La Jefatura de Gabinete quedó a cargo del Sistema Contrat.AR, la plataforma para la contratación y seguimiento de ejecución de obras públicas, que estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior.
La medida quedó establecida a través de un decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Interior controlaba ese Sistema a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, y ahora fue transferido a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete.
«La Oficina Nacional de Contrataciones tendrá nivel de Subsecretaría y tendrá las funciones previstas en el Decreto N° 1023/01, y será el Organo Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones de Obras Públicas que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la administración nacional», según el decreto.
Además, el Gobierno dispuso que las contrataciones de obra pública y concesiones de obra pública cuya ejecución se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 1336 del 29 de diciembre de 2016, «deberán ser incorporadas al sistema electrónico aprobado por dicho decreto, para el seguimiento de su ejecución, a cuyo fin la Oficina Nacional de Contrataciones, establecerá el cronograma correspondiente, cuyo plazo máximo de implementación no podrá extenderse más allá del 1° de septiembre de 2019».
El Sistema de Gestión Electrónica Contrat.AR fue diseñado para «la contratación y seguimiento de ejecución de las obras financiadas total o parcialmente con fondos del Tesoro Nacional que ejecuten las provincias y los municipios», recordó el Poder Ejecutivo.
Y justificó su creación al señalar que «por el enorme volumen de dinero que representa (la obra pública) -entre un 13 % y un 20 % del PBI en promedio, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, se trata de un sistema que se encuentra particularmente expuesto al riesgo de mala gestión, al fraude y a la corrupción».
«Respecto al costo económico de la corrupción, se estima que representa, en promedio, entre un 20% y un 25 % del valor de los contratos, derivando en impactos institucionales y macroeconómicos sustanciales para la República Argentina», añadió.
Por se motivo, subrayó que «resulta necesario adoptar medidas conforme a los estándares internacionales de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, entre los que se destacan los receptados por la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE de 2015».
Hasta el momento, Contrat.AR tiene inscriptos a más de 21 mil proveedores y a través de su sistema se han realizado más de 11 mil procesos.
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