La Inspección General de Justicia emitió una Resolución Particular (N°0000350) por la cual considera ilícita a la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia. La resolución apunta directamente a la inmobiliaria Remax que fue denunciada ante la Justicia por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).
Los colegios inmobiliarios cargaron contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, según denuncian, estaría promoviendo inmobiliarias sin empleados propios, que en su mayoría son monotributistas, que representan cero costo para la franquicia y a quienes instruyen a través de cursos dictados por la misma compañía. En la Argentina, donde Remax opera desde el año 2004, hay unas 4000 personas trabajando en esas condiciones.
La respuesta de Remax no se hizo esperar: «Rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia de CUCICBA frente a la IGJ, la misma es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de RE/MAX. Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario» expresó la empresa.
Luego, agregó: «Esta acción promovida por el Colegio de Corredores de la Ciudad es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de Corredores y Martilleros matriculados. Este accionar evidencia la clara intencionalidad de los Colegios, que sin importar el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, buscan afectar la fuente de ingresos de más de 5000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias presente en todo el país.»
“Siempre sostuvimos, amparados en el ordenamiento legal de nuestro país, que existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el Corretaje Inmobiliario, y que éstas últimas no pueden ser ‘franquiciadas’”, expresó Armando Pepe, Presidente de CUCICBA.
Según explicó el empresario, la denuncia contra Remax se debe a que, a su entender, «trabaja ilegalmente en la Argentina, la intermediación inmobiliaria», resumió al ser consultado. En la denuncia, asegura que la actividad de Remax genera situaciones de irregularidad tanto en el mercado del corretaje inmobiliario como en el ámbito educativo, que se realizan en competencia desleal».
«La decisión del máximo organismo que regula y controla las sociedades comerciales surgió haciendo lugar a la denuncia de CUCICBA y del propio Pepe, en contra de Remax Argentina S.R.L., sociedad que detenta el uso de la marca “RE/MAX” en nuestro país, respecto al ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria por parte de la misma.», señaló CUCICBA en un comunicado.
Por esta razón, la IGJ considera que la compañía ya no podría seguir operando, debiendo iniciarse el proceso judicial de disolución y liquidación de la misma en el marco de lo dispuesto en los Artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Según argumentó Pepe en su presentación, «la empresa transnacional viene a llevarse puesto todo el andamiaje normativo obligatorio para todos los profesionales de la República Argentina». El empresario se refirió así a que Remax «da cursos y otorga titulos de agentes inmobiliarios sin la habilitación oficial». Además, acusó a Remax de dumping. «Ofrece servicios a precios inferiores a su costo porque no tienen los gastos que si tiene los corredores inmobiliarios», explicó.
“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los Corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, finalizó Pepe en el comunicado de la entidad.
Remax es una organización internacional que fue fundada en 1973 en Denver, Colorado. Se define como un «sistema inmobiliario mundial de oficinas franquiciadas y propias y sus profesionales independientes afiliados». Su red de agentes opera en 65 países. Consultados por este diario, en la firma señalaron que preferían esperar leer en detalle la resolución de la IGJ antes de hacer pública su opinión.
La movida judicial que cosechó este duro revés en la Capital Federal, tiene varios antecedentes en el país. Algunos de ellos en la provincia de Mendoza y también en el interior de la provincia de Buenos Aires, como en 3 de febrero y Mar del Plata, entre otros.