A partir del conflicto por la toma de tierras en una estancia propiedad de la multinacional Benetton protagonizada por encapuchados que aseguran ser integrantes de la comunidad mapuche, hay voces de defensores de los derechos de los pueblos originarios que afirman que el reclamo es válido. A otros les inquieta la criminalización de las personas que protestan por tierras consideradas ancestrales. Mientras, desde el ámbito judicial se señala que este conflicto se comenzará a destrabar «cuando los manifestantes se identifiquen y dejen de actuar de incógnito».
El jueves 13 de marzo una agrupación mapuche, perteneciente al Movimiento Puel Mapu de Cushamendel, ocupó tierras en el predio ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. Esta estancia denominada Leleque es propiedad de la Compañía de Tierras Sud SA, una empresa que pertenece a la firma Benetton que posee más de un millón de hectáreas en la Patagonia.
La multinacional presentó una denuncia penal contra los ocupantes y derivó en un proceso de «identificación» de los mismos, ya que estos cubren sus rostros, al estilo «zapatista». El procedimiento fue cancelado por la presencia de niños y mujeres en el sector.
Sonia Ivanoff, responsable de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, evalúa al respecto que «el ámbito penal no es el mejor medio para discutir este tema. Hay una falta de sentido común para hacer una denuncia donde uno reclama lo que es suyo».
Además, la abogada especializada en recuperación de tierras por parte de los pueblos ancestrales, analizó que si la empresa tuviera los papeles de las propiedades no sirve de excusa para llevar este caso ante el ámbito penal, ya que en su opinión se trata de tierras que por derecho reconocido por el Estado argentino pertenecen a los pueblos originarios.
Mientras Julio Saquero, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, alertó: «se ha iniciado una campaña racista en toda la Patagonia, donde sectores inmobiliarios de mucho poder han denunciado a los mapuches permanentemente, a través de sitios de internet y con movilizaciones para acusarlos de ser terroristas. La gente reclama lo que es suyo».
En tanto, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sostiene: «esta denuncia resulta discriminatoria hacia los pueblos originarios de la Patagonia. A su vez difunde supuestos datos científicos falsos acerca del pueblo mapuche y sus orígenes».
EL AMBITO DE LA LEY
El juez de Esquel, Jorge Criado, en diálogo con El Patagónico, se mostró sumamente preocupado por las consecuencias que el conflicto generará en la región. «Hay menores de edad y mujeres en la toma de tierras. La policía no puede ejercer su tarea por una cuestión lógica, pero aún así la ley se hizo para cumplirla y todos debemos equipararnos a ella. Tengas el nombre que tengas».
«La presencia policial es para garantizar la seguridad de los más chicos y de las demás personas, ya que muchas veces vecinos que pasan por ese sector son recibidos con amenazas y piedras. Termina siendo una situación de todos contra todos, cosa que no debería pasar si se respetara la ley», insistió.
En tanto Alejandro Rivarola, fiscal general, consideró que este conflicto se comenzará a destrabar cuando los manifestantes se identifiquen y dejen de actuar de incógnito en la estancia Leleque. «Se trata de un grupo de personas no individualizadas pero identificables.
Esto es precisamente lo que queremos: que las personas se identifiquen como cualquier ciudadano y ejerzan sus derechos en el lugar donde hay que ejercerlo, que es ante el juez», evaluó.
En ese sentido, afirmó que «acá está acreditado el uso de la violencia; hay clandestinidad por parte de las personas desde el momento en que actúan encapuchados. Esto es algo que el orden jurídico no tolera para ningún ciudadano. Nosotros no podemos discriminar».
Diario El Patagonico