El Consejo de la Magistratura interviene en una denuncia realizada por el gremialista judicial José Luis Ronconi contra el juez Gustavo Toquier.
Se declaró la admisibilidad, se procedió a una sanción interna administrativa y se instruyó un sumario luego de que Ronconi prestara declaración testimonial en abril en Rawson y el cuerpo sesionara, planteándose los argumentos y detalles del caso derivado desde el Superior Tribunal de Justicia.
El denunciado es el juez de Ejecución 1, Gustavo Toquier a quien se acusa de tener “una mesa de dinero y una financiera” y que siendo juez de ejecución ejecutaba los títulos de crédito emitidos por esos organismos. “Se quedaba en las ferias judiciales trabajando porque en ese contexto cobraba la realización de determinados trámites” declaró Ronconi, quien se desempeña como secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina y vocal de la Mesa Nacional de Trabajadores Autónomos.
Paralelamente por el audio radial de una entrevista surgió un sumario de la Superintendencia Administrativa del STJ quien desde el 19 de marzo de 2017 dispuso iniciar sumario administrativo para investigar los hechos.
Ronconi denunció por corrupción en la tramitación de causas que involucran a magistrados y funcionarios judiciales que demandaron sobre cuestiones patrimoniales del Estado luego de que se firmara un acuerdo con el exgobernador Martín Buzzi. “Se indujo a firmar algo que iba en desacuerdo con la provincia y en contra de las leyes vigentes” se consideró en este caso, que además derivó en un amparo polémico presentado por magistrados y funcionarios por la remuneración salarial. “Si bien el doctor Toquier era amparista materialmente el amparo era resuelto por conjueces y no por él, sino por profesionales de la matrícula convocados”.
No obstante se tuvo en cuenta que los magistrados de la provincia que habían ejercido la acción de emparo por esta temática, el expediente se materializó en el propio despacho de Toquier. “Éste tomaba determinadas decisiones a pesar de ser actor, utilizando esa existencia material del expediente en su Juzgado. Hubo manipulación de Toquier aprovechando que el expediente estaba materialmente en su Juzgado”. La denuncia original cuestiona que el entonces presidente de la Asociación de los Magistrados, Jorge Criado, hubiera firmado un convenio con el exgobernador Buzzi induciendo a equivocación por ser “ilegal”.
Ronconi prestó declaración testimonial el 22 de marzo de 2017 en el STJ en Rawson advirtiendo en la misma instancia que operadores, diputados y los jueces nombrados “violentaban” dos leyes: que solamente el STJ determinada la porcentualidad salarial. Y que se habilitaba a los magistrados a iniciar acciones legales con altísimas probabilidades favorables. “Lo que a posteriori ocurrió”, expresó.
“Sabiendo que existía un acto de corrupción, siguieron adelante con un acuerdo ambiguamente redactado en beneficio propio. Buzzi expresó que el acuerdo alcanzaba sólo a magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 170 de la Constitución Provincial dejando fuera del convenio a gran parte de los trabajadores judiciales”. Ronconi denunció que esta situación se produjo teniéndose “pleno conocimiento de las consecuencias gravosas que el acto iba a provocar” por generarse posteriores juicios y embargos contra el Estado.
Según el Consejo, lo que se perseguía era que todos los profesionales no amparados bajaran sus salarios. “Como conocedores de las leyes, debiera conocerse que por la escala de porcentualidad no puede existir un acuerdo para jueces por la ley que fija el Superior. El acuerdo llegaba a algunos jueces y no a todos”.
El Consejo de la Magistratura decidió abrir un sumario administrativo en forma independiente a las denuncias penales que se instruyan a través del Ministerio Público Fiscal y juzgar por competencia la conducta administrativa. Y consideró admisible el trámite designando un sumariante para continuar el proceso tras el cual podría caberle a Toquier la máxima sanción dispuesta por el STJ. La denuncia que incluye aspectos estrictamente penales se conoció en agosto del 2017 aunque la causa estuvo “un año sin moverse”.
Diario Jornada