La reglamentación de góndolas en los supermercados para evitar abusos comerciales tuvo media sanción; además, se avanzó con la ley de alquileres.
En su última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados avanzó este miércoles en dos proyectos de impacto social: el que establece nuevas condiciones para los contratos de alquiler y la llamada » ley de góndolas», que propone alentar la competencia de las marcas de alimentos y productos de limpieza en los supermercados, para evitar abusos de posición dominante por parte de grandes empresas.
Tras un año poco productivo en materia parlamentaria -en Diputados hubo solo seis sesiones en los últimos nueve meses-, los legisladores protagonizaron una sesión maratónica, con más de un centenar de proyectos de ley que habían quedado pendientes. Tenían urgencia, porque los dictámenes sin aprobar antes de fin de mes -cuando termina el período ordinario de sesiones- pierden estado parlamentario.
Los diputados dieron media sanción al proyecto de ley de góndolas, iniciativa que auspicia el presidente electo, Alberto Fernández. Luego de una trabajosa tarea de consenso entre el oficialismo y la oposición, la votación arrojó un apoyo casi unánime: 180 votos fueron positivos, sólo uno fue negativo y otros 18 diputados se abstuvieron.
El texto acordado establece que la exhibición en las góndolas de productos de un mismo proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos similares. La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.
Se deberá garantizar un 25% de la góndola para exhibir productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y sectores de la economía popular. Esta iniciativa solo contempla la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar.
«Estamos dando un paso importante en la búsqueda del equilibrio y la justicia que tanto consumidores como pymes están necesitando», destacó la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo (Frente Renovador).
Una de las autoras del proyecto, la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), advirtió que el problema de los productores y los consumidores es la intermediación. «Yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra -sostuvo-. Los supermercados fijan los precios y les es fácil arreglar con cualquier gobierno. Lo hizo [Guillermo] Moreno», enfatizó.
Desde el kirchnerismo, la diputada Fernanda Vallejos exaltó que «no solo se procura cuidar el bolsillo de las familias», sino también «cuidar a las pymes y productores regionales, agredidos por la política económica de los últimos cuatro años».
Anoche, los diputados se aprestaban a aprobar diversos proyectos destinados a ampliar derechos a las mujeres y combatir la violencia de género. Por ejemplo, el desarme de los efectivos de las fuerzas de seguridad imputados en causas de violencia de género y el cupo femenino del 30% en eventos musicales. También iba a tener media sanción la modificación de la ley de ciencia para incluir la perspectiva de género y generar acciones para alcanzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos científicos.
Agustín Rossi, mencionado como futuro ministro de Defensa, se llevó anoche la media sanción del proyecto que propone crear un Fondo Nacional de la Defensa para financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Ley de Alquileres
Anteriormente se debatió la nueva ley de alquileres, una iniciativa que, en líneas generales, establece condiciones más favorables para los inquilinos, que hoy suman unos ocho millones en todo el país. Se aprobó con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición -191 votos afirmativos y 24 abstenciones-, por lo que todo indica que el Senado la convertiría en ley antes de fin de año.
El proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial, dispone la extensión de la duración mínima del contrato a tres años, la incorporación de un índice oficial (que promedia inflación y salarios) para la actualización de los valores -que será anual-, el registro de los contratos en la AFIP y una ampliación de la oferta de garantías que puede presentar la persona inquilina.
«Esta ley viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir abusos», enfatizó el diputado Daniel Lipovetzky (Cambiemos), presidente de la Comisión de Legislación General. Y el kirchnerista Adrián Grana dijo que la ley dará «previsibilidad» a los inquilinos.
Tal como destaca La Nación, si bien todos los bloques celebraron el acuerdo, algunos legisladores advirtieron sobre la posible retracción en la oferta de viviendas para alquiler que podría generar esta ley. Esto explica la cantidad de abstenciones a la hora de votar.
