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Lo hará desde las 9.30 del martes. El fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para la Vicepresidenta y Lázaro Báez. Los jueces fijarán la fecha en donde se dará a conocer la sentencia.

La vicepresidenta Cristina Kirchner confirmó que hablará mañana en la última en el juicio que lleva más de tres años y en el que el fiscal Diego Luciani pidió la condena 12 años de presión.

“Mañana a las 9:30 hs en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, escribió la titular del Senado en su cuenta de Twitter. Su exposición se podrá ver a través de la plataforma digital.

La fiscalía sostiene la existencia de una asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015 en la que se le direccionó —según el expediente— en gran cantidad obra pública al empresario Lázaro Báez.

Después de la palabra, o no, de la exmandataria, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso fijarán la fecha en donde se dará a conocer la sentencia. La misma será antes de terminar el año.

La expresidenta tuvo varias intervenciones a lo largo de proceso. La última fue en la etapa de alegatos cuando refutó la acusación y volvió a hablar de lawfare, teoría que sostiene la coexistencia de una conspiración política (de la oposición) y sectores de la Justicia para perjudicarla.

El juicio comenzó durante el último año de mandato del ex presidente Mauricio Macri y que tenía, en ese momento, a Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional. Aunque parte de los hechos ya estaban bajo la órbita de tribunales por una presentación que la Coalición Cívica había hecho en 2008.

Las penas solicitadas fueron de 12 años para Cristina Kirchner y Báez. Mientras que diez para el ex ministro (Planificación Federal) Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y para el exdirector de Vialidad Nacional Nélson Periotti.

Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad, la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión respectivamente. Para Abel Fatala, exfuncionario de Planificación Federal, la pena de 4 años.

Por último, había reclamado tres años para Héctor Garro; seis para Juan Carlos Villafañe; cinco para Raúl Pavesi y cuatro para José Snatibáñez: Todos de la Dirección de Vialidad del distrito Santa Cruz.

De ser condenada, la Vicepresidenta no irá presa porque la sentencia recién se ejecuta cuando el fallo esté firme, o sea cuando lo ratifique la Corte Suprema de Justicia, la cual no tiene plazos.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió que el próximo martes 22 comiencen las últimas palabras de los trece acusados en la llamada «Causa Vialidad», entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de manera previa al veredicto.

El martes 29 de noviembre será el turno de la Vicepresidenta, de acuerdo con el cronograma anunciado por el TOF2 en al audiencia de hoy.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharán el próximo martes 22 a la primera tanda de acusados desde las 1030 y una semana más tarde será el turno de los restantes.

Luego de esa audiencia se informará cómo seguirá el debate.

El próximo martes expondrán los acusados Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala, si es que desean hacer uso de su derecho a hablar por última vez ante el Tribunal, de manera previa al veredicto.

El 29 será el turno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López.

La audiencia se reanudó con la llamada «dúplica» del abogado del acusado empresario Lázaro Báez, Juan Villanueva, a dichos de la fiscalía vinculados a incorporación de prueba nueva mostrada en su alegato, obtenida mediante la Ley de acceso a la información pública.

«Cualquier cosa parece servir para intentar revivir una acusación que ya fue herida de muerte por todas las defensas», advirtió el defensor.

El abogado de Báez sostuvo que los alegatos de las trece defensas fueron «tan sólidos» que la fiscalía «eligió autopreservarse y decir que no iba a replicar».

«Eligieron los fiscales no decir absolutamente nada respecto de los agujeros groseros de la investigación, después de que las defensas demostramos de manera indiscutible que el Ministerio Público Fiscal faltó a la verdad», agregó.

A la hora de responder de manera puntual al planteo por introducción de prueba nueva en su alegato sin incorporarla antes a la causa para el acceso a todas las partes, sostuvo que «parece existir alguna confusión» en la fiscalía.

«El planteo del señor fiscal se empieza a poner un poco surrealista», al remarcar que usó información pública «para demostrar que la acusación es falsa»

«La fiscalía renunció concientemente a la búsqueda de la verdad en este juicio», afirmó en relación a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La defensa usó «todos los medios legales para demostrar que la acusación es falsa y lo demostramos».

«Voy a hacer todo lo que la ley me permite para defender a Lázaro», aseguró el abogado y remarcó que pidió «información pública».

La fiscalía no replicó «porque no se puede replicar contra la realidad, contra una foto satelital y, por eso, eligieron los fiscales seguir renunciando a la verdad y atacar la forma, no dijeron nada sobre la verdad que contiene la prueba».

En la audiencia pasada, Luciani sostuvo que su acusación «se mantiene absolutamente incólume», en el juicio por supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales a favor de Báez entre 2003 y 2015, que se sigue entre otros a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.

La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.

Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Este martes 15 a las 8:00 horas inició la tercera jornada del juicio oral por el asesinato de Lucio Dupuy. Al igual que el viernes pasado, otros 7 testigos más declararán. Las imputadas por el crimen son Magdalena Espósito Valenti, progenitora de la víctima, y Abigail Páez, pareja de ella.

Cabe destacar que este proceso penal es a puertas cerradas por deberse a un menor de edad que, además, fue abusado sexualmente, según informó Ramón Dupuy, abuelo del niño, en diálogo con VíaPaís.

A lo largo del juicio declararán 105 personas. La querella propuso a 62 de ellas, mientras que la defensa consiguió 43 testigos. A lo largo de las próximas 19 jornadas darán su punto de vista ante ambas partes, los fiscales y jueces.

El relato de un hombre que llevó a lucio al hospital la noche de su asesinato

El viernes pasado, uno de los testigos que prestó declaración fue un hombre que relató cómo fueron los minutos posteriores a la muerte de la víctima. Ante los ojos de la Justicia, aseguró que se cruzó con Lucio Dupuy en brazos Abigail Páez y la acompañó al Hospital Evita de Santa Rosa.

El sujeto le preguntó a Páez que le pasó al chico y ella contestó que entraron a robar en la casa donde ella vivía con Espósito Valenti. En base al relato del joven, la mujer le habría dicho que los delincuentes habían golpeado al menor.

En la investigación del caso se pudo saber que el robo fue un invento de las acusadas porque el médico forense constató que Lucio presentaba lesiones recientes y otras mucho más antiguas. Esto complicó aún más la situación de ambas.

Continuando con su relato,el testigo contó que, camino a la clínica, intentó reanimarlo con maniobras de RCP porque no respiraba. Además, en ese entonces notó que el nene tenía golpes en todo el cuerpo: los peritos luego también encontrarían rastros de quemaduras de cigarrillos y graves heridas en sus genitales, entre otras aberraciones.

Caso Lucio Dupuy: ¿cuándo terminaría el juicio?

Según anticipó Ramón a este medio, en la medida en que el juicio se desarrolle correctamente, entre el 22 y 23 de diciembre serán los alegatos finales. Mientras tanto, la parte querellante presiona para que haya una sentencia los primeros días de febrero, cuando la feria judicial finalice.

Son varias las pruebas que le juegan en contra a las detenidas. Desde los mensajes de texto que se enviaban, hasta la autopsia de la víctima y del lugar donde sucedió el crimen, e incluso las pericias psicológicas y psiquiátricas obligatorias a las que se sometieron.

 

El Tribunal prepara un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta, Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y José López.

El juicio en la causa Vialidad se reanudará este lunes con la respuesta de la fiscalía a los planteos de nulidad hechos en el debate y seguirá, en caso de requerirlo, el derecho a réplica a los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto un receso de dos semanas al finalizar la última audiencia de alegatos defensores y mañana, desde las 9.30, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola responderán nulidades planteadas.

Además, tendrán que informar si hacen uso del llamado derecho a réplica al contenido de los alegatos de las defensas.

En caso positivo, deberían fijarse audiencias para ello y se abriría la oportunidad para que los abogados soliciten luego hacer sus «dúplicas».

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años abusado sexualmente y asesinado a golpes en noviembre del año pasado en la ciudad pampeana de Santa Rosa, comenzará este jueves 10 de noviembre y tendrá como acusados a Magdalena Espósito Valenti, la mamá de la criatura, y Abigail Páez, la pareja de la mujer.

Está previsto que el debate se lleve a cabo en la Ciudad Judicial de la capital de la provincia y que finalice el 22 de diciembre. El proceso judicial estará a cargo del tribunal integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, mientras que los fiscales que impulsarán la acusación del Ministerio Público serán Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco.

De acuerdo con lo que se consignó, declararán alrededor de testigos y las audiencias serán a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual.

En tanto, todavía no está definido si las acusadas, quienes podrían ser condenadas a prisión perpetua, estarán presentes en el juicio, al tiempo que continúan alojadas en una unidad penal de la provincia de San Luis.

La causa fue elevada a juicio en junio último, luego de seis meses de investigación. Por requerimiento de los fiscales, Espósito Valenti será juzgada por «homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado».

Mientras que a Páez llegará imputada del delito de » homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado».

El cruel infanticidio de Lucio

Lucio Dupuy falleció el 26 de noviembre último a raíz de una golpiza que sufrió en la vivienda en la que residía junto a su madre y a la pareja de la mujer, quienes quedaron detenidas inmediatamente.

Tras su muerte de Lucio Dupuy se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

Otras pericias también consignaron datos impactantes: «Falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas respecto de que no podía contar a nadie lo que vivía si no sería peor, no mandarlo al jardín por dos motivos: primero para que no vieran las maestras sus lesiones y segundo como forma de endilgarle castigo, ya que disfrutaba de ir al jardín».

Por el asesinato del nene, en noviembre de 2021, están acusadas su madre y la novia. Las pericias indicaron que Lucio fue abusado sexualmente y golpeado hasta la muerte.

Este jueves comenzará el juicio contra Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez. En el debate por el crimen del nene de 5 años abusado sexualmente y asesinado a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa, declararán 105 testigos.

La madre del pequeño y su pareja serán trasladadas desde el penal de San Luis hasta La Pampa para que presencien el inicio del juicio.

El juicio se extenderá hasta el 22 de diciembre y se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de la capital pampeana. Estará a cargo del tribunal integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Mientras que los fiscales que impulsarán la acusación del Ministerio Público serán Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco. Así lo informaron fuentes judiciales a Télam.

El abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, dialogó con TN y expresó: “Llegamos al día del juicio en un tiempo muy importante en cuanto al poco tiempo que se tomó la investigación”.

También señaló que las dos acusadas serán imputadas por el mismo delito: homicidio triplemente calificado por el vínculo (en el caso de la madre) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

El abogado remarcó que desean promover antes de fin de año “la denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario que se verificaron en principio en el ámbito de salud pública” porque “hubo muchas omisiones que pudieron haber evitado este trágico resultado”.

Aguerrido sostuvo que en este caso hay evidencia de que “desde fines de 2020 Lucio empezó a ingresar traumatizado casi de manera recurrente en distintos lugares de la salud pública de Santa Rosa”, pero que pese a ello “no se dispararon alarmas que necesariamente estaban” porque “hacía falta que el sistema operara como debía operar”.

El abogado indicó que al pequeño “lo maltrataban y adoctrinaban para que dijera por qué tenía un golpe” y remarcó que “si se hubiera trabajado con consciencia no estaríamos hablando de estos resultados”.

Son tres los acusados que irán a juicio oral y público. Así lo resolvió la jueza penal, Mirta Del Valle Moreno durante la jornada del 27 de octubre del corriente, en el marco de una audiencia preliminar realizada en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, en la que están imputados José Roberts, por el delito de abuso de armas agravado por haber sido cometido abusando de su función o cargo, por ser miembro de las fuerzas policiales, en concurso ideal con el delito de lesiones leves agravadas por abusar de su función o cargo por ser miembro de las fuerzas policiales en carácter de autor, e Ivana Davies junto a Sonia Figueroa, del delito de encubrimiento por omisión de denunciar, agravado por ser funcionarios públicos pertenecientes a la fuerza policial, en carácter de autores.

Hechos

De acuerdo con la acusación pública expuesta por el Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria Verónica Alabart, el hecho ocurrió en junio de 2020 en el barrio INTA de Trelew, cuando un grupo policías del área infantería de la policía provincial, que participaba de un operativo de saturación, habrían detenido la marcha de un móvil y desde el interior habrían efectuado disparos con munición anti tumulto sobre un vecino, quien al momento del hecho se encontraba cerrando un portón de acceso a su propiedad.

Según el relato de la fiscalía, la víctima junto a su esposa habían salido de su domicilio a un patio anterior ante el ladrido de los perros y cuando el vecino se disponía a cerrar un portón, el furgón que trasladaba a los policías se detuvo frente a la vivienda y del interior apuntaron con un arma y dispararon.

Los proyectiles que habitualmente se utilizan para dispersar tumultos impactaron en el cuerpo de la víctima ocasionando distintas lesiones. De acuerdo al informe de la fiscalía, los disparos se habrían efectuado a una persona que estaba desarmada y sin posibilidades de defenderse, además de hacerse directamente al cuerpo y a una distancia menor a 10 metros.

El abogado Carlos Flores Pericich, del área de violencia institucional de la Defensa Pública, tiene a su cargo la representación de la víctima como querellante en la causa y adhirió a lo expuesto por la fiscalía solicitando se mantenga la prohibición de acercamiento y de contacto hacia la víctima.

Postura de la defensa

A su turno, los defensores particulares de José Roberts, los abogados Matías Cimadevilla y Osvaldo Heiber no se opusieron a la prueba ofrecida por el MPF ni tampoco a la elevación de la causa a juicio.

En el caso de defensor oficial, Javier Allende, quien representa a Ivana Davies y a Sonia Figueroa, hizo lo propio respecto de sus asistidas.

Finalmente, la magistrada declaró admisible la acusación pública presentada por el MPF y la presentada por la querella, autorizó la apertura de juicio por los hechos antes descriptos.

Asimismo dispuso mantener la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio de los imputados respecto de la víctima y su grupo familiar, ordenando al Jefe de Policía que para el caso de las labores diarias que deban efectuar los nombrados y en caso de llevar a cabo operativos en el B° INTA se respete la prohibición de acercamiento ordenada, debiendo abstenerse de asignarlos a esa zona.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.

El abogado José Manuel Ubeira, que representa a Fernández de Kirchner, pidió este martes que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos Luis Caputo «no son una casualidad».

«Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den», señaló Ubeira en declaraciones a El Destape Radio

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada ayer por Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos abogados que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.

Este lunes comenzó el debate en juicio oral y público contra el ex funcionario provincial Pablo Korn y el comerciante Darío D´Amico en la causa relacionada con la compra de materiales por parte del estado provincial durante la emergencia climática del 2017 en Comodoro Rivadavia.

La audiencia se desarrolla desde la mañana de este lunes en la oficina judicial de Rawson, ante los jueces Karina Breckle de dicha localidad, Silvina Vélez de Lago Puelo y Ariel Quiroga de Sarmiento.

La causa está relacionada con la adquisición de materiales para paliar el colapso del sistema eléctrico de Comodoro entre los meses de marzo y abril del año 2017. También se añadió otra causa vinculada con una obra delegada que se realizó en Puerto Pirámides.

Los fiscales investigan el presunto favoritismo de Korn cuando cumplía funciones al frente del área de Servicios Públicos, y si contrató de manera directa bienes y materiales a la empresa de “su amigo y socio en la actividad privada” –tal como lo manifestó el fiscal general Omar Rodriguez en la acusación- en alusión de D’Amico.

Para los fiscales, existen pruebas suficientes de estas maniobras aprovechando la necesidad de urgencia por la situación que se vivía.

No obstante, para la defensa, la Ley de Emergencia por la situación climática que se había producido, avalaba ese mecanismo de compra. Dijeron oportunamente que esa decisión tenía un control por encima, en referencia al entonces ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, responsable de las soluciones que debían darse a los habitantes de esa ciudad.

Está acusado de «negociaciones incompatibles» por la compra de materiales durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del 2017. También hay un comerciante implicado. La causa lleva tres años frenada. Los fiscales sostienen que los defensores buscan hacer que expiren los plazos y lograr el sobreseimiento de ambos.

Retomaron esta semana el juicio contra el ex funcionario provincial Pablo Korn y un comerciante de Trelew, aunque el debate se sigue dilatando después de tres años desde que se inició el proceso.

Korn, ex secretario de Servicios Públicos, y el comerciante Darío D´Amico, están acusados de “negociaciones incompatibles” con la función pública por la compra de materiales durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia en 2017.

Los jueces Karina Breckle, Silvana Vélez y Ariel Quiroga rechazaron los planteos que hizo el abogado defensor para lograr el sobreseimiento de Korn y D´Amico. La causa lleva más de tres años y el debate aún no tiene fecha cierta.

Ambos imputados serán juzgados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” por la compra de materiales eléctricos en calidad de autor y partícipe necesario, respectivamente.

Dilaciones 

El abogado defensor ,Federico Ruffa, cuestionó la participación en el tribunal de la jueza Breckle, planteó la prescripción de la causa y pidió que para D´Amico se le aplique la suspensión del juicio a prueba, pero todos estos planteos fueron rechazados.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez advirtieron que los abogados defensores de los imputados apuntan a hacer expirar el proceso dilatando los plazos

La causa pasó por varias instancias judiciales hasta llegar a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, que rechazó los planteos formulados.

Pedido de probation 

Además de la suspensión de juicio a prueba para D´Amico, Ruffa ofreció la compra de equipamiento eléctrico para dos vecinos de Dolavon.

Los fiscales le respondieron siguiendo una instrucción del procurador general, Jorge Miquelarena, que indica que en los casos de corrupción no es posible de aplicar la figura de “suspensión del juicio a prueba”.

Ahora, la Cámara de Apelaciones de Trelew deberá resolver una serie de planteos para determinar si después de tres años comienza el debate que, por el momento, sigue esperando.