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El pasado martes comenzó el debate oral y público que tiene como imputado al juez de ejecución civil Gustavo Toquier en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

El primer día la defensa planteó como cuestión previa la suspensión del debate en base a informes médicos sobre el estado de salud de su pupilo; en tanto que la fiscal se opuso a ello ya que profesionales del Cuerpo Médico Forense (C.M.F.) dictaminaron que “tiene capacidad mental para estar presente en el juicio”. Finalmente el Juez penal resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del debate en base al dictamen del C.M.F. y de las expresiones del propio imputado que dijo que está plenamente consciente sobre lo que sucede. Asimismo se escucharon las teorías del caso de las partes.

El presente miércoles se destacó el testimonio vía remota de un abogado de la AFIP de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quién recordó que en el año 2016 toman conocimiento que “Oil Combustibles S.A.” tramitaba un concurso preventivo de quiebra en Comodoro y “presentan una inhibitoria ante un juzgado de la Ciudad autónoma de Buenos Aires para traer el concurso a Buenos Aires, porque entendían que era competencia de aquella ciudad”. El contribuyente tenía domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y a escasos días del concurso cambia su domicilio legal a Comodoro, aclaró el testigo. Agregando que dicho cambio de domicilio “no se llegó a rubricar, que era un domicilio ficticio creado para llevar el concurso a esa ciudad”. Sin embargo toda la actividad comercial estaba en Buenos Aires y en Santa Fe en la destilería. Recordando que “los socios y beneficiarios finales de Oil Combustibles S.A. eran Cristobal López y Fabián De Sousa”. Y que en el año 2017 otras empresas del grupo se presentan a concurso, y todas tenían domicilio legal en Buenos Aires. Concluyendo que no se llegó a rubricar el trámite de cambio de domicilio a Comodoro ya que “no había concluido el trámite de baja de domicilio en la Inspección General de Justicia (IGJ) de Buenos Aires. Fue una maniobra de la empresa para llevar el concurso de quiebra a extraña jurisdicción”, finalizó el funcionario de la AFIP.

El hecho juzgado:

El hecho incluido en la acusación acontece en el período comprendido entre el 8 de abril y 23 de agosto de 2016, cuando Gustavo Toquier, juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Ejecución Nro. 1, admitió la presentación y se abocó al concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.. A esos efectos fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio, pese a que surgían de las circunstancias reales del concurso preventivo que el domicilio social denunciado sobre Av. Yrigoyen de nuestra ciudad, inscripto en la Inspección General de Justicia, no se correspondía con la realidad de la actividad económica y comercial de la Sociedad, ni la de sus acreedores. Tampoco consideró la cuasi simultánea inscripción del domicilio en ésta ciudad y la presentación concursal. Luego de decretar la apertura del concurso preventivo, sobre la base de un hecho falso, consistente en el referido domicilio ficticio, el juez Toquier decidió continuar con el proceso, no obstante haber tomado conocimiento directo y fehaciente de hechos nuevos que demostraban que la concursada había falseado su domicilio para propiciar una competencia inexistente. Omitiendo declararse incompetente de oficio por la aplicación de la Ley de Concursos y quiebra. Estos hechos nuevos, silenciados por la deudora y conocidos por el juez cuando su competencia territorial aún no estaba consentida respecto de todos los acreedores, es decir que no existía estabilidad jurídica que le haya impedido a Toquier declarar su incompetencia de oficio ante los inequívocos indicios de fraude a la Ley. Una nota emitida por la Inspección General de Justicia de la Nación recibida en su Juzgado mediante la cual se lo pone en conocimiento que la sociedad comercial Oil Combustible S.A. aún se encontraba bajo la órbita de dicha IGJ y la sede social era sobre la Av. Córdoba 657, de la Ciudad de Buenos Aires. También que no se había dado curso a la baja de dicho domicilio, perfeccionando el cambio a esta jurisdicción en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo Nro. 2 de Buenos Aires. Asimismo el imputado tomo conocimiento que el juez a cargo del juzgado federal anteriormente mencionado había dictado dos decisiones cautelares mediante las cuales había dispuesto que la sociedad Oil Combustible S.A. y el resto de la sociedades que la componen se abstuviera de realizar cualquier acto que implicase escindirse del grupo Indalo, o el desmembramiento de éste. Esta información que le llega al imputado le permitió conocer de manera fehaciente la ficción iniciada por la actora en detrimento del patrimonio del Estado Nacional e inhibirse de oficio. Estos como otros actos posteriores demuestran que actuó de manera voluntaria y lineal a los fines de satisfacer los fines de la concursada. No obstante todo lo expuesto lejos de propender a solucionar el conflicto por la competencia, Toquier incurrió en una gama de transgresiones legales que alteraron el normal funcionamiento del órgano de Justicia retardando maliciosamente lo requerido por las partes y lo que le exigía la Ley. Recién el 23 de mayo de 2016 decidió darse por notificado de la resolución de inhibitoria por parte del Juez Federal. Luego en julio de 2016 omite maliciosamente suspende el trámite del concurso y elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, reteniéndolo y continuando normalmente el proceso, lo que motivó la resolución de la Corte que resolvió la suspensión del concurso y su urgente remisión. Calificando el mismo como “prevaricato y retardo de Justicia, en concurso ideal” en calidad de autor para Toquier.

Fuente: MPF

El tribunal dio este miércoles a la tarde el veredicto en el que determinó la culpabilidad de siete ex funcionarios de la gestión Das Neves y de un empresario de la construcción, en la causa más importante de corrupción en la provincia.

El juicio de la causa Revelación concluyó este miércoles tras un extensa investigación sobre maniobras de corrupción que involucraron a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción. En horas de la tarde los jueces leyeron el veredicto en donde se declaró penalmente responsables a los ocho imputados en la causa, entre ellos, Víctor Cisterna (organizador, en calidad de autor bajo la modalidad de delito continuado en concurso real con exacciones ilegales); Diego Correa (organizador, en calidad de autor por delito continuado con exacciones ilegales); Pablo Oca (miembro de la asociación ilícita como autor y partícipe primario); Alejandro Pagani (miembro de asociación ilícita como autor en concurso real de cohecho pasivo); Martín Bortagaray (miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo); Diego Luters (miembro de la asociación en calidad de autor); Gonzalo Carpintero (como autor por enriquecimiento ilícito) y Martín Castillo (cohecho activo en calidad de autor).

En algunos de los tramos el veredicto fue dividido. La fiscalía pudo probar la existencia de una asociación ilícita que tuvo como organizadores a Víctor Cisterna y a Diego Correa y como miembros a Pablo Oca, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Bortagaray. Además se encontró culpables a Gonzalo Carpintero, del delito de enriquecimiento ilícito y al empresario Martín Castillo del delito de cohecho activo.

Los jueces detallaron en primer lugar que no hicieron lugar a los planteos de nulidad realizados por los distintos abogados. Además, la incompetencia fue rechazada, al igual que planteo de que prescribieron los plazos legales. También se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de asociación ilícita. 

Corrupción: Hechos probados

El juez Mariano Nicosia manifestó previo a la lectura del veredicto que «hubo variaciones a la teoría acusatoria pero no afectaron la congruencia. El número de participantes de la asociación fue variando, pues se fueron incorporando participantes, pero desde el inicio nunca fue menor a tres. Mario Das Neves tuvo una participación trascendente en el armado, al punto que finalizó cuando desapareció».

En cuanto al hecho principal, la asociación ilícita, indicó que «tres de los imputados admitieron la existencia de una organización criminal montada en la estructura del gobierno en la que empresarios ahogados por sus acreencias dieron pagar a través de un retorno correspondiente a su deuda para cobrar los pagos adeudados. Cisterna y Martín Bortagaray la desconocieron pero otros la admitieron y hay elementos de prueba», expresó.

«Se estableció desde y hasta cuándo duro la organización y fue clave el testimonio de Pablo Oca, con admisión de culpabilidad, como también los hicieron Diego Correa y Diego Luters», detalló y dijo que ésta operó «desde diciembre de 2015 hasta la desaparición física de Das Neves».

Según precisó la jueza, «primero en cabeza de Cisterna y luego en cabeza de Correa, los mismos cheques pasaron de uno a otro. El reconocimiento realizado por Oca, Luters y Correa fue avalado por los empresarios de la construcción».

«En un allanamiento en casa de los padres de Luters se descubren las fotocopias que permitieron dar con los originales de los cheques. También se encontraron elementos de cómo se materializaban los porcentajes de entre 3 y 5 por ciento. También figuraban las planillas de ingreso la y gastos, y hay constancia de pagos en efectivo de empresarios de la construcción.  La mensajería del teléfono de Luters permitió ver la trama de las operaciones. También se acreditó que con el monto recaudado utilizaban gastos políticos, sobresueldos y compra de Canal 9 de Comodoro Rivadavia», detalló Nicosia y mencionó además que «Pagani tuvo participación efectiva al seleccionar con Correa que empresas cobraban y cuáles no».

«Correa gestionó nuevas modalidades y estableció nuevas funciones entre sus integrantes.

En las planillas de pago figuran muchos más funcionarios que deben ser investigados.

Bortagaray puso a disposición de Correa todo el IPV, y fue proactivo ya que brindó toda la ayuda en ese sentido, brindó todas las planillas -admitió el juez- y recibió órdenes de Correa sobre qué empresas iban a cobrar».

«Carpintero tenía un manejo discrecional de esta caja y recibía una de las sumas de mayor importancia, lo que nos da una pista de su importancia, y compartía la misma oficina con Correa, dónde se desarrollaba la actividad ilícita, pero ante el retiro de la acusación en tribunal debe absolver por este hecho al imputado», expresó el juez sobre este juicio de corrupción.

Dijo que el enriquecimiento ilícito de Carpintero ha Sido probado , los peritos demostraron la evolución patrimonial. También fue reconocido por el imputado. Por más que no haya acuerdo en los valores de referencia, el estimativo arroja que el incremento es ilegal, que asciende a más de 800 mil dólares», detalló.

Fuente: ADNSUR

La defensa solicitó postergar el debate por falta de medidas sanitarias por el coronavirus.

Son 12 los imputados entre ex funcionarios y proveedores del Estado, por sobreprecios en la Emergencia climática ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2017. Abogados defensores pidieron la suspensión del juicio a prueba lo que no fue aceptado por los fiscales. Entre los imputados están la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, Diego Luthers y Diego Correa, estos dos ya condenados en otras causas de corrupción.

Los fiscales del juicio por la emergencia climática se opusieron al pedido de suspensión de juicio a prueba en donde además varios imputados ofrecieron reparar el ilícito cometido. Los ofrecimientos se realizaron antes del inicio del accidentado debate, debido a las restricciones sanitarias y la gran cantidad de imputados, defensores y operadores judiciales presentes en la sala 2 de la Oficina Judicial.

“Si bien los imputados tienen derechos, también tiene derecho la sociedad por saber lo ocurrido”, dijo entre otros argumentos el fiscal general Omar Rodriguez, destacando además, el tipo de delito que se trata, relacionado con fondos públicos y la situación de emergencia climática que sufría la ciudad de Comodoro Rivadavia. Para el fiscal Axel Williams, las circunstancias en que se ejecutaron los ilícitos fueron “especialísimas y de suma gravedad. No es lo mismo defraudar al Estado en una circunstancia de normalidad, que en una situación de emergencia”, refirió. Además, destacó postulados de las Naciones Unidas en donde se imparte la necesidad de ser severos respecto de los delitos de corrupción.

La primera solicitud fue del defensor de la imputada Marta Fracasso que le vendió colchones, frazadas y toallas a la provincia, destinadas para los afectados de manera más grave por esa situación de emergencia climática. Por el delito que se sospecha cometió, le cabe una pena de entre 2 y 4 años de prisión. El defensor Omar López dijo que la mujer a la que asiste, está en condiciones de pagar 600.000 pesos en dos cuotas a manera de reparación. Hizo alusión a su situación personal, a jurisprudencia existente y a leyes de Bangkok, Tokio y Londres relacionadas con la cuestión de género, pedido especial que sea tenido en cuenta por el Tribunal.

El defensor Damián D’Antonio pidió lo mismo para su asistida Cecilia Sabada que ofreció 54.000 pesos por un solo ilícito por la que fue investigada y Fabián Gabalachis por su cliente Estanislao Finiguerra ofreció colchones por el plazo de tres años para entregar a hospitales públicos. Por su parte, el defensor Abdo Mayauik quien asistió a dos imputados, también solicitó la suspensión de juicio a prueba y ofreció una reparación de 300 mil pesos por cada uno de sus defendidos, pagados en seis cuotas de cien mil pesos.

El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino, el próximo jueves 15 de abril a las 09:00hs dará a conocer la resolución de todos los planteos previos realizados por los defensores.

Fuente: Metadata Noticias

Esta mañana, en la oficina judicial de Rawson comenzó el juicio por los delitos relacionados a la defraudación del Estado durante la compra de insumos y elementos para ayudar a los habitantes de Comodoro Rivadavia afectados por el temporal de marzo de 2017.

La causa investiga los sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias del temporal.

Entre los imputados figuran ex funcionarios provinciales, como la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y comerciantes que aparecían como proveedores del Estado.

El tribunal está compuesto por los jueces Miguel Caviglia de Comodoro Rivadavia, Fabio Monti de la ciudad de Trelew y Jorge Novarino de Sarmiento.
Los fiscales que representan al Ministerio Público Fiscal son Alex Williams y Omar Rodríguez.

En el inicio del debate, los abogados defensores plantearon la suspensión del proceso argumentando las medidas impuestas por la pandemia, que prohíben reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados.

Sin embargo, el tribunal decidió continuar con el proceso, adecuando la sala a las medidas sanitarias.

Así lo destacó el fiscal Omar Rodríguez en diálogo con la prensa durante el receso.

El jefe de la Unidad Anticorrupción consideró que de ser necesario se deberá acondicionar una sala más grande para continuar con el juicio, atendiendo a la cantidad de imputados que tiene la causa.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Mario Romeo, remarcó que “el debate sigue”.

Lo dijo al considerar que las audiencias pueden ir acomodándose a las recomendaciones sanitarias sin afectar los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia.

Y en ese sentido, aseguró que en el desarrolló del juicio se puede ir acordando entre las partes, la cantidad de testigos a citar, y si realmente son prescindibles o no que estén en la sala.

“No vamos a permitir la suspensión del juicio a prueba”, remarcó Romeo por la gravedad de los delitos que se investigan.

“La sociedad tiene que saber que paso con sus recursos”, agregó.

Fuente: Radio Chubut

Este viernes, con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados en la Causa Revelación, concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la causa que investiga delitos corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios públicos y empresarios durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.

La causa «Revelación» llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

En este marco, el tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total, la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañó como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano, en Trelew, durante el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

La testigo informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Posteriormente, convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Luego fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces.

Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que «no queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado» y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.

El último testigo propuesto por la defensa de Víctor Cisterna fue Gustavo Uad quien, al igual que Chialava, se desempeñó en la Asesoría General de Gobierno en el período investigado. Uad fue consultado para que explique sobre los memorandums que le fueron mostrados al anterior testigo. Explicó de manera extensa y detallada todo el procedimiento administrativo que implica una circular del gobernador.

Dejó en claro a solicitud del defensor la diferencia entre contratos de locación de obra y los de obra pública, indicando que los primeros se refieren en general a la contratación de una persona para la realización de un trabajo y que, en definitiva, se usaban para contratar empleados en la administración pública mientras que los contratos de obra pública tienen una legislación específica como así también el procedimiento para los pagos correspondientes. Consultado también por el defensor, Uad explicó que las circulares, algunas firmadas por el exministro coordinador Cisterna, no imponen obligaciones de pago alguno por ningún concepto.

Fuente: JusNoticias Chubut

Un referente del Justicialismo chubutense le envió una explosiva carta al presidente de la Legislatura pidiéndole también explicaciones sobre por qué no avanzan en el tratamiento de los pedidos de juicio político contra Arcioni y Massoni.

Trelew (Agencia) Un referente del Justicialismo chubutense envió una explosiva nota a la Legislatura en la que intima al presidente del parlamento chubutense, el vicegobernador Ricardo Sastre a que informe públicamente por qué están demorando el tratamiento de los pedidos de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Seguridad Federico Massoni.

“Estuvo en riesgo la integridad física del presidente de la República Argentina Alberto Fernández y de la de su comitiva en un hecho producido nuevamente por el incumplimiento de los deberes de funcionario público de Federico Massoni, ministro de Seguridad”, acusa Carlos Eduardo Whon, otrora candidato a gobernador y también, en su momento, a intendente de Trelew.

Whon asegura en su “picante” misiva que Massoni acumula una cantidad de pedidos de juicio político no solo por mal desempeño sino por ser el político más repudiable desde el advenimiento de la democracia por utilizar a las fuerzas de seguridad en contra del pueblo e incluso por condecorar a un condenado por delitos de lesa humanidad; hechos de los que no solo no se arrepiente –dice Whon– sino que los pone como ejemplo de autoridad, violando así en principio los artículos 17 y 22 de nuestra Constitución provincial, yendo en contra también de la valiosa historia que tiene la Argentina en su espíritu, como defensora y sancionadora de las violaciones de los Derechos Humanos”.

Seguidamente, sostiene que le “inquieta, como a todo el pueblo chubutense, la lentitud o inacción del normal funcionamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por la diputada Aguilera”.

Asimismo, observa que “el hecho violento que sufrió el Presidente democrático de nuestra República es inadmisible y se hubiera evitado si los diputados y diputadas hubieran actuado conforme al reclamo del pueblo chubutense durante el periodo vencido del año 2020”.
de 2020 y se explique cómo se ha aplicado el artículo 129 de la Constitución provincial. Que en igual sentido se informe a la sociedad si la Comisión de Asuntos Constitucionales ha dado cumplimiento al artículo 66 de Reglamento Orgánico (Resolución 165/20)”.

Al concluir, Whon advierte que si no se hiciera lo solicitado podría “interponer una acción de amparo”, haciéndolo responsable al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Sastre, de “la reticencia a informar” a la ciudadanía chubutense “con más las denuncias penales que correspondan ante la negativa”.

El ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro sanitario, luego de que se desvaneciera en medio de la audiencia que lo tiene como imputado dentro de la causa Revelación.

Martín Bortagaray, ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y actual imputado dentro de la causa Relevación, que investiga supuestos retornos de dinero mediante obra pública durante el Gobierno de Mario Das Neves, se desmayó en plena audiencia y tuvo que ser derivado en ambulancia hacia un centro sanitario, según comenta El Chubut.

Luego del imprevisto, el tribunal ordenó Bortagaray sea revisado por el Cuerpo Médico Forense para saber si podrá seguir siendo parte del juicio, que tiene previsto reanudar este miércoles 17 a las 9 horas. El cuerpo médico forense le recomendó 24 horas de reposo a Martín Bortagaray.

Fuente: El Comodorense

En el marco de la audiencia que se llevaba a cabo este martes por la causa Revelación, uno de los imputados se descompensó y se suspendió el juicio.

Un momento de tensión se vivió en la Oficina Judicial de Rawson, cuando a poco de comenzar una nueva audiencia del juicio por el caso que investiga el presunto pago de retornos en la obra pública durante la gestión de Mario Das Neves, uno de los imputados se descompensó y fue trasladado de urgencia en una ambulancia.

El fiscal Anticorrupción Mario Romeo confirmó a ADNSUR que comenzaron con testimoniales y -en especial- las declaraciones de la empleada del banco del Chubut (oficial de cuentas) eran reveladoras. «Pero el señor Bortagaray tuvo un accidente en la Sala, se cayó de una silla y se lo tuvo que llevar para que lo observen en el hospital de Rawson. Mañana donde comenzarían los testimoniales de las defensas», dijo.

Juan Martín Bortagaray, el extitular del IPV y exintendente de Dolavon, se descompensó y a pedido de su abogado, Jorge Rubiolo, finalmente fue asistido por una ambulancia que lo trasladó a un centro sanitario de la localidad.

El Tribunal dictó un cuarto intermedio porque no se podía seguir con el juicio con la ausencia de uno de los acusados. La audiencia fue suspendida hasta el miércoles a las 9 de la mañana, ya que los médicos recomendaron a Bortagaray un reposo de 24 horas

Romeo indicó: «Calculamos que para el 29 de marzo ya estaríamos en condiciones de comenzar con los alegatos. A fin de mes, van a estar las pruebas y con los alegatos de las partes, se podrá explicarle la conclusión valorada al Tribunal de la prueba que se produjo en el juicio para que se determine la culpabilidad o inocencia de cada uno de los imputados en el caso», agregó.

Tras ello, los jueces ordenaron que el imputado sea revisado por el Cuerpo Médico Forense, que deberá realizar un informe para primera hora del miércoles y determinar si Bortagaray puede seguir siendo parte del juicio.

¨Hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador Arcioni elige atacar¨ sentenció el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, responsabilizó este lunes al gobernador chubutense Mariano Arcioni por los incidentes ocurridos el sábado pasado, cuando un grupo de personas atacó el vehículo en el que se desplazaba el presidente Alberto Fernández en la zona de Lago Puelo.

“El viaje del presidente Alberto Fernández a Chubut se realizó exclusivamente para resolver los problemas ocasionados por los incendios, poniéndose al frente de la situación”, expresó De Pedro en su cuenta de la red social Twitter y remarcó que “no estaba prevista la presencia del gobernador en el lugar”.

Según el ministro, se sabía que la llegada de Arcioni “iba generar malestar y enojo debido la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia”.

“Hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad“, escribió el ministro.

El pasado sábado, Fernández viajó hacia esa zona del sur del país para conocer los estragos causados por el fuego -considerado intencional por el Gobierno- y para anunciar diversas medidas de ayuda a los damnificados.

Ya en el lugar, la camioneta que trasladaba al mandatario, a ministros y a funcionarios fue interceptada por un grupo de manifestantes que golpeó y apedreó el vehículo.

A partir de esos hechos, fue iniciada una investigación que derivó este lunes en la detención de cinco personas.