Con la disparada inflacionaria y el incremento del desempleo, una mayor cantidad de adolescentes no encuentra trabajo, de acuerdo al reporte de CEPA.
La disparada inflacionaria y el incremento del desempleo desde la llegada de Cambiemos, una mayor cantidad de adolescentes se debió lanzar al mercado de trabajo, pero no encuentra empleo. El Gobierno, en lugar de promover la capacitación, favorece una inserción laboral rápida y precarizada, que tampoco logró buenos efectos.
La desocupación entre los jóvenes aumentó en 2016. De acuerdo al último reporte de CEPA, entre el segundo trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2016, la tasa de desempleo en jóvenes se incrementó en más de 3 puntos porcentuales al 21,2%. Llegó a un máximo de 23,63% en el segundo trimestre de 2016.
Estas cifras van a contramano del proceso previo experimentado por los jóvenes. En el segundo trimestre de 2004 el desempleo juvenil se ubicó en 27,86% y se redujo sensiblemente a 17,12% para el segundo trimestre de 2008. La crisis de 2009 lo elevó a 19,94%, pero luego se evidencia una nueva reducción que ubica en un 17,86% a la tasa de desempleo juvenil en el año 2015. Es ostensible el salto a 23,63% en 2016, en línea con el aumento de la desocupación en el conjunto de los estratos etarios
Con la Presidencia de Mauricio Macri se acentuaron los programas de inserción laboral bajo condiciones de precarización, en detrimento de los programas que incentivaban la formación profesional y universitaria de la juventud.
En julio de 2016, ANSES deliberadamente deja de brindar información sobre el programa PROGRESAR y varias universidades comenzaron denunciar la baja arbitraria de alumnos que cumplían con los requisitos académicos para continuar dentro del programa. Este le brinda un apoyo económico a los estudiantes, que perdió poder adquisitivo con las alzas de precios.
A la par, en marzo de 2017, el Gobierno propició una serie de convenios con empresas para la generación de empleo en jóvenes de hasta 24 años de edad. Estos convenios incluían el pago de salarios por debajo del salario mínimo ($ 4.500 en el caso de McDonald’s), el aporte de $ 1.000 por trabajador por parte del Estado, y un curso rápido de formación laboral a cargo del Ministerio de Trabajo. Como el acuerdo violaba derechos laborales básicos, el programa fue dado de baja luego de un año de funcionamiento sin demasiados resultados.
También envió el proyecto de ley el Plan Primer Empleo, para estimular la creación de empleo formal y favorecer la formalización de trabajadores para personas entre 18 y 24 años. Esta reintroduce la política de reducción a las contribuciones patronales aplicada en el pasado que el Estado ofrezca a las empresas una transferencia monetaria directa, en calidad de subsidio al salario del trabajador. Fue rechazado por la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados.
Por último, lanzó el plan Programa de Inserción Laboral que tiene por objetivo “empalmar” los planes sociales existentes en una relación de dependencia o nueva contratación.
Estos tres últimos programas “son ejemplos de la planificación de políticas laborales que ponen el foco sobre la flexibilización de la mano de obra para aumentar la demanda del empleo. De esta manera, se piensan planes de acción que focalizan en las necesidades de los empleadores cercanos al Gobierno nacional más que en proteger los derechos de uno de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo, los jóvenes”, cuestionó CEPA.
