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Desde ATECh volvieron a reiterar el pedido de la reanudación de la paritaria salarial y aseguraron que “la línea de la pobreza se ubica en 112.000 pesos, casi el doble de lo que se percibe con un cargo o 20 horas cátedra”.

En este sentido y mediante un comunicado, remarcaron: “El gobierno pretendió en mayo cerrar el año con un 15% en tres cuotas, la última pagada en noviembre. Con la fuerza de la protesta se va a cobrar con el sueldo de agosto. No alcanza, hay recursos en nuestra provincia si el gobierno cumple con sus obligaciones para con la población y deja de favorecer a unas pocas empresas”.

“Por ejemplo el Fondo Ambiental Provincial creado por ley hace 4 años, nunca fue pagado por las empresas que ahora exigen su derogación, pese a que implica menos del 2% de su facturación”, agregaron.

“El gobierno no ha respondido al reclamo de urgente reapertura de la paritaria promesas de solución a decenas de problemas laborales y de infraestructura vuelven a ser letra muerta: maltratos en reconocimientos médicos, mesas técnicas de titularización sin reanudar, prórroga ya eterna de irregularidad de la junta de clasificación de secundaria, solicitudes de mesas negociadoras sin respuesta. No esperaremos con los brazos cruzados”, cerraron.

El gremio docente lo hizo mediante un escrito dirigido a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, la cual se reunió este jueves en la Legislatura. Desde el sindicato llevaron adelante este jueves una medida de fuerza para exigir la reapertura de paritarias y la absolución de Santiago Goodman, quien fue condenado a tres años de prisión condicional por el incendio de 2019 en el edificio legislativo.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) dirigió este jueves un escrito a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, mediante el cual les hicieron saber de su preocupación por «la sistemática violación de derechos sociales y democráticos por parte del Gobierno Provincial».

«El escandaloso juicio contra Mariana Castro, Matías Scierloh, Marcela Ancaleo y Santiago Goodman, con la condena a este último, es una evidencia más de la persecución judicial que vienen sufriendo compañeras y compañeros de distintos sectores», manifestaron.

Vale remarcar que Goodman, que supo ser secretario general del gremio, fue condenado a tres años de prisión condicional tras ser hallado culpable del incendio en Legislatura en 2019, en el marco de una manifestación docente en Rawson.

Criticaron además que «el sistema judicial genera causas y nos procesa, muchas veces por orden directa de las grandes empresas denunciadas por nuestra lucha».

«Este proceder tiene el fin de dar cobertura a las políticas de ajuste y obstaculizar las luchas que las enfrentan. Esos grandes grupos económicos con la proyección mediática, gubernamental y judicial siguen saqueando nuestros bienes comunes, por lo que atacan con ferocidad a quienes -con proyectos como el de la Ley Tributaria Extraordinaria presentada en 2018- cuestionamos ese saqueo», sostuvieron.

Por otro lado, indicaron que «resulta evidente que no habrá soluciones a la falta de trabajo, a las necesidades de presupuesto para salud, educación, salarios y vivienda, si no se recortan esas superganancias y privilegios».

«No habrá verdadero respeto por los derechos humanos en Chubut si estos grupos continúan imponiendo condiciones y los gobiernos lo permiten», advirtieron desde el gremio.

Remarcaron además que «el sector docente (junto a la mayoría de los y las estatales) sufrió un congelamiento salarial por casi dos años (2020 y 2021) que destruyó el poder adquisitivo del salario».

«Por esta razón, que está estrechamente unida a la criminalización de la protesta, es que hoy (jueves) llevamos adelante una nueva medida de fuerza. Exigimos reapertura de paritarias y absolución de Goodman», explicaron.

Para finalizar, desde ATECH dieron un listado de los docentes que en la actualidad enfrentan causas judiciales por distintas manifestaciones y señalaron que hay «integrantes de organizaciones sociales, asambleas antimineras y de pueblos originarios que sufren las mismas situaciones».

Ayer fue un día más calmo en el marco del conflicto desatado en el ámbito pesquero y portuario por el controvertido tema del cobro del Fondo Ambiental Provincial, FAP, luego que a primera hora de la mañana se reunieran el gobernador de la Provincia Mariano Arcioni, el Vicegobernador Ricardo Sastre y los Intendentes de las tres localidades portuarias involucradas en el conflicto, es decir de Rawson. Puerto Madryn y Camarones, junto al titular de pesca Chubut, Gabriel Aguilera, definiéndose en dicho encuentro que mañana será derogado en el seno de la Legislatura de la Provincia el remanido artículo por el cual se obligaba al pago del mencionado canon.

Pero más allá de haberse hallado una solución al conflicto, como lo expresaron en el día de ayer a EL CHUBUT dirigentes gremiales y funcionarios, el tema sobrevive con más dudas que certezas.

Tal como lo anticipáramos en nuestra edición de ayer, un porcentaje del FAP está destinado a los municipios de Rawson, Puerto Madryn y Camarones, quedando exceptuado del recibir aporte el de Comodoro Rivadavia.

Pues ahora faltaría saber cómo será el pago de la deuda contraída hasta el momento por las empresas alcanzadas por el FAP en Chubut, el monto de la misma y la manera en que el dinero irá ingresando a las arcas provinciales, y de allí a los municipios.

Los gremios han señalado que dicha deuda se debe pagar con el único aporte de los empresarios y no a costa de los trabajadores del sector.

Los empresarios, solo se han circunscripto a pedir la derogación del artículo por el cual se los obliga a dicho pago, sin mencionar cuanto deben, desde cuando y como lo van a pagar. Desde el propio estado, tampoco se ha sido muy claro en ese aspecto, por lo que hasta el momento hay más dudas que certezas sobre el ya conocido tema.

Los Municipios Que Cobraran

Como se puede apreciar hasta el momento nada se sabe sobre cómo van a recibir los Intendentes Municipales de cada lugar lo adeudado en concepto del FAP, tomando en cuenta que un porcentaje del mismo debía ser transferido a dichas municipalidades.
Al parecer, las dudas que hasta el día de ayer tenía la Intendenta de Camarones, se despejaron tras la reunión de la víspera en cada de Gobierno, pero nada se ha dicho al respecto.

El otro tema, es cuál será la posición que adoptarán los respetivos diputados provinciales de esas localidades al momento de votar. Nada se ha dicho de algún encuentro de los jefes comunales con los legisladores de Madryn o Rawson explicando el modo en que se dice se ha solucionado el conflicto suscitado.

Es decir que al día de hoy, reina la calma. Los trabajadores de la estiba ayer volvieron a trabajar, por lo que al parecer el SUPA, tiene asegurado que el diferendo está solucionado.

Desde el Sindicato del STIA, tampoco se ha emitido una sola palabra sobre la remediación del diferendo, y mucho menos del sector empresarial o los intendentes, que nada han dicho sobre los abultados dineros que en definitiva se le deben al erario público.
Mañana será el día “D” para este tema. Solo habrá que esperar de qué manera termina.

Sería una gran desazón para las comunidades involucradas, enterarse más tarde que temprano, que ésta pulseada tiene más perdedores que ganadores, porqué en definitiva está en juego el destino de cada una de ellas, dejando escurrir millones de pesos que bien servirían para dar soluciones a muchos de los problemas que sobreviven a las decisiones político-empresariales, en desmedro de los propios habitantes.

Mariel Suarez, jueza penal, triple magister en Cibercrimen ciberseguridad y extracción forense, especialista en derecho penal y tributario

No siempre lo que brilla es oro. Por un lado la Provincia nos muestra su costado ambientalista creando un fondo con la aparente finalidad de preservar la biodiversidad, imponer el uso sustentable de los recursos provenientes del mar y en consecuencia reparar los daños ambientales que la propia actividad genera (art 1 de la ley 620).

Pero esa noble finalidad no puede empañar la mirada de lo que resulta legal y justo poner en practica frente a la hora de imponer “un tributo” o “fondo” como el Estado Provincial ha decidido llamarlo.

Primero y principal, que frente a la imposición de un canon específico el Estado debe obrar aplicando los principios de igualdad y equidad y, además dentro de la esfera de su competencia. En materia de pesca rigen leyes nacionales como la ley 24.922, al que la Provincia de Chubut ha adherido mediante la ley 4.530.

Un fondo es una aglutinación de dinero, por más que se cambie su denominación esta ley provincial, esta aplicando un gravamen sobre una materia de competencia nacional y por ello resulta inconstitucional. Si no fuera la imposición de un impuesto y si se tratara de una tasa, la Provincia debería ser competente para ello pero además, debe brindar un servicio para que la aplicación de la misma este legitimada.

Tanto la ley analizada como las leyes I 627 e I 658 son inconstitucionales por violatorias del principio de igualdad contenido en la Constitución Nacional y Tratados internacionales, ello, en tanto establecen un régimen diferencial en perjuicio de quienes tengan permisos de pesca nacionales quienes estarán obligados a abonar el los titulares de permisos 100% del “tributo” o “fondo” en comparación con quienes posean los permisos de pesca provincial que sólo abonaran el 50% de aquél(art. 2 de la L. I 620).

Hay además algunos elementos del derecho ambiental que corresponde traer a colación, por ejemplo, la ley misma desnaturaliza el objeto para el cual fue creada que es la preservación de la biodiversidad, pues no establece un plan de recomposición del daño.

De ese dinero, de la cual se dota a los municipios para contrarrestar las consecuencias ambientales, no se establece una forma de rendición de cuenta apropiada, clara y transparente, y ello podría ser objeto de requerimiento de información pública por parte de los ciudadanos y de las ONG interesadas en la temática y no únicamente en la temática ambiental sino que cualquier ONG que persiga la protección de la dignidad humana, pues el ambiente sano es un derecho fundamental del ser humano.

Si bien uno de los principios en materia ambiental que se desprende tanto del art. 41 de la Constitución como de la Ley General del Ambiente, básicamente puede reducirse al de “contamine y pague” el que resulta muy cuestionable en sí, dado que lo esperable y más apropiado en materia ambiental resulta ser la búsqueda de la prevención de los daños al ambiente y un uso abusivo de los mismos, este permiso para contaminar, se contrapone con el propio objeto de la ley dado que no existe un programa claro por parte del gobierno que diga como va a remediar el daño que esa actividad provoque. Muchas veces los daños ambientales son irreversibles, y su restauración resulta insuficiente.

Dicho esto, y dado que la finalidad del Fondo Ambiental Provincial es “la preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, y la reparación de daños generados al ambiente”, no se entiende de qué manera una tarifa económica que en parte actualmente se destina a pagar sueldos de empleados públicos, va a contribuir a la biodiversidad ya sea mediata o inmediatamente, a corto o a largo plazo.

Por otra parte, ese dinero que ingresa a las arcas públicas y en gran parte es potestad del Ministerio de Ambiente, constituye una valiosa oportunidad para verificar que efectivamente cumpla sus objetivos. Si no, será otra bien intencionada medida impositiva que no se cumple. Y de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Seguramente no faltarán vecinos y actores involucrados que soliciten acceso a la información pública ambiental a la Autoridad de Aplicación ambiental del Chubut y a los municipios, a fin de que informen de qué manera vienen gestionando estos recursos y cuánto han aportado a la biodiversidad, como tampoco pesqueras que cuestionen mediante amparos constitucionales estos tributos encubiertos bajo el concepto de fondos, o políticos que digan que es mejor derogar que legislar adecuadamente.

Ejerciendo sana ciudadanía y control republicano, las instituciones funcionan mejor, es algo que resulta fácil de decir y complejo de llevar a la práctica. El proceso de reconocimiento y protección de nuestros derechos más esenciales, esta vinculado a la protección de la dignidad humana, los gobernantes deben velar por tal protección y por dictar normas equilibradas, que contemplen un trato igualitario y se ajusten a las normas constitucionales y convencionales.

La diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio (JxC), Ana Clara Romero, criticó en diálogo con Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno la actualización de tarifas y el nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad anunciado ayer. “Solo un tercio de la población que se estimaba que se iban a inscribir lo hicieron, así que hay un montón de gente que quedó afuera”, criticó.

La Secretaría de Energía anunció los detalles de la actualización de tarifas y el nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, que incluye la segmentación según los ingresos de los usuarios, con una diferenciación de acuerdo a la región del país, y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. Al respecto la diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio (JxC) indicó en diálogo con Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno: “Lo que venimos viendo es que es muy desprolijo, tratamos de no poner palos en la rueda porque entendemos que situación es muy delicada pero lo que se planteó del 10% de la población con tarifa plena y el resto con distintos subsidios dependiendo de la situación económica que tengan no veo que se pueda materializar.

“Solo un tercio de la población que se estimaba que se iban a inscribir lo hicieron, así que hay un montón de gente que quedó afuera, que seguramente tiene las condiciones para recibir ese subsidio y no lo va hacer”, dijo.

“Después Massa agrega otro nuevo requisito que tiene que ver con el límite del consumo, entonces explicar eso, compaginar eso para la gente es difícil. De movida hay un déficit grave en la comunicación que va a impactar en el bolsillo del vecino que a su vez no está previendo, y que está viendo cómo llega a fin de mes y no ha podido tomar conocimiento de cómo funciona el sistema”, recalcó Romero.

“Nosotros señalamos que cuando te inscribías había un formulario donde renunciabas al secreto fiscal y demás. Hoy en día esta todo sistematizado, el Estado tiene suficientes bases de datos como para conocer a quienes tiene que llegar a los subsidios. Fue una manera distorsiva de ir sobre mucha más gente de la que corresponde”, puntualizó.

El vicegobernador acordó con los gremios levantar los cortes de ruta

Ricardo Sastre, junto a su hermano Gustavo, Intendente de Madryn, se hizo presente para poder dialogar con los trabajadores, en el corte en el acceso a Madryn.

El vicegobernador confirmó que tras reunirse con gremios portuarios de Rawson, acordaron volver a juntarse mañana a primera hora con el sector privado, el Ejecutivo y el Legislativo.

Existe el compromiso de elaborar la derogación del artículo de la Ley que hace mención al FAP (Fondo Ambiental Pesquero), tema central del conflicto que atraviesa el sector por estos días.

El vicegobernador confirmó este nuevo encuentro para la mañana del miércoles, y los gremios decidieron levantar en forma simultánea todos los cortes que se encontraban en Rutas 1, 3, 7 y 25, entre las ciudades de Madryn, Trelew y Rawson.

 

El Gobierno Provincial como siempre deja que todo llegue a lo peor, `paso como cuando quisieron aprobar la minería, o en los conflictos estatales que dejan que todo llegue al caos para terminarlo mal porque no tienen la capacidad negociadora ni de dialogo para resolver los conflictos utilizando las herramientas que brinda la política que es el consenso.

Ahora el Gobierno no envió el proyecto de derogación de la ley del canon pesquero a la legislatura y corre peligro la paz social ya que el ejecutivo no tracciona la voluntad de las partes para arribar a buen puerto.

En estos momentos están paralizados todos los puertos de la provincia, incluido Aluar en Puerto Madryn y el frente de sindicatos (SUPA-SICONARA-SOMU) ya prepara los cortes de rutas ya que las horas pasan y desde la política no dan indicios de solucionar el reclamo con el envió de la derogación de la ley para que los diputados la voten en sesión especial el viernes.

Las cámaras pesqueras siguen negociando por la paz social presentando argumentos sólidos por el cual se debería derogar la norma que pone en peligro más de 10.000 mil puestos de trabajo en la industria de la pesca. Si no se deroga el canon pesquero en las pròximas horas comenzarán a llegar los telegramas de despido.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que «el potencial es grande pero lo tienen que desarrollar los chubutenses. Por eso nos apoyamos en el equipo que tenemos allá. Cada región tiene que desarrollar su plan, no puede venir impuesto desde Buenos Aires”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre las candidaturas dentro del PRO y señaló que “estuve en Chubut dos o tres veces en los últimos 6 o 7 meses. Nuestro armado en Chubut lo basamos en chubutenses. Estamos con Ignacio Torres, Ana Clara Romero, entre otros. Hay un muy buen equipo que hizo una buena elección”.

“Tenemos que trabajar juntos para explotar todo el potencial que tiene Chubut. Tenemos que volver a ser un país federal. El potencial es grande pero lo tienen que desarrollar los chubutenses. Por eso nos apoyamos en el equipo que tenemos allá. Cada región tiene que desarrollar su plan, no puede venir impuesto desde Buenos Aires”, aseguró Larreta.

Con respecto a la situación educativa, el jefe de Gobierno resaltó que “para mi gobierno siempre ha sido prioridad la educación. El año pasado no perdimos ningún día de clases cuando en Chubut perdieron la mayoría del año. Los chicos que tienen que recuperar materias van los sábados a clase en Capital. Tenemos buenas experiencias que podemos compartir en lo pedagógico”.

En diálogo con LU 20, Larreta señaló que “hace no más de un mes estuve recorriendo con Nacho Torres un centro de formación de oficios. Para nuestros dirigentes de Chubut también es prioridad la educación. Esto lleva tiempo, hay que tener un plan y mantenerlo en el tiempo”.

El pasado 4 de agosto, la jueza María Tolomei declaró al ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, co-autor penalmente responsable del delito de incendio en relación a los hechos ocurridos la noche del 17 de septiembre de 2019 en la explanada e inmediaciones de la puerta de ingreso de la Legislatura de esa provincia. El miércoles 10 se llevó adelante la audiencia de cesura de pena en la oficina judicial de Rawson, en la cual la fiscalía y la querella pidieron 5 años de prisión para el docente. La defensa solicitó un mínimo de pena y subsidiariamente tres años de prisión condicional. La sentencia se conocerá el jueves 18 de agosto.

El paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el día miércoles tuvo un alto acatamiento. Un contundente no a la criminalización de la protesta social se reprodujo en distintos lugares del país. La Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, dijo desde Chubut: «Termina una marcha multitudinaria pidiendo por la absolución de Santiago Goodman. Lo que nosotros estamos planteando es que no se avance en este proceso de criminalización de la protesta. Nosotros vemos una línea de continuidad en hechos recientes: detuvieron a un compañero de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en una protesta pacífica en Mendoza en un paro provincial; detuvieron a un compañero de Camioneros en San Nicolás, ahora este hecho de Santiago (Goodman)», enumeró.

Centrando sus palabras sobre lo sucedido con Goodman, contextualizó: «La protesta social tiene un origen. En este caso, en la provincia de Chubut estuvimos varias veces por el no pago de salarios. Ese conflicto escaló, producto de que los docentes tuvieron salarios bajos, tuvieron situaciones muy complejas, donde nuestras compañeras y compañeros no llegaban a fin de mes y tenían salarios adeudados. Parejas de docentes o de un docente y un estatal que no cobraban sus salarios», enmarcó. Agregó que «en los medios, en muchísimos lugares, no se cuenta en qué contexto en 2019 se dio este plan de lucha. Fue en el marco también de una pueblada en contra de la mega-minería, porque no puedo separar los casos, ni tampoco puedo separar aquí lo que pasó con Santiago Goodman».

También la titular de CTERA se refirió concretamente al proceso judicial y señaló que «las fuerzas de seguridad declararon en el juicio que habían espiado, habían fotografiado a Santiago y a otros dirigentes. Sabemos que hubo zona liberada en la Legislatura. No sabemos quiénes son los autores. Da la casualidad que el único coautor elegido en la causa es Santiago Goodman, un dirigente conocido». Además, Alesso expresó «que hubo muchas cosas muy oscuras que nunca se esclarecieron: los bomberos llegaron en la madrugada, hubo situaciones verdaderamente complejas. Es importante puntualizar que cuando hay conflictos de no pago de salarios o de retraso salarial y el conflicto escala, hay una responsabilidad de las autoridades políticas que tienen que resolverlo».

Y esto se da en una provincia rica. «Chubut estaba entre una de las provincias que pagaba el salario más alto de la Argentina», recordó la titular de CTERA. «Compañeras y compañeros se venían a Chubut, a Río Negro, por los buenos salarios. Salarialmente, Chubut se estancó y tuvo que ver con este proceso de ajuste que se vivió acá y un proceso feroz de endeudamiento del gobierno de (Mariano) Arcioni durante el macrismo, que luego continuó». Alesso concluyó que así como estuvieron movilizados en Chubut el miércoles, lo volverán a estar el próximo jueves 18, «cuando la jueza fije la sentencia, que vamos apelar», anticipó.

El juicio y sus incongruencias

Santiago Goodman declaró que el día de los hechos tiró dos cubiertas al fuego, que ya estaba iniciado y llevaba horas sin que ninguna autoridad policial del lugar alertara a los bomberos para apagarlo. Goodman también dijo que accionó bajo amenaza de tres compañeras y un compañero de Comodoro Rivadavia, que le dijeron: «Habilitá las gomas, trae pallets, lo que sea para quemar. Habilitá las gomas porque te vamos a quemar a vos y a tu familia». La jueza Tolomei comparó sus dichos con otras declaraciones testimoniales que avalaron esa versión y no descartó su existencia, pero interpretó que esas amenazas no eran concretables.

No se pudo determinar quién fue el autor del incendio, solamente se describió que era alguien que portaba una campera roja. Pero sí se lo culpó a Goodman de haber avivado el fuego, aunque tampoco hubo prueba documental de daños. El juicio apuntó al docente y gremialista.

Como parte de la prueba, se utilizó la filmación ilegal aportada por la policía. Es una práctica habitual del espionaje ilegal, justificada en el juicio por el subinspector de la Brigada de Investigaciones de Rawson, Michael Barrera. Su «labor» parece ser la de llevar un registro audiovisual de manifestaciones y de la protesta social, «porque en caso de que existiera un delito, estas filmaciones nos servían para individualizar bien a las personas, observar bien las vestimentas y después hacer imágenes comparativas, en las cuales damos cuenta del accionar de cada persona», describió el uniformado con naturalidad ante la Justicia. Salir a la pesca porque, si hay manifestación, seguro es seguida de delito, es lo que les dice el olfato policial en Chubut para justificar su tropelía.

La defensa solicitó que se rechace la prueba policial que Barrera llamó «práctica habitual» de la policía, invocando que se vieron afectados por esa práctica los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La Fiscalía expresó que la policía actuó según la ley, que no correspondía la nulidad de la prueba y que debía rechazarse la petición de la defensa. La jueza Tolomei indicó que la policía estaba violando la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, que en su artículo cuarto, inciso segundo, establece que ningún organismo de inteligencia puede «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción». La jueza dijo que no era admisible esa práctica porque más allá que Barrera señaló que no fue un seguimiento personalizado, se estaba violando esa ley.

Sin embargo, la jueza decidió que se podía utilizar una parte de esa filmación, en la cual comienzan los incidentes. Tolomei no aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado, que es la exclusión del elemento probatorio obtenido en violación de garantías constitucionales. Decidió avalar una parte de esa filmación cuando tenía en sus manos otro registro fílmico por parte de un canal de televisión. De esa manera, incorporó parte de una prueba obtenida por la ilegalidad policial y así lo explicó:

Pero hay otras aberraciones que se conocieron en el juicio oral, que dan cuenta de lo injusta -más allá de la pena que dicte en su sentencia la jueza- que ya es la condena al docente Santiago Goodman:

El bombero Franco Messina declaró que en el grupo WhatsApp oficial de Bomberos llegó la directiva de no asistir a apagar el fuego, aunque decidió ir al lugar a sacar fotos a los manifestantes.

El policía Miguel Colpi, que estaba prestando servicios esa noche, declaró que al momento de los disturbios se encontraban cinco policías en las puertas de la Legislatura, formando un cordón para evitar el ingreso de manifestantes. Dijo que, junto a un compañero, intentó apagar el fuego con matafuegos del edificio, pero recibió la orden del comisario Néstor Gómez Ocampo de «dejar que se queme lo que se tenga que quemar y dejar que entren quienes quieran entrar». Colpi también señaló que solicitó refuerzos y que alrededor de 12 efectivos de tareas especiales se hicieron presentes, estuvieron cinco minutos y nuevamente recibieron la orden de abandonar el lugar. Su declaración evidenció la decisión policial de liberar la zona. También declaró que bomberos voluntarios llegaron al lugar cerca de las cuatro de la madrugada, cuando el fuego estaba ya extinguido.

En los registros de las cámaras de seguridad de la Legislatura del día 17 de septiembre de 2019, se pudo apreciar que dentro de la casa legislativa había solamente humo. Que el fuego nunca ingresó al edificio.

El testimonio de la arquitecta Vicciara se basó en el costo de los daños. Según ella, la tarea de limpieza del lugar que ascendía a 12 millones de pesos actuales. Ese testimonio puede ser objetado, ya que nunca se realizó un informe de daños. El ingeniero Oscar Moreno sugirió a la arquitecta, que estaba a cargo del mantenimiento, que se hiciera un análisis de la estructura y su respuesta fue que no se hiciera dicho estudio.

Los bomberos tuvieron la orden de no actuar ante los dos focos de incendio que se habían producido, uno en la explanada de la Legislatura y el otro en cercanías de la puerta; la policía, con mucha anterioridad, concurrió a filmar desde el inicio de la protesta, como declaró en el juicio el oficial subinspector Barrera. Pero, ¿no era acaso su deber proteger esos bienes públicos? ¿Cómo es posible que la jueza decida ante tanta evidencia expuesta en el juicio oral solamente apuntar como responsable a Goodman? La explicación de Tolomei fue que «eventualmente, la responsabilidad por un obrar ineficaz del Estado en la protección de bienes es harina de otro costal». La jueza parece no solamente presentar problemas en la aplicación de dichos acorde a su exposición, sino también dificultades en la aplicación del derecho, que claramente en esta causa le sale torcido.

Fuente: El cohete a la Luna

Este martes debía cumplirse el pago del Fondo Ambiental Pesquero. Los sindicatos y cámaras lanzaron un paro general y el gobernador, Mariano Arcioni, decidió pedir a los diputados que deroguen la ley. Pedirán la sesión extraordinaria para el viernes.

Fue un unes largo, tenso y con todo el arco pesquero movilizado para reclamar al Gobierno de Chubut por la aplicación definitiva de la Ley I. 620 sancionada en 2018 y que establece el canon por cajón de langostino enmarcado en el FAP, cuya recaudación garantiza fondos para el cuidado ambiental para la Provincia y los Municipios de Camarones, Rawson y Puerto Madryn.

Este lunes feriado pero intenso comenzó con el comunicado de la Cámara de la Flota Amarilla expresando el rechazo al pago del canon y, con el correr de las horas, se fueron sumando otras organizaciones empresarias y sindicales. El Gobierno convocó a una reunión al mediodía, de la cual asistió el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, y el intendente de Rawson, Damián Biss.

Sin acuerdo, los sindicatos y cámaras lanzaron la paralización de la actividad en todos los puertos. Recordemos que la ley de FAP no incluye a Comodoro Rivadavia. Pero la afectación de la medida impacta a otros sectores que no son el pesquero, por ejemplo, el aluminio, puesto que se paró la actividad portuaria.

Las cámaras y gremios reclamaron la derogación. El Gobierno convocó a un nuevo encuentro para las 19:00, donde se sumó el representante chubutense en el Consejo Federal Pesquero, Adrián Awstin; y el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, quien fue el que ratificó la vigencia de la norma y la obligatoriedad del pago, instruyendo al ministerio de Ambiente y a Pesca a proceder al cobro.

Estuvo presente el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia), Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara), Sindicato de Patrones y Pilotos de pesca, Sindicato de Capitanes, la Flota Artesanal, Flota Amarilla, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip).

«Hay varios barcos cargados con langostino fresco aguardando descargar», expresaron los Marineros Unidos.

La Derogación de la ley del Fondo Ambiental Pesquero

La fuerza establecida por las partes vinculadas a la pesca fue contundente. El propio gobernador Mariano Arcioni le habría mandado un mensaje a Awstin confirmando que este martes, el Gobierno provincial presentará a la Legislatura un proyecto para derogar la norma cuestionada (algo que ya intentó realizar) y el pedido de una sesión extraordinaria para el próximo viernes.

El compromiso del Gobierno chubutense es presentar «el pedido». Así lo confirmó a EL CHUBUT Digital el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, a la espera de que ocurra la derogación el próximo viernes, pero estarían aguardando una nota firmada por los tres intendentes de las localidades con puertos comprometidos en la norma: Damián Biss de Rawson, Gustavo Sastre de Puerto Madryn, y Claudia Loyola de Camarones.

Según dijo a este portal Gustavo González de la Cafach, «se mantienen las medidas de fuerza hasta que esté derogada» la ley Y aclaró que más allá de esta derogación, resta resolver qué pasará con la deuda del fondo desde el año 2018 hasta la fecha que según el diputado radical, Manuel Pagliaroni, superaría los 1000 millones de pesos.

Que Pasara El Martes con la ley del Fondo Ambiental Pesquero

En concreto la ley está vigente, con lo cual este martes si un barco con langostino quisiera operar en los tres puertos, debería estar al día con el FAP. Desde 2018 se fue acumulando deuda y los municipios beneficiados por la norma del cobro del canon, reclaman su aplicación, uno de ellos es Camarones.

A partir de este martes 16 de agosto, salvo Comodoro que está exento de esta medida, los barcos deberán tener al día el FAP. La medida fue anunciada por la Secretaría de Pesca de la provincia a raíz del dictamen de la Fiscalía de Estado, a cargo de Andrés Giacomone, que planteó que el impuesto está vigente y se debe cobrar.

Si no están con el impuesto al día, no podrán hacer uso de los puertos para la descarga de langostinos. La reacción de las Cámaras pesqueras, incluida la Flota Roja que realiza la captura en aguas nacionales, fue contundente y «decidimos no operar en Chubut», sostuvo a EL CHUBUT Digital, Gustavo González, presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH).

«Tenemos la decisión real de no pagarlo».