El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvo una videoconferencia el miércoles a la tarde con empresarios petroleros y gobernadores de provincias que dependen de regalías. Allí, el funcionario se refirió al decreto que establecerá el «barril criollo».
Es un sistema para que la producción nacional de petróleo se rija con importes diferentes a los del resto del mundo. El decreto que lo reglamentará está a la firma del presidente Alberto Fernández.
El esquema, ya aplicado en el pasado, aísla al país de las fluctuaciones del precio del petróleo en el resto del mundo. Para los consumidores, el impacto probable es que los importes no bajarán, como si sucede en la mayoría de los países productores.
Las provincias recibirán regalías equivalentes a un barril de US$ 45. Pero las petroleras que exporten petróleo recibirán menos que eso: hoy el Brent (el de referencia para la Argentina) está a US$ 30. Las compañías tendrán que pagar regalías por US$ 45 por algo que venden afuera a menos de uS$ 30.
Este precio de US$ 45 es el que se deberá pagar a productores. Las petroleras integradas (YPF, Pan American Energy) están en contra de la medida. También lo están las refinadoras, como Raizen (tiene la marca Shell) y Trafigura (marca Puma). Casi toda la industria está en desacuerdo con esta decisión.
Pero hay dos respaldos decisivos al barril «criollo»; los gobernadores de las provincias petroleras (Neuquén, Chubut y Santa Cruz son las más importantes) y Vista, la empresa de Miguel Galuccio. El ex presidente de YPF tiene un acceso privilegiado a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para hablar sobre cuestiones energéticas.
La Provincia de Chubut se manifestó a favor de un acuerdo, no del decreto y de que las exportaciones no sufran retenciones.
Este precio «sostén» regirá desde el 1 de mayo hasta fin de año. Sin embargo, si el petróleo Brent supera los US$ 45 por 10 días consecutivos, cesaría su aplicación. El decreto estará acompañado con una reducción a las retenciones de las exportaciones de petróleo.
La industria petrolera está sobreofertada hoy, tanto en el país como en el resto del mundo. Hay más producción almacenada de la que requiere la demanda, que cayó a niveles récord por la pandemia.
A través de un decreto, la secretaría de Energía quedaría facultada para establecer los precios de los combustibles cada tres meses. «Con los actuales importes en los surtidores, el único barril que podemos pagar es de US$ 35, pero nos obligarán a asumir un barril a US$ 45. No sé de dónde saldrá la diferencia», plantea un ejecutivo importante de la industria, que pidió no ser mencionado.
Las ventas de combustibles están por el piso y tardarán en recuperarse. Los mejores cálculos son que retomarían el 80% de lo que eran en 2019 recién hacia fin de año.
Las empresas deberán comprometerse a mantener los mismos niveles de actividad que en 2019 y mantener los contratos con los mismos proveedores. En caso que no lo haga, puede haber multas.
En la industria existe temor que el Estado disponga una «mesa» en la que se decida qué productor debe venderle a cada refinador. La Cámara de Empresas de Energía les mandó una carta a las autoridades con sus objeciones al respecto.
«Se quiere incentivar artificialmente la producción sin que exista demanda, y esto agravará más la situación», detalla un consultor que también pidió no ser mencionado, pero que también está en desacuerdo.
Las empresas de servicios petroleros iniciaron planes de retiros voluntarios y despidos, ya que la actividad en Vaca Muerta está paralizada.
Según consultas a sus ejecutivos, no revertirán esta decisión por el «barril criollo». «Es una medida que no quiere ninguna empresa, y la única que lo quiere es pequeña y no puede mover el amperímetro de las decisiones», graficaron.
Los gobernadores de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Neuquén también participaron de la videollamada. El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos será el encargado de seguir este tema hacia adelante.
