El defensor Jorge Rubiolo acusó a Diego Lüters de intentar conseguir “beneficios procesales” a cambio de declarar en contra de su cliente, el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagary.
Lüters, en la Causa Revelación, testimonió que Bortagaray llevaba planillas a Casa de Gobierno con las empresas que habían pagado retornos y podían cobrar sus deudas. Pero según Rubiolo, nadie en el juicio oral y público ratificó este dato. “Lüters, el testigo estrella, está condenado en El Embrujo, acusado en esta causa y en la Emergencia Climática, que está por comenzar”, sugirió para desvalorizar sus dichos.
El abogado, en su alegato del jueves, aclaró además que en diciembre de 2015, fecha de origen de la presunta asociación ilícita, Bortagaray no estaba en el IPV sino en CORFO. “Es decir que para la acusación, ya era parte por más que estaba en otro organismo. Fiscalía no pudo probar que era parte simplemente porque no sucedió”.
Criticó que a Bortagaray lo hayan tratado de “soldado de terracota”, dispuesto a colaborar con cualquier delito. “Es un político con larga carrera en cargos municipales y provinciales. Su jefe era Mario Das Neves y en una audiencia se definió como `soldado´. Tomarlo como una persona incapaz que trasladaban para delinquir, honestamente lo ofende”.
Rubiolo apuntó contra el testimonio de Brian Elías, parte de la pesquisa, que incluyó al exfuncionario en las planillas de sobresueldos: “¿Son precisas para Bortagaray pero no son precisas para, por ejemplo, el gobernador Mariano Arcioni, que figura?”.
Según el alegato, Diego Correa nunca pudo sumar a Bortagaray a la asociación ilícita ya que “quien lo designó y le tomó juramento fue Das Neves”. Y si desde el IPV salían mails a Casa de Gobierno, era cumplir órdenes del gobernador. Esa información la pedía Correa, no eran iniciativa de Bortagaray. “Fiscalía cree que porque el IPV es autárquico no recibe órdenes de la máxima autoridad. Pero no es autónomo, no depende de sí mismo y su autoridad la designa el Ejecutivo. Si el gobernador pide una cosa el IPV debe cumplir. Es complicado no hacer caso a tu jefe, ¿por cumplir una orden integro una asociación ilícita?”.
Rubiolo agregó que en los mensajes hallados en las pericias no hay vínculos con su cliente. “No es delito enviar una planilla al gobernador. Se hace comúnmente. Cuando llama alguien de Casa de Gobierno se hace sin preguntar; se cumple porque lo pide la cabeza de la administración”.
El defensor recordó que según Marta Evans, gerente en Trelew de la sucursal Belgrano del Banco Chubut, suele haber consultas al IPV para preguntar por pagos y cuentas corrientes de empresas. “¿No era que el IPV era blindado, no salía información y sólo el presidente estaba al tanto. No era tan así”, comparó Rubiolo.
El defensor también negó los cinco retornos que le imputan a Bortagaray. Y explicó que en las listas su cliente figura cobrando sólo una vez $ 25 mil. “Otros con montos mucho más elevados no están sentados en esta causa ni lo van a estar. Eso no se investiga”. Pidió la absolución del exintendente de Dolavon.
En cambio Federico Ruffa, defensor de Gonzalo Carpintero, no pidió la absolución del exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves. Es que el propio imputado admitió haberse enriquecido con el cobro de sobresueldos.
Pero el abogado solicitó a los jueces que si lo condenan, tengan en cuenta que los episodios ocurridos antes de 2013 prescribieron y que entre febrero de 2014 y diciembre de 2015, Carpintero fue asesor en el Congreso de la Nación. Ese lapso es jurisdicción de la Justicia Federal y no provincial. Ruffa también explicó que desde 2011 a 2015, Carpintero no ocupó posiciones de poder en Provincia.
Fiscalía le reprocha al exfuncionario un patrimonio de $ 45 millones. Si prevalece el criterio de la defensa, esa cifra se reduce sensiblemente ya que se tomaría en cuenta sólo el lapso diciembre 2015/octubre 2017.
“Tengan en cuenta que tuvo una colaboración irrestricta y sincera con la investigación, y tomen distancia del clamor popular”, solicitó Ruffa.
