Se realiza en Puerto Madryn e interviene un traductor para poder concretar las audiencias. El acusado es Hwang Doo Jin, único imputado por la muerte de su expareja.
Empieza hoy en Puerto Madryn el juicio oral y público contra el ciudadano coreano Hwang Doo Jin, acusado de “homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido mediante violencia de género” contra suexpareja, en un hecho ocurrido el 17 de febrero de 2018.
Si bien había trascendido que el juicio corría riesgo por falta de personal adecuado para realizar la traducción, la Oficina Judicial informó que durante la etapa preliminar y en las audiencias de control de detención, las tareas de interpretación fueran efectuadas por un traductor coreano que residía en Puerto Madryn y que por gestiones realizadas por ese órgano judicial, el Consulado de Corea se comprometió a enviar a un profesional que oficiará de traductor en el juicio que se llevará a cabo de este martes 24 de septiembre hasta el próximo viernes 27 de septiembre.
El caso no solo tuvo trascendencia por la muerte en sí, sino porque luego de ser detenido, Hwang Doo Jin perdió más de 14 kilos de peso debido a que se negaba a comer las raciones provistas en la comisaría bajo el pretexto de que no le gustaba la comida que le daban.
El Tribunal está integrado por los jueces Marcelo Orlando, Patricia Reyes y Gustavo Castro y el imputado será asistido por el defensor público, Custodio Gómez.
La acusación sobre el hecho está a cargo de la fiscal María Alejandra Hernández, en tanto que Fabián Gabalachis y Rafael Saliva actuarán como abogados querellantes.
El hecho
El 17 de febrero de 2018, en el barrio Solana de Puerto Madryn, “Hwang Doo Jin, se hizo presente, vestido de ropa oscura y guantes de cuero negro en sus manos, en el domicilio de su expareja, golpeando la puerta y al ser atendido por la víctima, este la empujó hacia el interior del domicilio haciéndola caer en el piso, y comenzó a golpearla en forma desmedida, agarrándola de la cabeza en reiteradas veces y contra el piso, arrastrándola de los pelos hacia la cocina y el baño, intentando -en todo momento- ahorcarla con sus manos”, indicó la acusación presentada por la Fiscalía.
“Ante los gritos de auxilio, y al estar la puerta de acceso abierta, es que se acercó un vecino, quien al observar a la mujer bañada en sangre e intentando huir de su domicilio y que Hwang la sostenía del tobillo, es que decidió retirarla y avisar a la Policía, lo que permitió la aprehensión en el lugar de Hwang Doo Jin”, afirmaron los fiscales, quienes lo acusaron de “homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido mediante violencia de género”.
Su entonces defensor particular, Oscar Romero, hizo un planteo ante la jueza Stella Eizmendi. Afirmaba que “desde que fue privado de su libertad y las dificultades que, en esa situación, padece diariamente para comunicarse con el personal policial que lo custodia respecto de las necesidades que se le presentan”.
Romero sostenía que su asistido “ha tenido inconvenientes respecto a su modo de vida habitual y el que se ve obligado a cumplir en la situación de detención, en especial con la ingesta de alimentos. La vianda que se le entrega no es del tipo de la que él consumía habitualmente. Eso motivó a no ingerir esos alimentos, que le generan malestar estomacal”, según consignaba en la audiencia. “Es voluntad del señor Hwang recuperar su peso, que ha perdido 14 kilos”, expresó el letrado y agregó que además “le cuesta transmitir al personal de custodia sus necesidades diarias”, explicaba el abogado defensor en sus planteos.
En su momento, la jueza Stella Eizmendi hizo lugar a la solicitud de la defensa por “la dificultad que tiene para comunicarse con el personal policial así como con el personal médico, y también que las circunstancias físicas y de salud, han variado notablemente y no puedo desconocerlas en mi calidad de garante del nombrado”, así lo informó Diario Jornada.
Luego, ya recuperado de salud, el acusado de origen coreano debió a cumplir la medida preventiva a un establecimiento carcelario provincial. En caso de ser condenado, deberá cumplir una pena superior a los 10 años de cárcel.
