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Al contagiarse de Covid, la jueza federal declaró no va a exponer al equipo de 25 personas que trabaja en las elecciones.

La jueza federal María Servini de Cubría, quien recibió la primera dosis del vacuna contra el coronavirus, confirmó que se contagio de Covid y realizó un reclamo ante las elecciones que se aproximan este año.

«Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las PASO», declaró la magistrada a cargo del Juzgado Electoral de 84 años en declaraciones televisivas.

La jueza federal cuestionó el plan de vacunación nacional y también apuntó al gobierno porteño porque le suspendieron el turno que tenía para aplicarse la segunda dosis.

«Más que sorprendida estoy enojada porque yo tenía el turno para la segunda dosis el 26 del mes pasado y me llamaron para decirme que me suspendían el turno. Hable con un alto funcionario de la Ciudad para que me vacunen porque yo estoy trabajando, lo mismo que personal que esta trabajando conmigo. Si me hubieran dado las dos dosis no me hubiera contagiado», manifestó Servini.

Y cerró: «Estoy enojada porque el tema de las vacunas se manejó muy mal, y también se lo estoy diciendo lamentablemente al Presidente».

 

En la tarde de ayer se desarrolló en los tribunales penales de Esquel la audiencia de apertura de la investigación y constitución de querellante por el delito de estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra de la Jueza Civil de Esquel: Alicia Arbilla, un abogado José Venancio y el empresario Elías Simeoni.

La fiscal solicitó se le formalice el hecho a los imputados, en tanto que las defensas se opusieron. Finalmente el juez penal resolvió formalizar el hecho en contra de los tres imputados, en base al relato de la representante de fiscalía, y su calificación legal provisoria, dándolos por anoticiados del mismo, y por asegurada su defensa técnica.

En un primer momento los pretensos querellantes Carlos Beraldi y Roberto Vila, como apoderados de Ganadera Santa Elena SRL., perteneciente a Cristóbal López y Fabián De Souza, solicitaron al juez penal ser tenidos como parte querellante en la causa. Expresaron brevemente los hechos cuando en el año 2016 se produce una paralización de las actividades del Frigorífico ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en las afueras de la localidad de Gobernador Costa y se producen conflictos con sus dependientes.

A partir de causas civiles “se producen una serie de episodios delictivos que fueron cometidos en su contra”. En representación de un particular, Venancio demanda al establecimiento ganadero y la jueza embarga un grupo electrógeno, la cual superaba 200 veces el valor demandado. Luego se lo venden a Simeoni a un valor mucho menor de mercado. “Los actos de embargo son ordenados ante la indefensión de sus titulares ya que López y De Souza estaban detenidos” por una causa Federal en el juzgado del Dr. Ercolini.

Por su parte el fiscal María Bottini, expresó que corresponde hacer lugar a lo solicitado por el pretenso querellante. Dos de los defensores se opusieron a la constitución de querellante ya que se argumenta que De Souza estaba detenido, pero se apeló ante la Cámara.

Finalmente el juez penal Ricardo Rolón resolvió hacer lugar a la constitución de querellante por parte de los Dres. Carlos Beraldi y Roberto Vila, como apoderados de Ganadera Santa Elena SRL. ya que se cumplen para ello las condiciones establecidas en nuestro Código Procesal Penal.

APERTURA DE INVESTIGACIÓN
Seguidamente la fiscal Bottini se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el pasado 16 de mayo de 2016 se produce una demanda laboral que tiene a Venancio como patrocinante, en contra de Ganadera Santa Elena SRL.

Así, el 9 de marzo de 2018 la titular del Juzgado Civil y Laboral de Esquel, Arbilla, falla contra el establecimiento Santa Elena SRL. en favor de la parte demandante por un valor de $ 14.000.

Luego traba embargo sobre los bienes de la Ganadera y embarga un grupo electrógeno que en remate Judicial adquiere el imputado empresario Simeoni a un precio vil, mucho menor que el de mercado. Destacando que existían en el lugar otros bienes a embargar, acordes a la deuda. Calificando provisoriamente el hecho como “estafa procesal” en calidad de autor para Venancio y de “partícipe necesario” para Simeoni; e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” para Arbilla.

A continuación accedió voluntariamente a declarar la imputada Arbilla, negando los hechos que se le imputan. Su defensa, a su vez, planteó su oposición a la apertura en contra de su asistida, ya que a su entender “no hay delito”.

Finalmente el juez penal resolvió formalizar el hecho en contra de los tres imputados, en base al relato de la representante de fiscalía, y su calificación legal provisoria, dándolos por anoticiados del mismo, y por asegurada su defensa técnica. Fundó su decisión entendiendo que los imputados ejercieron su defensa de los hechos imputados en la audiencia, por lo cual entendieron la imputación enrostrada por la fiscal.

La audiencia fue presidida por Ricardo Rolón, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Bottini, fiscal general; en tanto que la defensa de Arbilla la efectuó Valeria Ponce; la de Venancio: Daniel Rebagliati Russell y la de Simeoni fue ejercida por Marcelo Macayo.

El miércoles de esta semana se llevará adelante una audiencia clave ante la Justicia de Chubut dónde comenzará formalmente a investigarse el escándalo judicial que involucra al presidente del colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, y a la jueza Alicia Arbilla por una serie de irregularidades detrás de demandas laborales que derivaban en desapoderamiento de bienes de la empresa Ganadera Santa Elena SRL. El juez Ricardo Raúl Rolón no solo debe decidir cómo sigue adelante la recolección de pruebas, sino que dará el visto bueno para que los denunciantes -accionistas del Grupo Indalo- se constituyan como querellantes. Apenas culminada la feria judicial, Arbilla se excusó de seguir interviniendo en el paquete de demandas que tenían a Venancio como parte interesada, luego de que la fiscal María Bottini imputara a ambos bajo el delito de estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario, respectivamente. También esta semana, el Consejo de la Magistratura de Chubut comenzará a tramitar el expediente disciplinario de Arbilla, para definir su sanción, en su primer encuentro del año.

Juez Rolón impulsará la investigación. Peritaje a teléfonos complica a imputados. Sanción a Arbilla en debut de Consejo local. Su sumó testigo.

El caso fue revelado por Ámbito y consistía en una serie de demandas laborales, todas representadas por Venancio contra Establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico de Indalo en Chubut. En los litigios, los trabajadores recibían un fallo a su favor por determinado monto de resarcimiento pero la jueza le permitía a Venancio embargar bienes de un valor infinitamente superior -como un generador- que no pertenecían a esa empresa y proceder a su remate. El “ganador” de la subasta que compraba a precio vil los bienes era siempre el “testigo” que Venancio aportaba a las causas de Arbilla, magistrada en lo civil, comercial y laboral de Esquel. Denunciados por Santa Elena, todos resultaron imputados por la fiscalía y debe ser el juez Rolón el que imprima celeridad a la investigación.

Entre las pruebas recolectadas, fue secuestrado un celular de Elías Simeoni quien además de haber sido testigo, y ganador de las subastas era quien tenía en su predio los bienes que había logrado embargar Venancio a través de Arbilla, que le daba al abogado su “guarda judicial”. Pagó $97 mil pesos por un generador Caterpillar con valor de mercado de u$s120 mil dólares. Simeoni se negó a aportar la contraseña para desbloquear el teléfono y la Policía chubutense aseguró que no tenía los medios técnicos para proceder a inspeccionar el teléfono, de marca Iphone. Sin embargo, Gendarmería Nacional indicó que ellos sí poseían la tecnología para la apertura del celular, aun sin la clave de su usuario. Rolón deberá autorizar que el celular viaje a Buenos Aires para poder ser peritado, dado que en su interior podría haber información de interés para el expediente que podría arrojar luz sobre la maniobra.

Durante la feria, se agregó a las actuaciones la declaración de un testigo de apellido Vicel que -ajeno a cualquiera de las partes- concurrió a la fiscalía para hacer saber que él compraba carne a una persona que la fraccionaba con elementos que pertenecían a un frigorífico de Gobernador Costa, donde está asentado Santa Elena. Pero que le dijo que no la tenía más en su poder porque Venancio había pasado a retirarla. Es decir, que existe la posibilidad de que herramientas de trabajo y bienes del frigorífico hubieran sido además distribuidos a otras personas para hacer usufructo y ante el crecimiento del escándalo que repercute fuerte en la provincia, hubieran intentado recuperar esos elementos antes de que fuesen descubiertos por la justicia.

El primer día hábil luego de la feria, Arbilla se excusó argumentando que había sido notificada de la audiencia de este miércoles por el delito que se le imputa, y que por esas razones decidía apartarse. Durante diciembre, pese a las recusaciones de los abogados de Santa Elena, había intentado permanecer en los litigios de Venancio y hasta públicamente grabó una entrevista en la cual defendía el accionar del abogado y cargaba contra la empresa que, supuestamente, no se había defendido como correspondía en la demanda laboral. Al punto que amenazó con que haber hecho unas presentaciones para evitar otras subastas de más bienes podría haber sido una presión indebida a la justicia. Por lo insólito, el caso no registra precedentes. Se llegó a desmontar parte de la estructura edilicia del frigorífico para ser vendida y hay una serie de bienes que todavía no pudieron ser localizados porque Venancio aportó direcciones inexistentes a la Policía de los lugares donde estaban presuntamente resguardados.

En la audiencia del miércoles se descuenta que Rolón avanzará en la investigación y aceptará como querellantes a los abogados de Santa Elena, entre quienes está Carlos Beraldi para que impulsen la causa. Y que también le negará a Simeoni el pedido para que le regresen el teléfono sin ser peritado, algo en lo que los imputados se mostraron muy interesados. Bottini señaló que Venancio, en principio, engañó a la jueza para hacerse de bienes mucho más valiosos que las demandas que entablaba y que ocultó que su propiedad correspondía a otra razón social. Todo con el aval de Arbilla que omitió hacer la denuncia en julio del año pasado, cuando fue advertida de lo que ocurría por los abogados de la demanda.

 

La jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Dra. Alicia Arbilla, rechazó la Medida Autosatisfactiva promovida por el Sr. Mauricio Ruiz y las Sras. Nelly Rovera, Nora Corvalan, Pascualina D’Orazio y Viviana Moreno, contra la Provincia del Chubut, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, mediante la cual se solicitaba la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley N° 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura por flagrante inconstitucionalidad.

En este contexto, la Dra Silvia de los Santos, abogada de los demandantes antes mencionados, hizo su análisis sobre la resolución de la Jueza Arbilla sobre la Medida Autosatisfactiva.

«La Jueza dice que los elementos que aportamos no son suficientes para concluir con certeza, que no cuenta en este estado con un pronunciamiento penal respecto de la falsedad ideológica documental que denunció Guillermo Velázquez», indica en su análisis Silvia de los Santos, dejando en claro que «vamos a apelar esta decisión, en primer lugar por contradictoria».

«Esta circunstancia no solo es contradictoria, sino que además es grave»

Seguidamente, expresa; «que la Jueza diga que no cuenta con las constancias para saber si la consulta es conforme a la Constitución es que no hubo consulta. No podemos probar la inexistencia. ¿Y que no cuenta con un pronunciamiento penal?; todos los ilícitos general responsabilidad penal o civil. Estos son los argumentos sobre los cuales vamos a trabajar en la apelación».

En horas de la tarde del jueves se dio a conocer la decisión de la Jueza Civil, Comercial y laboral de Esquel, Alicia Arbilla, quien definió suspender la sesión de la Legislatura de Chubut en la cual se debía tratar el proyecto de zonificación minera presentado por el Gobernador Mariano Arcioni.

Este fallo es por la medida autosatisfactiva presentada por vecinos del No a la Mina que busca declarar la nulidad del proyecto del Ejecutivo provincial.

Cabe recordar que los vecinos del No a la Mina ya habían presentado un escrito pidiendo una rápida respuesta porque la sesión para tratar la zonificación estaba convocada para este viernes.

A continuación el texto completo del fallo
Esquel, febrero de 2021.- AUTOS Y VISTOS: Que en el día de la fecha he tomado conocimiento del oficio N° 006/CSA/2021 comunicado a la suscripta mediante INODI N° 211207-0 donde se informa que el Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente y dispuso devolver el expediente al Jugado de Origen, el cual aún no ha sido recibido.-

Por otra parte, en el día de la fecha, la parte actora presentó un escrito en formato papel (ya que el sistema no permite el ingreso de escritos digitales cuando el expediente se encuentra fuera del Juzgado) con pedido de pronto despacho, informando que el Gobernador, Sr. Mariano Arcioni, habría convocado a sesión extraordinaria para el día 5/2/2021 a las 8 hs. para que la Legislatura trate de manera virtual el Proyecto Ley 128/20, cuya nulidad se pretende en autos conforme se visualiza en las piezas digitalizadas en el sistema Libra que tengo a la vista en este acto. Por esta razón solicita que se resuelva la medida autosatisfactiva planteada.

Que más allá de la recepción del INODI ya mencionado, lo cierto es que aún no se cuenta con el Expediente físico ni con la totalidad de la prueba aportada por la actora, necesaria a los fines de tratar la cuestión de fondo.

Además no puedo dejar de señalar que la rapidez del proceso nunca puede implicar el desprecio del principio de contradicción, razón por la cual entiendo necesario garantizar un mínimo e indispensable contradictorio.

Es que, si bien en algunos excepcionales supuestos pueden resolverse las medidas autosatisfactivas inaudita parte, por ejemplo en casos donde se requieren prácticas médicas urgentes, en el caso de autos es posible dictar una medida cautelar de oficio que garantice los derechos de ambas partes y el resguardo del debido proceso.-

No puedo dejar de señalar que resolviéndose la cuestión de fondo sin haber escuchado a la otra parte, como lo pretenden los actores, se corre el riesgo de vulnerar cuanto menos dos derechos de raigambre constitucional: el de ser oído y el debido proceso (arts. 16, 18 , 75 inc. 22 y cctes. de la Constitución Nacional y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, a fin de evitar de evitar situaciones como las señaladas, una vez recibido el expediente físico y la documental del STJ se proveerá el traslado respectivo.-

En razón de todo lo expuesto, teniendo en cuenta además el deber de prevención del daño que impone el art. 1710 del CCCN y no encontrándose aún el expediente físico en este Juzgado, ni el pen drive que fue ofrecido como prueba, y en atención a la proximidad de la sesión extraordinaria que se menciona en el escrito en despacho, SE DECRETA DE OFICIO COMO MEDIDA CAUTELAR la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 128/20 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (arts. 36, 206 y cctes. Del CPCyC. y 1710 del CCCN). NOTIFIQUESE POR OFICIO AL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO. Asimismo, en virtud de la urgencia podrá notificarse la presente medida en el teléfono fijo, teléfono móvil, Email o whatsapp, por Secretaría. A cuyo fin la parte actora deberá informar las direcciones electrónicas o números de teléfonos donde se practicará la notificación correspondiente. (Acuerdo Plenario N° 4870/2020; 4881/2020 y ccdtes). Habilítese día y hora para la notificación de la medida ordenada.-

Hágase saber que ya se encuentra habilitada la recepción de escritos digitales en los presentes autos, razón por la cual la parte actora deberá digitalizar el escrito presentado en el día de la fecha en formato papel.-

Resérvese en Secretaría el escrito y la copia de la presente resolución para ser agregado en la oportunidad que el Expediente sea remitido a este Juzgado.-

Fuente: Esq notas

En la tarde de este jueves, la Jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Alicia Arbilla, definió ordenar la suspensión de la sesión extraordinaria de la Legislatura de Chubut, en la que se tenia previsto tratar la zonificación, hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada en la medida autosatisfactiva presentada por vecinos del No a la Mina.

Esta medida autosatisfactiva, busca declarar la nulidad del proyecto del Ejecutivo provincial. En primera instancia, la Jueza se declaró incompetente y lo remitió al Superior Tribual pero los miembros de la máxima jerarquía judicial de Chubut entendieron que no debían abocarse y lo devolvieron a Esquel. La resolución salió este miércoles. El trámite vuelve a caer en el Juzgado de la Doctora Arbilla.

Lo cierto es que para estudiar el tema y dictar sentencia necesita tener ante sí todo el material del expediente. Recién pasado el mediodía de este jueves, se notificó de la resolución del Superior Tribunal de Justicia. Los vecinos del No a la Mina ya habían presentado un escrito pidiendo una rápida respuesta porque la sesión para tratar la zonificación estaba convocada para este viernes 5 de febrero.

Ante esta situación, la jueza definió dictar una medida donde ordena suspender la sesión de la Cámara de Diputados de Chubut de este viernes hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. Esta definición no anticipa la sentencia, ya que no trata el fondo de la cuestión, pero sí genera en este momento una dilación en los tiempos. Seguramente genere un plazo de tiempo mayor a la semana que pretende tomar el oficialismo provincial para convocar a una nueva sesión.

Por otra lado, el criterio de la jueza es que no se puede resolver inaudita parte, de manera que el paso siguiente sería correr traslado a la provincia para evitar vulnerar el derecho de defensa en juicio, este trámite también llevará algo más de tiempo.

Es importante considerar que la medida autosatisfactiva está en pleno trámite, y que aún no se resolvió el fondo de la cuestión. Arbilla indicó que se va a correr traslado de la demanda a la provincia, pero cautelarmente teniendo en cuenta que la sesión era mañana, para garantizar el derecho de todas las partes, suspende la sesión.

De esta manera, si bien en el plano político todavía se están contando votos, en el plano judicial el tema puede llevar algo más de tiempo.

Fuente: EQS notas

La jueza penal de garantías, Ivana González, dictó la apertura formal de la investigación en un caso de robo agravado y resolvió la continuidad de la prisión preventiva del único acusado, hasta la finalización de la etapa de investigación.

Viviana Díaz, funcionaria del Ministerio Publico Fiscal, relató que el hecho a investigar ocurrió el pasado sábado 30 de enero en un comercio ubicado en la calle Cabrera al 300 de Trelew, cuando un sujeto identificado como Jonathan Ferreira ingresó al local y amenazó a la propietaria con matarla si no le entregaba el dinero.

El sujeto había ingresado algunos minutos al local y realizó una compra de menor valor, para luego volver al sitio y apuntar con un arma a la mujer, pidiendo la recaudación y asegurando que mataría a la propietaria sino lo hacía.

Díaz afirmó que las cámaras de seguridad del local captaron el ingreso de Ferreira y que además la propia víctima lo reconoció en las fotografías exhibidas por personal de la brigada de investigaciones. Sostuvo que, si bien de los procedimientos realizados por el personal policial se logró el secuestro de un arma de juguete, el hecho tuvo características violentas por las amenazas proferidas a la mujer de parte del agresor.

ANTECEDENTES
En cuanto al imputado, informó a la jueza que el mismo estuvo alojado hasta hace dos meses en la Unidad Penitenciaria N° 6 de Rawson, donde cumplió una condena por privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio. En ese contexto pidió que se dicte una medida de prisión preventiva hasta el final de la investigación.

La defensora pública Romina Rowlands cuestionó el pedido de la fiscalía en cuanto a la prisión preventiva al señalar que Ferreira tiene arraigo en la zona producto de estar en pareja desde el 2015 con una joven de nuestra ciudad y que, si bien es oriundo de Buenos Aires, ya no tiene familiares allí.

Sostuvo además que durante el hecho no ejerció violencia sobre la víctima ni tampoco sobre otras personas, solicitando la libertad del acusado o en todo caso una medida de arresto domiciliario.

La jueza González, tras escuchar a las partes, resolvió declarar legal la detención y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses.

En cuanto a la medida solicitada por la fiscalía, consideró que el hecho tuvo características violentas por haber sido cometido en plena luz del día y por la intimidación que sufrió la víctma.

En ese sentido dictó la prisión preventiva por el plazo que dure la investigación.

La jueza Verónica Roberts hizo lugar a la acción de amparo que fue presentada desde la Oficina de Derechos y Garantías. Además en un plazo de 30 días solicita que se presente un plan sobre cómo se harán cargo de la deuda salarial para evitar que las medidas de fuerza afecten el comienzo de clases.

En septiembre del 2019 la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia elevó un recurso de amparo, por la falta de clases debido al paro docente por falta de pago de sueldos. Luego se realizaron una serie de acciones en busca de soluciones, entre otros requerimientos e informes.

En este contexto, este martes la jueza de Familia del Juzgado Nº 3, Verónica Roberts hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno Provincial y al Ministerio de Educación de Chubut, a garantizar el ciclo lectivo 2021 con todos los recursos y herramientas que la legislación vigente habilita.

Además, se determinó que en un plazo de 30 días se presente un plan que detalle cómo el gobierno pagará la deuda salarial para evitar que las medidas de fuerza afecten el inicio de clases.

Asimismo, la justicia pidió que se informe sobre las obras en ejecución de reacondicionamiento edilicio de establecimientos educativos, avances y fecha de finalización. “Nos encontramos con que son tres los ciclos lectivos impactados, el que se afecte al derecho humano a la educación como bien público indica que se han vulnerado un montón de derechos porque la escuela es un lugar de vínculo para las niñas, niños y adolescentes”, dijo a Crónica Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Garantías.

Por último, destacó que este año se hicieron otras presentaciones y reclamos como uno que tiene que ver con la conectividad y el acceso a la educación, “esperamos que con este amparo comiencen las clases, desde el Consejo Federal de Educación se armó el protocolo, entonces hay que implementarlo. Esperamos que el gobierno de una vez por todas priorice la educación en Chubut”, indicó.

Con la tendenciosidad y mentira que los caracteriza están enojados porque la jueza Mirtha del Valle Moreno les desarticuló hace poco “la cama” que pretendieron hacerle al periodista de Cholila Online Darío Fernández, con la que logrando engañar a la magistrada iban a conseguir que fuera a la cárcel, destruirlo y sacarlo de circulación. Porque con sus informes periodísticos en el portal de noticias pone en riesgo la impunidad de los ilegales y corruptos que hay en Chubut.

Como la jueza no se prestó a eso y les pulverizó la causa que habían armado con la complicidad de un fiscal, del ministro de Seguridad y de la plana mayor de la policía provincial; empezaron ahora con el capítulo 1 de “una campaña sucia” que se irá extendiendo en el tiempo: como las que se han acostumbrado a hacer toda vez que se encuentran con alguien que está en la vereda de enfrente a la de ellos, que es honesto y que hace las cosas bien.

La magistrada como cualquier juez o funcionario judicial de carrera tiene todo el derecho de concursar para aspirar a un cargo superior. Lo lógico sería que si alguien de ese pasquín tiene que denunciar algo de la jueza Moreno se presente ante las autoridades que correspondan y lo haga.

Quizás se animen algunos ciudadanos honestos e ilustres que tiene esta comunidad como lo son Walter “El Toco” García Moreno, el sindicalista millonario Héctor Rubén González o el mismísimo Jorge Aidar “El Turco” Bestene.

La jueza de Trelew, Ivana González, ordenó a la Policía de Chubut que desinfecte las instalaciones de la Alcaidía de esa ciudad, dependencia que actualmente está a cargo de un oficial dado que el jefe y sus colaboradores están aislados.

Vale recordar que hasta el viernes de la semana pasada había tres detenidos contagiados y que uno era el abogado Oscar Romero, quien como es de dominio público se encuentra en la Alcaidía cumpliendo prisión por un caso de tentativa de homicidio del que terminó siendo condenado a seis años y 9 meses.

El letrado empezó ese día con síntomas e inmediatamente fue aislado cuando su testeó dio positivo. Este jueves tuvo problemas gastrointestinales, por los que se pensó en un momento derivarlo al hospital, en una medida que finalmente no fue concretada.
Romero continúa aislado en la Alcaidía, según aseguró uno de sus abogados, el doctor Abdón Manyauik.

Manyauik y la doctora Marcela Fernández –socia de Romero y otra de sus letradas patrocinantes— fueron los autores del “Habeas Corpus Colectivo” que interpusieron el fin de semana pasado, pidiendo la inmediata intervención de la Justicia por la situación sanitaria del centro de detención y fue así que la jueza Ivana González lo contestó en las últimas horas, accediendo a la realización de una audiencia en los tribunales locales en la que escuchó el testimonio de dos presos que tienen síntomas de contagio, que le contaron lo que estaba sucediendo en la Alcaidía.

Luego de escucharlos, la magistrada ordenó la inmediata desinfección del establecimiento y el hisopado a todos los detenidos que son alrededor de 80, como también de los efectivos policiales que prestan servicio en el lugar.

“Los presos dijeron en la audiencia que no tenían la atención medica que se necesita para esta época de pandemia”, contó el abogado Manyauik, refiriéndose a la audiencia en tribunales y acotó. “No nos olvidemos que se detectaron tres o cuatro casos positivos que son de distintos pabellones”.

“Es terrible lo que provoca este virus; los trastornos que produce en la salud. Romero tiene dolores de cabeza, perdió el olfato y sigue teniendo otros síntomas”, contó.

Después cuando se le consultó si sabía de otros casos sospechosos que hayan aparecido en las últimas horas Manyauik indicó: “La cúpula de la Alcaidía Policial está ausente porque se encontrarían aislados: el comisario (Gabriel Araujo) está aislado y hoy está a cargo de un oficial (el centro de detención)”, aseguró. (Fuente: Radio 3)