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El Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, se refirió este lunes al juicio pospuesto por los incendios a la Legislatura y Casa de Gobierno de 2019.

En este sentido, repasó la actuación de la Fiscalía, que lleva adelante la acusación; y negó que haya un intento de “criminalizar la protesta”, como denuncian los gremios estatales.

“Me parece que no hace falta más que mirar las filmaciones y lo que sucedió. Una cosa es reprimir la protesta social, que no convalidamos; y otra es avalar actos de vandalismo como los que sucedieron”, apuntó.

En cuanto a los plazos para reprogramar el debate, sentenció que “no tienen nada que ver las elecciones con la agenda judicial -por lo que- las nuevas autoridades tendrán que ver la disponibilidad para organizar un debate, que llevará su tiempo”.

El juicio debía comenzar este lunes pero la jueza penal de la causa tenía otro debate. En la causa están imputados cuatro dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general de ATECh Santiago Goodman, a quien se señala como el organizador de los incidentes ocurridos en septiembre del 2019.

Estaba previsto que este lunes a las 9 de la mañana se de inició al juicio por los incendios que se registraron en septiembre del 2019 en la Legislatura de Chubut y Casa de Gobierno, pero ADNSUR pudo confirmar que el comienzo del mismo fue suspendido.

Según pudo saber esta agencia de noticias, la suspensión del inicio del juicio se debe a que la jueza penal de la causa, Dra. María Tolomei tenía otro debate por lo que se tiene que reprogramar.

El juicio es contra el secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, Matías Schierloh, y los dirigentes de la CTA Marcela Ancaleo y Mariana Castro, por los hechos ocurridos los días 17 y 18 de septiembre de 2019 cuando se provocaron destrozos e incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno en Rawson, en el marco de un paro que llevaban adelante los docentes.

La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el Juicio Oral y Público.

Por el delito de incendio en el que se prevén penas de s 3 a 10 años de prisión. Según se indicó desde la Fiscalía, sino se prueba el delito de incendio, se pedirá que se les impute daño agravado, con una pena de tres años para cada uno.

La fiscal de la causa, Florencia Gómez fundamentó que por “la educación y posición socio cultural”, los imputados “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado”.

Asimismo, al elevar los hechos al juicio oral se indicó que para provocar ambos incendios se utilizaron pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad del gremio de la ATECH liderado por Goodman, a quien se señala como el organizador y que da directivas a los presentes en el lugar además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.

Darìo Fernàndez Periodista de Investigaciòn- Federico Massoni el perdedor del juicio

Massoni condenado a pagar más de medio millón de pesos por perder una querella que él le hizo a dueño de sitio web

La jueza Penal María Tolomei condenó ayer a pagar casi medio millón de pesos al ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, al fallarle en contra en una querella que el mismo Massoni le inició al dueño de un portal de noticias de Chubut, ofendido porque en una sucesión de publicaciones lo criticó e involucró en presuntos manejos espurios con dinero del Estado chubutense.

El ministro denunció a Darío Fernández, responsable del portal Cholila Online, acusándolo de haberlo calumniado. Fue de la misma manera en que lo hizo el subjefe de Policía Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo y, curiosamente, ambos perdieron.

Gómez Ocampo deberá pagarle el abogado a Fernández y también abonar los gastos que originó en la Justicia a raíz de su querella y de igual manera ahora sucederá con Massoni, quien tendrá diez días hábiles para cumplir con la sentencia de la jueza Tolomei.

¿Cuánto tiene que pagar Massoni? Es más de 540.000 pesos; entre su abogado, el letrado patrocinante de quien querelló y los gastos que causó en la Justicia. La pregunta que se hacían ayer en los tribunales es si el dinero saldrá de su propio peculio ¿o sacará plata de las arcas provinciales?

¿Qué artículos o publicaciones ofendieron al ministro y provocaron su denuncia?  

Los enunciados que fueron debatidos en la querella y que están transcriptos en el fallo de la jueza Tolomei son los siguientes: “Arcioni, Massoni y Antonena observados por 3 millones de dólares”.

“Arcioni, Massoni y Antonena serían quienes estarían aprovechando la crisis para –mediante la colocación de letras y endeudamiento– quedarse con algunas comisiones de comisiones” y el restante: “…en la política de Chubut se mira con cierta duda la colocación de letras y emisión de deuda y más deuda que dejan suculentas comisiones legales, pero de ahí desprendería las comisiones ilegales”.

Si bien la jueza no lo pone explícitamente en su resolución, aquí se evidenciaría la comisión de delitos contra el estado chubutense que ningún fiscal se ha puesto a investigar, hasta el momento.

Para el responsable del sitio web demandado Darío Fernández ayer fue un día histórico y en un audio que compartió en su red social dijo lo siguiente: “En este día tan especial, en el ´Día del Periodista´; quiero hacer una reivindicación al verdadero periodista, a aquel que no calla, que afronta la persecución de un estado, del Poder Judicial, del (poder) mediático (oficialista). De los grupos económicos”.

“Hay muchos nombres para dar de periodistas mercenarios que han vendido su dignidad por dinero de pauta oficial y también por dinero de la caja negra de la política”, denunció.

“En este día que es histórico para nosotros –agregó después–, hemos demostrado quienes hacemos periodismo a través de ´Cholila Online´ que sí se puede. Que es posible la libertad de prensa y de expresión aun siendo perseguidos por el Estado y por todo un aparato desplegado en contra nuestra”, afirmó.

“La verdad sin vueltas de Cholila Online ha triunfado y sepan todos ustedes que nuestra página ha sido objeto de atentados, hoy la hemos recuperado, y en la próxima semana volveremos a publicar datos muy interesantes de quienes atentaron contra la libertad de prensa y de expresión en Chubut”, anticipó Darío Fernández, luego que se conociera el fallo que lo absolvió en la querella que le inició Massoni.

En relación al homicidio de Alexis Cueva acontecido el pasado 23 de noviembre de 2019, que tiene como coimputados a David Bustamante y Renzo Muñoz, se concretó a lo largo de la mañana del presente martes una nueva jornada del juicio oral y público en el juzgado penal del barrio Roca. Con la declaración por videoconferencia, desde Pergamino provincia de Buenos Aires, de tres auxiliares de la justicia y de un Oficial de la Brigada de Investigaciones local culminaron los testimonios de cargo, propuestos por la fiscalía. Para mañana miércoles continúa el debate con testigos de las defensas.

El primer testimonio fue el de un Comisario Mayor, titular de la Policía Científica de Pergamino, Pcia. De Buenos Aires quién se refirió a un Exorto de la fiscalía de pergamino, por pedido de la fiscalía de ésta ciudad, para peritar el vehículo secuestrado en la Comisaría 1ra. de aquella localidad. Así ante la presencia de un testigo civil de actuación y del defensor oficial de Pergamino se procede a aplicar Luminol (reactivo que reacciona a la presencia de sangre) en el baúl del vehículo, Fiat Punto, color gris. Éste “arrojó luminiscencia en tres lugares del baúl”, aseguró el testigo.

Seguidamente, también por videoconferencia declararon dos servidores públicos de la provincia de Buenos Aires sobre la detención de David Bustamante en un domicilio particular de la localidad de Pergamino y del secuestro del automóvil Fiat Punto, color gris en aquella localidad bonaerense.

El tribunal de debate fue presidido por Daniela Arcuri, e integrado por Mariel Suárez (en forma presencial) y Alejandro Soñis (vía remota); el Ministerio Público Fiscal representado pro Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de Muñoz fue ejercida por Guillermo Iglesias, defensor particular y la de Bustamante por Cristina Sadino, defensora pública.

El homicidio de Alexis Cueva:

El homicidio de Alexis Cueva acontece el pasado 23 de noviembre de 2019, entre las 18 y las 22,30 hs aproximadamente, momento en que Renzo Fernando Muñoz, Leonardo David Bustamante y un testigo, se encontraban reunidos en la casa de éste último, sita en Los Nogales al 800 de esta ciudad, cuando llegó la víctima Alexis Esteban Cueva, quien se quedó con ellos compartiendo unas bebidas.

En un momento dado, cerca de las 22.30 del mismo día, se retiran del lugar Muñoz, Bustamante y Cueva a bordo del vehículo Fiat Punto, propiedad de Leonardo Bustamante, y por motivos que a la fecha se desconocen, entre las 22.30 hs. del 23 de noviembre de 2019 y las 13 hs. del 28 de noviembre de 2019, Muñoz y Bustamante dieron muerte a Cueva, acometiéndolo mediante el uso de un arma blanca, asestándole siete puntazos en el cuello, los que provocaron la muerte de Alexis Cueva.

Posteriormente a ello, ambos imputados trasladaron el cuerpo de Cueva en el vehículo señalado, arrojando el mismo en inmediaciones de Arroyo La Mata, ubicado en el camino Juan Domingo Perón, altura de la puerta 4 que da ingreso al Autódromo General San Martin de esta ciudad. Lugar donde finalmente fue hallado el día 28 de noviembre, en virtud de los rastrillajes efectuados por la policía provincial, los cuales se llevaron a cabo debido a la investigación iniciada por la denuncia de desaparición de persona realizada por la madre de la víctima, el día 25 de noviembre de 2019. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio simple”, en calidad de “coautores” para ambos imputados.

Fuente: MPF

En la sala de la Cámara en lo Penal de los juzgados penales del barrio Roca se concretó la mañana del presente lunes la jornada de alegatos finales en el juicio por prevaricato y retardo de justicia que tiene como imputado al juez civil Gustavo Toquier. La fiscal argumentó que “se ha probado a lo largo del debate que el imputado cometió prevaricato y retardo de justicia en calidad de ‘autor’, ambos delitos en concurso ideal”. En contraposición la defensa solicitó la “absolución” de su pupilo. Finalmente el juez pasó a deliberar y el próximo viernes 21 de mayo dará a conocer su resolución.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

En su alegato la fiscal consideró que se ha probado a lo largo del debate la autoría del imputado calificada como prevaricato y retardo de justicia en calidad de ‘autor’, ambos delitos en concurso ideal”. Esto al aceptar su competencia para tramitar el concurso en su Juzgado de la sociedad Oil Combustibles S.A.. Ésta última está conformada por dos sociedades pertenecientes a Cristobal López y Fabián De Souza, ambas con domicilio y sede social en CABA. Se reliza una Asamblea Extraordinaria de accionistas, se reunieron y decidieron el cambio de domicilio de CABA a Comodoro y también un cambio de Estatuto. Se dejó en Acta que se debía cancelar la inscripción en el Inspección General de Justicia de CABA a los efectos de hacerlo en la IGJ de Chubut. Así el IGJ de Chubut prestó conformidad para el cambio de domicilio, pero era obligatorio y necesario inscribir el nuevo domicilio en el Registro Público de Comercio, argumentó la fiscal. Sin embargo al momento de presentar el concurso las dos sociedades que constituían Oil Combustibles S. A. estaban domiciliadas en CABA. La principal generación de negocios de la empresa estaba fuera de la ciudad, distribuidores de agro, la refinería en Santa Fé, la red de estaciones de servicio en todo el país, el banco Finansud. El imputado no podía desconocer esto y sin embargo firma su competencia, pese a que todos le decían lo contrario. Todos los procesos judiciales, laboral, fiscal de la empresa se tramitaban en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de buenos Aires, Santa Fé y Córdoba. Se solicita la apertura del concurso preventivo y el juez Furnari ya había resuelto que Oil S.A. no podía cambiar de domicilio. A partir de una denuncia penal de la AFIP el 18 de marzo de 2016 se realizan allanamientos en el domicilio de Oil S.A. en CABA, recordó la fiscal. La competencia del Juzgado de buenos Aires no era un dato menor para el juez Toquier. Cuando éste acepta tenía indicios más que suficientes que la empresa no podía concursar acá. Seguidamente Oil presenta un recurso de amparo contra la AFIP lo hace en los juezgados de Buenos Aires y elige domicilio en CABA. En la presentación del concurso, siete días después, se expresa el interés manifiesto que el concurso sea en ésta ciudad y que lo tramite el juzgado de Toquier, ya que habían recusado al otro juez civil de la ciudad, Eduardo Rolinho. Existió domicilio ficticio en el que la concursada estaba evadiendo a sus acreedores, escapando y eligiendo la ciudad donde se llevaba a cabo el concurso, concluyó la fiscal. Recordó que el juez federal Ercolini dictó un auto de procesamiento con prisión preventiva contra los accionistas de Oil S. A.. López y De Souza, fundando en la conducta de éstos. El imputado Toquier debió declararse incompetente ya que todos los funcionarios judiciales que intervinieron, sostuvieron que no era competente. La resolución de Toquier de declararse competente en el concurso de Oil S.A. constituyó prevaricato, concluyó la fiscal.

Por su parte las defensoras argumentaron que no se daba el prevaricato, no se da el tipo objetivo de insertar en una resolución un hecho falso. No se da el elemento normativo del tipo. También sostuvieron que el retardo de justicia es un delito de omisión y que no estaba descripto en la plataforma fáctica. También cuestionaron el concurso ideal, escogido por la acusadora pública. El retardo de justicia no estaría dado ya que constituye un delito especial cometido por jueces, que deben resolver en el límite del hecho y del derecho, mientras se mueva ahí queda fuera su conducta del Código Penal. Respecto del tipo objetivo la fiscalía no pudo acreditar que el domicilio haya sido falso, ni el dolo. Que el juez sepa que está poniendo en una sentencia un hecho falso, hubo un error de tipo, eventualmente su conducta es atípica, concluyeron.

El hecho juzgado:

El hecho incluido en la acusación acontece en el período comprendido entre el 8 de abril y 23 de agosto de 2016, cuando Gustavo Toquier, juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Ejecución Nro. 1, admitió la presentación y se abocó al concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.. A esos efectos fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio, pese a que surgían de las circunstancias reales del concurso preventivo que el domicilio social denunciado sobre Av. Yrigoyen de nuestra ciudad, inscripto en la Inspección General de Justicia, no se correspondía con la realidad de la actividad económica y comercial de la Sociedad, ni la de sus acreedores. Tampoco consideró la cuasi simultánea inscripción del domicilio en ésta ciudad y la presentación concursal. Luego de decretar la apertura del concurso preventivo, sobre la base de un hecho falso, consistente en el referido domicilio ficticio, el juez Toquier decidió continuar con el proceso, no obstante haber tomado conocimiento directo y fehaciente de hechos nuevos que demostraban que la concursada había falseado su domicilio para propiciar una competencia inexistente. Omitiendo declararse incompetente de oficio por la aplicación de la Ley de Concursos y quiebra. Estos hechos nuevos, silenciados por la deudora y conocidos por el juez cuando su competencia territorial aún no estaba consentida respecto de todos los acreedores, es decir que no existía estabilidad jurídica que le haya impedido a Toquier declarar su incompetencia de oficio ante los inequívocos indicios de fraude a la Ley. Una nota emitida por la Inspección General de Justicia de la Nación recibida en su Juzgado mediante la cual se lo pone en conocimiento que la sociedad comercial Oil Combustible S.A. aún se encontraba bajo la órbita de dicha IGJ y la sede social era sobre la Av. Córdoba 657, de la Ciudad de Buenos Aires. También que no se había dado curso a la baja de dicho domicilio, perfeccionando el cambio a esta jurisdicción en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo Nro. 2 de Buenos Aires. Asimismo el imputado tomo conocimiento que el juez a cargo del juzgado federal anteriormente mencionado había dictado dos decisiones cautelares mediante las cuales había dispuesto que la sociedad Oil Combustible S.A. y el resto de la sociedades que la componen se abstuviera de realizar cualquier acto que implicase escindirse del grupo Indalo, o el desmembramiento de éste. Esta información que le llega al imputado le permitió conocer de manera fehaciente la ficción iniciada por la actora en detrimento del patrimonio del Estado Nacional e inhibirse de oficio. Estos como otros actos posteriores demuestran que actuó de manera voluntaria y lineal a los fines de satisfacer los fines de la concursada. No obstante todo lo expuesto lejos de propender a solucionar el conflicto por la competencia, Toquier incurrió en una gama de transgresiones legales que alteraron el normal funcionamiento del órgano de Justicia retardando maliciosamente lo requerido por las partes y lo que le exigía la Ley. Recién el 23 de mayo de 2016 decidió darse por notificado de la resolución de inhibitoria por parte del Juez Federal. Luego en julio de 2016 omite maliciosamente suspende el trámite del concurso y elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, reteniéndolo y continuando normalmente el proceso, lo que motivó la resolución de la Corte que resolvió la suspensión del concurso y su urgente remisión. Calificando el mismo como “prevaricato y retardo de Justicia, en concurso ideal” en calidad de “autor” para Toquier.

Fuente: MPF

La mañana del presente martes en la Oficina Judicial del barrio Roca dio inicio el debate oral y público por el homicidio de Alexis Cueva acontecido el pasado 23 de noviembre de 2019, que tiene como coimputados a David Bustamante y Renzo Muñoz. Se presentaron los alegatos iniciales de las partes y luego los testimonios de seis personas.

El tribunal de debate fue presidido por Daniela Arcuri, e integrado por Mariel Suárez y Alejandro Soñis; el Ministerio Público Fiscal representado pro Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de Muñoz fue ejercida por Guillermo Iglesias, defensor particular y la de Bustamante por Cristina Sadino, defensora pública.

La fiscal en su teoría del caso aseguró que va a probar a lo largo del debate el homicidio de Alexis Cueva acontecido el pasado 23 de noviembre de 2019, entre las 18 y las 22,30 hs aproximadamente, momento en que Renzo Fernando Muñoz, Leonardo David Bustamante y un testigo, se encontraban reunidos en la casa de éste último, sita en Los Nogales al 800 de esta ciudad, cuando llegó la víctima Alexis Esteban Cueva, quien se quedó con ellos compartiendo unas bebidas.

En un momento dado, cerca de las 22.30 del mismo día, se retiran del lugar Muñoz, Bustamante y Cueva a bordo del vehículo Fiat Punto, propiedad de Leonardo Bustamante, y por motivos que a la fecha se desconocen, entre las 22.30 hs. del 23 de noviembre de 2019 y las 13 hs. del 28 de noviembre de 2019, Muñoz y Bustamante dieron muerte a Cueva, acometiéndolo mediante el uso de un arma blanca, asestándole siete puntazos en el cuello, los que provocaron la muerte de Alexis Cueva.

Posteriormente a ello, ambos imputados trasladaron el cuerpo de Cueva en el vehículo señalado, arrojando el mismo en inmediaciones de Arroyo La Mata, ubicado en el camino Juan Domingo Perón, altura de la puerta 4 que da ingreso al Autódromo General San Martin de esta ciudad. Lugar donde finalmente fue hallado el día 28 de noviembre, en virtud de los rastrillajes efectuados por la policía provincial, los cuales se llevaron a cabo debido a la investigación iniciada por la denuncia de desaparición de persona realizada por la madre de la víctima, el día 25 de noviembre de 2019. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio simple”, en calidad de “coautores” para ambos imputados. Refiriéndose finalmente a una “coautoría funcional” de ambos imputados en el hecho.

El defensor de Muñoz refirió a su teoría del caso positiva, “mi defendido no participó en el acometimiento del hecho”. Su teoría es que Muñoz no participó activamente del hecho, el acometimiento es de Bustamante, su defendido no brindó ayuda a la víctima; si colaboró en el ocultamiento del cuerpo, expresó el defensor.

Seguidamente la defensora de Bustamante en su teoría negativa del caso argumentó que “el Ministerio Público Fiscal no va a poder probar la autoría de Bustamante en el hecho”.

Luego se escuchó la palabra de los primeros seis testigos del caso, la madre y hermana de la víctima sobre la personalidad del mismo y su actividad el día que no responde más su celular. Asimismo prestó testimonio un subcomisario por entonces responsable del área de Búsqueda de personas quién describió la tarea de averiguación de paradero de la víctima, luego de que su madre realizara la denuncia.

Fuente: MPF

Carlos Barbato fue funcionario provincial desde 2003, ocupando como último cargo la presidencia de Lotería del Chubut desde 2015 a 2019. Según la Fiscalía, en ese período el ex funcionario tuvo un incremento patrimonial exponencial, que no se ajustaba a sus ingresos. Entre sus bienes se encuentran una mansión de 25 millones y otros por 12 millones, además de viajes en primera clase y detectarse testaferros. Los fiscales pidieron que la causa se eleve a juicio y se decomisen todos los bienes.

La Fiscalía de Puerto Madryn presentó este viernes el pedido de elevación a juicio para Carlos Barbato por “enriquecimiento ilícito”, causa que está a cargo de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

Los fiscales concluyeron que los ingresos que tenía Barbato como funcionario no se condecían con el incremento patrimonial que tuvo. Los investigadores repasaron que Barbato se desempeñó desde 2003 como funcionario público y que al ingresa al Estado, en su declaración jurada, indicó que poseía un Fiat Palio y un Ford Falcón modelo 80.

Barbato se desempeñó como Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo al frente de Lotería hasta 2019, cuando renunció en el contexto de una causa por violencia de género en la que fue condenado.

Los fiscales subrayaron que durante esas casi 2 décadas “nunca tuvo otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública”. Sin embargo, él y su pareja compraron bienes y propiedades en los últimos años, muchos de los cuales se pusieron a nombre de su chofer Adrián Quinteros y su padre, Carlos Barbato.El ex titular de Lotería “excedió sus posibilidades económicas acorde a sus ingresos legítimos. Tuvo un incremento patrimonial de 12 millones”, sostuvo el fiscal Rodríguez.

Entre los bienes detallados hay lotes, cuatriciclo, UTV, un BMW X1, un UTV Artic Cat, una camioneta Nissan Murano, un Audi A1 y un departamento en Puerto Madryn valuado en 150 mil dólares.

Además, comenzaron la construcción de una mansión de 200 metros cuadrados en Playa Unión, cuya “tasación actual es por 25 millones”, sostuvo el fiscal, quien detalló que solamente en decoración pagó 1.144.000 pesos.

La acusación no solo alcanza a Barbato sino también a su ex pareja Érica Perrone, al chofer Adrián Quinteros y a su padre Carlos Barbato, sobre quienes también se imputa por “enriquecimiento ilícito”.

Los fiscales piden que el caso vaya a juicio y además el decomiso de los bienes inmuebles y muebles de Barbato y que regresen al Estado. “En todos los casos en que recayese condena por delitos, la misma se decidirá el decomiso en favor del Estado”, remarcaron.

Los investigadores sostienen en su acusación que “Barbato ideó una ingeniería jurídica para incorporar bienes a su patrimonio sin que pueda ser detectado por los órganos de control. Para ello acudió a la colaboración de testaferros”.

En cuanto al valor de los bienes, se precisó que se constató que en 2016 compró un lote por $ 230 mil, un cuadriciclo por $ 190 mil, un automóvil Ford Mondeo por $ 540 mil y un Ford Fiesta por $ 300 mil. “Durante ese año percibió un sueldo de $ 76 mil, y compró por $ 1.250.000”, indicó Rodríguez y sostuvo que “los números no cierran”.

En la acusación, se indicó que “en 2017 compró un lote por $ 200 mil en Playa Unión de 300 metros cuadrados, una camioneta Ford Kuga por $ 786 mil y también adquirió un BMW 418 X1 y una camioneta Chevrolet S10 por $ 545 mil. “El promedio de sueldo durante ese año era de 89 mil pesos y adquirió bienes por 1,5 millones”, graficó.

Además, en ese año comenzó la construcción de una mansión de 200 metros cuadrados en Playa Unión, cuya “tasación actual es por $ 25 millones”, sostuvo Rodríguez, ejemplificando que “pagó $ 1.144.000 por artículos de decoración”.

Finalmente, en 2019 adquirió un UTV Artic Cat 750 cc por $ 450 mil en efectivo y una camioneta S10 por $ 566 mil; a la vez que Érica Perrone compró una camioneta Nissan Murano por $ 590 mil.

Otro de los hechos por lo que acusan a Barbato está vinculado a un automóvil Audi A1, que, según la acusación, Barbato puso a nombre de su chofer. En 2019, cuando manejaba su hijo, lo chocó y sufrió destrucción total del rodado. El seguro por la destrucción total lo cobró Érica Perrone.

 

El pasado martes comenzó el debate oral y público que tiene como imputado al juez de ejecución civil Gustavo Toquier en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

El primer día la defensa planteó como cuestión previa la suspensión del debate en base a informes médicos sobre el estado de salud de su pupilo; en tanto que la fiscal se opuso a ello ya que profesionales del Cuerpo Médico Forense (C.M.F.) dictaminaron que “tiene capacidad mental para estar presente en el juicio”. Finalmente el Juez penal resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del debate en base al dictamen del C.M.F. y de las expresiones del propio imputado que dijo que está plenamente consciente sobre lo que sucede. Asimismo se escucharon las teorías del caso de las partes.

El presente miércoles se destacó el testimonio vía remota de un abogado de la AFIP de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quién recordó que en el año 2016 toman conocimiento que “Oil Combustibles S.A.” tramitaba un concurso preventivo de quiebra en Comodoro y “presentan una inhibitoria ante un juzgado de la Ciudad autónoma de Buenos Aires para traer el concurso a Buenos Aires, porque entendían que era competencia de aquella ciudad”. El contribuyente tenía domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y a escasos días del concurso cambia su domicilio legal a Comodoro, aclaró el testigo. Agregando que dicho cambio de domicilio “no se llegó a rubricar, que era un domicilio ficticio creado para llevar el concurso a esa ciudad”. Sin embargo toda la actividad comercial estaba en Buenos Aires y en Santa Fe en la destilería. Recordando que “los socios y beneficiarios finales de Oil Combustibles S.A. eran Cristobal López y Fabián De Sousa”. Y que en el año 2017 otras empresas del grupo se presentan a concurso, y todas tenían domicilio legal en Buenos Aires. Concluyendo que no se llegó a rubricar el trámite de cambio de domicilio a Comodoro ya que “no había concluido el trámite de baja de domicilio en la Inspección General de Justicia (IGJ) de Buenos Aires. Fue una maniobra de la empresa para llevar el concurso de quiebra a extraña jurisdicción”, finalizó el funcionario de la AFIP.

El hecho juzgado:

El hecho incluido en la acusación acontece en el período comprendido entre el 8 de abril y 23 de agosto de 2016, cuando Gustavo Toquier, juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Ejecución Nro. 1, admitió la presentación y se abocó al concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.. A esos efectos fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio, pese a que surgían de las circunstancias reales del concurso preventivo que el domicilio social denunciado sobre Av. Yrigoyen de nuestra ciudad, inscripto en la Inspección General de Justicia, no se correspondía con la realidad de la actividad económica y comercial de la Sociedad, ni la de sus acreedores. Tampoco consideró la cuasi simultánea inscripción del domicilio en ésta ciudad y la presentación concursal. Luego de decretar la apertura del concurso preventivo, sobre la base de un hecho falso, consistente en el referido domicilio ficticio, el juez Toquier decidió continuar con el proceso, no obstante haber tomado conocimiento directo y fehaciente de hechos nuevos que demostraban que la concursada había falseado su domicilio para propiciar una competencia inexistente. Omitiendo declararse incompetente de oficio por la aplicación de la Ley de Concursos y quiebra. Estos hechos nuevos, silenciados por la deudora y conocidos por el juez cuando su competencia territorial aún no estaba consentida respecto de todos los acreedores, es decir que no existía estabilidad jurídica que le haya impedido a Toquier declarar su incompetencia de oficio ante los inequívocos indicios de fraude a la Ley. Una nota emitida por la Inspección General de Justicia de la Nación recibida en su Juzgado mediante la cual se lo pone en conocimiento que la sociedad comercial Oil Combustible S.A. aún se encontraba bajo la órbita de dicha IGJ y la sede social era sobre la Av. Córdoba 657, de la Ciudad de Buenos Aires. También que no se había dado curso a la baja de dicho domicilio, perfeccionando el cambio a esta jurisdicción en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo Nro. 2 de Buenos Aires. Asimismo el imputado tomo conocimiento que el juez a cargo del juzgado federal anteriormente mencionado había dictado dos decisiones cautelares mediante las cuales había dispuesto que la sociedad Oil Combustible S.A. y el resto de la sociedades que la componen se abstuviera de realizar cualquier acto que implicase escindirse del grupo Indalo, o el desmembramiento de éste. Esta información que le llega al imputado le permitió conocer de manera fehaciente la ficción iniciada por la actora en detrimento del patrimonio del Estado Nacional e inhibirse de oficio. Estos como otros actos posteriores demuestran que actuó de manera voluntaria y lineal a los fines de satisfacer los fines de la concursada. No obstante todo lo expuesto lejos de propender a solucionar el conflicto por la competencia, Toquier incurrió en una gama de transgresiones legales que alteraron el normal funcionamiento del órgano de Justicia retardando maliciosamente lo requerido por las partes y lo que le exigía la Ley. Recién el 23 de mayo de 2016 decidió darse por notificado de la resolución de inhibitoria por parte del Juez Federal. Luego en julio de 2016 omite maliciosamente suspende el trámite del concurso y elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, reteniéndolo y continuando normalmente el proceso, lo que motivó la resolución de la Corte que resolvió la suspensión del concurso y su urgente remisión. Calificando el mismo como “prevaricato y retardo de Justicia, en concurso ideal” en calidad de autor para Toquier.

Fuente: MPF

El tribunal dio este miércoles a la tarde el veredicto en el que determinó la culpabilidad de siete ex funcionarios de la gestión Das Neves y de un empresario de la construcción, en la causa más importante de corrupción en la provincia.

El juicio de la causa Revelación concluyó este miércoles tras un extensa investigación sobre maniobras de corrupción que involucraron a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción. En horas de la tarde los jueces leyeron el veredicto en donde se declaró penalmente responsables a los ocho imputados en la causa, entre ellos, Víctor Cisterna (organizador, en calidad de autor bajo la modalidad de delito continuado en concurso real con exacciones ilegales); Diego Correa (organizador, en calidad de autor por delito continuado con exacciones ilegales); Pablo Oca (miembro de la asociación ilícita como autor y partícipe primario); Alejandro Pagani (miembro de asociación ilícita como autor en concurso real de cohecho pasivo); Martín Bortagaray (miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo); Diego Luters (miembro de la asociación en calidad de autor); Gonzalo Carpintero (como autor por enriquecimiento ilícito) y Martín Castillo (cohecho activo en calidad de autor).

En algunos de los tramos el veredicto fue dividido. La fiscalía pudo probar la existencia de una asociación ilícita que tuvo como organizadores a Víctor Cisterna y a Diego Correa y como miembros a Pablo Oca, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Bortagaray. Además se encontró culpables a Gonzalo Carpintero, del delito de enriquecimiento ilícito y al empresario Martín Castillo del delito de cohecho activo.

Los jueces detallaron en primer lugar que no hicieron lugar a los planteos de nulidad realizados por los distintos abogados. Además, la incompetencia fue rechazada, al igual que planteo de que prescribieron los plazos legales. También se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de asociación ilícita. 

Corrupción: Hechos probados

El juez Mariano Nicosia manifestó previo a la lectura del veredicto que «hubo variaciones a la teoría acusatoria pero no afectaron la congruencia. El número de participantes de la asociación fue variando, pues se fueron incorporando participantes, pero desde el inicio nunca fue menor a tres. Mario Das Neves tuvo una participación trascendente en el armado, al punto que finalizó cuando desapareció».

En cuanto al hecho principal, la asociación ilícita, indicó que «tres de los imputados admitieron la existencia de una organización criminal montada en la estructura del gobierno en la que empresarios ahogados por sus acreencias dieron pagar a través de un retorno correspondiente a su deuda para cobrar los pagos adeudados. Cisterna y Martín Bortagaray la desconocieron pero otros la admitieron y hay elementos de prueba», expresó.

«Se estableció desde y hasta cuándo duro la organización y fue clave el testimonio de Pablo Oca, con admisión de culpabilidad, como también los hicieron Diego Correa y Diego Luters», detalló y dijo que ésta operó «desde diciembre de 2015 hasta la desaparición física de Das Neves».

Según precisó la jueza, «primero en cabeza de Cisterna y luego en cabeza de Correa, los mismos cheques pasaron de uno a otro. El reconocimiento realizado por Oca, Luters y Correa fue avalado por los empresarios de la construcción».

«En un allanamiento en casa de los padres de Luters se descubren las fotocopias que permitieron dar con los originales de los cheques. También se encontraron elementos de cómo se materializaban los porcentajes de entre 3 y 5 por ciento. También figuraban las planillas de ingreso la y gastos, y hay constancia de pagos en efectivo de empresarios de la construcción.  La mensajería del teléfono de Luters permitió ver la trama de las operaciones. También se acreditó que con el monto recaudado utilizaban gastos políticos, sobresueldos y compra de Canal 9 de Comodoro Rivadavia», detalló Nicosia y mencionó además que «Pagani tuvo participación efectiva al seleccionar con Correa que empresas cobraban y cuáles no».

«Correa gestionó nuevas modalidades y estableció nuevas funciones entre sus integrantes.

En las planillas de pago figuran muchos más funcionarios que deben ser investigados.

Bortagaray puso a disposición de Correa todo el IPV, y fue proactivo ya que brindó toda la ayuda en ese sentido, brindó todas las planillas -admitió el juez- y recibió órdenes de Correa sobre qué empresas iban a cobrar».

«Carpintero tenía un manejo discrecional de esta caja y recibía una de las sumas de mayor importancia, lo que nos da una pista de su importancia, y compartía la misma oficina con Correa, dónde se desarrollaba la actividad ilícita, pero ante el retiro de la acusación en tribunal debe absolver por este hecho al imputado», expresó el juez sobre este juicio de corrupción.

Dijo que el enriquecimiento ilícito de Carpintero ha Sido probado , los peritos demostraron la evolución patrimonial. También fue reconocido por el imputado. Por más que no haya acuerdo en los valores de referencia, el estimativo arroja que el incremento es ilegal, que asciende a más de 800 mil dólares», detalló.

Fuente: ADNSUR

La defensa solicitó postergar el debate por falta de medidas sanitarias por el coronavirus.

Son 12 los imputados entre ex funcionarios y proveedores del Estado, por sobreprecios en la Emergencia climática ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2017. Abogados defensores pidieron la suspensión del juicio a prueba lo que no fue aceptado por los fiscales. Entre los imputados están la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, Diego Luthers y Diego Correa, estos dos ya condenados en otras causas de corrupción.