La sombra de la corrupción vuelve a sacudir los tribunales federales con un capítulo judicial de proporciones escandalosas.
Mientras el empresario patagónico cumple condena tras las rejas, una intrincada trama de maniobras financieras ilegales, sociedades bajo la lupa y una fortuna millonaria en juego obligaron a la Justicia a dictar una medida drástica que pone fin a uno de los emblemas económicos del kirchnerismo.
El entramado societario del magnate austral vuelve a estar en el centro de la escena judicial con ramificaciones que salpican a su círculo más íntimo.
El origen de Austral Agro y su caída en desgracia judicial
Constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti con un capital inicial de $50.000, la firma Austral Agro S.A. fue pensada para explotar actividades agropecuarias y la compraventa de inmuebles.
Con el paso de los años, el control de la compañía quedó concentrado en manos de la familia Báez, ostentando el patriarca el 70% de las acciones y su hijo Martín el 30% restante. Durante su etapa de mayor esplendor, la firma llegó a contar con 70 empleados cuyos sueldos eran financiados directamente con millonarias sumas en efectivo entregadas por el propio empresario.
Sin embargo, el castillo de naipes comenzó a derrumbarse en 2018, cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó la intervención judicial de la firma en el marco de la macrocausa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La medida se originó por la «falta de colaboración y reticencia» de Leandro Báez —apoderado de la empresa—, quien impidió que los veedores accedieran a la documentación contable y patrimonial. A ello se sumaron antecedentes penales económicos, como la condena dictada por el TOFPE N°3 por retención indebida de aportes previsionales correspondientes a los trabajadores durante febrero de 2016.
Red de lavado desde la cárcel y liquidación total para pagar multas
La situación jurídica de Báez experimentó un giro dramático en las últimas horas tras ser imputado —junto a otras 16 personas— en un nuevo expediente instruido en la Justicia Federal de Río Gallegos.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC a cargo de Jorge Rodríguez Ponte, destapó que el empresario, recluido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cumpliendo una condena unificada de 15 años, dirigió desde prisión una red clandestina para administrar y explotar sus bienes mediante testaferros, contratos de alquiler y acuerdos ganaderos,movilizando un flujo ilícito estimado en $390.880.000.
Como corolario de este cerco judicial, la jueza Valeria Rico, integrante del TOF N°4, dispuso avanzar con la liquidación total de las acciones de Austral Agro para saldar las millonarias multas económicas impuestas a Lázaro y Martín Báez por el expediente de la «Ruta del dinero K», las cuales ascienden a impactantes sumas de US$ 329.237.200 y US$ 274.364.333 respectivamente.
En el mismo fallo, la magistrada ordenó inscribir las acciones a nombre del Estado Nacional y encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asumir el control operativo definitivo de la empresa.
