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La magistrada Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán deberán enfrentar el próximo lunes 11 de diciembre el juicio por los delitos en su contra.

Durante la primera audiencia se leerá la acusación fiscal, los escritos de las defensas y se le tomarán declaraciones a las dos funcionarias.

Se espera que el juicio se desarrolle a lo largo de cuatro días y el martes 19 de diciembre se darán a conocer los alegatos, mientras que el viernes 22 se hará lo propio con la sentencia.

La llegada de ambas funcionarias al debate oral se debe a que el procurador general provincial, Mario Oscar Bongianino, las acusó de «mal desempeño» en la tramitación de los expedientes.

De esta manera, la Procuración señaló que Ballester y Catán son culpables de «remoción por mal desempeño de sus funciones, por entender que omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño».

En octubre de este año las dos funcionarias fueron suspendidas hasta que se tome una decisión sobre su responsabilidad o no en la muerte del menor.

A días de que comience el juicio, el Colegio de Magistrados de La Pampa reiteró en un comunicado que tanto la jueza como la asesora no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en la muerte de Dupuy.

«Corresponde destacar que la jueza no había hecho entrega del niño y que en la causa no se habían denunciado ni existían indicios que alertaran situaciones de violencia que indicaran la inconveniencia de homologar el acuerdo. Dicho acuerdo tampoco fue cuestionado por familiares ni organismos públicos de protección a la niñez con anterioridad al homicidio», sostienen.

«El 11 a las 15:30 se dará inicio al juicio contra la tercera asesina, como yo la llamo, a Ana Clara Pérez Bacetar», expresó con enojo Ramón Dupuy, abuela de la víctima.

En diálogo con Splendid AM990, Ramón explicó cómo tendría que haber actuado la funcionaria: «La progenitora, yo no le llamo madre porque el título de madre es muy grande, pero lo abandonó a Lucio durante dos años y un buen día se acordó que tenía una criatura y bueno, vino a reclamarlo y la jueza sin ningún, no, mejor dicho, con una ideología lo entregó para que lo asesinara, ¿no? Podría haber hecho lo siguiente, estudiar el expediente, podría haber hecho un insocio ambiental, podría haber llamado al papá para preguntarle si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo».

«Nosotros lo hemos presentado varias veces y bueno, no logramos el cometido de restituirlo a Lucio a la familia paterna», destacó y remarcó la respuesta que recibió por parte de la jueza: «La madre, la madre, la madre, no va a estar mejor visto, la madre.Esa era la respuesta».

Acerca de Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen del chico el pasado 26 de noviembre de 2021.

A pesar de los reiterados pedidos contrarios de los damnificados, ambas condenadas continúan juntas en el Complejo Penitenciario I de San Luis.

«Es una impotencia muy grande remover todo esto, pero bueno, lamentablemente siguen juntas en la misma penitenciaría, no en el mismo pabellón como estaban antes de Luna de Miel. Estaban las dos juntas con su televisor, su equipo de música, sus teléfonos y todo lo demás. Ahora la han separado del pabellón, pero siguen en la misma cárcel. O sea, van a comer juntas, tienen visitas íntimas juntas, hacen recreo juntas, toman mate juntas, hacen talleres juntas, entonces estamos en la misma», subrayó.

Por último, Ramón pidió que se haga justicia: «Remover todo esto duele mucho. Nosotros convivimos con el dolor día a día, pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien para que chicos, niños, niñas y adolescentes de nuestra Argentina no sufran el maltrato que sufrieron Lucito».

Pese a las evidencias un juez liberó al imputado por una tentativa de homicidio. Otras dos magistradas criticaron la decisión y resolvieron la prisión preventiva del sospechoso.

Ya apareció un testigo presencial del intento de homicidio en pasaje San Luis al 200 de Trelew, la madrugada del sábado. La Fiscalía cuenta además con otros tres testimonios que aportaron datos clave que incriminan a Franco Trafian, el imputado de agredir a Federico Barra. Una de estas personas declaró que antes de quedar inconsciente, la propia víctima alcanzó a susurrarle: “El que me la dio fue Rikito”, apodo de Trafian. Y está acreditado que hace dos meses, este sujeto baleó la casa de la madre de la víctima, usando incluso el mismo calibre. Por si fuese poco, al momento de la agresión cumplía una condena en libertad condicional.

Pero el lunes el juez Marcos Nápoli consideró “insuficiente” este abanico de evidencias recogidas a sólo 48 horas del hecho y dejó libre a Trafian. La decisión cayó mal en Fiscalía, ya que el fin de semana el mismo juez había autorizado su detención. Consideran al menos contradictorio que no haya considerado tantos elementos para dejarlo en prisión preventiva pero sí para capturarlo.

Estado crítico

Una forense verificó que el estado del herido en el Hospital Zonal es crítico: su colon quedó destrozado, tiene fracturas, debieron cortar parte de su intestino y debieron colocarle respirador. Había 13 vainas servidas: recibió dos balas en el glúteo y en una pierna.

Pese a este panorama, en la audiencia del lunes, la defensa sólo dijo que con una llamada al nosocomio, alguien –que no identificó- les dijo que “el pibe está mucho mejor”. Siguiendo esta frase de fuente anónima, el juez Nápoli deslizó que Fiscalía bien pudo entrevistar a Barra, pese a que sobrevive con respirador.

Y criticó que no se haya realizado la prueba del dermotest, sin tener en cuenta que el sospechoso fue detenido 8 horas después del hecho, lo que invalida esa prueba. Sí dictó una genérica prohibición de acercamiento.

La fiscal Julieta Gamarra, a cargo del caso, consideró “arbitraria” la decisión de Nápoli. Y pidió revisar la libertad de Trafian. Ayer, Patricia Reyes y Marcela Hernández, juezas de Puerto Madryn, le dieron la razón.

No es habitual que decisiones así se revoquen. Pero las magistradas no sólo consideraron “de baja calidad” los argumentos de la defensa sino que criticaron los argumentos para dejarlo libre, basándose en “suposiciones” del juez y en “malas valoraciones” de la evidencia y de los antecedentes de Trafian. El imputado quedará preso un mes. Y la fiscal Gamarra recusará al juez Nápoli para que ya no intervenga en el caso. #

 

La ceremonia fue presidida por el Dr. Guillermo Hansen, Presidente de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.

Además, contó con la presencia del Dr. Julián Jalil, miembro del organismo judicial, y la participación del Dr. Mario Luis Vivas, Ministro del Superior Tribunal de Justicia e integrante de la sala civil de la corte provincial.

También estuvieron presentes colegas, familiares y amigos de la Dra. Mariela Panigadi.

 

“Son 11 testigos para el viernes, va a ser una jornada de trabajo extensa y continuaremos el lunes o martes, cuando lo disponga el tribunal, porque el lunes por la mañana la sala está comprometida con otras audiencias”, anticipó Jorge Benesperi, el defensor público que representa a Suárez.

“Toda la prueba testimonial que va a declarar a partir de mañana y días subsiguientes será por testigos que tienen la obligación de decir la verdad de lo que vieron, escucharon o sintieron. Van a declarar funcionarios, magistrados y personas que no tienen esta responsabilidad, como por ejemplo Cristian Bustos, quien fue testigo y participó de algunos eventos en los que está involucrado. Él va a decir la verdad de lo que vio y tendrá que responder también preguntas de la parte acusadora, pero está obligado a decir la verdad, como también los magistrados y funcionarios que van a declarar”, indicó el defensor, en diálogo con Actualidad 2.0.

«No se afectó la imparcialidad del proceso»

El defensor apuntó que no hay elementos para imputar a la jueza por falta de imparcialidad durante el juicio que presidió contra Bustos, que fue condenado por el homicidio del policía Tito Roberts.

“Estoy convencido de que no se ha vulnerado la imparcialidad. Cuando se inició la investigación, a partir de una imagen que se viralizó, se plantearon 4 supuestos de mal desempeño, aunque luego la comisión acusadora agregó 6 hechos más –cuestionó el defensor-. El miércoles volvieron sobre la plataforma original, de 4 supuestos causales. Entre ellos está la supuesta falta de imparcialidad. Yo tengo una visión opuesta a la de ellos, porque estamos hablando de imparcialidad ante sujetos sometidos a un proceso y esto se viola cuando un juez toma una postura en forma anticipada a conocer los hechos y en forma contraria al derecho. Si la doctora Suárez estaba condicionada por la visita que tuvo a Bustos en la comisaría, según la comisión acusadora, nunca podría haber condenado a Bustos. Creemos que la imparcialidad no se ha afectado y es lo que vamos a demostrar en el proceso”.

El Tribunal de Enjuiciamiento inició hoy en Rawson el segundo día de las audiencias en el marco del expediente N° 59 del año 2022, en el cual se somete a jury a la Dra. Mariel Suárez, jueza penal de la Circunscripción Comodoro Rivadavia.

Suarez presenció el debate de manera virtual desde la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra alojada desde su viaje a Colombia.

El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por el ministro del STJ Dr. Daniel Esteban Báez (presidente), de las diputadas provinciales Selva Mónica Saso y Claudia Mariela Williams, como así también los abogados de la matrícula, Dr. Miguel Ángel Barletta y Dra. María Florencia Góngora.

La jueza cuestionó a la comisión acusadora en su contra. “Nosotros tenemos el rol de acusar y quienes deben ser neutros son quienes juzgan”, respondió uno de los consejeros que impulsa el juicio de destitución.

En el primer día del jury contra la jueza Mariel Suárez, la defensa planteó impugnaciones contra los integrantes de la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura. El tema deberá ser resuelto por el Tribunal antes de continuar con el juicio.

Este lunes se desarrolló la primera audiencia del juicio de posible destitución contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, acusada por mal desempeño a raíz de sus visitas al preso Cristian Bustos, al que se encontraba juzgado por el homicidio del policía Tito Roberts.

La jueza Suárez no se hizo presente en la audiencia, ya que comunicó a través de su defensa que se encontraba en la ciudad de Bogotá, por partir hacia Argentina, donde también tendría trámites personales para realizar en Buenos Aires.

La situación no es anormal, ya que no es necesario que la propia magistrada asista al juicio en su contra, que deberá dirimir si hay o no causales para su destitución del cargo. De hecho, el proceso está asegurado a partir de la presencia del defensor de la magistrada, el abogado de la Defensa Pública Jorge Benesperi.

Planteos de la defensa y réplica del acusador 

Además de la defensa, la propia jueza planteó por escrito una serie de impugnaciones contra los integrantes de la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura. Entre los fundamentos en su favor, la magistrada planteó que fue sobreseida en la investigación penal que se había desprendido de las actuaciones que hoy se le cuestionan, al tiempo que también planteó la inconstitucionalidad de la comisión conformada para llevar adelante la acusación.

“Hubo recusaciones de diversa índole –reseñó el abogado Manuel Burgueño, uno de los 3 consejeros que integran la acusación-. Reiteró un planteo de falta de objetividad en mi contra, algo que ya fue respondido por escrito la semana pasada”.

La defensa también cuestionó la participación de la consejera Paula Cardozo, que es consejera popular y se recibió recientemente de abogada. La ley del organismo impide que los consejeros del sector popular sean profesionales del Derecho, pero Burgueño indicó que “Cardozo todavía no tiene ni título ni tampoco está matriculada, por lo que no pertenece al estamento de los abogados”.

Desde ese punto de vista, comparó el planteo con la situación hipotética de que la jueza fuera destituida: “Sería como decir ahora que todas las resoluciones que tomó la jueza en su momento son nulas, cuando en realidad los actos valen mientras se es funcionario. La realidad es que la consejera Paula Cardozo es contadora y ahora terminó la carrera de Derecho, pero todavía no pertenece al estamento de los abogados”.

Por otro lado, rechazó el cuestionamiento hacia él y el consejero Jorge Luis Früchtenicht, a quienes la defensa les atribuye falta de imparcialidad. “Nosotros tenemos el rol de acusadores y la doctora Suárez está en su derecho de utilizar las herramientas que considere necesarias para su defensa –dijo Burgueño, en contacto con ADNSUR-, pero no tengo ningún problema contra ella, sólo estoy cumpliendo con una carga pública que me impone esta función y debo realizar de la mejor manera posible”.

En ese punto, insistió en que “nuestro rol es que el juicio avance y procurar su destitución, salvo que encontráramos que no hay material jurídico para avanzar con la acusación, pero no se puede pretender que asumamos una posición neutra, donde ella tiene su defensa y los únicos que deben ser neutros son quienes juzgan”.

Este lunes 6 de noviembre de 2023, desde las 9 de la mañana, inició el juicio a la jueza comodorense, Mariel Suárez en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia en Rawson.

Las audiencias que, en principio, se extenderían hasta el viernes 10 de noviembre, a los fines de escuchar la prueba ofrecida, a los testigos y tomar conocimiento de la documental en el proceso de jury de enjuiciamiento que se sigue contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia.

Las actuaciones se dan en el marco de los expedientes caratulados «Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/denuncia contra la Dra. Mariel Suárez, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia — Sumario N° 145/2022 CM», contenidos en el Expte. N°59 del año 2022 y también en los autos identificados como “Sr. Ignacio Agustín Torres y otros/as contra la Dra. Mariel Alejandra Suárez, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia» y el sumario interno del Superior Tribunal de Justicia, luego de que surgiera un video de la magistrada a los besos con un preso.

El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por el ministro del STJ, Daniel Esteban Báez (presidente), de las diputadas provinciales Selva Mónica Saso y Claudia Mariela Williams, como así también los abogados de la matrícula, Dr. Miguel Ángel Barletta y Dra. María Florencia Góngora.

 

La jueza de ejecución, Karina Breckle, evalúa la situación de detención de la ex ministra Leticia Huichaqueo, quien busca el arresto domiciliario debido a problemas de salud y estrés. La magistrada visitó el lugar de detención y recabó testimonios para fundamentar su decisión.

La jueza de ejecución, Karina Breckle, se encuentra evaluando la situación de detención de Leticia Huichaqueo, ex Ministra de Familia de Chubut, quien busca obtener el beneficio de arresto domiciliario debido a problemas de salud y estrés agravado por su encierro en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).

Huichaqueo purga una condena de cuatro años de prisión en la causa conocida como “Royal Canin”. Esta condena se relaciona con la venta ilegal de alimentos para perros donados por la empresa Royal Canin durante la emergencia climática que afectó principalmente a Comodoro Rivadavia en marzo y abril de 2017.

La magistrada Karina Breckle, encargada de resolver la situación de detención, recorrió el IPP y conversó con personas detenidas en el lugar, así como con personal penitenciario y de salud. Además, la jueza escuchó testimonios de profesionales médicos, incluyendo al médico de cabecera de Huichaqueo, una psicóloga y una psiquiatra que la atendieron en las últimas semanas.

La defensa de Huichaqueo, a cargo del abogado Javier Romero, presentó la solicitud de arresto domiciliario basándose en los problemas de salud que padece la ex funcionaria, que incluyen diabetes, hipertensión y un alto nivel de estrés agravado por su encierro. La petición también destacó la preocupación por su bienestar general y su integridad física.

Además de los testimonios y argumentos presentados por la defensa, la jueza Breckle anunció que los testimonios recabados y el informe del Cuerpo Médico Forense serán cruciales para fundamentar su resolución final. La decisión de la jueza sobre el arresto domiciliario se espera dentro del plazo legal estipulado.

La ex ministra Huichaqueo, a pesar de su condena, insiste en su pedido de arresto domiciliario, enfatizando su estado de salud y su situación emocional. La resolución de la jueza determinará si se otorga el beneficio de arresto domiciliario o si Huichaqueo continuará cumpliendo su condena en el IPP.

Cabe mencionar que la sentencia que condena a Huichaqueo en la causa “Royal Canin” pasó por todos los controles judiciales y se encuentra en firme. La jueza Karina Breckle se encargará de analizar los elementos presentados y los testimonios recabados para tomar su decisión final.

Por Mariel Suarez

Parece que en esta Provincia, las leyes están escritas para ser aplicadas conforme quien este sentado en el banquillo de los acusados.

Quiero recordar, que estoy siendo juzgada por un “juez”, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, quien en un derroche verborrágico, en enero del año 2022 cuando los hechos por los que se me investigan salieron a la luz, expresó de forma prejuiciosa: “en mis 30 años de servicio nunca vi nada igual. No todos los jueces son iguales”. Me pregunté, ¿iguales a quién?, pues la respuesta no tardó en llegar, iguales a mí persona, justamente a quién se estaba refiriendo.

Sin embargo y a pesar de haberse expresado públicamente de ese modo y haber inaplicado un precedente propio, el Ministro, insiste en ser quien tenga que juzgarme y no se aparta ni un ápice de su sillón. Pues en estas condiciones, no cabe otra cosa que sostener razonablemente, que la sentencia de destitución ya está firmada.

Así el Tribunal de Enjuiciamiento, que se supone libre de todo prejuicio, inaplicó un precedente propio a parte de prejuzgarme. Mientras que en el caso del Fiscal Rivarola se resolvió archivar el Jury por haber caducado los plazos para investigar en el seno del Consejo de la Magistratura, en mi caso, se resolvió lo contrario, pese a encontrarme en una situación técnicamente similar.

Es que la ley aplicable en ambos casos, es clara, dice que el Consejo de la Magistratura tiene  6 meses para investigar desde que ingresan las denuncias. Las denuncias en mi contra ingresaron el 17/01/2022  y el Consejo resolvió elevar mi sumario a Jury el 20 de noviembre de 2022. No hay mucha ciencia al respecto, para ese entonces los plazos de investigación estaban vencidos. El órgano constitucional esta negado a asumir su negligencia y puso excusas que fueron receptadas por el Tribunal de Enjuiciamiento, con Daniel Baez a la cabeza.

Grave, es la conducta asumida por Tomás Malerba, el por ahora presidente del Consejo de la Magistratura, quién por estas horas y siendo un hombre se supone de derecho, quien tengo entendido esta denunciado penalmente por su actuación en el Consejo, quien desempeña el cargo de defensor jefe de la Ciudad de Sarmiento, defiende la NO aplicación de la letra de la ley.

Resulta que la ley dice una cosa y Malerba defiende otra. Y allí comienzan nuevamente los interrogantes ¿Qué les queda a los justiciables de Sarmiento? si un defensor jefe defiende el hecho de que no se aplique la letra de la ley. ¿Qué defensa podrá ensayar cuando tenga que reclamar por el vencimiento de los plazos para sus asistidos, ante los jueces de la provincia?.

Por último pero NO menos grave, es la conducta adoptada por el conocido abogado comodorense, Burgeño,  hoy representante de los abogados del sur de la provincia ante el Consejo de la Magistratura Provincial, académico, autor de varias publicaciones y libros, quien clamo literalmente, agregando un “por favor” a su pedido, ante él  TE para que NO aplique en mi caso, la letra de la ley. Por suerte ello, esta registrado en audio, al que seguramente habrán accedido varios medios de comunicación que no se han atrevido a publicar nada de ello, quizas ungidos por el pudor de la situación, siendo el único medio que se hizo eco de lo ocurrido es éste portal digital.

Aquí es en donde renuevo mis interrogantes, es que acaso, un abogado ¿no debe defender la ley?, un profesional del derecho ¿no debe afianzar la justicia? Como lo ordena nuestra Norma Fundamental, la Constitución Nacional.

Evidentemente, estos “señores del derecho” no pueden apartar las cuestiones personales de las profesionales y cuentan las cosas como quieren, como les convienen o como pueden; borran con el codo lo que escribieron con la mano días antes, y lo que es peor aún, por todos los medios intentan deshonrar y afectar mi dignidad como mujer profesional del derecho, porque no tienen argumentos jurídicos para lo que pretenden hacer.

Ahora resulta que el Tribunal de Enjuiciamiento, decide fijar fecha de Jury, sin que mi defensor este en la provincia, circunstancia que era conocida por el Tribunal, ya que fue puesta de manifiesto por  éste y, sin resolver los planteos de revocatoria y recusación. Fijaron una fecha de Jury en el que NO podré estar presente y ellos conocían los motivos de  mi ausencia, académicos y personales. Sin embargo, avanzaron sin cesar hacia el único objetivo válido para ellos, NO juzgarme, sino sacarme del medio. De continuar esa fecha para el Jury, adelanto que se llevara a cabo, un debate sin presencia del acusado,  un juicio a alguien que no está sentado en el banquillo, a alguien que no podrá declarar y ser oído en ésta instancia, a alguien que no podrá controlar la prueba de los “acusadores” y promover la propia, alguien, quién en definitiva, que no podrá defenderse.

La jueza de Familia y la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes que intervinieron en el expediente sobre el cuidado de Lucio Dupuy fueron suspendidas por presunto «mal desempeño de sus funciones».

La medida recayó sobre la magistrada Ana Clara Pérez Ballester y la asesora, Elisa Alejandra Catán, quienes habían sido denunciadas ante el Jury por el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino.

Fuentes judiciales señalaron que el ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, a cargo de la presidencia del jury, Fabricio Luis Losi; las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, hicieron lugar al escrito acusatorio presentado el 29 septiembre por Bongianino.

La suspensión es transitoria «mientras dure la tramitación del juicio» tanto para Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1 de General Pico; y de Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de esa ciudad pampeana.

La ley señala que «siempre que se hiciere lugar a la formación de causa, el jurado suspenderá al magistrado o funcionario en el ejercicio de sus funciones», detallaron los voceros.

La medida, de acuerdo a lo señalado por el Jury, es de «carácter preventivo y no importa prejuzgamiento sobre la conducta» de ambas funcionarias ni «menoscaba la imparcialidad del jurado».

Además, el jurado le dio traslado a las imputadas por el plazo de 10 días hábiles para que presenten sus defensas y procedió a «descontarles el cincuenta por ciento de las remuneraciones».

La acusación

Bongianino acusó a Pérez Ballester y Catán por «mal desempeño de sus funciones» al considerar que «omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior» del Lucio al intervenir en el expediente mediante el cual se le otorgó la tenencia del niño a su madre, Magdalena Espósito Valenti, en noviembre de 2020.

Por su parte, la defensa de la jueza sostuvo que «no hay elementos jurídicos que justifiquen» un jury y apoyó la decisión de Pérez Ballester de darle la tenencia a Espósito Valenti, ya que para ese entonces no había antecedentes de violencia de parte de la mujer hacia su hijo, ni del padre del niño, Cristian Dupuy.

Hasta ese momento, el niño estaba bajo la tutela de su tía paterna, quien no se opuso cuando la madre de Lucio pidió la tenencia, adujeron desde la defensa.