El lamentable incidente del submarino ARA San Juan, que según fuentes periodísticas estaba en tareas complementarias para el control de la pesca ilegal, resalta la importancia de los esfuerzos para detener la enorme operación de barcos extranjeros que no siempre faenan de forma legal. El flagelo es cada día más preocupante y es una cuestión que afecta a toda América Latina y pone en evidencia la necesidad de una acción diplomática concertada más activa a nivel regional contra la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR). Es el caso del calamar en Argentina y Perú, el atún en Chile, el tiburón en Colombia y Ecuador o la totoada en México. En todos los casos, las fotos satelitales nocturnas muestran las luces de grandes flotas en lo que aparecen como ciudades flotantes en medio del océano para atraer a los moluscos.
La cooperación internacional, medidas de obligado cumplimiento para el control de los puertos, así como un registro global de barcos pesqueros y un régimen de sanciones adecuado, están entre las herramientas y planes de acción que América Latina debería poner urgentemente en marcha para erradicar el problema de la pesca ilegal y el saquero sistemático de los recursos marinos. La Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) así lo ha recomendado para enfrentar un tema que tiene, entre otros, consecuencias económicas. Relevamientos de la FAO indican, por ejemplo, que en la zona sur del Océano Atlántico se pesca anualmente aproximadamente 1.800.000 toneladas de distintas especies. De ese monto Argentina captura unas 800 mil toneladas. El cálculo permite apreciar que han sido más de 300 barcos extranjeros los que extrajeron el millón de toneladas restantes.
Organizaciones internacionales como la FAO han advertido también que los barcos pesqueros extranjeros no cumplen ningún requisito ambiental, laboral ni de seguridad. Es necesario sacar tarjeta amarilla para los Estados que no colaboren con las prácticas de trazabilidad internacional de la pesca y los productos pesqueros. Si se ignora esta advertencia esos países deberían enfrentar una prohibición total del comercio pesquero bajo un escenario de tarjeta roja. Ya no es posible seguir admitiendo un cuadro de situación que afecta el ecosistema. Tampoco que las aguas más allá de las 200 millas puedan ser una carta patente para la violación de los derechos humanos.
Barcos pesqueros de Europa y Asia se encuentran principalmente en el foco de atención en materia de pesca ilegal. China, que tiene la mayor flota pesquera de ultramar del mundo, es un caso de comportamiento preocupante. Según la Universidad Tecnológica de Nanyang cuenta con 2460 embarcaciones que desarrollan la mayor parte de la actividad pesquera en el oeste de África y en América Latina. Solo la mitad de lo que pesca China es para consumo doméstico, el resto se exporta mayormente a la Unión Europea, Japón y Estados Unidos según un reciente informe del Wilson Center titulado Fishing for Answers.
De acuerdo a la FAO la pesca ilegal en el mundo representa 26 millones de toneladas al año (que equivale al 28% del total de las capturas globales) valoradas en aproximadamente 23 mil millones de dólares. Esas cifras dan una idea de un problema que adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que el 90% de las pesquerías del mundo están en riesgo, el 31% sobreexplotado, el 58% plenamente explotado y el 10% restante se extrae bajo su límite. Consecuentemente, es hora de poner un freno definitivo al flagelo que representa la pesca ilegal en América Latina.
