos, Sergio Bohe.
SE ADULTERO UN INFORME DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO PARA FAVORECER A LA OPERADORA
El fiscal de Estado, Miguel Montoya, y aportó pruebas para la causa. Según reveló, entre los elementos puestos a disposición de la Justicia Federal hay pruebas de que se fraguó un informe de reservas elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo, maniobra que se habría llevado a cabo en el Ministerio de Coordinación de Gabinete, en ese entonces a cargo de Norberto Yauhar.
“Vinimos a constituirnos como parte querellante en la causa y a aportar datos que habían sido oportunamente solicitados por el juez Canicoba Corral y el fiscal Marijuan”, explicó Montoya. Entre estos elementos probatorios, detalló el fiscal de Estado, “está la elevación de la fiscal de Rawson a la Justicia de Mendoza para determinar la adulteración de fechas en el informe de reservas de la Universidad Nacional de Cuyo”.
Montoya puntualizó que la casa de altos estudios “reconoce como propia la fecha de 2005, no así la de 2006 y 2007” e indicó que esta documentación habría sido adulterada en el Ministerio de Coordinación de Gabinete.
“A partir de estos informes presuntamente fraguados se determinó un nivel de reservas menor que el real”, lo cual favoreció a la operadora al permitir la renegociación sobre valores inferiores a los que hubiesen correspondido.
El fiscal de Estado además hizo saber que, “entre otras cosas, también acercamos la totalidad de los decretos, el acta de debate parlamentario y otros elementos que se nos requirieron, además de los que fuimos recabando en nuestra investigación propia y que creemos pueden servir para determinar la existencia de sobornos y su ruta”.
En este sentido, Montoya consideró muy importante “el exhorto presentado en los Estados Unidos ante la SEC, cuya ejecución podría revelar datos muy importantes sobre lo sucedido”.
RECHAZO DEL PEDIDO DE ANULACION
Ayer los defensores de Carlos Alberto Bulgheroni apelaron la resolución del juez Rodolfo Canicoba Corral que rechazó un pedido para anular la causa.
La continuidad de la investigación fue resuelta días atrás por el magistrado al rechazar un pedido de nulidad de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, defensores de Bulgheroni.
Los letrados habían planteado la nulidad de todo lo actuado, a excepción de lo vinculado a la traducción de un exhorto librado en la causa, por tratarse de actuaciones que se realizaron en enero sin la correspondiente habilitación de la feria ni notificación a las partes, según la defensa.
Entre las medidas cuestionadas y ahora validadas por el juez figura un procedimiento en Chubut para recolectar pruebas del supuesto pago indebido a funcionarios del área por parte de la empresa Pan American Energy, operadora del área de Cerro Dragón, durante el gobierno de Mario Das Neves
Los defensores cuestionaron al Fiscal de la causa porque ante la recepción de un correo electrónico del ex procurador de Chubut Eduardo Samamé, que le indicaba tener información útil para la investigación, en lugar de remitir la información a la justicia inició una investigación preliminar mientras transcurría la feria.
El juez Canicoba Corral, en la resolución consideró en cambio, que la investigación preliminar se dispuso “con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal”.
