Un habitual caso de abuso sexual en el ámbito familiar terminó con el autor condenado a ocho años de prisión gracias a la intervención de los docentes de una escuela de Rawson que instaron a la realización de la denuncia penal a la vez que se montó todo el sistema desde el Estado y la Justicia para atender y proteger a las víctimas.
“No quiero que otros nenes sufran lo que yo estoy sufriendo”, dijo uno de los menores abusados en la Cámara Gésell.
La maestra de los dos hermanitos víctimas observó un “bajo rendimiento” escolar en los pequeños. Ante la sospecha se siguió puntualmente un protocolo que culminó en esta etapa, con la intervención de la directora del establecimiento, el aviso y la posterior denuncia de los abogados de la Asesoría de Familia de la Provincia y el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía de Rawson que culminó días atrás con la condena en contra del autor a ocho años de prisión. La sentencia fue unánime y estuvo a cargo de los jueces Ivana González, Mirta Moreno y José García tras escuchar a doce testigos y a las partes representadas el Ministerio Público Fiscal, por el fiscal general Osvaldo Heiber, y por Omar López en carácter de abogado defensor. El hecho fue caratulado como “abuso sexual gravemente ultrajante, dos hechos en concurso real”
Entre los testimonios además de profesionales vinculados con la investigación que contaron acerca de los dichos de las víctimas en Cámara Gésell y ante psicólogos forenses, desde la Fiscalía de Rawson se destacó el importante aporte de los docentes y de una adolescente, hermanastra de los niños que contó en detalle todo lo que ocurría con los niños en el ámbito familiar, además de cierto encubrimiento por parte de otros familiares directos del imputado.
La madre, importante en la investigación
Los abusos se produjeron entre los años 2012 y 2015 cuando los dos hermanitos tenían 6 y 9 años de edad. El autor es una un pariente directo de la pareja de la madre de los pequeños. La madre realizó un importante aporte a la investigación tras la denuncia realizada por la Asesoría de Familia de la Provincia a instancias de la maestra y la directora de la escuela a la que concurrían los niños. La mujer tenía previsto realizar la denuncia ante la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo priorizó buscar un lugar nuevo donde vivir con los niños, en medio de dificultades familiares y económicas. Inmediatamente se sumó realizando aportes a la investigación a la vez que desde la Escuela y otros organismos del Estado se daba contención y apoyos psicológico a los pequeños.
En su alegato el fiscal general Heiber se encargó de destacar no solo los testimonios valederos de los profesionales, familiares y docentes testigos del juicio oral, sino que también señaló lo que llamó la “asimetría” entre el poder intimidatorio del imputado respecto de la fragilidad de sus víctimas “además por la violencia psíquica ejercida” por el imputado. Consideró al fallo como “ejemplar porque los jueces interpretaron el pedido de la Fiscalía ante la existencia de un hecho muy grave que no debía quedar impune”.
Cabe recordar que tanto la investigación como el juicio oral no fueron públicos y la información fue cerrada a la prensa en procura de resguardar a las víctimas, contemplado en el Código Procesal Penal que se aplica en el Chubut.