Lo adelantó a Radio 3 uno de los referentes del Consejo Directivo Provincial, Guillermo Quiroga. Este viernes a las 24 finalizará el paro general de 60 horas que había dispuesto el gremio y existía la posibilidad de continuarlo la semana próxima. «Hay que dialogar, pero necesitamos certidumbre del gobierno porque hay un combo de incumplimientos que hacen profundizar el conflicto», sostuvo el sindicalista.
«Ayer (jueves) cuando estábamos en la Secretaría de Trabajo nos llegaba la información de que el depósito iba a ser por la tarde y después que podría ser hoy (viernes), pero eso genera más incertidumbre porque no hubo ninguna información del ministro de Economía. Cuando hay más certezas sale el propio funcionario a anunciar que se van a depositar los haberes y eso no ha ocurrido», señaló Quiroga en el diálogo con Radio 3.
«Pudimos ver que se hizo la carga online de los recibos de sueldos en los casos de Salud, auxiliares de la Educación, también de la Policía, que se hace generalmente el día previo al depósito de los sueldos», confirmó el referente de ATE.
«Hablamos ayer (jueves) con el nuevo secretario de Trabajo y pensábamos como salir del conflicto una vez depositados los haberes porque no están cargados los aumentos salariales», analizó.
«En principio eso nos llevaría a continuar con las medidas de fuerza porque tanto los auxiliares de la Educación como la administración central debían recibir un 12 por ciento de aumento y en el caso de Salud el incremento del concepto de antigüedad, estamos hablando de tres sectores importantes a los que no se han incorporado los aumentos», advirtió el gremialista.
«El lunes de la semana pasada la ex secretaría de Trabajo (Sara Genaisir) nos había dictado la conciliación obligatoria, que no acatamos, pero ahora aceptaríamos ir a esa instancia para intentar acordar un cronograma de pago a través de planillas complementarias, en el que nadie quede afuera porque también le deben retroactivos de marzo de abril a Obras Públicas y Pesca, y con los jubilados ocurre algo parecido.
«En esa instancia de conciliación obligatoria podríamos lograr certidumbre que es lo que necesita la gente. Primero que se paguen los aumentos, que el gobierno se comprometa como lo dijo Tarrío, que lo acordado se iba a cumplir. Pero como después empiezan los errores en las liquidaciones, esta instancia serviría para no omitir ningún aumento», consideró Quiroga.
«Cuando acordamos paritarias en marzo, abril y en otros sectores en mayo, los aumentos se dieron en cuotas, entonces no tenemos más margen de refinanciación de los aumentos, porque si lo que te dieron en marzo, lo cobrás en septiembre u octubre, se va licuando. Uno puede esperar como mucho 15 días, aunque igual iríamos a la instancia de conciliación porque hay que dialogar», recalcó.
UN COMBO DE INCUMPLIMIENTOS
«Nos resulta muy difícil salir del conflicto porque se van acumulando los incumplimientos del gobierno desde el año pasado. Cuando pasaron a planta a trabajadores del sector de Educación, había tres tandas previstas. La tercera debía incorporarse a principios de este año, pero estamos en julio y el trámite sigue en la órbita del Ministerio de Educación, sin la aprobación de Economía. Y el lunes pasado el ministro Tarrío les dijo a sus pares que había que frenar los gastos, que no iba a autorizar los expedientes que llegaran, incluso los que estaban acordados en paritarias o en conciliaciones obligatorias», cuestionó Quiroga.
«No sale el expediente del pase a planta de auxiliares de Educación, no sale el 305 de Ambiente por reubicaciones del personal de Rawson y Comodoro, tampoco el de reubicaciones en el Ministerio de Familia, y así hay varios casos más que incluyen a muchos trabajadores», reprochó.
«Este combo; el no pago de salarios, el no pago de aumentos y el frenado y devolución de los expedientes, con consecuentes mejoras en el salario y en las condiciones laborales, hace profundizar el conflicto», lamentó el dirigente.
«Por eso habría que ir a la conciliación para que al menos el gobierno cumpla con lo que ya ha firmado», agregó.
LOS MUNICIPIOS TAMBIÉN COMPLICADOS
Además del municipio de Rawson que no ha pagado los sueldos, Quiroga reveló que “estoy ingresando a una instancia de conciliación porque pasa lo mismo con Gaiman”.
“Se origina una cadena del no pago en los municipios por el no pago de Provincia. En el caso de Rawson, una vez que Provincia paga los sueldos no sólo va auxiliando a los municipios, sino que además los trabajadores van derramando dinero en pago de impuestos o a través de débitos automáticos, pero como no ocurre, complica la situación financiera de cada estamento municipal», puntualizó Quiroga.
«Gaiman debe el sueldo, pero también tiene el compromiso del pase a planta y un aumento a trabajadores precarizados. Hay otros municipios en el interior con el mismo problema, pero nosotros no tenemos injerencia directa», remarcó.
«La mayoría de los municipios están pagando con demoras y los que no tienen demasiadas dificultades, como el caso de Trelew, es porque tampoco han otorgado tanto aumento salarial», indicó.
«El municipio de Trelew tiene una alta tasa de precarización laboral, comenzando por el SEM, la gente de barrido y limpieza, personal de los jardines municipales, de hecho en este caso hay un expediente para el pase a planta de 70 trabajadores de los jardines», profundizó.
AUTONOMÍA VIRTUAL
Respecto de la situación de la obra social, Quiroga objetó que «el principal problema de Seros es que si bien en los papeles es autónoma, en los hechos lo administra el Poder Ejecutivo, y entonces sigue la suerte del Ejecutivo. Cuando decimos que reclamamos la deuda, es porque nuestros aportes ingresan a Rentas Generales y no llegan al instituto, que recibe fondos de acuerdo lo que quiera y pueda darle el Ministerio de Economía».
«Se han acostumbrado a pagar tarde y en algún momento los prestadores fueron permitiendo esto, pero se ve que ahora nadie puede soportar semejante cantidad de plazos y ha tomado de manera imprevista al gobierno cuando todos empiezan a cortar el servicio. Esto viene hace rato», sostuvo.
«También tuvieron que ver los tiempos electorales, lo que hace que haya menos paciencia y tolerancia, y además las dificultades del sector privado llevan a los prestadores a exigir que se acorten los plazos de pago que en otras épocas se extendían 60 a 90 días», fundamentó en el final.
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