Tag

Causa Revelación

Browsing

El defensor Jorge Rubiolo acusó a Diego Lüters de intentar conseguir “beneficios procesales” a cambio de declarar en contra de su cliente, el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagary.

Lüters, en la Causa Revelación, testimonió que Bortagaray llevaba planillas a Casa de Gobierno con las empresas que habían pagado retornos y podían cobrar sus deudas. Pero según Rubiolo, nadie en el juicio oral y público ratificó este dato. “Lüters, el testigo estrella, está condenado en El Embrujo, acusado en esta causa y en la Emergencia Climática, que está por comenzar”, sugirió para desvalorizar sus dichos.

El abogado, en su alegato del jueves, aclaró además que en diciembre de 2015, fecha de origen de la presunta asociación ilícita, Bortagaray no estaba en el IPV sino en CORFO. “Es decir que para la acusación, ya era parte por más que estaba en otro organismo. Fiscalía no pudo probar que era parte simplemente porque no sucedió”.

Criticó que a Bortagaray lo hayan tratado de “soldado de terracota”, dispuesto a colaborar con cualquier delito. “Es un político con larga carrera en cargos municipales y provinciales. Su jefe era Mario Das Neves y en una audiencia se definió como `soldado´. Tomarlo como una persona incapaz que trasladaban para delinquir, honestamente lo ofende”.

Rubiolo apuntó contra el testimonio de Brian Elías, parte de la pesquisa, que incluyó al exfuncionario en las planillas de sobresueldos: “¿Son precisas para Bortagaray pero no son precisas para, por ejemplo, el gobernador Mariano Arcioni, que figura?”.

Según el alegato, Diego Correa nunca pudo sumar a Bortagaray a la asociación ilícita ya que “quien lo designó y le tomó juramento fue Das Neves”. Y si desde el IPV salían mails a Casa de Gobierno, era cumplir órdenes del gobernador. Esa información la pedía Correa, no eran iniciativa de Bortagaray. “Fiscalía cree que porque el IPV es autárquico no recibe órdenes de la máxima autoridad. Pero no es autónomo, no depende de sí mismo y su autoridad la designa el Ejecutivo. Si el gobernador pide una cosa el IPV debe cumplir. Es complicado no hacer caso a tu jefe, ¿por cumplir una orden integro una asociación ilícita?”.

Rubiolo agregó que en los mensajes hallados en las pericias no hay vínculos con su cliente. “No es delito enviar una planilla al gobernador. Se hace comúnmente. Cuando llama alguien de Casa de Gobierno se hace sin preguntar; se cumple porque lo pide la cabeza de la administración”.

El defensor recordó que según Marta Evans, gerente en Trelew de la sucursal Belgrano del Banco Chubut, suele haber consultas al IPV para preguntar por pagos y cuentas corrientes de empresas. “¿No era que el IPV era blindado, no salía información y sólo el presidente estaba al tanto. No era tan así”, comparó Rubiolo.

El defensor también negó los cinco retornos que le imputan a Bortagaray. Y explicó que en las listas su cliente figura cobrando sólo una vez $ 25 mil. “Otros con montos mucho más elevados no están sentados en esta causa ni lo van a estar. Eso no se investiga”. Pidió la absolución del exintendente de Dolavon.

En cambio Federico Ruffa, defensor de Gonzalo Carpintero, no pidió la absolución del exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves. Es que el propio imputado admitió haberse enriquecido con el cobro de sobresueldos.

Pero el abogado solicitó a los jueces que si lo condenan, tengan en cuenta que los episodios ocurridos antes de 2013 prescribieron y que entre febrero de 2014 y diciembre de 2015, Carpintero fue asesor en el Congreso de la Nación. Ese lapso es jurisdicción de la Justicia Federal y no provincial. Ruffa también explicó que desde 2011 a 2015, Carpintero no ocupó posiciones de poder en Provincia.

Fiscalía le reprocha al exfuncionario un patrimonio de $ 45 millones. Si prevalece el criterio de la defensa, esa cifra se reduce sensiblemente ya que se tomaría en cuenta sólo el lapso diciembre 2015/octubre 2017.

“Tengan en cuenta que tuvo una colaboración irrestricta y sincera con la investigación, y tomen distancia del clamor popular”, solicitó Ruffa.

El fiscal general Marcos Nápoli dio inicio a la parte procesal de los alegatos con los que intentará lograr que se condene a los acusados en la causa Revelación. Esta etapa duraría hasta el 31 de marzo.

Describió la función que cumplía en la presunta asociación ilícita cada uno de los ex funcionarios y el empresario imputados. Señaló como jefe al ex gobernador Mario Das Neves y sostuvo que «esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia».

La causa Revelación llegó a debate tras una extensa investigación de presuntos delitos de corrupción a ex funcionarios provinciales de la última gestión de gobierno de Das Neves. Una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso, accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los ex funcionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Patterson, Pablo Alejandro Oca, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

REPASO DE LAS PRUEBAS

En su extensa alocución, el fiscal hizo un repaso de todas las pruebas documentales y testimoniales que ha producido el Ministerio Público Fiscal a lo largo de más de dos años de investigación.
Describió la función que cada exfuncionario y empresario cumplían dentro de la asociación ilícita de la que se los imputa y sindicó como jefe de la asociación delictual al exgobernador Mario Das Neves. «Esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia», señaló.
Dentro de la operación ilegal, recordó los porcentajes que el exministro coordinador de gabinete Víctor Cisterna había impuesto para el pago de los retornos, 3 y 5 % para las obras de las gestiones del ex gobernador Martín Buzzi y Mario Das Neves, respectivamente.

SOBRE LOS IMPUTADOS

También relató el fiscal que, de acuerdo a declaraciones de testigos, Cisterna iba durante las mañanas a la oficina de Pablo Bastida. Este último sindicado como recaudador dentro del grupo, según indicó el fiscal.
Señaló al ex ministro de economía Pablo Oca como miembro encargado de digitar los pagos en función de las planillas que se confeccionaban en el Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Martín Bortagaray, y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Alejandro Pagani.

También describió la etapa de transición que se dio con la salida de Cisterna a cargo de la banda y su reemplazo por Diego Correa. Allí resaltó el testimonio de Diego Lüters que daba cuenta de la nueva función que le pedía Correa, específicamente la confección minuciosa de las planillas despojándolo de las tareas administrativas que venía desempeñando.
En su rol de organizador, Correa fue agregando personas a la actividad ilegal. Federico Piccione y Andrés Ninín de Comodoro Rivadavia fueron contactados para oficiar también de intermediarios y recaudadores como dio cuenta el testigo Fasciglione, el propietario de Protel (canal 9), según el relato del fiscal.

También describió el manejo de Martín Bortagaray dentro del IPV y su coordinación permanente bajo el seguimiento de Diego Correa. A través de las declaraciones testimoniales de los funcionarios de ese organismo pudo explicar cómo era la metodología de pago para las empresas y así éstas podían pagar los retornos.
Finalmente, evaluó que el monto mensual estimado en concepto de coimas para sobresueldos y/o campaña política rondaba los $ 9.000.000.

Se refirió también la situación del empresario imputado Martín Castillo, al que describió su imputación como «experimental» en comparación a las del resto de los empresarios que fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba (probation) dando cuenta que fue una decisión de estrategia procesal ofrecer ese beneficio y que Castillo no aceptó.
Sinceró que llevar a juicio a más de 25 personas era materialmente imposible en relación a la falta de recursos que sufre el Ministerio Público Fiscal.

Sobre Castillo recordó el testimonio de una empleada del banco que testificó sobre la operatoria para que la entidad pudiera hacerse de los fondos necesarios para la cuenta de Industrias Bass propiedad de Castillo. El empresario le habría dicho a la oficial de cuentas del banco que para saber si había fondos debía preguntarle a Diego Lüters ya que él tenía la información precisa.

Fuente: El Chubut.

La síntesis dada a conocer hoy por el Ministerio Público Fiscal, dio cuenta de los mismos, brindando un detalle pormenorizado de los hechos declarados bajo juramento en la localidad de Rawson.

La misma fue resumida de la siguiente manera por el citado organismo judicial:

-“Contamos con una prueba fundamental que son los cartulares, es decir los cheques utilizados para pagar los retornos. Ahora bien no es la única prueba que hemos de contar”

– “El testigo Eduardo Loza- empresario de la construcción  propietario de la firma Emecco Loza-, refirió  con lujo de detalles como debió efectuar el pago de retornos a Diego Correa…  agregando que  fueron cinco los cheques que utilizo para el pago de retorno exigido por  el funcionario Publico… Le fueron exhibidos los cartulares 150082744 y 15008247 reconociendo de manera palmaria su firma en dichos instrumentos”.

– “Luthers refirió como anotaba los numerosos cheques narrados, detallando cómo  ese ya famoso porcentaje de 3% y 5 % , siendo esto también coincidente con los declarado  por los empresarios de la construcción Laborda Parasitada etc.”

-“En la pericia informática 593/18, 592/18 en quedó registrado de manera palmaria  la vinculación entre Federico Piccione y Diego correa, teniendo como  meta principal apropiarse del canal 9 de la ciudad de comodoro Rivadavia, no utilizando nada más y nada menos que cheques derivados de la obra pública , los cuales obtenían al exigir los retornos”.

-“El testigo Adrián Muñoz, chofer de la Unidad de Gobernador, dijo en este juicio que se encontraba a cargo de Diego Correa. A preguntas de la fiscalía narró que Diego Luthers le daba cheques para cobrar en la sucursal del Banco de la ciudad de Rawson, reconociendo sin ninguno tipo de dudas el endose realizado en dicho instrumento, comprobándose de esta manera que los choferes de dicha unidad eran usados a los fines de cobrar los cheques que prevenían de la asociación ilícita encabezada por Diego Correa”.

– “Por otro lado el accionar ilícito tanto de Diego Correa como de Martín Bortagaray queda demostrado a través del testimonio de la contadora Sandra Torres, del Instituto Provincial de la Vivienda, refiriendo que en la época que estaba Juan Martin Bortagaray de presidente, las planillas referidas a la obrar publica y en las  cuales de se disponía que pagar y eran enviadas también al secretario diego correa de la unidad del gobernador por encargo de quien era presidente,  no siendo ello para nada normal que desde un instituto autárquico como lo es el IPV se envié a un secretario de un gobernador.

-“La declaración que prestara Diego Luthers en este Juicio oral y público quien refirió que en el IPV se implementaba en mismo sistema de planillas en relación al pago de retorno por parte de empresarios de la construcción. Lo narrado no hace más que poner en evidencia la autoría de Diego Correa y la participación del hecho narrado de Juan Martín Bortagaray quien a ese momento estaba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda”.

Fuente: El Comodorense

En el juicio por la causa Revelación, el ex ministro de economía Pablo Oca admitió el cobro de sobresueldos, pero negó ser parte de una asociación ilícita.

El ex Ministro de Economía del Chubut Pablo Oca, imputado en la causa “Revelación” y sentado en el banquillo de los acusados del juicio oral que se realiza en Rawson, habló ante el Tribunal y reconoció que cobró sobresueldos aunque negó “encabezar y ser parte de una asociación ilícita.

“Niego rotundamente los hechos que me involucran. No fui miembro de una asociación delictiva. Voy a ser coherente con lo que dije durante el intento de juicio abreviado. No me simpatiza hablar de mi mismo, pero tengo que hablar de mis antecedentes profesionales,» dijo en alusión a su paso por la función pública en la Municipalidad de Trelew, Vialidad Provincial y Director de Rentas hasta llegar a desempeñarse como Ministro de Economía del Chubut y como docente de la Universidad Nacional de la Patagonia.

“Con todos estos antecedentes laborales cuesta pensar que un día me levanté para dedicarme a ser miembro de una asociación ilícita” señaló luego el ex funcionario de Chubut. Oca continuó como ministro en el inicio de la gestión de Mariano Arcioni como gobernador luego del fallecimiento de Mario Das Neves.

Oca era uno de los funcionarios fuertes de la gestión y al ser consultado sobre lo que percibía, reconoció que “cobraba sobresueldos” aludiendo que creía que provenían de gastos reservados del gobernador. Dijo que si bien su sueldo “era cinco veces inferior al del presidente del Banco del Chubut, no lo justifico. Lo reconozco abiertamente. Yo tenía dos caminos: renunciar al cargo o denunciarlo. Y no utilicé ninguno de esos dos caminos.

“Por eso ofrezco devolver esos sobresueldos a montos actualizados, para de alguna manera resarcir lo que cobré. Quiero devolver cada peso que cobré como sobresueldo cuando fue Ministro”, indicó. También habló ante los jueces los imputados Martín Bortagaray y Diego Luters que se basó en lo que dijo en la causa “Embrujo”.

Con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados, de los que se destaca la ex ministra Gabriela Dufour concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la denominada Causa Revelación.

Tras varias semanas finalizó la etapa de producción de pruebas del juicio oral y público por la Causa “Revelación”, una investigación penal sobre presuntas maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.

La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

LOS TESTIMONIOS

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañaba como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano -Trelew- en el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

Evans informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Acto seguido y convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Con posterioridad fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces. Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que “No queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado” y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.

Este viernes, con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados en la Causa Revelación, concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la causa que investiga delitos corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios públicos y empresarios durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.

La causa «Revelación» llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

En este marco, el tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total, la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañó como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano, en Trelew, durante el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

La testigo informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Posteriormente, convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Luego fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces.

Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que «no queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado» y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.

El último testigo propuesto por la defensa de Víctor Cisterna fue Gustavo Uad quien, al igual que Chialava, se desempeñó en la Asesoría General de Gobierno en el período investigado. Uad fue consultado para que explique sobre los memorandums que le fueron mostrados al anterior testigo. Explicó de manera extensa y detallada todo el procedimiento administrativo que implica una circular del gobernador.

Dejó en claro a solicitud del defensor la diferencia entre contratos de locación de obra y los de obra pública, indicando que los primeros se refieren en general a la contratación de una persona para la realización de un trabajo y que, en definitiva, se usaban para contratar empleados en la administración pública mientras que los contratos de obra pública tienen una legislación específica como así también el procedimiento para los pagos correspondientes. Consultado también por el defensor, Uad explicó que las circulares, algunas firmadas por el exministro coordinador Cisterna, no imponen obligaciones de pago alguno por ningún concepto.

Fuente: JusNoticias Chubut

A primera hora del día miércoles 17 de marzo, en la Oficina judicial de la ciudad de Rawson, en el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, declaro en primer lugar Blanca Di Martino, quien hizo hincapié en comunicaciones telefónicas que surgieron de las pericias que realizó, Guillermo Figueredo, perito informático de la Procuración General.

Dichas comunicaciones serían entre Blanca Di Martino, cuando era agente de cuentas del banco del Chubut y Diego Luters. Estas comunicaciones permitieron conocer cuando la empresa constructora Industrias Bass, perteneciente al empresario Martin Castillo, tenía disponible fondos para afrontar los pagos lo cual era bastante extraño en tanto y en cuanto se llamaba a un secretario privado de la unidad gobernador para obtener ese tipo de información.

Seguidamente declaro Daniel Faciglioni, a cargo de la firma Protel Patagonia, refirió a cuál era la situación financiera que atravesaba canal 9 de Comodoro Rivadavia durante el inicio del entonces gobierno de Mario Das Neves, es decir desde diciembre de 2015, especificó la situación al respecto pos concursal, indicando que parte de la deuda se hizo cargo un grupo de inversores y reconoció específicamente a Jorge Andrés Ninin.

Respecto de este último, cabe recordar que el mismo ha sido condenado en el marco de la causa Revelación por haber integrado una asociación ilícita encabezada por Diego Correa que también tuvo como finalidad apropiarse de la firma Protel Patagónica. Asimismo y como eslabón fundamental en su declaración dio cuenta y reconoció de los diversos cheques que le hacían endosar y refirió que los mismo venían de empresas constructoras que nada tenían que ver con el objeto de la sociedad Protel Patagónica. Esto último sitúo a claras como era la maniobra que estaba encabeza por Diego Correa indudablemente estos cheques provenían del pago de retornos de empresarios vinculados a la construcción públicas y eran volcados al pago de la deuda concursal que tenía Canal 9 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A continuación declaro Fernando Zuñeda, socio de la firma INVERFER S.R.L. de la ciudad de Comodoro Rivadavia, reconoció diversos cartulares que fueron enviados desde empresas constructoras que pagaban retornos, sobre todo eran utilizados para hacer frente al pago de la deuda de Canal 9. Estos cheques eran llevados y presentados por el Señor Federico Piccione quien fue imputado en la presente causa y se encuentra sujeto a la suspensión de juicio a prueba previsto en el artículo 76 bis de nuestro código penal.

Continuó la contadora de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General, Viviana Karlen, quien cumplió tareas específicas en la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública, la profesional, estuvo abocada a investigar el enriquecimiento ilícito del entonces funcionario Gonzalo Carpintero, en razón de ello, dio cuenta de las diversas tareas indicadas por los fiscales Marcos Napoli y Héctor Iturrioz, concluyendo en que hubo un desfasaje patrimonial del mismo entre los años 2011 y 2107, asimismo dio cuenta de los detalles de la construcción de la Propiedad del Barrio Bonorino, de la ciudad de Trelew, la cual presentó cuantiosas reformas y es una propiedad de dimensiones considerables, y se sumó un terreno situado en la ciudad de Trelew, lindante al taller Recticar como así asimismo la adquisición de un vehículo Toyota SW 4 modelo 2017.

La contadora fue contundente a la hora de indicar las distintas operaciones contables que fue realizando a los fines de ir analizando los ingresos y egresos del patrimonio de Gonzalo Carpintero.

La tarea desarrollada por la profesional fue de dimensiones considerables, teniendo en cuenta que tuvo que investigar al grupo familiar del ex funcionario lo cual implicó una tarea “grandiosa”, labor que no fue ejecutada de un día para otro sino que fue en el marco de la investigación de la causa “revelación” la cual tuvo el carácter de caso complejo, y así contar con un mayor plazo de investigación.

Para concluir la contadora pudo demostrar que el desfasaje patrimonial investigado no coincidía con los ingresos que tenía Carpintero al momento de ejercer la función pública durante el periodo del entonces gobernador Mario Das Neves.

El último de los testigos, Walter Kobac, dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso.

En la causa Revelación el testimonio de Andrea Verónica González, dio cuenta que desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

González, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaro en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca,  Víctor Cisterna y  Gonzalo Carpintero. También indicó que el gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detallo que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago concluyó.

La empresa SUDELCO tenía los certificados más rápidos.

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir  que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación  claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3 y 5 por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detallo que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajo junto al ingerido durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC  que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y además dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador» . Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”

Preguntado por el fiscal Napoli para refrescar su memoria por una entrevista que había realizado Ferrari, dijo al recordar “parte de los reclamos eran porque algunos pagos no salían y lo que yo les indicaba era que no me vengan con esas cuestiones, eso les decía a los empresarios”.

Fuente: Canal 12 web

 

Durante la jornada de este jueves declararon como testigos de la Fiscalía Luis Tarrío, Giogina Roberts y Anita Picón, cuyos testimonios permitieron conocer metodología de los pagos en Economía.

El tercero de los testigos de la jornada del día jueves, fue la contadora Giorgina Roberts, quien contó que fue tesorera general de la Provincia del Chubut, durante el periodo en que el contador Pablo Oca cumplía funciones de Ministro de Economía. Roberts, jubilada, trabajo durante 34 años, y fue interrogada para que diga sobre el periodo de los años 2015, 2016 y 2017, refirió a que en esos años la Provincia ya tenía dificultades económicas para pagar sus obligaciones. También indico que “el que define a quien pagar y que pagar es el Ministro de Economía”. Asimismo dio detalle de cómo era el circuito de la obra pública. Se genera una orden de pago, se forma el expediente, pasa a contaduría general, donde revisan el expediente y si todo está bien, aprueba el pago contaduría y por ultimo pasa a tesorería general. Todos los pasos desde que ingresa el trámite hasta que concluye, quedaban registrado en el sistema SIAFyC, quiere decir sistema integral de administración financiera y control. A su vez, se refirió a las planillas las cuales pudo reconocer, y decir que venían de infraestructura de la Provincia para pagar las obras públicas, las cuales no estaban dentro del sistema.

Hablo de las carencias económicas durante el periodo que fue funcionaria, “no se podía pagar todo”, si hubiera fondos las planillas se debían pagar completas. Desde infraestructura llegaba la orden, se recibía en la mesa de entradas, luego se archivaba y cuando se habilitaba el pago, se desarchivaba y posteriormente se ejecutaba el pago, “Oca me citaba para decirme que pagar o que no pagar”. El Banco le prestaba dinero a la Provincia a través del FUCO, fondos que no tienen costo, Estos fondos muchas veces se utilizaron para pagar subsidios que eran de carácter urgente como por ejemplo el TEC transporte escolar y así destrabar el conflicto. Oca fue quien la convocó para trabajar junto a él, dio cuenta que el contador tenía un cartear fuerte. También relató que continuo en su cargo trabajando junto a los Ministros Alejandro Garzonio, Luis Tarrio y el licenciado Oscar Antonena, todo siguió funcionando de igual manera finalizó.

Llego el turno de Carina Morania, secretaria del contador Pablo Oca, dijo conocerlo de rentas y posteriormente fue a trabajar como secretaria, se encargaba de toda la parte administrativa, su lugar de trabajo, era la antesala del despacho del Ministro de Economía. También se refirió a la persona de Correa, indicando que solo lo vio un par de veces y a Luters nunca, y en relación al carácter de Oca dijo “es serio”. Asimismo detallo, que venía gente de Infraestructura para ver a Pablo Oca, y mencionó a Franco Ferrari quien llevaba las planillas para agilizar el trámite, que ese momento dependía de infraestructura que a su vez, su titular era el Ingeniero Pagani.

Anita Picón testigo por parte de la fiscalía, detallo su paso por el estado, dijo estar jubilada a partir de 2012, se desempeñó como directora general de administración y crédito público, preguntada por el tribunal, indico que trabajo con Alejandro Pagani, Víctor Cisterna y Pablo Oca. Fue la responsable de hacer un compilado a nivel provincial de todos los pagos a empresas constructoras, transferencias a municipios, en referencia a ese trabajo, indico que fue “un arduo trabajo” pedido por el entonces Ministro de Economía Pablo Oca, y que debía estar confeccionado todos los días viernes.

El contador Luis E Tarrio, también dio su testimonio en la audiencia de debate, dijo conocer a todos porque fueron compañeros de trabajo en distintos momentos. Ocupo el cargo Ministro de Economía y subsecretario de Coordinación económica y financiera de la Provincia del Chubut. Preguntado por quien decide los pagos, indicó que llevan sus propios controles, también depende en que época y afirmo que la presión la recibe el Gobernador. Asimismo dio detalles de cómo funciona el sistema de controles que debe realizarse y que hoy en día se llevan a cabo.

Los testimonios de Anita Picón y Luis Tarrio clarificaron el mecanismo que se utilizó dentro de los organismos de la administración pública, Ministerio de Economía, de Infraestructura, el certificado de obra, la orden de pago, sobre todo para despejar todo tipo de duda de cómo era la maniobra que utilizaron estas personas que integraban la asociación ilícita. La misma, indudablemente hizo requerir que intervengan varios actores en diferentes organismo como el ministerio de infraestructura, como la secretaria privada de la unidad del Gobernador, y el propio Ministerio de Economía, para que se facilite esta maniobra que indudablemente fue dirigida a los empresarios que fueron las víctimas y los cuales debían pagar los retornos para poder acceder al pago de sus acreencias.

El día viernes va a declarar personal del Ministerio de Infraestructura, que trabajó durante el periodo 2016 y 2017, años en los que estuvo a cargo del organismo el ingeniero Alejandro Pagani.

Es una causa de corrupción, por el delito de asociación y enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, tiene en el banquillo de los acusados a ex funcionarios provinciales y un empresario de la construcción, el estado Provincial es el damnificado.

Los responsables son Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; y el empresario Martín Castillo.

Las imputaciones contra cada uno de ellos surgen por el presunto pago de retornos de empresas de la obra pública a funcionarios de la tercera gobernación de Mario Das Neves

El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Marcos Napoli y Gustavo Nuñez junto a su equipo de trabajo.

Fuente: Comunicación de la Procuración General. Sede Rawson

La audiencia de debate que comenzó esta mañana y que tuvo un cuarto intermedio hasta las tres de la tarde, se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson. En la segunda parte de la audiencia, los testigos declararon por videoconferencia por encontrarse dentro de la población de riesgo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Una de los testigos fue Anita Picón, ex directora general de Administración, Crédito Público de Chubut, el otro el contador Luis E. Tarrío.

A las 16:40 horas finalizó audiencia de debate que continuará mañana por la mañana con más testigos por la fiscalía.

Fuente: Canal12