Tag

Jueza

Browsing

El Consejo de la Magistratura sesionó este martes en Esquel. Allí se definió que las actuaciones por el comportamiento de la jueza Mariel Alejandra Suárez serán derivadas al Tribunal de Enjuiciamiento. En la Comisión Acusadora actuarán tres representantes del órgano: Manuel Burgueño, Paula Cardozo y Jorge Früchtenich.

De este modo, el Consejo de la Magistratura avaló de forma unánime el informe final del Sumario N° 145/22, firmado por la consejera Mirta Pacheco, y se decidió elevar a jury las denuncias contra la jueza de Comodoro Rivadavia.

Luego de evaluar las pruebas y el sumario elevado desde el Superior Tribunal de Justicia por el cual ya se la había suspendido, más lo que se investigó en el sumario a partir de lo que estableció la Comisión de Admisibilidad, como ausencia de imparcialidad, excusación y otros puntos más, se coincidió por unanimidad en encontrar que las conductas desplegadas por Suárez, en distintas circunstancias reseñadas, “configuran la causal de mal desempeño que establece la legislación” al haber inobservado los deberes impuestos por:

1- La Ley de Ética Pública en su artículo 13 en el ejercicio de la función que detenta y lo establecido por el artículo 10 inciso B del RIG al haber adoptado conductas indecorosas con aquellas que su cargo y función le exigen;

2- El deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal en su artículo 17 y concordantes;

3- El haber omitido informar su verdadera localización los días 29 y 30 de diciembre del 2021, ausentándose de su lugar de trabajo sin que dicha ausencia encuentre justificación y obligando a la reprogramación de audiencias;

4- Omitir el cumplimiento del deber legal de excusación establecido por el código de rito penal en su art. 77 CPPCH.

El descargo de la jueza

En la sesión, los consejeros desestimaron el planteo realizado por Suárez, quien afirmó que no dejó de cumplir con sus obligaciones; no dejó vencer términos para dictar sentencias; no realizó actos incompatibles o prohibidos por la Constitución, ni desobedeció órdenes de sus superiores.

La jueza aseguró que en su visita a Cristian “Mai” Bustos la cárcel en ningún momento realizó actos inapropiados ni contrarios a la moral y que “sólo se sentó en el piso unos minutos y nada más”.

Afirmó que las conclusiones “en base a un video ilegal y manipulado son falaces”, y que “haber mantenido una entrevista con fines académicos no empaña ni desluce la actividad como jueza del caso” en el que justamente había condenado a su ocasional interlocutor unos días antes.

La jueza denunció que se violaron sus derechos, se afectó el debido proceso, el derecho a defensa, el derecho de igualdad, su trabajo y percepción salarial e hizo reserva del caso federal, pidiendo la desestimación y el archivo de su denuncia, algo que fue rechazado de plano por todos los miembros del Consejo de la Magistratura.

La vicepresidenta aseguró que “es insostenible que continúe al frente de la investigación” y señaló que las irregularidades “son muy graves” al recordar el momento en donde la intentaron asesinar afuera de su departamento.

Cristina Fernández publicó un video en su cuenta de Twitter de más de cuatro minutos duración explicando la situación judicial que atraviesa tras el intento de asesinato sufrido en Recoleta aquel primero de septiembre.

“En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti”, publicó en la red social del pajarito con la voz de la periodista Julia Mengolini.

“El lunes Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de (Fernando) Sabag Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina”, comienza diciendo el contenido que compartió en sus redes.

Avanzando unos segundos, la vicepresidenta menciona que “Capuchettii era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, cuando en aquel entonces Mauricio Macri era el presidente.

“En esos años la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina”, puntualizó.

Con más dichos en el contenido audiovisual, comentó: “como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo período en que se desarrolló el espionaje ilegal”.

Además, la recusación presentada por Fernández de Kirchner indicó “un hecho que siembra más sospechas aún: en los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Py, Capuchetti habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación”.

“Después de ese encuentro, sus colegas le gestionaron una reunión con el editor general del Diario Clarín, Ricardo Roa, a la cual la jueza concurrió acompañada”, detalla el video.

Y apunta: “Ricardo Roa, el editor en jefe que, a pocas horas del atentado, ya había inventado la teoría de la acción espontanea de un loquito suelto”.

“¿Para qué eran necesarias esas instrucciones? ¿Alguien digita u opina por detrás de las autoridades judiciales el curso de la causa, su comunicación y las sucesivas filtraciones?”, cuestiona el video publicado.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes el apartamiento de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras concluir que «no quiere ir más allá de lo que ya está» al investigar el intento de magnicidio de la exmandataria por el que se encuentran procesados como coautores el hombre que quiso asesinarla (Fernando André Sabag Montiel), su cómplice (Brenda Uliarte) y dos «partícipes secundarios» (Nicolás Carrizo y Agustina Díaz).

«Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar», sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que difundió la expresidenta por Twitter.

A continuación, los argumentos de la querella, tal como fueron enumerados en el escrito:

● El celular de Sabag Montiel

En este punto la querella llama la atención sobre la pérdida de información del teléfono celular del agresor ocurrida supuestamente en los primeros días de investigación cuando ya se encontraba bajo custodia del juzgado a cargo de Capuchetti.

«El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto. Esto surge del Acta de Recepción realizada por la PSA el día 02 de septiembre a las 23:00 horas. El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando, siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero», señalaron los abogados de la vicepresidenta.

«Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la Policía Federal Argentina (PFA). A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado», completaron.

● Las llamadas y la detención de Brenda Uliarte

En este pasaje, la querella centra sus observaciones en las supuestas demoras para interferir las comunicaciones de Uliarte y para disponer su detención, que finalmente se logró con la intervención directa de un secretario del juzgado cuando la imputada viajaba en tren. Al final de este pasaje la querella se pregunta por que no se investigó el accionar de la PFA.

«A las pocas horas del atentado, se supo que Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada. Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto. Especialmente, cuando ya había perdido el contenido del celular. Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio. Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga», señalaron los letrados que representan a la exmandataria.

● Las primeras medidas

En este ítem, la querella cuestiona que la jueza no ejecutara la mayoría de las medidas sugeridas por esa parte.

«Desde un principio nos llamó la atención la falta de pruebas que resultaban básicas. Entre ellas, el allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de gente cuyos nombres surgían de intercambios de WhatsApp altamente comprometedores. Entre ellos estaban, por ejemplo, Jonathan Posadas y Joana Colman, que habían tenido charlas con Gabriel Carrizo que reflejaban mensajes como: ´Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez ´ y ´Se por otra fuente que lo hizo por plata por acomodo´», detallaron los abogados.

● La línea vinculada con la agrupación «Nuevo Centro Derecha»

Para los abogados que representan a Fernández de Kirchner, expusieron sus diferencias de criterio con la jueza Capuchetti en relación a la forma de abordar la denominada «pista Carrol», referida al dirigentes de la Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel mencionó en una carta como el hombre al cual le confiaba la elección de un abogado defensor.

Los abogados de la querella señalaron en su momento que Carrol había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y que en sus redes constaban una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Fernández.

«La PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado Nueva Centro Derecha», vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía ´se pudrió?´», detallaron Ubeira y Aldazabal.

«Con estos avances, solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Obviamente, se configuraban los elementos necesarios para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente, además, que la celeridad sería determinante, dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y de contactos. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea», señalaron los abogados querellantes.

En ese punto destacaron que la jueza «nunca allanó a Carrol ni a Almeida» y que «solo llamó a prestar declaración testimonial veinte días después de que esta parte solicitase las medidas vinculadas con ellos».

«Pero hay otra faceta de esta línea que la jueza se negó explícitamente a investigar, aunque esta parte se la solicitó en reiteradas ocasiones y ahondar en ella solo requería una prueba que no afectaba las garantías de nadie: la posible vinculación de Carrol con Gerardo Milman», remarcaron, para luego afirmar que «Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares».

● La posible vinculación de Gerardo Milman con el atentado

En este subtítulo, los abogados expusieron sus diferencias con la jueza en relación al tratamiento de la denominada «pista Milman» o «pista Casablanca»: se trata del testimonio de un asesor parlamentario que dijo haber escuchado que el diputado de Juntos por el Cambio hizo referencias al ataque dos días antes de que ocurriera.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó hoy ampliar la declaración indagatoria de Fernando Sabag Montiel, detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión se tomó ante un pedido del fiscal federal Carlos Rivolo, debido a nueva evidencia incorporada a la causa, explicaron fuentes judiciales.

Por otro lado para esta tarde está previsto indagar a su novia también detenida, Brenda Uliarte, informaron fuentes judiciales.

Sabag Montiel quedó preso la noche del jueves último tras el atentado contra la Vicepresidenta y se negó a declarar el viernes asesorado por su defensor oficial Juan Hermida.

La fiscalía pidió ahora a la jueza María Eugenia Capuchetti que vuelva a interrogarlo para exponerle nuevas pruebas incorporadas al caso en los últimos días, como declaraciones de testigos y una pericia que arrojó presencia de su ADN en el arma usada esa noche.

Para esta tarde se prevé indagar a la novia de Sabag Montiel, Brenda Ulliarte, quien será trasladada a Comodoro Py 2002 desde su lugar de detención en una dependencia de la Policía Federal.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el trámite se concretará tras quedar hoy designado como defensor oficial Gustavo Kollman, en la causa que está bajo secreto de sumario.

En un principio se le había asignado el mismo defensor oficial que tiene su novio, Juan Hermida, pero el funcionario judicial se excusó ayer de patrocinar a ambos porque podría darse un posible «conflicto de intereses».

Sabag Montiel se negó a prestar declaración indagatoria el viernes último y permanece detenido a la espera de una resolución de su situación procesal tras quedar imputado por «intento de homicidio calificado».

Brenda Elizabeth Uliarte quedó detenida la noche del domingo y desde entonces permanece alojada en una dependencia de la Policía Federal, desde donde sería trasladada a los tribunales federales de Retiro para la indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La magistrada y el fiscal del caso Carlos Rivolo tomaban esta mañana nuevas declaraciones testimoniales en la investigación y por ello se programó la indagatoria para la tarde.

De manera previa, la joven debería entrevistarse con su defensor oficial.

La imagen de quien es la segunda detenida del caso quedó en el lugar de los hechos en el barrio porteño de Recoleta, registrada en un video que está en manos de los investigadores.

Durante la jornada de ayer se conoció una pericia que confirmó el hallazgo de ADN de Sabag Montiel en el arma usada en el hecho mientras que cinco testigos -amigos o conocidos de los acusados- declararon y aportaron de manera voluntaria sus teléfonos celulares para ser peritados.

El juzgado analizaba además los llamados entrantes y salientes del teléfono celular Samsung de Sabag Montiel, detenido en el lugar de los hechos tras el intento de homicidio a la Vicepresidenta.

Además se analizaban información obtenida al ingresar a su computadora y la tarjeta SIM y el chip del celular, pese a que no se pudo aún acceder al aparato que sufrió un «bloqueo de fábrica» se cree que mientras era peritado.

La jueza María Tolomei resolvió dictar una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para el ex secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, hallado culpable como coautor del incendio de la Legislatura de Chubut, ocurrido el 17 y 18 de septiembre del 2019 durante las protestas docentes por reclamos salariales.

La decisión de la magistrada se conoció este miércoles pasado el mediodía en la Oficina Judicial de Rawson y estuvo en sintonía con el pedido de la fiscal Florencia Gómez que había solicitado esa condena para el ex gremialista con cumplimiento efectivo por el delito de incendio intencional, mientras que el abogado defensor había pedido la mínima de tres años, que es excarcelable.

«Quien transgrede las normas debe asumir la responsabilidad que establece el Código Penal», aseguró la jueza al inicio de la audiencia y negó de lleno que se criminalice la protesta, como había denunciado el propio Goodman días atrás. Este derecho, sentenció Tolomei, está garantizado «siempre que se realice en forma pacífica», haciendo hincapié en que «el derecho de reunión no es absoluto ni ilimitado», citando doctrina internacional.

“La anarquía no permite la convivencia. No es opinión mía. Surge del sistema de normas que nos rige. La falta de respuesta de los responsables, la injusticia, ¿habilitan la creación de un peligro para las personas y bienes? Claramente no”, sostuvo la jueza.

Para la jueza, las palabras de Goodman en su declaración «implican una confesión», además de saber que su conducta era prohibida y lo llevo a cabo igual. De todas formas, para ella fue una acción espontánea y no organizada.

La protesta de esa noche del 17 de septiembre del 2019 que arrancó pacífica se convirtió en violenta por el fuego, según pruebas que no han sido controvertidas. «Creer que no compartir una decisión de gobierno permite destruir bienes públicos y poner en riesgo la vida de personas sería propio de la anarquía», argumentó Tolomei.

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Para el próximo día 27 de este mes está previsto que se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa denominada como “Ñoquis calientes” que tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

EL PRESUNTO ILÍCITO INVESTIGADO

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores. Además, habría nombrado a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Se trata del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, representado por la Fiscal Dagoto quien propuso junto a la defensa del imputado del caso, el tratamiento de un acuerdo de juicio abreviado ante la Jueza Penal Mariel Suárez.

Dos hechos eran los que se le atribuía al agresor, uno de ellos de septiembre de 2020 en el que en el domicilio conyugal se produjo una discusión el imputado tomó el teléfono celular de la mujer víctima. la agarró del cuello y la empujo contra el suelo, la amenazó que le quitaría los hijos, la tomo de los brazos, la sujeto del cabello y la arrastró por el suelo.

El segundo hecho habría acontecido en diciembre de 2020 cuando la mujer víctima se encontraba junto a su hijo menor de edad en su vivienda, se presento el imputado en estado de ebriedad y comenzó a insultarla y a amenazarla de muerte para luego tomar un fierro y golpearla en las rodillas y en un brazo. Ese mismo dia y luego de hacer la denuncia la señora regreso a su hogar y el imputado que se encontraba en cercanías al mismo comezo a arrojar pierdas a patear la puerta, mientras que los vecinos dieron aviso a la policía.

El imputado amedrento a los policías, los amenazo y le arrojo un golpe de puño a uno de los uniformados.

Por esos hechos la fiscal y la defensa pidieron se aplique un año de prisión en un procedimiento abreviado.

Un juicio abreviado implica simplificar el desarrollo y la exposición del caso ante un tribunal ante el que se produzca la prueba ofrecida, en vez de ello, el imputado acepta su responsabilidad en el hecho y el juez valora si a parte de la aceptación de la responsabilidad, existen más elementos para imponer una condena.

Ocurre que la Jueza interviniente, rechazo el acuerdo porque entendió que si bien las partes no calificaron el hecho bajo los preceptos de violencia de género, el caso se enmarco en hechos de violencia contra una mujer, de violencia doméstica, intrafamiliar y vicaria.

Dijo la Jueza que según los dichos de la propia Fiscal en audiencia, halló grave que la víctima solo recibió un acompañamiento primario del SAV (Servicio de asistencia a la víctima) que no recibió asistencia psicológica permanente, ni ningún tipo de ayuda del Estado Municipal o Provincial y que convive actualmente con el agresor en una relación que a la fecha de los hechos lleva más de 10 años de estabilidad.

Destaco en su voto la magistrada, que la víctima alegó tener miedo de que vuelvan a ocurrir estos hechos y sostuvo que “…frente a esta grave situación el Estado ofrece un acuerdo de juicio abreviado con una pena que luce desproporcionada frente a la gravedad de los hechos enjuiciados…… La perspectiva de genero consiste en un herramienta conceptual …..en definitiva se trata de una herramienta que incluye tratar de contemplar los intereses de las mujeres con miras contrarrestar las desigualdades y en el caso de los operadores judiciales funciona como una herramienta conceptual que busca reconocer esas diferencias, identificar y cuestionar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres para en definitiva implementar acciones positivas a favor de estas.”
Finalmente sostuvo que “…Juzgar con perspectiva de género, es una obligación legal de TODOS los operadores del sistema judicial y no implica flexibilizar principios probatorios ni las cuestiones de valoración, como tampoco actuar de forma NO razonable discriminando al hombre por su condición. Esta obligación encuentra fundamento legal en el principio de trato igualitario y no discriminatorio de raigambre constitucional y convencional por elart. 75 (22) y 16 CN. art, 1 DUDH y arts 1.1 y 24 CADH……. juzgar con perspectiva de género nos obliga a modificar prácticas de interpretación de normas y contemplar el conflicto de modo global, en el caso considerando la particular situación de la víctima, una víctima atemorizada y no asistida ni legal ni psíquicamente por el Estado que sigue conviviendo con el agresor y manifiesta vigente su temor. Esta forma de juzgar, NOS OBLIGA a dignificar a quien está en condiciones de desventaja y desigualdad y para ello requiere constatar una relación desequilibrada de poder, identificar la situación de desigualdad, adoptar medidas de protección, dictar sentencias respetuosas de los derechos y garantías de los imputados, pero que indefectiblemente contemplen el interés y el daño que ha sufrido la víctima, y que no se convierta en una mera enunciación como ocurrió en el caso”

 

Por Mariel Suárez Jueza Penal Experta en derechos Digitales, Triple Magister en Cibercrimen, Ciberseguridad y Extracción Informática Forense (EICYC – España)

Quien comete un delito lesiona un bien jurídico protegido por una norma penal. Un bien jurídico es un interés a tutelar como la vida, la integridad física, la propiedad entre otros.

El cibercrimen es un tipo de criminalidad específica, que tiene por objeto proteger, evitar y llegado el caso sancionar, la lesión a bienes jurídicos que protejan datos contenidos en sistemas informáticos o bases de datos informáticas como los datos allí contenidos.

Un delito en general deja huellas o rastros que los investigadores deben analizar para resolver las premisas de cómo, cuándo, dónde y quién cometió el crimen que se intenta investigar. Entre las evidencias más comunes están las huellas dactilares, las manchas de sangre, las heridas o los elementos que pudieron servir para el acometimiento de las mismas.

Con el uso masivo de la tecnología, la que vino a facilitar nuestras vidas, durante la pandemia se aceleró esa relación con los medios telemáticos de comunicación, dado que tuvimos que volcarnos a su uso continuo por la imposibilidad de concurrir a sitios públicos y de estas forma comenzamos a pagar servicios, estudiamos y trabajamos a través de los dispositivos electrónicos.

El uso de la tecnología trae aparejada nuevas formas de comisión de los hechos delictivos en general. Una estafa común puede ser cometida por medio del uso de un dispositivo electrónico y no por esto será considerada cibercrimen, incluso en un homicidio, la evidencia electrónica puede echar luz al asunto aportando datos de hora de comisión del hecho, algún otro detalle del lugar o de la forma de planeamiento o inclusive sobre el autor del mismo y no por eso se lo considerará un cibercrimen.

La evidencia digital resulta relevante tanto en crímenes comunes como los informáticos y, por ende la capacitación en su recolección, tratamiento y conservación se vuelven esencial en estos días para operadores del sistema judicial como el personal policial, los miembros del Ministerio Público Fiscal, la Judicatura y la defensa.

Es necesario poner de resalto, que varios de los delitos informáticos resultarán de competencia federal si es que están vinculados a medios de comunicación como los accesos indebidos a correos electrónicos, o el acceso indebido a un sistema informático de acceso restringido incluso el sabotaje informático (art. 153bis del CP) y unos pocos serán de competencia provincial, como puede ser la fabricación, distribución, transferencia y difusión de material que contenga imágenes de abuso sexual infantil (art. 128 CP) siendo que el resto de los delitos en los que se usa ingeniería social, van a seguir siendo delitos comunes con existencia de evidencia digital

Para ser más específica, entre los delitos informáticos según la Convención de cibercriminalidad de Budapest del año 2001 suscripta por Argentina mediante ley 27411 del año 2017, encontramos los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos como el Acceso ilícito a sistemas informáticos o base de datos informáticos con la intención de obtener los datos informáticos; la Interceptación ilícita dolosa y sin autorización cometida a través de medios técnicos; los Atentados contra la integridad de los datos que incluyen la conducta de dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir dolosamente y sin autorización los datos informáticos; los Atentados contra la integridad del sistema que incluyen la obstaculización grave, cometida de forma dolosa y sin autorización del funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos; el Abuso de equipos e instrumentos técnicos que incluyen la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otras formas de puesta a disposición de un dispositivo, incluido un programa informático, principalmente concebido o adaptado para permitir la comisión de una de los otros delitos informáticos, los destinados a obtener contraseñas o códigos de acceso o de datos informáticos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema informático.

Como Infracciones Informáticas encontramos la Falsedad informática que concibe como delito la introducción, alteración, borrado o supresión dolosa y sin autorización de datos informáticos, generando datos no auténticos, con la intención de que sean percibidos o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que sean directamente legibles e inteligibles; la Estafa informática que implica la comisión de un perjuicio patrimonial a través de la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático, con la intención, fraudulenta o delictiva, de obtener sin autorización un beneficio económico para sí mismo o para un tercero.

Entre las Infracciones relativas al contenido se incluyen las relacionadas a la producción con intención de difusión a través de un sistema informático, el ofrecimiento o la puesta a disposición a través de un sistema informático, la difusión o la transmisión a través de un sistema informático o procurarse para sí o de procurar a otro, material que contenga imágenes de abuso sexual infantil (MASI) la que sí será de competencia provincial.

Es importante destacar que en el proceso investigación de este tipo de criminalidad, el NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la que es una organización privada sin fines de lucro establecida en 1984 por el Congreso de los Estados Unidos, tiene una gran participación en el reporte inicial de estos hechos.

Mediante un convenio que la organización mantiene con muchos Ministerios Públicos Fiscales a nivel internacional, en el caso de Argentina con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reportan la detección de la transmisión de ese material a través de medios de comunicación de mensajería instantánea como whatsapp, signal o telegram o a través de programas P2P (Peer to Peer) que significa programas de colega a colega, y que son aquellos programas que permiten a los usuarios de Internet conectarse entre sí y compartir archivos que están en sus ordenadores.

El reporte es el primer paso para que se dé inicio al proceso penal. En el caso de Argentina, es recibido por el Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A. y este los remite a los distintos lugares conforme las direcciones IP de los reportes lo que determina la competencia de la investigación de ese hecho. Seguidamente, el fiscal será el encargado de pedir al juez las medidas que considere necesarias para avanzar en la investigación y que están relacionadas con la intrusión en los domicilios de donde surgen las IP con la intención de dar con el material transmitido, los dispositivos de almacenamiento de ese material y los posibles autores de los hechos investigados, siempre respetando las Constituciones y las Convenciones Internacionales que resguardan la privacidad e intimidad de las personas.

La existencia de evidencia digital en los delitos comunes y en la modalidad cibercriminal, exige que los operadores estén a la altura de las circunstancias para su tratamiento.

En Argentina existen algunas áreas de fiscalías especializadas en la materia. El Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene un área especializada con un protocolo propio de manejo de la evidencia digital, y la existencia de ésta área se justifica en razón de la competencia federal de este tipo de criminalidad.

En cambio, de las otras fiscalías especializadas provinciales, como la de Chubut creada en 2020, cuando no tienen protocolo específico de actuación, se les recomienda seguir las normas RFC 3227 (2002), ISO /IEC 27037 del año 2012 y el Manual de la OEA, para que la manipulación de tal evidencia sea válida y respete los derechos, principios y garantías constitucionales tanto de imputados como de víctimas. Un tratamiento respetuoso de éstas normas permitirá sin duda afianzar la justicia, finalidad que todo operador del sistema judicial debería tener presente pues el fin NO justifica los medios.

Así lo explicó la fiscal Bottini tras presentar la impugnación al fallo absolutorio ante el Superior Tribunal de Justicia. Explicó que el recurso busca que se realice un nuevo juicio. Al evaluar la sentencia, advirtió que hubo “arbitrariedad” y “falta de perspectiva de género”; Además de cuestionar que en diferentes tramos se advierte “cierta agresividad”, y “falta de respeto”.

La fiscal María Bottini, que integró el equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal conocido como la “manada de Chubut”, explicó a Radio 3 los alcances de la impugnación presentada y cuestionó la sentencia absolutoria de las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini.

En primer término explicó que el recurso se planteó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) “solicitando la anulación del juicio, que se revoque la decisión absolutoria y se realice un nuevo juicio”.

Aclaró que el STJ “no revierte ni condena, sino que ordena un nuevo juicio”, y detalló que ahora “tiene que correr vista a los abogados defensores y cuando contesten habrá una audiencia. Ahí el STJ se abocará a resolver”.

En este sentido, argumentó que la impugnación se presentó porque “entendemos que fue una cuestión arbitraria, donde no se analizaron las pruebas de manera global sino de forma fragmentada”.

Además, “no hubo perspectiva de género, porque no se tuvieron en cuenta las circunstancias de este tipo de casos (…) no se evaluó la prueba como lo establecen las leyes nacionales e internacionales y llegan a una conclusión que para nosotros es errada”.

La fiscal señaló que la falta de perspectiva de género es independiente del género de las personas, y lamentó que “las mujeres también reproducen el patriarcado y esto está a la vista”, en este caso.

A nivel personal, Bottini expresó que “me resultó llamativo que después de todo lo que ha pasado aún haya expresiones que atrasan y nos estacan en definiciones que uno creía que ya no estaban en el léxico judicial”.

Reconoció que en la sentencia “una de las juezas utiliza expresiones que son llamativas y con cierta agresividad a la Fiscalía”, evaluando que “fue un fallo aleccionador a la Fiscalía, que no es la manera”, y que está por fuera del rol de los magistrados en un debate.

“En este caso hubo frases que tuvieron un impacto y que quizá no se dieron a conocer, pero hay frases que son impactantes y que pedimos que se tomen como ‘no escritas’ en la sentencia porque son muy llamativas”, apuntó.

Precisó que la frase “que refiera que el Fiscal ‘no puso lo que tuvo que poner’ y que el trabajo recayó en 3 mujeres -es- casi impropio de una sentencia judicial” ya que “hace alusión a la genitalidad del fiscal, invisibilizando a 2 mujeres que trabajamos en el caso”.

Esto “es totalmente falto de perspectiva de género y da cuenta del posicionamiento de al menos esta jueza en cuanto a cómo ve la prueba y los hechos”.

Bottini expresó que “me pareció grave esa frase, no me pareció propio de una sentencia y nunca había leído algo igual en una”, ya que “pensarlo, ponerlo, releerlo y firmarlo, es llamativo y desafiante”.

Cerró expresado que en su experiencia “siempre los jueces y juezas se manejaron con respeto, si bien no siempre las resoluciones son favorables a la Fiscalía y puede haber desinteligencias, siempre son con respeto”.

 

Así lo confirmó la abogada de la sobreviviente, quien reiteró que «las juezas culpan a la víctima». Este lunes habrá una actividad de visibilización del caso en la Casa de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

Verónica Heredia, una de las abogadas que representa a la víctima del caso de violación grupal conocido como “La Manada” de Chubut, confirmó que se ha impugnado el fallo absolutorio dictado por las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini.

Cuando se conoció el veredicto, hace unas semanas, el procurador General Jorge Miquelarena había adelantado que se iniciaría esa medida “por vía extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia”. En esta línea, Heredia confirmó la impugnación de la sentencia «porque las juezas han renunciado de manera consciente a la verdad y esto es incompatible con el servicio de Justicia”.

Según consignó Radio 3 Cadena Patagónica, la abogada argumentó que las magistradas “sustentaron sus votos en testimonios calificados como faltos de verdad y susceptibles de investigación por falso testimonio”. Además, “omitieron deliberadamente emitirse sobre la conducta procesal de uno de los imputados, calificable como mínimo de mala fe”, imputado que “dio información falsa a su perito para que haga una pericia desacreditando a la sobreviviente. Él hace 2 años ya sabía cómo iban a declarar estos testigos hoy investigados”.

“Impugnamos la sentencia, donde se violaron los principios rectores: la buena fe y la ética. Las juezas culpan a la víctima y con eufemismos sostienen que no se probó que no se consintió”. Heredia sostuvo que las magistradas “reafirman todos los estereotipos prohibidos constitucional y convencionalmente”, lamentando que la sentencia absolutoria de Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar “destruye las aspiraciones de Justicia”.

“En un Estado de Derecho, (el fallo) garantiza que los imputados puedan mentir y realizar maniobras arteras como estrategias de defensa, valida el trato diferenciado según la cuota de poder de cada imputado”, apuntó. “El secreto del juicio solo beneficio a los imputados”, cuestionó sobre el cierre la abogada Heredia, quien participará de una actividad de visibilización este lunes en la Casa del Chubut, en la Capital Federal.