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El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut está denunciado por mal desempeño. Cómo es el entramado legislativo que puede terminar con su destitución.

La Legislatura de Chubut aprobó en la sesión de este miércoles el dictamen de mayoría de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre el pedido de juicio político contra el ministro Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, y giró a la Sala de Acusar de la Casa de la Leyes la denuncia formulada por Gastón Alejandro Martín y Alfredo Pérez Galimberti, por la cual se da inicio al procedimiento de jury por considerarlo “formalmente admisible”.

La Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia que elevó el dictamen contra Báez es presidida por María Andrea Aguilera, del bloque oficialista Despierta Chubut, y está integrada además por Sonia Cavagnini (Despierta Chubut); Emanuel Coliñir (Arriba Chubut); Gustavo Martín Fita (Arriba Chubut); Paulina Hogalde (Despierta Chubut); Daniel Alberto Hollmann (Despierta Chubut); Juan Horacio Pais (Arriba Chubut); Antonio Rubia (PICh) y Sandra Willatowski (Despierta Chubut).

Ahora, el trámite estará en manos de la Sala de Acusar, en donde por mayoría se decidirá si se avanza o se detiene el pedido de juicio político. Esta Sala es presidida por Willatowski y está integrada por Norma Arbilla (Arriba Chubut); Jacqueline Caminoa (Despierta Chubut); Sonia Cavagnini (Despierta Chubut); Emanuel Fernández (Despierta Chubut); Sergio González (Despierta Chubut); Daniel Hollmann (Despierta Chubut); Leticia Magaldi (Despierta Chubut); Sergio Ongarato (Despierta Chubut); Karina Otero (Despierta Chubut); Juan Horacio Pais (Arriba Chubut); Roxana Soldani (Despierta Chubut); y Claudia Williams (Arriba Chubut).

Si la Sala de Acusar admite el pedido, se integrará la Comisión Investigadora, integrada por Willatowski, Hollmann, Cavagnini, Arbilla y Pais, que sería la encargada de colectar toda la información y hará las veces de parte acusadora.

Por último, actuará la Sala de Juzgar, integrada por los diputados Vanesa Abril (Arriba Chubut); María Andrea Aguilera (Despierta Chubut); Sixto Bermejo (Despierta Chubut); Leonardo Bowman (Despierta Chubut); Emanuel Coliñir (Arriba Chubut); Gustavo Fita (Arriba Chubut); Fabián GAndón (Despierta Chubut); Tatiana Goic (Arriba Chubut); Paulina Hogalde (Despierta Chubut); Luis Juncos (Despierta Chubut); Antonio Rubia (PICh); Andrea Toro (PICh); y Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda).

La Legislatura de Chubut recibió este miércoles un pedido de juicio político contra el juez y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, por hechos por los cuales debería ser destituido.

La solicitud fue presentada por el abogado Alfredo Pérez Galimberti, quien cuestionó el mal desempeño de Báez en un gravísimo hecho de abuso sexual infantil.

“Báez, mientras ocupaba la Jefatura de la Oficina de Puerto Madryn del Ministerio Público Fiscal, realizó diversas maniobras espurias y avaló y/o instruyó otras desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que Se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar”, aseguró Pérez Galimberti.

El letrado indicó asimismo que “esa situación expuso al niño victima de estos hechos a un completo de estado de indefensión y abandono por parte del sistema que debía protegerlo, vulnerando de plano y sin ningún escrúpulo sus derechos, especialmente intentando privarlo del derecho de acceso a la justicia y exponiéndolo a una brutal revictimización”.

“El caso en cuestión se encuentra plagado de actos que importan un injustificado cambio de criterios; la actitud pendular del MPF es suficiente para poner en cuestionamiento su desempeño, su habilidad moral, el cumplimiento de los deberes a su cargo evidencia el desconocimiento inexcusable del derecho por parte del entonces fiscal jefe de Báez”, remarcó.

Por otro lado, se lo acusó a Báez además de “nepotismo judicial” por la “designación de su hijo en el MPF sin concurso” y “su participación en el jury del fiscal Rivarola”.

“La actuación de Baez, ahora como juez del Superior Tribunal de Justicia, en derredor a la designación directa, sin concurso de su hijo, en cl MPF también denota una evidente inhabilidad ética y moral que se traducen en un incumplimiento de los deberes a su cargo y posibles faltas o delitos en el cumplimiento de sus funciones”, describió el abogado.

Al ministro del STJ se le cuestiona también su participación en la “Causa López”.

Por todos estos hechos denunciados, el abogado Pérez Galimberti consideró que a Báez se le debe realizar un juicio político y que debe ser removido de su privilegiado cargo.

Concretamente, las causales de la destitución de Báez se encuentran como “incumplimiento de los deberes a su cargo”, pero también podrían ser abarcadas por las causales de “faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.

La Oficina Judicial de Rawson nombró a los jueces que presidirán el juicio contra la ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola por cargos de fraude a la administración pública.

Este miércoles, la Oficina Judicial de Rawson llevó a cabo una audiencia en el marco del proceso legal que involucra a la ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola. La audiencia se centró en el sorteo y designación de los jueces que supervisarán el juicio por el delito de fraude a la administración pública que se le imputa.

El tribunal encargado de dictar el veredicto quedó conformado por tres jueces principales: Carlos Richeri de Esquel, Raquel Tassello de Comodoro Rivadavia y Marcela Pérez Bogado de Puerto Madryn. Además, se designaron jueces suplentes, entre los que se encuentran Fabio Monti, Patricia Azaro y José Luis Ennis.

El inicio del juicio contra Cecilia Torres Otarola está programado para el 11 de marzo de 2024, según lo establecido por la Oficina Judicial de Rawson. El proceso legal se centra en cargos de fraude a la administración pública, y la Fiscalía está encabezada por el Fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal Esquel (UFE), y su equipo de trabajo.

 

Este lunes se iniciará el juicio civil contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dos de sus hijos, quienes están acusados ​​de inflar artificialmente el valor de sus activos inmobiliarios durante un período de años. El juicio se llevará a cabo en Nueva York y se espera que sea una maratón legal que podría tener un impacto significativo en el imperio económico del exmandatario y en su posible candidatura presidencial en 2024 como favorito del Partido Republicano.

Donald Trump anunció su intención de comparar en el juicio y expresó en su plataforma Truth Social“Voy a la corte mañana en la mañana para luchar por mi nombre y mi reputación”. Además, calificó todo el caso como una “farsa” .

A pesar de que no enfrenta la posibilidad de prisión por estas acusaciones, el juicio civil podría ser un anticipo de los problemas legales que Trump podría enfrentar durante su campaña para obtener la nominación republicana en las elecciones presidenciales.

Actualmente, el expresidente enfrenta cargos penales en cuatro casos distintos, aunque estos no han afectado significativamente su popularidad entre las bases republicanas. Entre los casos pendientes, está programada su comparecencia ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo por acusaciones relacionadas con sus intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Este juicio en Nueva York cobró una importancia considerable la semana pasada cuando el juez Arthur Engoron, a cargo del caso, dictó que había pruebas de “fraude continuado”. La fiscalía del estado de Nueva York alega que Trump y los directivos de su grupo inflaron el valor de sus activos entre 812 millones y 2.200 millones de dólares entre 2014 y 2021.

Como resultado, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales de Donald Trump y sus hijos, Eric y Donald Jr., así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda. Si estas sanciones se aplican, tendrían un impacto significativo en la capacidad de Trump para realizar negocios en Nueva York, incluyendo la posible pérdida de propiedades emblemáticas como la Trump Tower.

El juicio se espera que sea técnico y se anticipa que numerosos testigos, incluidos a los hijos de Trump y el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, declararán en el proceso.

Este caso legal podría tener importantes implicaciones para el futuro político y económico de Donald Trump, quien ha mantenido una postura firme en su defensa y ha calificado las acusaciones como infundadas .

La capital provincial enfrenta el embargo de sus cuentas a instancias de la empresa que realizó la obra del puente de El Elsa. Ahora Biss también informó sobre otro juicio millonario contra la Unión de Rugby

En diálogo con Radio 3, el Intendente de Rawson, Damián Biss, se refirió a los juicios millonarios que debe afrontar el Municipio y que fueron heredados de gestiones anteriores.

Biss destacó la dificultad que representa la situación de embargo de cuentas municipales, enfatizando que, sin esta problemática, el municipio llegaría a fin de año.

La preocupación principal recae en el mes de octubre, que se vislumbra como un período particularmente complicado debido al embargo. No obstante, el Intendente expresó su determinación de encontrar una manera de superar este obstáculo y mantener la estabilidad financiera del municipio.

El funcionario informó que mantuvieron una audiencia con la empresa involucrada en el embargo y presentaron una propuesta concreta para abordar el problema. A pesar de la inflación que afecta a la economía, la empresa demostró buena voluntad para aceptar un posible pago en cuotas. Sin embargo, uno de los desafíos principales radica en el aumento de los intereses.

Biss estimó que la deuda total, con intereses y honorarios de abogados rondará los 230 millones de pesos, lo que convierte este caso en uno de los juicios más significativos heredados de la gestión anterior.

Además de la situación de embargo, el intendente se refirió a un juicio con la Unión de Rugby. Según Biss, hace 40 años, el Municipio cedió un terreno a la entidad para la construcción de un complejo deportivo. Sin embargo, a lo largo de las décadas, la Unión de Rugby no avanzó en el desarrollo de estas instalaciones.

Durante la administración de Rossana Artero, se decidió revocar la donación pero, según explicó el Intendente, el proceso se llevó a cabo de manera incorrecta. Como resultado, la Unión de Rugby presentó una demanda por daños y perjuicios. El juez dictaminó que el Municipio debía pagar un resarcimiento en 2018, y con los intereses acumulados, la suma se incrementó significativamente.

El intendente expresó su preocupación por esta situación, calificándola de injusta para la comunidad. Cuestionó la visión y las acciones de ciertas organizaciones en este tipo de controversias legales. Biss indicó que el Municipio está dispuesto a discutir el monto del resarcimiento o considerar la posibilidad de devolver el terreno.

Se trata del ex presidente de Lotería del Chubut de la gestion de Das Neves, quien fue absuelto de enriquecimiento ilícito. Fiscales piden nulidad del juicio, porque sostienen que las juezas no fueron imparciales y ayudaron al defensor. El caso será analizado por el Superior Tribunal de Justicia. 

Los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams indicaron que las juezas le daban indicaciones al abogado defensor del funcionario juzgado por corrupción. Todo quedó registrado en las cámaras.

En el juicio oral y público, el tribunal integrado por los jueces Karina Breckle, Carolina Marín y Carlos Richieri lo absolvieron. Aunque en las últimas horas, los fiscales presentaron una apelacion porque sostienen que hubo parcialidad del Tribunal. Y apuntaron contra las jueces Marín y Breckle.

“Las juezas le hacían gestos al abogado defensor e incluso le pedían que “objete” planteos de la Fiscalía. Todo ello quedó registrado en las cámaras que graban la audiencia”. Ambos Fiscales sostuvieron que, al revisar las filmaciones, descubrieron que “habían existido más episodios en donde los jueces, a espaldas de esta fiscalía y de manera maliciosa en el ejercicio de su magistratura, mostraban una actitud colaborativa con la defensa”.

Esto sucedió varias veces, incluso, “no conforme con las indicaciones que le brindaban al abogado defensor, tomaron la iniciativa y Breckle formuló: “objeción de nuevo”. Esto está prohibido por la ley, quien debe objetar es el defensor, no es juez”. “Entendemos que los jueces no fueron imparciales y se debe repetir el juicio por ser nulo”, agregó Williams.

Luego de realizarse  la audiencia denominada “voir dire” en la que finalmente se determinaron las personas que conformarían el jurado popular, en las primeras horas de la tarde dio inicio el nuevo juicio por jurados, el primero que se realiza en Trelew, en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, ubicada en la calle Pellegrini al 1100 de esa ciudad.

Cerca de las 14,30 hizo su ingreso la jueza María Tolomei con la presencia de las partes:

El Ministerio Público Fiscal con un equipo integrado por la fiscal general Mariana Millapi, acompañada de la procuradora de fiscalía Guadalupe Serafini y la abogada administrativa Rocío Marileo.

La defensa la ejerce Gilda Acomazo junto a Miriam Roldán, en representación de Elida Viviana Antenado.

En primer término la magistrada hizo ingresar al jurado constituido por doce personas, seis mujeres y seis hombres, estando también seleccionados dos suplentes por cualquier eventualidad.

Tolomei leyó las instrucciones que les caben como requisitos para ser jurado, enfatizando en la necesidad de preservar el secreto de todo lo que se produzca durante el debate, sin dar a conocer ni interiorizarse de pormenores por otros medios.

El jurado deberá dar un veredicto cuando finalicen la presentación de las pruebas y se escuchen los alegatos finales, deliberando por el término no menor a dos horas para dar a conocer la decisión.

En su presentación inicial, la fiscal Mariana Millapi se acercó al estrado y dirigiéndose al jurado expresó que desde la fiscalía se tiene la certeza de lo sucedido entre la noche del 6 de mayo y la madrugada del día siguiente del año pasado.

En esa oportunidad se juntaron dos amigos junto a la acusada y su pareja Fabián Pereyra, en el domicilio de los últimos ubicado en un barrio de nuestra ciudad, procediendo a compartir bebidas en forma abundante y también un churrasco, denominando así a la carne, pollo y chorizos que cocinaron al horno.

Todo fue desarrollándose hasta la madrugada, cuando los dos visitantes se habían retirado, cerca de las 5 de la madrugada Elida Antenado le aplicó una puñalada al hombre que afectó riñón e hígado.

Aún herido, quien resultó víctima salió a pedir ayuda a casa de su vecino, en momentos que regresaba por más bebidas uno de los visitantes, y fue en la vivienda lindera donde intentaron ayudarlo, pero una vez trasladado al hospital, perdió la vida a las 5,40 aproximadamente, del día 7 de mayo.

Destacó la fiscal que durante el juicio podrá escucharse a testigos que confirman el episodio y también se ahondará sobre la personalidad de Pereyra, un changarín que trabajaba para sostener cuatro hijos. Señaló que Fabián no puede contar lo que pasó, por eso la fiscalía se constituye en la voz de la víctima y pidió que una vez expuestas las pruebas se declare culpable a la acusada por homicidio agravado por el vínculo.

En tanto, la defensora Acomazo dijo que no objetaba el resultado de lo sucedido aquel día, en cuanto a la hora y la forma, pero recalcó que su clienta es inocente, y contó la versión de los hechos indicando que habían bebido mucho, y eran varias las personas que entraban y salían.

De tanto beber, la mujer se habría dormido y cuando despertó se encontró con el hecho consumado, consignó una gacetilla de la Fiscalía.

Después de los alegatos, la jueza María Tolomei pidió al jurado que se retire, ya que el juicio, enmarcado en la Ley XV Número 30, continuará este martes desde las 9 en la misma sala, ya con la convocatoria de testigos, estimándose que el próximo jueves podría completarse el plexo probatorio, tras lo cuál el jurado podría comenzar a deliberar.

 

La Cámara en lo Penal de Puerto Madryn integrada por los magistrados Leonardo Pitcovsky, Rafael Luchelli y la jueza de Esquel subrogante Carina Estefanía, resolvieron confirmar una sentencia, condenado a Manuel Adrián Colón, a la pena de 21 años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio en ocasión de robo.

Y a Mauricio Ezequiel Ramírez, a la pena de 8 años de prisión, encontrado penalmente responsable del delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, en carácter de partícipe necesario.

Ambos por el hecho ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2019 en perjuicio de quien en vida fuera la señora Beryl Williams.

La Fiscalía de Puerto Madryn en este caso grave fue representada por el fiscal Jorge Bugueño quien había solicitado que el “negro” Ramírez también sea condenado como coautor del homicidio de Beryl Williams.

La Cámara, además de confirmar la Sentencia, rechazo ambos pedidos de impugnación ordinaria deducidos por los abogados  Abdón Omar Manyauik en favor de Manuel Adrián Colon y de la Dra. María Laura Martensen en favor de Mauricio Ezequiel Ramírez.

EL CASO

La noche del 29 de diciembre, Beryl Williams, de 86 años de edad, fue asesinada en su domicilio.

Del lugar se llevaron dinero y joyas.

Los delincuentes huyeron del lugar, dejando a la mujer inmovilizada en el piso y amordazada, lo cual le ocasionó la muerte por asfixia.

En el juicio se condenó a Colón a 21 años; a Ramírez a 8 años por el robo y a los hermanos Leandro y Rodrigo Ramón a un año de prisión por el delito de encubrimiento.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó este martes que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, vayan a juicio oral acusados de haber cometido un “homicidio simple con dolo eventual”, tal como habían dispuesto en 2022 los fiscales y el juez de la causa, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada de manera unánime en un fallo de 248 hojas, de la Sala III del mencionado tribunal de alzada, compuesta por los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón.

Al rechazar, entre otros puntos, la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, los camaristas resaltaron en su fallo: “La acusación pública efectuó una completa descripción del Hecho 1 (el homicidio con dolo eventual de Maradona), enumerando las acciones u omisiones que consideraron reprochables a cada uno de los imputados y que, a su entender, habrían incidido en el fatal desenlace endilgado”.

“La fiscalía inicia su imputación indicando quienes se encontraban a cargo de la atención del paciente, ubicando en tiempo y lugar la situación apuntada, para luego referirse específicamente a cómo fue el desempeño de cada uno de ellos, según los roles asumidos, estableciendo de qué modo sus inconductas determinaron la muerte de Maradona”, dice en su voto el juez Herbel.

Los jueces de la Cámara también avalaron la Junta Médica clave que complicó a los ocho responsables de la salud imputados y rechazó los sobreseimientos y el cambio de calificación que habían propuesto varias de las defensas, entre ellas las de Luque y Cosachov, por la figura del “homicidio culposo” (con una pena menor de 1 a 5 años de cárcel).

Lo único en lo que sí los camaristas resolvieron a favor de las defensas fue en revocar parcialmente la elevación a juicio en relación a los denominados Hechos 2 y 3, imputados a Luque y Cosachov, referidos al “uso de documento privado falso” que le imputaban al neurocirujano por haber presuntamente usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a la “falsedad ideológica” por la que se acusaba a la psiquiatra por haber supuestamente confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.

En relación a ello, la Cámara dispuso que los planteos de la defensa los resuelva otro juez, al entender que no correspondía, por los lugares donde habrían ocurrido esos delitos, la intervención de un magistrado de San isidro.

Además de los ya mencionados Luque (41) y Cosachov (37), los otros seis imputados que tiene la causa son el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (38) y Ricardo Omar Almirón (39); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

El equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus fiscales generales adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, los acusó a los ocho como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, con pena de entre 8 y 25 años de prisión.

 

El 22 de junio del año pasado, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento de los fiscales, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa estaba bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que en marzo hicieron una serie de audiencias orales con las defensas y hoy emitieron su resolución.

En las próximas horas se realizará en Santa Rosa, La Pampa, una audiencia clave. Sin embargo, la sentencia para Magdalena Espósito y Abigail Páez todavía no será anunciada.

La familia de Lucio Dupuy deberá esperar para conocer la pena que recibirán las dos asesinas del chico de cinco años. Es que si bien Magdalena Espósito, la madre, y su novia, Abigaíl Páez, fueron declaradas culpables del asesinato y, en el caso de la última, de abuso sexual, todavía no se conoce cuál será el castigo que recibiránEsto sucede porque la Justicia determinó que la cantidad de años que pasarán en la cárcel será definida en una futura audiencia de cesura del debate oral. Antes, los abogados de las partes deberán alegar para pedir por esa pena, informó Infobae.

A pesar de esto, por la calificación legal elegida por los jueces del Tribunal de Santa Rosa, se tratará de dos prisiones perpetuas.

Los tiempos en la Justicia pampeana son extensos. El 2 de febrero se conocieron los veredictos. Espósito fue condenada por homicidio triplemente agravado y Paéz por el mismo delito, aunque con dos agravantes y abuso sexual. En esa misma audiencia, la jueza Alejandra Ongaro anunció que la pena se anunciaría en otra fecha.

Ahora se definió que mañana lunes se realice una audiencia, privada, sin acceso al público, dada la naturaleza aberrante del delito que se juzga, en la que cada una de las partes solicitará, mediante un alegato, la pena que cree correspondiente. Pero, además, podrá apelar la sentencia. Todas las partes lo harán.

Por un lado, los fiscales Verónica Ferrero, Walter Martos y Marcos Sacco realizarán la apelación para que la madre de Lucio, Magdalena, también sea condenada por abuso sexual. Lo mismo solicitará el abogado de la familia Dupuy, Mario José Aguerrido.

El letrado además solicitará, nuevamente, que se sume como agravante el “odio de género”. Para el patrocinante de los Dupuy es fundamental que se sume ese agravante porque entienden que fue un móvil para el crimen.

En cuanto a las defensas de las acusadas, harán diferentes planteos, según pudo confirmar Infobae. Por un lado, la defensa de Abigail Paéz insistirá en que la condena sea por homicidio preterintencional. Básicamente, quieren hacerle creer al tribunal que la mujer buscó pegarle, pero lo mató sin tener intención. Ese pedido ya fracasó durante el juicio. Además, solicitarán que sea absuelta por el abuso sexual, amparados en el beneficio de la duda.