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Con el fin de conocer los aspectos más relevantes del ejercicio de la abogacía, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) publica el informe “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”, realizada en el marco del Proyecto “Improving Access to Civil Justice in Latin America”, en conjunto con Global Affairs Canada (GAC).

El informe es resultado de una investigación empírica centrada en el diagnóstico de dos de los aspectos más cruciales en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas: la formación académica universitaria que reciben los y las estudiantes de Derecho y las modalidades de control existentes sobre el ejercicio privado de la profesión.

El documento constituye una primera aproximación de CEJA en la materia y tiene como fin generar un foco de discusión sobre las responsabilidades de los colectivos profesionales, universidades y los Estados en la determinación de cuáles son los estándares que deben demandarse de quienes ejercen la abogacía, y qué tipo de profesionales requiere la sociedad para la concreción de sus legítimas aspiraciones.

El prólogo del informe está a cargo de Alberto Binder, quien elabora una propuesta de investigación empírica en la materia y establece las áreas más críticas a considerar en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

“Fuera de los tópicos comunes, tales como el impacto de la tecnología —o ahora de la pandemia— la hipótesis es que no tenemos una práctica de proyección de las necesidades jurídicas de la sociedad y, por ende, poco podemos saber sobre el tipo de abogado que necesitará esa sociedad”, señala Binder.

Al respecto, Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos de CEJA, señala que el rol de abogados y abogadas no sólo debe contribuir al mantenimiento de la paz social, promoviendo el uso de los mecanismos adecuados para la solución de los conflictos, sino también a un ejercicio ético y responsable de las acciones judiciales al interior del sistema de justicia.

“Esa idea tan extendida de que los intereses de los abogados y abogadas se contraponen a los anhelos de la sociedad, es sumamente dañina y problemática. El ejercicio de la abogacía se fundamenta en la necesidad de limitar los excesos del poder y en la protección de los grupos sociales desfavorecidos a través del cumplimiento efectivo de la ley”, adelanta Fandiño.

Contenidos del estudio realizado por CEJA

El documento, aborda entre otras importantes temáticas, el ingreso de la mujer a la carrera jurídica universitaria, como una de las más trascendentales transformaciones que experimenta la educación universitaria y jurídica, así como el ejercicio de la abogacía en la región, a lo largo del siglo XX.

También, se analiza cómo se ha incorporado la problemática de género en la formación jurídica. La investigación de CEJA (2020) respecto de una muestra acotada de universidades en Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México, da cuenta de la escasa presencia de iniciativas orientadas a la incorporación de la temática de género en la formación jurídica, así como una mínima presencia en las mallas curriculares de cursos referidos a diversos grupos vulnerabilizados.

Control profesional

Respecto al control de la profesión, CEJA (2020) ha identificado tres escenarios en relación con el ejercicio de la abogacía. En Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, se ha optado por delegar la regulación de la profesión a los colegios profesionales, que cuenta con texto legal en virtud del cual se justifica la obligatoriedad de la colegiación.

En Bolivia, en tanto, se ha optado por no delegar tal control, regulando aspectos importantes del ejercicio por medio de ley y una entidad gubernamental creada al efecto, dependiente del Ministerio de Justicia. Situación similar ocurre en Chile, con la importante diferencia que en este país no se ha dictado ninguna regulación normativa relativa a la abogacía, perpetuándose la aplicación de códigos y procedimientos disciplinarios transitorios. Por su parte, México no cuenta con regulación.

Fuente: CEJA

El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia, con la publicación de ambas normas en el Boletín Oficial.

Los decretos de promulgación fueron publicados luego del acto que encabezó el jueves el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, donde firmó las normas, a 14 días de su sanción en el Senado.

El decreto 14/2021 promulga «parcialmente» la Ley N° 27.610 de IVE, con la firma del Presidente y de la totalidad de los ministros que integran el Gabinete nacional.

El texto «observa» en su primer artículo «la palabra ´integral´ a continuación de la palabra “salud” en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610».

La aclaración fue realizada debido a que la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ´salud´ figuraba en dos artículos (4 y 16) de la ley sancionada por el Congreso y su eliminación fue acordada por los legisladores en su tratamiento en la Cámara alta para garantizar la sanción de la ley.

El cambio, introducido a través de un veto parcial, evitó que el Senado tuviera que modificar esos artículos, lo que hubiera obligado a tratarla nuevamente en Diputados.

La norma establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

En tanto, el decreto 15/2021 promulga la Ley 27.611 de los Mil Días, con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Mario González García; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sus colegas de Desarrollo Social, Daniel Fernando Arroyo; y de Trabajo, Claudio Moroni.

«Para mí es un día de alegría porque cumplí mi palabra. Es importante que cumplamos con la palabra empeñada», en referencia a su promesa de campaña respecto de la legalización de la IVE», dijo el jueves el primer mandatario en el acto en el Museo del Bicentenario..

Lo acompañaron la ministra Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, impulsoras de la iniciativa, entre otros funcionarios y referentes políticos y sociales.

El Partido Justicialista del Chubut exige que el Proyecto de Ley denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero sustentable de la Provincia de Chubut” tenga otro tipo de debate y por ello solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial su retiro de la Legislatura para comenzar una discusión seria, responsable, científica, que ofrezca las garantías ambientales, sociales y económicas que hoy no existen.

Un proyecto de esta características debe incluir a todos los actores involucrados, es decir, a las propias asambleas ambientalistas, las organizaciones de la vida civil, el sector científico y académico, el Estado en sus distintos niveles y agencias, municipal, provincial y nacional, así como a otras instancias de participación ciudadana.

En el contexto de asimetrías de poder económico y mediático entre las empresas mineras y los actores de la sociedad civil, es el Estado quien debe oficiar como árbitro de las desigualdades y ser garante del desarrollo integral de la población.

Lo que la ciudadanía reclama en su justo derecho es un debate profundo y entre múltiples actores sobre qué modelos de desarrollo son socialmente deseables, y de qué manera se usarán los recursos. Ese debate no puede limitarse a tres horas por zoom con la participación de 27 diputados que analizan la postura unilateral del Gobierno Provincial.

No negamos ninguna posibilidad de desarrollo de la Provincia, pero consideramos que la falta de credibilidad del Gobierno Provincial y los efectos de la pandemia, exigen otros tiempos y otra metodología.

Estamos convencidos de que este tipo de leyes no pueden tener un “tratamiento exprés” sobre todo planteando una proyección de la matriz productiva de la provincia no menor a 30 años y manifestamos nuestra coincidencia general con lo planteado por la Diócesis de Comodoro Rivadavia, el Centro Nacional Patagónico, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, el Instituto de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco, quienes consideran que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta Ley.

Carlos Linares – Presidente Partido Justicialista
Adriana Casanovas – Vicepresidenta Partido Justicialista
Florencia Papaiani – Vicepresidenta Partido Justicialista
Nancy González – Vicepresidenta Partido Justicialista
Ana Amato – Vicepresidenta Partido Justicialista
Dante Bowen – Secretario Partido Justicialista
Érica Pineda – Secretaria Partido Justicialista

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La Cámara de Senadores debatirá este lunes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece que deben contar con aval parlamentario las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El tratamiento de la iniciativa estaba inicialmente previsto para el pasado jueves 26 pero se pospuso por el fallecimiento de Diego Maradona y la realización de su velatorio y de distintos homenajes en todo el país.

La propuesta determina en su artículo primero que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio».

Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente», agrega.

En su segundo artículo dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».

Además, el bloque de legisladores del oficialista Frente de Todos incluyó un artículo al texto remitido al Congreso (el tercero), según el cual las divisas que ingresen al país como parte de un acuerdo de crédito no pueden ser utilizadas para gastos corrientes.

La modificación establece que «la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción de ley extranjera, así como los programas acordados con el Fondo, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes».

Este agregado cuestiona de modo indirecto el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri cerró con el FMI.

Según denunció el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, una parte del crédito del Fondo «sirvió para facilitar la fuga de capitales».

Se prevé que el proyecto tendrá el aval del oficialismo pero también de la oposición, en principio, aunque algunos legisladores cuestionaron que la iniciativa signifique un «corsé» para un gobierno que, por ejemplo, no tenga mayoría parlamentaria.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Carlos Caserio, confirmó a Télam que el avance de la propuesta «está encaminado» y ratificó la inclusión del artículo tres.

La iniciativa se presenta en momentos en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en plenas negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones, más unos US$ 5.000 millones de intereses, que contrajo el macrismo.

A tono con este proyecto enviado al Congreso para la sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera, el Gobierno anticipó días atrás que remitirá a consideración del Poder Legislativo el acuerdo de renegociación que se alcance con el FMI.

Fuente: TELAM

El Gobierno nacional promulgó hoy con sendos decretos las leyes que disponen crear una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de la coronavirus, y la de recetas electrónicas o digitales para la prescripción de medicamentos.

Por medio del Decreto 663/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.554, que tiene por objeto «promover la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 para el tratamiento de los pacientes que lo requieran».

La norma, sancionada por el Congreso el 23 de julio último, declara de interés nacional la donación de plasma e impulsa la creación de una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país.

Además, establece una licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen, y procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados y aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

También se crea un Registro Nacional de Pacientes Recuperados de Covid-19 donantes de plasma.

Recetas electrónicas 

En tanto, por medio del Decreto 664/2020, también publicado hoy en el Boletín Oficial, el jefe del Estado promulgó la Ley 27.553, que establece que la prescripción y dispensación de medicamentos puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el país.

La ley, sancionada por el Congreso también el 23 de julio pasado, regula la prescripción de medicamentos y estudios médicos a través de recetas electrónicas y sistemas de atención mediante plataformas digitales, permite la prescripción de medicamentos y órdenes de estudio de recetas electrónicas, que pueden ser redactadas y firmadas a través de plataformas de teleasistencias.

También, fija que «los medicamentos prescriptos en receta en formato electrónico o digital deberán ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de salud y establecimientos del sector salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes».

El referente de la Regional Sur de ATECh, Carlos Magno, criticó duramente a las fuerzas de seguridad durante la visita de la ministro Sabina Frederic. “Repudiamos la actuación de las fuerzas en Comodoro, cada vez que sale una manifestación de trabajadores hay algún control policial” enfatizó.

Esta mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, inauguró las nuevas oficinas de Prefectura en nuestra ciudad. Luego se dirigió a la sede de la Policía Federal donde la esperaban representantes del gremio docente quienes le entregaron una nota para el ministro de Educación Nicolás Trotta.

Carlos Magno, referente de ATECh, en diálogo con Radiocracia 88.3 MHz, fue consultado sobre el contenido del petitorio a Frederic. “Como en cada ocasión que se acerca cualquier funcionario a Comodoro tratamos de hacerle saber lo que necesitamos y está pasando en la ciudad para poder resolver distintas situaciones”, relató.

El docente comentó que en el breve diálogo que mantuvieron con la ministra les aseguró que va a trasladar el pedido al ministro de Educación. Según indicó aprovecharon la oportunidad para expresarle el repudio a la actuación de las fuerzas de seguridad en Comodoro: “cada vez que sale una manifestación de trabajadores hay algún operativo policial”. Magno aseguró que la titular de la cartera de Seguridad Nacional señaló que tendrá en cuenta las actuaciones para tratarlas en las reuniones del Consejo de Seguridad.

El gremialista aseguró que “en Chubut quien viola las leyes y estatutos es el gobierno de la provincia y nosotros reclamamos que se restituya el marco legal y las garantías hacia los trabajadores” haciendo referencia a la difícil situación de los trabajadores de la educación quienes cobran sus salarios con un notable atraso y aún desconocen cómo y cuándo se depositarán los aguinaldos.

La Cámara de Senadores se apresta a estudiar la semana próxima los proyectos de ley de Teletrabajo y de donación voluntaria de plasma, además de la nueva ley de Economía del Conocimiento, luego de que esos instrumentos fueron aprobados por amplia mayoría el jueves por Diputados.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo que la fecha de tratamiento de los tres expedientes que el viernes a la tarde ingresaron al Senado se está «hablando entre oficialismo y oposición».

«El tratamiento en comisiones debería comenzar esta semana», adelantó la senadora mendocina en diálogo con Télam, y tras señalar que se siguen «constituyendo comisiones», apuntó que «en la emergencia por coronavirus, la Argentina necesita que los tres poderes del Estado estén dando respuesta».

De ese modo, si esta semana reciben dictamen de comisión, las tres iniciativas que obtuvieron amplio respaldo de la Cámara de Diputados en la madrugada de este viernes podrían ser debatidas en la segunda semana de julio.

El proyecto que impulsa la creación de una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país es el que más está vinculado con el intento de paliar la grave situación que se vive por la pandemia de coronavirus, especialmente, en la zona del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El expediente establece una licencia especial para donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen.

En el mismo sentido, se los reconoce como «Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina».

El proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

Regulación del Teletrabajo

En tanto la Cámara del Senado, revisará la iniciativa sobre regulación del teletrabajo la cual establece los derechos que tendrán los trabajadores y las obligaciones de los empresarios en esta modalidad de empleo que se incorporará a cada convenio colectivo de trabajo.

Entre otros puntos, el expediente establece presupuestos mínimos para el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión, a tener una jornada determinada, y el carácter voluntario de esta modalidad de empleo a distancia.

Se considera al teletrabajo cuando la tarea se realiza en forma parcial o total en el domicilio, o en lugares distintos al establecimiento de la empresa.

Además, los teletrabajadores tendrán los mismos derechos -salarios, licencias y vacaciones- que aquellos que lo hacen en forma presencial.

Asimismo, la ley comenzará a aplicarse tres meses después de que finalice el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno para mitigar el avance del coronavirus.

Otros puntos del proyecto de ley son los siguientes: la jornada laboral por la modalidad del teletrabajo debe pactarse por escrito; los trabajadores tendrán la misma jornada como si fuera presencial y se garantiza su derecho a la desconexión; los empleados que acrediten tener a su cargo menores y adultos mayores tiene derecho a adecuar esa jornada; y se establece que es voluntario el traslado del trabajo presencial a la modalidad a distancia, salvo en ocasiones de fuerza mayor.

Economía del Conocimiento

Asimismo la Cámara del Senado, revisará el proyecto de Ley sobre Economía del Conocimiento es una reforma a la iniciativa impulsada durante el último año del gobierno de Mauricio Macri y cuya aplicación fue suspendida por la administración de Alberto Fernández.

El proyecto busca impulsar el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos que tengan el uso intensivo de tecnología, con la aplicación de beneficios impositivos.

La iniciativa establece beneficios de reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias y la baja sobre el pago de contribuciones patronales y mejora las condiciones de acceso para las pymes.

Entre los principales cambios, respecto a la ley anterior, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas.

Los requisitos para acceder a éste régimen es acreditar la realización de mejoras en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios y haber capacitado a sus empleados.

El Senado sancionó hoy por unanimidad las primeras tres leyes a distancia de la historia parlamentaria del país, con beneficios tributarios y de protección para los trabajadores esenciales que cumplen tareas en el combate del coronavirus, en la segunda sesión virtual desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

De los tres proyectos sancionados, la norma que exime de pagar ganancias al personal de la salud y de seguridad que efectúe guardias u horas extras mientras dure la pandemia fue la única que generó reparos de la oposición por considerar que la medida «se quedaba a medio camino».

Un total de 71 senadores votaron en forma electrónica a favor de la exención de ganancias y de la creación de un programa que dispone un protocolo de protección para el personal de salud y un convenio con la Cruz Roja que regulariza la situación jurídica de ese organismo en el país.

La sesión de carácter remoto transcurrió esta vez sin ningún tipo de inconveniente técnico y se extendió durante cinco horas y media conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se alternó en el debate con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma.

Los mayores contrapuntos durante el debate virtual se suscitaron entre senadores del oficialismo y de la oposición en torno a las responsabilidades sobre la situación económica en que el gobierno del Frente de Todos recibió al país en diciembre de 2015.

En el inicio de la sesión, la vicepresidenta aludió al altercado que mantuvieron durante la semana el senador del FdT Carlos Caserio y su par radical Martín Lousteau e ironizó con el episodio al señalar que si bien pensó que podía «volar un micrófono» la situación sirvió para demostrar que la virtualidad no ponía en riesgo la calidad de los debates.

Más tarde, los senadores del FdT, Oscar Parrilli y José Mayans, enumeraron medidas del macrismo a las que juzgaron como «perjudiciales» para el país.

Mayans, jefe de los senadores del oficialismo, valoró sin embargo «el apoyo unánime» a las tres leyes sancionadas, dijo que «esto no terminaba acá» y que había que seguir trabajando en más medidas para mitigar la pandemia, pero se expresó en duros términos ante las críticas de la oposición al proyecto sobre ganancias.

«Acá hay algunos que dicen ‘no miremos el pasado, miremos el futuro’ cuando hubo un gobierno que entregó al país, hizo un desastre y ahora se están preguntando por qué no le damos más a los trabajadores», disparó el senador formoseño y advirtió que había que revisar «la deuda impagable» que dejó el gobierno anterior.

La oposición votó a favor de las normas pero calificó a la ley sobre ganancias como «discriminatoria» porque el beneficio no abarcaba a la totalidad de los trabajadores esenciales y, si bien apoyó el proyecto sobre la Cruz Roja, se abstuvo en algunos artículos referidos a contrataciones directas y convenios de cooperación.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, ratificó el apoyo en general a las medidas pero dijo que eran insuficientes y advirtió que no estaba en desacuerdo con «mirar el pasado» pero consideró que sólo serviría si esto se hacía con una mirada también de futuro».

Parrilli también sumó cuestionamientos a la oposición y durante su exposición enumeró las medidas judiciales que se tomaron en contra de referentes del kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

La vicepresidenta tuvo que interrumpirlo para decirle que se la había acabado el tiempo y que necesitaría «una sesión complementaria» para detallar las causas que, según consideran, forman parte de «la persecución judicial» de la que fueron víctimas.

El ministro de Economía, Oscar Antonena, hoy volverá a reunirse con los diputados en la Legislatura para seguir trabajando sobre el paquete de leyes que el Ejecutivo provincial quiere sancionar esta semana en sesión extraordinaria. Anoche se barajaba la posibilidad de que el congelamiento salarial por 180 días salga por decreto del Gobernador.

La reunión tendría lugar después de las 16 horas para que puedan estar presentes los diputados cordilleranos y de Comodoro Rivadavia, que regresarán hoy a Rawson después de pasar el fin de semana en sus respectivas localidades.

El gobernador Mariano Arcioni ya formalizó la convocatoria a la sesión para el miércoles a las 8 horas, y retiró una serie de proyectos que no tuvieron consenso en el interior del oficialismo ni en la oposición. También la suerte de la sesión dependerá en gran medida de la posición que tome el gremio Apel, que decretó una medida de fuerza en reclamo del cobro de sueldos.

El Ejecutivo por ahora desistió de tratar el congelamiento de sueldos a estatales, la nueva ley de pesca y las licitaciones de los cinco permisos de pesca solidarios. El primero generó controversias dentro del oficialismo, en especial con los diputados madernistas, que se posicionaron en contra de los congelamientos al igual que los gremios.

El paquete de leyes

Los proyectos de ley más relevantes que serán tratados este miércoles, son el régimen especial de regulaciones tributarias para contribuyentes que deben impuestos; el Régimen de Abstención del Débito Laboral, que estiman que abarcará a unos 4.500 estatales; el sistema de Retiro Voluntario para empleados públicos, que preocupa a sectores de jubilados; el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes; modificaciones al Código Fiscal y la Ley de Obligaciones Tributarias; y el Presupuesto del Poder Judicial.

Dentro de las leyes, el impuesto a la herencia es el que genera mayores dudas dentro del oficialismo y la oposición.

Los diputados se reunirán mañana con representantes del Colegio de Escribanos y los abogados de Puerto Madryn, que rechazan la medida. Después se juntarán con Antonena para tratar de acercar posiciones.

Rechazos y modificaciones

En principio, la intención del Gobierno de Arcioni era sancionar el paquete original con las 12 leyes el jueves pasado, pero una medida de fuerza del gremio Apel paralizó el funcionamiento de la Legislatura, y tampoco estaban los votos.

Los empleados legislativos decidieron en asamblea que no van a retomar sus actividades hasta que el Gobierno pague los sueldos de diciembre. En estos últimos días, hubo acercamientos entre el Gobierno y la dirigencia gremial en los que queda abierta la posibilidad de hacer la sesión este miércoles temprano.

La semana pasada, el ministro de gobierno, José María Grazzini, y el mismo Antonena, iniciaron la ronda de reuniones con la oposición para defender el paquete de medidas con el que buscan compensar los desequilibrios fiscales.

En aquel encuentro, el bloque del Frente Patriótico le pidió a los ministros de Arcioni que saquen la ley que congela los sueldos a estatales, porque entendían que el Gobernador podía aplicarla por decreto, si es que esa es su decisión.

La medida, que había generado resistencias en los gremios y sectores del madernismo, por ahora quedó en suspenso, indicó El Comodorense.

La ciudad de Rawson va a adherir, la próxima semana, a las leyes nacional y provincial referidas al Síndrome de Asperger, y de esa manera el próximo 18 de febrero la capital provincial se sumará al concierto de localidades que en dicha fecha realizarán acciones para visibilizar esta situación que alcanza a una parte de la sociedad.

Así se lo adelantó el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley, en la mañana de ayer a la edil Iris Otero (Arriba Rawson) que impulsó un proyecto de ordenanza en tal sentido.

El encuentro entre ambos ediles se produjo en oportunidad que los integrantes de la Liga Asperger Chubut, Tomás Martínez de Puerto Madryn y los trelewenses Gabriel Heredia y Enzo Cayunao, además de Sandra Heredia, referente de dicha ONG visitaron el cuerpo legislativo municipal.

La comitiva recorrió la sede del cuerpo legislativo municipal, visitando la oficina del bloque Arriba Rawson, siendo recibidos por los ediles Anahí Olivera, Sandro Fullone y Federico Figueroa. Lo mismo ocurrió luego con el edil Germán Gusella del Frente de Todos. Y también fueron recibidos por empleados administrativos y operativos del Concejo Deliberante, que escucharon las explicaciones sobre el Síndrome de Asperger, cómo convivir con el mismo y la necesidad de no excluir a quienes poseen esa condición de vida.

Todos los visitados aceptaron fotografiarse con los jóvenes exhibiendo el logo que representa a nivel internacional a la organización que nuclea a quienes conviven con dicho Síndrome.

Los jóvenes expresaron su agradecimiento por la cálida recepción de la que fueron objeto y detallaron algunas de las actividades que están organizando para el próximo 18 de febrero.

Fueron unánimes las expresiones de acompañamiento por parte de ediles y empleados como así las manifestaciones de aliento para que sigan haciendo visible esta situación. Y así garantizar la mayor inclusión posible en la sociedad, que muchas veces no alcanza a comprender el porqué del comportamiento de quien posee el síndrome, como asimismo no percibe los padecimientos a los que muchas veces quedan expuestos, por esa misma condición.