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Luego de que el Concejo Deliberante aprobara el rechazo al contenido del DNU que modifica cientos de leyes y que fuera presentado por el Presidente Javier Milei al Congreso Nacional, el Intendente Sastre brindó su opinión al respecto.

«El DNU contiene modificaciones de leyes que tendrán impacto en todos lados, incluido Madryn. ¿O de dónde piensan que son las familias que quedarán en la calle si se frena por completo la obra pública?”, cuestionó. “Nuestra ciudad tenía obras en ejecución, otras ya licitadas y adjudicadas, y otras en procesos de licitación. Son cientos de puestos de trabajo de vecinos que viven en Madryn, entonces yo como intendente no puedo quedarme de brazos cruzados. Después lo que haga cada concejal, corre por cuenta de ese concejal o de ese bloque, no me corresponde a mi opinar sobre la postura de otros. Pero sí, blanquear cuál es nuestra postura. Queremos que le vaya bien a Nación, queremos lo mismo para la Provincia, y Madryn aportará de donde le toque, sin colores partidarios. Pero si hay vecinos de la ciudad que se verán perjudicados por estas medidas, yo no puedo desconocer la causa”.

En sintonía con lo pronunciado semanas atrás, Sastre señaló que “no nos parece correcto que las cosas sean de esta forma, ahora será tarea de los Diputados y Senadores Nacionales, son ellos quienes deben darle tratamiento con muchísima responsabilidad”.

Este lunes por la mañana, Javier Milei encabezó su primera reunión con ministros, en la que también estuvieron presentes Victoria Villarruel -vicepresidenta y presidenta del Senado- y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La presencia de los presidentes de ambas cámaras significa que parte de la reunión que comenzó a las 9 de la mañana, luego de la conferencia de prensa que brindó el vocero presidencial, Manuel Adorni, no sólo estuvo enfocada en coordinar el trabajo interno de los ministros sino que también se enfocó en la actividad legislativa.

El reducido gabinete analizó esta mañana junto a Menem y Villarruel las primeras medidas que va a mandar Javier Milei al Congreso de la Nación y evaluaron cómo conviene llevarlas adelante, dada la desigualdad de votos que tiene La Libertad Avanza en ambas cámaras.

El bloque oficialista cuenta con 38 diputados nacionales y con apenas 7 senadores, por lo que está obligado a negociar continuamente con todos los bloques, específicamente con los más cercanos y no con el Frente de Todos, que es mayoría en el Congreso.

Varias de las medidas económicas que implementará la nueva gestión pueden adoptarse por resolución del Banco Central, aunque hay que tener en cuenta que todavía no está nombrado el directorio. Milei deberá nombrar a los miembros en comisión.

Las mismas medidas también pueden llevarse adelante a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque no todas, dado que algunas deben pasar inexorablemente por el Congreso de la Nación.

Luego de la reunión de Gabinete que se desarrolla en Casa Rosada, Javier Milei y la canciller Diana Mondino mantendrán un encuentro bilateral con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo de ese país, Wu Weihua, enviado especial del presidente Xi Jinping a la asunción del nuevo mandatario argentino.

Las medidas que prepara Javier Milei para su primer día como presidente
“No hay plata” y “no hay alternativa al ajuste” son dos de las primeras definiciones que dio Javier Milei como presidente y que marcarán la respuesta a varias de sus primeras medidas. El jefe de Estado y su equipo ya prepara una serie de iniciativas que serán anunciadas antes de la apertura de los mercados.

De acuerdo a lo que trascendió, el Gobierno tiene planificado una batería de medidas para dar inicio a su plan de “shock” para ordenar la macroeconomía, que incluye un fuerte ajuste para reducir el déficit fiscal, un freno a la emisión monetaria y modificaciones sobre el esquema cambiarios.

Quita de subsidios a las tarifas, gradual pero rápido: entre enero y abril;

Prohibición al BCRA para emitir y financiar al Tesoro;

Freno a la obra pública;

Congelar beneficios presupuestarios para las empresas privadas;

Suba del impuesto PAIS para importaciones;

Suspensión de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias;

Devaluación del tipo de cambio oficial;

Liberación de precios.

Quiénes están presentes en la reunión de Gabinete de Javier Milei

Nicolás Posse, jefe de Gabinete.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.

Mario Russo, ministro de Salud.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura.

Luis Petri, ministro de Defensa.

Mientras diferentes partidos de Chubut avanzan para eliminar las PASO en la Provincia, la exministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, salió a repudiar al igual que el expresidente Mauricio Macri el intento de borrar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

La decisión política de eliminar las PASO en Chubut ya es casi una realidad. Tanto el Gobierno de Mariano Arcioni como el Frente de Todos, la Unión Cívica Radical y otros partidos, consensuaron eliminar las PASO y que los candidatos se diriman en el seno interno de los partidos con la votación de los afiliados.

Frente a esto, hubo dirigentes nacionales de fuste que salieron a repudiar esta decisión, principalmente los líderes del PRO como el expresidente de la Nación, Mauricio Macri y la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“Ahora, en Chubut, buscan cambiar las leyes electorales y derogar las PASO para mantener el poder. ¡No lo van a lograr! Estoy con la fuerza del cambio, junto a @NachoTorresCH y @AnaClaraRomer. ¡Cuentan con mi apoyo en esta lucha!”, posteó en su cuenta de Twitter, Bullrich, quien es de las funcionarias del PRO que más visitó la provincia en los últimos años.

La Federación de Colegios de Abogados del País emitió un comunicado en el que repudian las leyes sancionadas en la Legislatura que restringen el acceso a los amparos y limitan las medidas cautelares, además de la introducción del “per saltum”.

La Federación de Colegios de Abogados del País emitió un comunicado en el que repudió las leyes sancionadas por Legislatura y que “violentan el Derecho de acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva”.

Se trata de las leyes V Nº 180, XIII Nº 26 y XIII Nº 27 que introducen a la Provincia el “per saltum”, limitan las medidas cautelares y restringen los amparos.

Además, en el comunicado exhortan a los diputados a “otorgar activa participación a los Colegios Públicos de Abogados de Chubut previo al dictado de leyes de la índoles de las cuestionadas”, ya que ellas “fueron dictadas sin previa participación” de los Colegios.

Estas leyes “restringen los derechos de los ciudadanos” y ponen en juego “el Sistema Republicano, el Estado de Derecho e indudablemente la Paz Social”.

La Asociación de Magistrados denunció irregularidades en los cambios en la ley de amparos y per saltum «para consagrar la megaminería en Chubut» Piden que se retrotraigan

La Asociación de magistrados y funcionarios judiciales de Chubut emitió un duro comunicado repudiando los hechos de violencia que se produjeron en el marco de las protestas sociales en contra de la sanción de la ley de Zonificación Minera y responsabiliza las máximas autoridades de la provincia «son las principales responsables, con sus actos y decisiones, de prevenir la violencia y de resguardar la paz social».

Más adelante señala que «La expresión pacífica de la mayoría del pueblo chubutense ante el proceder ilegitimo de las autoridades políticas de la Provincia del Chubut no debe quedar opacada por la acción violenta e injustificada de un sector muy minoritario de la ciudadanía.»

También se refiere especialmente al rol del Poder Judicial en este tema y a las última leyes aprobadas en relación con el «Per Saltum» y la ley de amparo . «Esta Asociación ha venido denunciando irregularidades e ilegalidades cometidas por parte del poder político con relación a la citada normativa. Se advirtió sobre la sorpresiva e injustificada sanción de la ley que estableció el «Per Saltum», se criticó la reforma a la ley de amparo, y la modificación al procedimiento para el dictado de medidas cautelares contra el Estado. También se cuestionó la cobertura de cuatro cargos (mayoría) en el Superior Tribunal que se anunció públicamente como un acuerdo político que luego fue convalidado por unanimidad.»

Luego destacan «Hoy, a la luz de lo acontecido el miércoles en la Legislatura, en una sesión apurada y al filo del reglamento, confirmamos que todas esas decisiones estaban dirigidas a consagrar la megaminería en la Provincia.»

Con pesar, advertimos que también se pretende asegurar que la megaminería sea convalidada por el Poder Judicial en caso de que se plantearan objeciones constitucionales Ello tal vez explique por qué las instalaciones de la provincia fueron atacadas en la protesta, por primera vez en su historia, por decisiones adoptadas por otros Poderes del Estado.

Luego destacan que «se han quemado cientos de expedientes de justiciables que acudieron a los tribunales en busca de una reparación a sus derechos afectados. Se ha destruido el edificio de la Fiscalía de Rawson en donde tramitan numerosas causas de corrupción, así como las dependencias del fuero contencioso administrativo del Superior de Justicia, en el que se gestionan las causas contra la Provincia.»

Por ello la AMFJCH solicita enfáticamente a las autoridades políticas de la provincia que se retrotraiga la actual situación institucional a la existente con anterioridad a la sanción de las mencionadas leyes, como inexcusable aporte a la restauración de la paz social en la Provincia, quebrantada a partir de tan irregulares procederes.

Con el fin de conocer los aspectos más relevantes del ejercicio de la abogacía, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) publica el informe “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”, realizada en el marco del Proyecto “Improving Access to Civil Justice in Latin America”, en conjunto con Global Affairs Canada (GAC).

El informe es resultado de una investigación empírica centrada en el diagnóstico de dos de los aspectos más cruciales en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas: la formación académica universitaria que reciben los y las estudiantes de Derecho y las modalidades de control existentes sobre el ejercicio privado de la profesión.

El documento constituye una primera aproximación de CEJA en la materia y tiene como fin generar un foco de discusión sobre las responsabilidades de los colectivos profesionales, universidades y los Estados en la determinación de cuáles son los estándares que deben demandarse de quienes ejercen la abogacía, y qué tipo de profesionales requiere la sociedad para la concreción de sus legítimas aspiraciones.

El prólogo del informe está a cargo de Alberto Binder, quien elabora una propuesta de investigación empírica en la materia y establece las áreas más críticas a considerar en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

“Fuera de los tópicos comunes, tales como el impacto de la tecnología —o ahora de la pandemia— la hipótesis es que no tenemos una práctica de proyección de las necesidades jurídicas de la sociedad y, por ende, poco podemos saber sobre el tipo de abogado que necesitará esa sociedad”, señala Binder.

Al respecto, Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos de CEJA, señala que el rol de abogados y abogadas no sólo debe contribuir al mantenimiento de la paz social, promoviendo el uso de los mecanismos adecuados para la solución de los conflictos, sino también a un ejercicio ético y responsable de las acciones judiciales al interior del sistema de justicia.

“Esa idea tan extendida de que los intereses de los abogados y abogadas se contraponen a los anhelos de la sociedad, es sumamente dañina y problemática. El ejercicio de la abogacía se fundamenta en la necesidad de limitar los excesos del poder y en la protección de los grupos sociales desfavorecidos a través del cumplimiento efectivo de la ley”, adelanta Fandiño.

Contenidos del estudio realizado por CEJA

El documento, aborda entre otras importantes temáticas, el ingreso de la mujer a la carrera jurídica universitaria, como una de las más trascendentales transformaciones que experimenta la educación universitaria y jurídica, así como el ejercicio de la abogacía en la región, a lo largo del siglo XX.

También, se analiza cómo se ha incorporado la problemática de género en la formación jurídica. La investigación de CEJA (2020) respecto de una muestra acotada de universidades en Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México, da cuenta de la escasa presencia de iniciativas orientadas a la incorporación de la temática de género en la formación jurídica, así como una mínima presencia en las mallas curriculares de cursos referidos a diversos grupos vulnerabilizados.

Control profesional

Respecto al control de la profesión, CEJA (2020) ha identificado tres escenarios en relación con el ejercicio de la abogacía. En Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, se ha optado por delegar la regulación de la profesión a los colegios profesionales, que cuenta con texto legal en virtud del cual se justifica la obligatoriedad de la colegiación.

En Bolivia, en tanto, se ha optado por no delegar tal control, regulando aspectos importantes del ejercicio por medio de ley y una entidad gubernamental creada al efecto, dependiente del Ministerio de Justicia. Situación similar ocurre en Chile, con la importante diferencia que en este país no se ha dictado ninguna regulación normativa relativa a la abogacía, perpetuándose la aplicación de códigos y procedimientos disciplinarios transitorios. Por su parte, México no cuenta con regulación.

Fuente: CEJA

El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia, con la publicación de ambas normas en el Boletín Oficial.

Los decretos de promulgación fueron publicados luego del acto que encabezó el jueves el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, donde firmó las normas, a 14 días de su sanción en el Senado.

El decreto 14/2021 promulga «parcialmente» la Ley N° 27.610 de IVE, con la firma del Presidente y de la totalidad de los ministros que integran el Gabinete nacional.

El texto «observa» en su primer artículo «la palabra ´integral´ a continuación de la palabra “salud” en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610».

La aclaración fue realizada debido a que la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ´salud´ figuraba en dos artículos (4 y 16) de la ley sancionada por el Congreso y su eliminación fue acordada por los legisladores en su tratamiento en la Cámara alta para garantizar la sanción de la ley.

El cambio, introducido a través de un veto parcial, evitó que el Senado tuviera que modificar esos artículos, lo que hubiera obligado a tratarla nuevamente en Diputados.

La norma establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

En tanto, el decreto 15/2021 promulga la Ley 27.611 de los Mil Días, con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Mario González García; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sus colegas de Desarrollo Social, Daniel Fernando Arroyo; y de Trabajo, Claudio Moroni.

«Para mí es un día de alegría porque cumplí mi palabra. Es importante que cumplamos con la palabra empeñada», en referencia a su promesa de campaña respecto de la legalización de la IVE», dijo el jueves el primer mandatario en el acto en el Museo del Bicentenario..

Lo acompañaron la ministra Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, impulsoras de la iniciativa, entre otros funcionarios y referentes políticos y sociales.

El Partido Justicialista del Chubut exige que el Proyecto de Ley denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero sustentable de la Provincia de Chubut” tenga otro tipo de debate y por ello solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial su retiro de la Legislatura para comenzar una discusión seria, responsable, científica, que ofrezca las garantías ambientales, sociales y económicas que hoy no existen.

Un proyecto de esta características debe incluir a todos los actores involucrados, es decir, a las propias asambleas ambientalistas, las organizaciones de la vida civil, el sector científico y académico, el Estado en sus distintos niveles y agencias, municipal, provincial y nacional, así como a otras instancias de participación ciudadana.

En el contexto de asimetrías de poder económico y mediático entre las empresas mineras y los actores de la sociedad civil, es el Estado quien debe oficiar como árbitro de las desigualdades y ser garante del desarrollo integral de la población.

Lo que la ciudadanía reclama en su justo derecho es un debate profundo y entre múltiples actores sobre qué modelos de desarrollo son socialmente deseables, y de qué manera se usarán los recursos. Ese debate no puede limitarse a tres horas por zoom con la participación de 27 diputados que analizan la postura unilateral del Gobierno Provincial.

No negamos ninguna posibilidad de desarrollo de la Provincia, pero consideramos que la falta de credibilidad del Gobierno Provincial y los efectos de la pandemia, exigen otros tiempos y otra metodología.

Estamos convencidos de que este tipo de leyes no pueden tener un “tratamiento exprés” sobre todo planteando una proyección de la matriz productiva de la provincia no menor a 30 años y manifestamos nuestra coincidencia general con lo planteado por la Diócesis de Comodoro Rivadavia, el Centro Nacional Patagónico, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, el Instituto de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco, quienes consideran que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta Ley.

Carlos Linares – Presidente Partido Justicialista
Adriana Casanovas – Vicepresidenta Partido Justicialista
Florencia Papaiani – Vicepresidenta Partido Justicialista
Nancy González – Vicepresidenta Partido Justicialista
Ana Amato – Vicepresidenta Partido Justicialista
Dante Bowen – Secretario Partido Justicialista
Érica Pineda – Secretaria Partido Justicialista

La imagen puede contener: texto que dice "CHUBUT NO PUEDEN SACAR LEYES SIN CONSENSO del Chubut exige Proyecto tenga comenzar Partido Metalifero Provincial retiro Legislatura ofrezca garantías ambientales, sociales debe incluir organizaciones agencias, "Desarrollo Industrial Minero debate solicitamos discusion seria, cientifica, existen. distintos niveles todos civil, decir, provincial simetrías las propias Estado contexto sociedad civil, desarrollo del poder cientifico academico, como otras entre oficiar como 1e empresas mineras desarrollo modelos limitarse justo derecho un actores garante del profundo entre múltiples postura consideramos Provincia, exigen tener Rivadavia, exprés" Patagónico, Agropecuaria Presidente Facultad Regional Nacional Patagonia- probación Justicialista Partido Justicialista Ana Justicialista Bowen Érica Partido Partido Partido Tele-Fax:"

La Cámara de Senadores debatirá este lunes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece que deben contar con aval parlamentario las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El tratamiento de la iniciativa estaba inicialmente previsto para el pasado jueves 26 pero se pospuso por el fallecimiento de Diego Maradona y la realización de su velatorio y de distintos homenajes en todo el país.

La propuesta determina en su artículo primero que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio».

Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente», agrega.

En su segundo artículo dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».

Además, el bloque de legisladores del oficialista Frente de Todos incluyó un artículo al texto remitido al Congreso (el tercero), según el cual las divisas que ingresen al país como parte de un acuerdo de crédito no pueden ser utilizadas para gastos corrientes.

La modificación establece que «la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción de ley extranjera, así como los programas acordados con el Fondo, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes».

Este agregado cuestiona de modo indirecto el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri cerró con el FMI.

Según denunció el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, una parte del crédito del Fondo «sirvió para facilitar la fuga de capitales».

Se prevé que el proyecto tendrá el aval del oficialismo pero también de la oposición, en principio, aunque algunos legisladores cuestionaron que la iniciativa signifique un «corsé» para un gobierno que, por ejemplo, no tenga mayoría parlamentaria.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Carlos Caserio, confirmó a Télam que el avance de la propuesta «está encaminado» y ratificó la inclusión del artículo tres.

La iniciativa se presenta en momentos en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en plenas negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones, más unos US$ 5.000 millones de intereses, que contrajo el macrismo.

A tono con este proyecto enviado al Congreso para la sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera, el Gobierno anticipó días atrás que remitirá a consideración del Poder Legislativo el acuerdo de renegociación que se alcance con el FMI.

Fuente: TELAM

El Gobierno nacional promulgó hoy con sendos decretos las leyes que disponen crear una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de la coronavirus, y la de recetas electrónicas o digitales para la prescripción de medicamentos.

Por medio del Decreto 663/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.554, que tiene por objeto «promover la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 para el tratamiento de los pacientes que lo requieran».

La norma, sancionada por el Congreso el 23 de julio último, declara de interés nacional la donación de plasma e impulsa la creación de una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país.

Además, establece una licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen, y procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados y aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

También se crea un Registro Nacional de Pacientes Recuperados de Covid-19 donantes de plasma.

Recetas electrónicas 

En tanto, por medio del Decreto 664/2020, también publicado hoy en el Boletín Oficial, el jefe del Estado promulgó la Ley 27.553, que establece que la prescripción y dispensación de medicamentos puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el país.

La ley, sancionada por el Congreso también el 23 de julio pasado, regula la prescripción de medicamentos y estudios médicos a través de recetas electrónicas y sistemas de atención mediante plataformas digitales, permite la prescripción de medicamentos y órdenes de estudio de recetas electrónicas, que pueden ser redactadas y firmadas a través de plataformas de teleasistencias.

También, fija que «los medicamentos prescriptos en receta en formato electrónico o digital deberán ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de salud y establecimientos del sector salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes».