En una jornada marcada por innumerables versiones oficiosas y rumores de pasillo, en medio de gran hermetismo por parte de los protagonistas que eligieron no atender sus teléfonos mientras participaron de extensas reuniones, finalmente la Legislatura no pudo llevar adelante la sesión prevista para este jueves, debido a que no se permitió a nadie el ingreso al edificio legislativo que, luego de los serios incidentes de la madrugada del miércoles, sufrió severos daños y fue totalmente bloqueado en todos sus accesos.
Más allá del intento de un grupo de diputados del PJ y de Cambiemos que -ante el estado deplorable del recinto de sesiones que este miércoles anticipó ADNSUR– pretendían sesionar en el auditorio como lugar alternativo, las autoridades que quisieron ingresar a su lugar de trabajo esta mañana se encontraron con la prohibición por parte del personal policial, que junto a empleados de la casa habían colocado chapas de zinc en todos los accesos. La única puerta habilitada para el ingreso era la más pequeña que da a la parte posterior, que cuenta con una fuerte reja de seguridad, que no pudieron sortear ni siquiera los secretarios de la Cámara.
Mientras los diputados evaluaban afuera del edificio las medidas a tomar, en el interior trabajaron todo el día en las pericias los especialistas del área de Criminalística de la policía y también se dijo –aunque durante la jornada no concurrieron- que iban a convocar a ingenieros y arquitectos de la UNPSJB para que realizaran un relevamiento sobre los daños en la estructura del recinto. Como solución momentánea, la idea de los diputados fue contratar a una empresa privada que limpie el hollín acumulado, especialmente en el auditorio, pero debió ser abortada ante esta prohibición estricta de la policía. El lugar en estos momentos es una especie de “escena del crimen” al punto que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación, para lo cual pidió entre otras cosas, las imágenes de las cámaras de vigilancia.
El aspecto de la Legislatura luego de los desmanes impresiona porque todos los espacios muestran una capa de hollín de varios centímetros, no sólo en la Sala de Sesiones y en el Salón de los Pasos Perdidos, que fueron las zonas más afectadas, sino también en cada una de las oficinas y dependencias de las tres plantas.
Quienes pudieron ingresar al lugar, aseguran que llevará varios días dejar el edificio en condiciones, y agregan que encima se debió apagar el sistema de calefacción central y las calderas, por lo que la indicación de las autoridades del gremio Apel es que no ingrese ningún empleado al lugar hasta que no esté garantizada la seguridad del personal de la casa.
UN PEDIDO DE JUICIO POLITICO QUE NO EXISTE
Más allá del problema del edificio, hay que tener en cuenta que el personal legislativo se encuentra de retención de servicios.Después de los terribles acontecimientos de la noche del martes, diputados del PJ mantuvieron contacto con el gremio y según comentaron a este portal, contaban con el aval del gremio en aportar personal para sesionar si la idea era dar ingreso a un pedido de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni.Esta posibilidad se barajó en reuniones que se realizaron en los domicilios de distintos integrantes del bloque del PJ, en los cuales también participaron referentes de Cambiemos.
Durante el miércoles se estuvieron pidiendo los listados de integrantes de las Salas de Acusar y de Juzgar, para empezar a “porotear” con los posibles votos de los integrantes, y ver si están dadas las condiciones para que avance un proceso de este tipo contra el gobernador, que como se sabe, requiere de una mayoría especial de dos tercios para abrir a un proceso de debate, y un número mayor aún para lograr la suspensión en el cargo.
Más allá de estas elucubraciones, lo extraño es que nadie –o muy pocos en realidad- conocen cuál es el pedido concreto de juicio, que debería estar expresado de acuerdo a las causales de mal desempeño que marca la Constitución. Según dijeron varios diputados a ADNSUR, no conocen el pedido pero“sería de un grupo de ciudadanos y gente de Rawson”, quienes habrían contado con algún asesoramiento legal, y lo habrían acercado a la Presidencia de la Cámara.
Mientras algunos legisladores hablaron con determinados medios de comunicación, creando la expectativa de una inminente suspensión de Arcioni en el cargo, lo concreto es que si hoy hubiera habido sesión, el único trámite que podrían haber realizado los diputados es darle ingreso al pedido de juicio político, para que tome estado parlamentario, y enviarlo así a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que luego deberá evaluar las condiciones de admisibilidad.Cumplido este paso, el pedido es derivado a la Sala de Acusar, la que debe conformar de su seno a una comisión investigadora con 5 diputados, los que tiene a su cargo realizar una instrucción sumaria para elevar un dictamen, es decir, un proceso que lleva bastante tiempo.
LAS ALTERNATIVAS
La pregunta que muchos se hacen es si –más allá del reclamo de una gran cantidad de ciudadanos- tiene sentido iniciar un proceso de este tipo contra un gobernador que el 10 de diciembre está legitimado por las urnas para asumir un nuevo mandato por cuatro años. Y la respuesta, que se está analizando en estas largas reuniones desde ayer, es si está abierta la posibilidad no sólo de destituir a Arcioni, sino de inhabilitarlopara ejercer cargos en el futuro.
Los diputados estuvieron analizando junto a especialistas en Derecho Constitucional, la redacción del artículo 207 de la Constitución Provincial, que según el abogado que lo interprete, deja dudas al expresar que ese tipo de sanción punitiva deberá correr por cuenta de la justicia ordinaria, la que deberá tomar una definición de ese tipo luego de un juicio oral y público. La pregunta es si la carta magna otorga a los legisladores sólo la potestad de hacer un juicio político y destituir a un funcionario,o también la de prohibirle volver a ocupar un cargo en el futuro.
Por otra parte, hay diputados que miran con entusiasmo la Ley de Juicio Político que reglamenta la manera en que debe llevarse adelante el proceso, que al parecer les abriría algún resquicio legal para avanzar en una inhabilitación para ocupar el cargo, lo que abriría una batalla legal en caso de producirse.
De todos modos, en medio de estas reuniones ultra secretas que no dejan a los participantes responder una llamada de la prensa, los integrantes del bloque oficialista aseguran que el gobierno cuenta con la suficiente cantidad de votos propios como para evitar consecuencias de este tipo, y que más allá de la voracidad y el oportunismo de diputados de la oposición, no cuentan con las voluntades necesarias para lograr la mayoría de dos tercios requerida.
LAS DUDAS
Una diputada del PJ que atendió a esta columna admitió cuáles son las dudas de la oposición, que pasan por un lado, en preguntarse si este reclamo es realmente de la mayor parte de la población o sólo de un pequeño microclima que se acerca a Rawson pero no representa a toda la ciudadanía. En ese sentido, reconocía que habían estado consultando los resultados de la convocatoria de firmas que vía correo electrónico había logrado 35 mil voluntades para destituir al gobernador en las últimas horas, aunque admitió que eso no implica que sean personas empadronadas. Esto en referencia al artículo 264 de la Constitución, que alude ala revocatoria de mandatos con el 20 % de las personas empadronadas, algo que en Chubut sería equivalente nada menos que a 90 mil firmas.
Otras de las preguntas que se hacen los diputados de la oposición en estas largas reuniones es si un juicio político traería alguna solución, pensando en el famoso “día después”, como lo graficó la legisladora, en referencia a que quizás una suspensión del mandato pueda acallar un poco el reclamo, pero los fondos para pagar los sueldos seguirían sin aparecer.
En medio de este clima de tensión, un nuevo acampe se montó en las afueras de la Legislatura,de manifestantes estatales que esperan que los diputados hagan algo para revertir el rumbo de las decisiones del gobierno. Ante los ánimos enardecidos de la gente, hay legisladores que admiten tener temor de que vuelva a ocurrir un estallido, y que el público pueda querer ingresar y agredirlos físicamente. Por lo pronto, el edificio no estará en condiciones por varios días, mientras el personal continúa con las medidas de fuerza. Paradójicamente, la bronca de la gente y los atentados contra el edificio, terminaron impidiendo que la Legislatura pudiera avanzar en alguna medida concreta, y dieron un alivio temporal al Ejecutivo, informó ADN SUR.