Se declaró “insatisfactorio” el trabajo de Mirta del Valle Moreno, de Trelew. Su caso se elevó al STJ para que tome medidas.
Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declaró “insatisfactorio” los primeros tres años de trabajo de la jueza de Trelew Mirta del Valle Moreno y elevó el informe al Superior Tribunal de Justicia para que decida alguna medida disciplinaria.
Tras entrevistarse con la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Cámara Penal, los evaluadores concluyeron en una coincidencia: “La jueza exhibe constantemente una conducta inflexible y en momentos críticos pierde el equilibrio que debe mantener un juez”. En las audiencias muestra “un temperamento irritable que no puede controlar, siendo descortés con las partes, rayando la falta de respeto”.
Los informes de la Defensa y la Fiscalía refieren “el maltrato que tiene con las partes, la falta de respeto, la descortesía a imponer caprichosamente criterios personales sin fundamentos jurídicos, lo que devienen en arbitrarios”.
“Sus actuaciones son expeditivas y rápidas –concluyeron- pero generalmente lo hace en forma arbitraria y estas decisiones hacen que se generen demoras y un dispendio jurisdiccional innecesario”.
Moreno no sigue los criterios jurisprudenciales de la Cámara y no argumenta su posición. “Esto hace que las revisiones de las partes generen inconvenientes y demoras en el funcionamiento del sistema penal”.
La magistrada evaluada “exterioriza sus problemas personales con algunos funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública al punto de mostrarse de manera descortés”.
“Es un secreto a voces que no comparte el piso del Colegio de Jueces de Trelew por inconvenientes personales con algún magistrado, actual juez, que arrastra desde su paso por Fiscalía”.
Surge de las entrevistas que si bien está capacitada, “se advierte que carece de la ´templanza´ que este Consejo exige para cumplir la función de juez; carece de la cualidad humana de actuar con moderación, con equilibrio y ecuanimidad”.
Por otro lado “carece de aptitud para el trabajo en equipo, lo cual no es un hecho menor toda vez que debe integrar con otros jueces tribunales. Sin embargo estas aptitudes pueden revertirse en la medida que la evaluada en su fuero íntimo reconozca por sí o a través de una asistencia profesional para adquirir la calidad de magistrado que este Consejo exige”.
Al informe lo firmaron los consejeros Oscar Massari, Enrique Maglione, Luis Torrijos y Nelly García. Revisaron el lapso del 27 de agosto de 2015 al 27 de agosto de 2018. También hubo entrevistas con la Oficina Judicial de Trelew, funcionarios de Fiscalía y el Colegio de Jueces. E informes del Colegio Público de Abogados.
Según el informe de la Defensa Pública, más que problemas de Moreno con la fundamentación jurídica “existiría un exceso de formalismo en la interpretación, particularmente de las salidas alternativas y juicios abreviados que lentifica el logro de la paz social”.
“Sus decisiones deben ser impugnadas ante la Cámara, que en la mayoría de los casos revocó estas resoluciones y se vuelve a empezar”, agregó. “La fundamentación es justamente ese exceso de ritualismo”. No es que la magistrada decida sin fundamentos. “Sólo que a criterio de los defensores el fundamento no siempre es el adecuado”.
Hubo “variados conflictos en relación al trato”. Estos episodios le fueron informados “en forma expresa” al Defensor General Sebastián Daroca. Funcionarios y magistrados de esta área “se vieron afectados por cuestionamientos y degradación de la actuación de la Defensa Pública en planteos formales y estratégicos, y trato señalado como hostil, violento e irrespetuoso hacia ellos”. Daroca lo informó a la Sala Penal del Superior.
Al dar su opinión, el MPF consideró que los fundamentos jurídicos de la jueza “son arbitrarios, orientados a imponer un criterio que solo contemplan sus propias necesidades”. Aunque las audiencias que conduce no duran mucho y Moreno resuelve sin demora, “generalmente lo hace en forma arbitraria, lo que origina que el caso finalmente se vea demorado ante recursos que se plantean a posteriori, dada la arbitrariedad de sus fallos”.
“Por lo general sus decisiones son apeladas y revocadas por la instancia superior, la razón preponderante es la arbitrariedad de sus votos”, subrayó Fiscalía. Cuando le piden juicios abreviados y suspensión de juicio a prueba su postura es restrictiva, postura contraria al artículo 18 del Código Procesal Penal. “El fundamento de sus decisiones es arbitrario y desajustado a Derecho”.
En la relación “prima la falta de respeto, el autoritarismo, el destrato hacia todos los integrantes del Ministerio” adoptando “actitudes caprichosas, autoritarias, irascibles, que se traducen en un clima de tensión en las audiencias y que inevitablemente repercuten en el resultado, trasladando dicha actitud a la resolución del caso”.
Otros vicios que destacó fueron “su impaciencia, destrato y descortesía, sin contemplar en absoluto al otro”. Según Fiscalía estas actitudes “se traducen en demora en la obtención de una respuesta al caso, llevando los mismos en varias situaciones al borde de la prescripción”.
Por su parte, desde la Cámara explicaron que “no se advierte una actitud proactiva en los procesos”.
Respecto a la suspensión del juicio, “se advierte una tendencia a su no otorgamiento a pesar de darse en el caso los requisitos legales, todo en contra de la jurisprudencia del cuerpo”, según consta en el informe.
