Un nuevo sacudón judicial estalla en torno a la multimillonaria investigación por la mansión de Pilar tras el giro ordenado por el máximo tribunal.
El planteo apunta directamente contra dos camaristas acusados de forzar la competencia hacia Campana y de comprometer garantías constitucionales en un expediente que toca los intereses más sensibles de la conducción del fútbol argentino.
Luego de que la Corte Suprema resolviera devolver la causa de la mansión de Pilar a los tribunales de Comodoro Py, impulsan un juicio político contra Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, por haber habilitado que el expediente quedara en el tribunal de Campana.
La denuncia de Talerico y los reproches de la Corte y Casal
La presentación ante el Consejo de la Magistratura fue impulsada por María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien imputa a ambos magistrados mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En el escrito al que accedió la agencia de noticias, la abogada retomó los cuestionamientos formulados por la Corte Suprema contra Barroetaveña y Borinsky, al sostener que vulneraron la regla del juez natural al permitir que la investigación pasara al juzgado de Adrián González Charvay, lo que calificó como un “evidente comportamiento para favorecer a los imputados”.
El máximo tribunal había reprochado con dureza la actuación de los camaristas: respecto de Barroetaveña, indicó que “ignoró lo planteado” por el fiscal Mario Villar sobre la competencia territorial, concluyendo que Casación incurrió en una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” que vulneró de manera “severa e inequívoca la garantía constitucional del juez natural”.
A esa postura se sumó el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal,quien “remarcó la falta de consistencia de la Casación al admitir quejas de la defensa sobre materias que previamente declaraba irrevisables”.
Conflicto de interés, contradicciones y el trasfondo de la mansión
En su acusación, Talerico afirmó: “No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favores a la AFA. La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumar arbitrariedades intolerables”.
Además, señaló una “incompatibilidad orgánica” y un “grave conflicto de interés” en el caso de Barroetaveña por su vínculo con la AFA,donde se desempeñó hasta diciembre de 2025 como presidente del Tribunal de Disciplina y Ética. Sobre Borinsky, en tanto, apuntó una “contradicción flagrante en sus propios actos” por haber cambiado sin justificación su criterio sobre la admisibilidad de quejas a favor de los imputados y en contra del fiscal.
La investigación por la mansión de Pilar indaga un presunto lavado de activos que involucra, entre otros señalados, al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, estrecho colaborador del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
La propiedad de 105.000 metros cuadrados, valuada en más de US$ 20 millones, figura a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte, quienes son investigados como presuntos testaferros del dirigente mientras se analiza si la adquisición se financió con dinero desviado de la AFA.
