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Causa Revelación

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La causa Revelación ya tiene varios ex funcionarios de la gestión das Neves que fueron condenados en las últimas horas por haberse quedado con retornos por coimas con empresas de la provincia, en diálogo con FM DEL LAGO el Fiscal Napoli confirmó “en el día de ayer Pagani, Cisterna y Bortagaray quedaron detenidos, los defensores han impugnado esta resolución de prisión preventiva, ahora otro tribunal va a resolver, probablemente tienen chances de recuperar la libertad y pasar lo que resta hasta la impugnación de la cámara en libertad, pero en algún momento van a tener que cumplir la pena, Cisterna tiene una condena de 7 años y 8 meses, Pagani y bortagaray de 4 años y 6 meses, si no se altera este número van a tener que cumplir un buen tiempo privados de libertad, el tiempo pasa y la persona tarde o temprano recupera a libertad, muchas veces vemos cómo se reinventan y están nuevamente en el tapete político de la provincia, esto nos da un panorama alentador con esta pena que va a adosada a la inhabilitación perpetua”.

Respecto al patrimonio recuperado, el fiscal precisó “Carpintero tiene que devolver la casa del Barrio Bonarino en Trelew mas una multa de 12 millones, a Oca se le impuso una multa de 3 millones, después todo el recupero que fueron cuestionadas pero que han aumentado este monto de manera significativa”

Según la fiscalía, quedó probado que Das Neves era el Jefe de la Banda

Napoli dio detalles de la investigación que terminó con varios funcionarios dasnevistas tras las rejas, “ha quedado establecido que Das Neves era el jefe de la asociación ilícita, en un momento de escasez financiera estos empresarios pagaban retornos para adelantarse al cobro antes que otras empresas de menor cuantía, o quienes no tenían la posibilidad de acceder a los funcionarios públicos para realizar esta transacción, quienes tenían la mayor cantidad de obra pública era quienes digitar como cobrar, mucho de ese dinero se repartía en sobresueldos, a Chubut Somos Todos y los gastos de campaña por eso vamos a dar sentencia al Juzgado electoral, financiarse de ese modo va en detrimento de otros partidos políticos, competir con quien detenta la caja pública es desleal”.

Respecto a la participación de empresarios en el armado de la red de corrupción con la obra pública más grande de la historia de Chubut, el fiscal manifestó “había empresas que estaban en estado de quiebre financiero y eso se pudo corroborar, hubo otros que pagaban estas coimas sin reparos, esto o se cobraba en la re determinación de los pagos o se cargaba en la liquidación previa, los empresarios no perdían y hoy ninguno está quebrado”.

Consultado el fiscal sobre su visión del sector político y la corrupción, remarcó “yo creo que se cuidan más, creo que no puede erradicarse de un palmazo toda la actividad de corrupción de los gobiernos, creo que hay que magnificar los mecanismos de control ciudadano y tratar de minimizar la incidencia que esto actos tengan, necesitamos del ciudadano para avanzar en esto, en este caso hemos tenido la satisfacción por los testigos que se presentaron y declararon, mucho tuvo que ver con las segundas y terceras líneas de los ministerios de economía, infraestructura, vivienda, no todo el mundo es igual, hay gente de carrera que ha sido honesta, esto también va dedicado a ellos”.

En los detalles, Napoli contó que quien inició con el tramado de corrupción que lideraba Das Neves fue Cisterna, quien fue ministros de Economía “el primer pedido era a través de Cisterna, era quien había organizado el sistema de cobros, después cuando Cisterna se aleja tomó la posta Diego Correa quien toma la posta de esta asociación ilícita con gente que tenía diseminada en la provincia, el sistema estaba más que aceitado”.

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, presiones ante las investigaciones por corrupción que salpican al poder político

Napoli contó cuán difícil es para el grupo de fiscales que trabajan constantemente con causas que tienen que ver con la corrupción, poder avanzar en las investigaciones y poder llegar a juicio, al respecto admitió “las constantes denuncias en el consejo de la magistratura, a mí se me abrió un sumario durante el juicio Revelación con un juicio de 8 horas, me abrieron un sumario por juicio abreviado para dos imputados, cuando este está avalado por jurisprudencia, uno siente que los golpes vienen de varios lados, y no se corresponde con lo que uno está trabajando, una consejera de Esquel dijo que Napoli fue a la audiencia no leyendo un artículo, fue la consejera Nelly Garcia, no puedo ir a una audiencia no habiendo leyendo el artículo 355 del código procesal, uno hasta insulta la inteligencia, hay que reconocer el trabajo que se ha hecho, esto tiene un impacto a los demás fiscales de la provincia, tenemos un sueldo de primera y ese sueldo viene a reparar estos gajes, tener que atravesar estas situaciones que también nos afectan

Por último, en agradecimiento al equipo de la unidad especial, manifestó “agradezco a Iturrioz que ha sido uno de los impecables, al fiscal Gustavo Nuñez, la contadora Carlen, Ximena Villalba, Brian Lías, Juan Carlos Núñez que hemos sido un excelente equipo de trabajo”.

 

Este mediodía se conocerá la sentencia integral para Víctor Cisterna, Diego Correa, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Pablo Oca, Diego Luthers y Gonzalo Carpintero Paterson, para quienes los fiscales solicitaron condenas de efectivos cumplimiento.

Los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales son los responsables del tribunal, que días pasados clausuró la instancia de debate en la Causa Revelación, y hoy dará a conocer la sentencia integral de la causa, incluidas las condenas a aplicar a los ocho imputados.

Del otro lado del estrado se encuentran los exfuncionarios provinciales Víctor Cisterna, Diego Correa, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Pablo Oca, Diego Luthers y Gonzalo Carpintero Paterson, para quienes los fiscales solicitaron condenas de efectivos cumplimiento y también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para el caso del empresario Martín Castillo, el único de los condenados que no revestía el carácter de haber sido funcionario público, se pidió una pena de 2 años de prisión.

La investigación está referida a maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales durante el último gobierno de Mario Das Neves

La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio.

En la tarde de este viernes, se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Rawson, la audiencia de cesura para los ocho imputados en la causa Revelación, que investiga casos de corrupción en perjuicio del Estado chubutense. En este marco, el fiscal Marcos Nápoli solicitó la cantidad de años de condena para cada uno de los involucrados hallados penalmente responsables.

De ese modo, para el exministro coordinador de Gabinete Víctor Cisterna, el fiscal solicitó 7 años y 6 meses de prisión; en tanto que, para el exsecretario privado del entonces gobernador Mario Das Neves, Diego Correa (ya condenado anteriormente en la causa Embrujo, pidió 5 años y 6 meses. Por otro lado, para el exministro de Economía, Pablo Oca, y para el exsecretario de Correa, Diego Lüters, solicitaron 3 años de prisión.

Para el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, la pena solicitada fue de 4 años y 10 meses, y para el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, pidieron 4 años y 8 meses.

Por último, para Gonzalo Carpintero, quien fuera mano derecha del gobernador Das Neves, solicitaron 3 años y para Martín Castillo, dueño de Industrias Bass y único empresario enjuiciado, pidieron 2 años de prisión.

Para siete de los imputados también se solicitó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Solo quedó por fuera Martín Castillo, debido a que no se desempeñaba como funcionario.

Fuente: El Patagónico

Para hoy esta programada la audiencia donde se plantearán las penas para los 8 condenados en la Causa «Revelación» :Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani  y Martín Bortagaray,Diego Correa, Gonzalo Carpintero Diego Luthers y Martín Castillo.

Las penas que podría determinar el tribunal van desde lo 3 a 10años de prisión, decomiso de bienes e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En el caso de Carpintero el mismo tribunal estableció que el monto del enriquecimiento ilícito supera los 800000 dólares.

El tribunal dio este miércoles a la tarde el veredicto en el que determinó la culpabilidad de siete ex funcionarios de la gestión Das Neves y de un empresario de la construcción, en la causa más importante de corrupción en la provincia.

El juicio de la causa Revelación concluyó este miércoles tras un extensa investigación sobre maniobras de corrupción que involucraron a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción. En horas de la tarde los jueces leyeron el veredicto en donde se declaró penalmente responsables a los ocho imputados en la causa, entre ellos, Víctor Cisterna (organizador, en calidad de autor bajo la modalidad de delito continuado en concurso real con exacciones ilegales); Diego Correa (organizador, en calidad de autor por delito continuado con exacciones ilegales); Pablo Oca (miembro de la asociación ilícita como autor y partícipe primario); Alejandro Pagani (miembro de asociación ilícita como autor en concurso real de cohecho pasivo); Martín Bortagaray (miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo); Diego Luters (miembro de la asociación en calidad de autor); Gonzalo Carpintero (como autor por enriquecimiento ilícito) y Martín Castillo (cohecho activo en calidad de autor).

En algunos de los tramos el veredicto fue dividido. La fiscalía pudo probar la existencia de una asociación ilícita que tuvo como organizadores a Víctor Cisterna y a Diego Correa y como miembros a Pablo Oca, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Bortagaray. Además se encontró culpables a Gonzalo Carpintero, del delito de enriquecimiento ilícito y al empresario Martín Castillo del delito de cohecho activo.

Los jueces detallaron en primer lugar que no hicieron lugar a los planteos de nulidad realizados por los distintos abogados. Además, la incompetencia fue rechazada, al igual que planteo de que prescribieron los plazos legales. También se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de asociación ilícita. 

Corrupción: Hechos probados

El juez Mariano Nicosia manifestó previo a la lectura del veredicto que «hubo variaciones a la teoría acusatoria pero no afectaron la congruencia. El número de participantes de la asociación fue variando, pues se fueron incorporando participantes, pero desde el inicio nunca fue menor a tres. Mario Das Neves tuvo una participación trascendente en el armado, al punto que finalizó cuando desapareció».

En cuanto al hecho principal, la asociación ilícita, indicó que «tres de los imputados admitieron la existencia de una organización criminal montada en la estructura del gobierno en la que empresarios ahogados por sus acreencias dieron pagar a través de un retorno correspondiente a su deuda para cobrar los pagos adeudados. Cisterna y Martín Bortagaray la desconocieron pero otros la admitieron y hay elementos de prueba», expresó.

«Se estableció desde y hasta cuándo duro la organización y fue clave el testimonio de Pablo Oca, con admisión de culpabilidad, como también los hicieron Diego Correa y Diego Luters», detalló y dijo que ésta operó «desde diciembre de 2015 hasta la desaparición física de Das Neves».

Según precisó la jueza, «primero en cabeza de Cisterna y luego en cabeza de Correa, los mismos cheques pasaron de uno a otro. El reconocimiento realizado por Oca, Luters y Correa fue avalado por los empresarios de la construcción».

«En un allanamiento en casa de los padres de Luters se descubren las fotocopias que permitieron dar con los originales de los cheques. También se encontraron elementos de cómo se materializaban los porcentajes de entre 3 y 5 por ciento. También figuraban las planillas de ingreso la y gastos, y hay constancia de pagos en efectivo de empresarios de la construcción.  La mensajería del teléfono de Luters permitió ver la trama de las operaciones. También se acreditó que con el monto recaudado utilizaban gastos políticos, sobresueldos y compra de Canal 9 de Comodoro Rivadavia», detalló Nicosia y mencionó además que «Pagani tuvo participación efectiva al seleccionar con Correa que empresas cobraban y cuáles no».

«Correa gestionó nuevas modalidades y estableció nuevas funciones entre sus integrantes.

En las planillas de pago figuran muchos más funcionarios que deben ser investigados.

Bortagaray puso a disposición de Correa todo el IPV, y fue proactivo ya que brindó toda la ayuda en ese sentido, brindó todas las planillas -admitió el juez- y recibió órdenes de Correa sobre qué empresas iban a cobrar».

«Carpintero tenía un manejo discrecional de esta caja y recibía una de las sumas de mayor importancia, lo que nos da una pista de su importancia, y compartía la misma oficina con Correa, dónde se desarrollaba la actividad ilícita, pero ante el retiro de la acusación en tribunal debe absolver por este hecho al imputado», expresó el juez sobre este juicio de corrupción.

Dijo que el enriquecimiento ilícito de Carpintero ha Sido probado , los peritos demostraron la evolución patrimonial. También fue reconocido por el imputado. Por más que no haya acuerdo en los valores de referencia, el estimativo arroja que el incremento es ilegal, que asciende a más de 800 mil dólares», detalló.

Fuente: ADNSUR

El defensor Jorge Rubiolo acusó a Diego Lüters de intentar conseguir “beneficios procesales” a cambio de declarar en contra de su cliente, el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagary.

Lüters, en la Causa Revelación, testimonió que Bortagaray llevaba planillas a Casa de Gobierno con las empresas que habían pagado retornos y podían cobrar sus deudas. Pero según Rubiolo, nadie en el juicio oral y público ratificó este dato. “Lüters, el testigo estrella, está condenado en El Embrujo, acusado en esta causa y en la Emergencia Climática, que está por comenzar”, sugirió para desvalorizar sus dichos.

El abogado, en su alegato del jueves, aclaró además que en diciembre de 2015, fecha de origen de la presunta asociación ilícita, Bortagaray no estaba en el IPV sino en CORFO. “Es decir que para la acusación, ya era parte por más que estaba en otro organismo. Fiscalía no pudo probar que era parte simplemente porque no sucedió”.

Criticó que a Bortagaray lo hayan tratado de “soldado de terracota”, dispuesto a colaborar con cualquier delito. “Es un político con larga carrera en cargos municipales y provinciales. Su jefe era Mario Das Neves y en una audiencia se definió como `soldado´. Tomarlo como una persona incapaz que trasladaban para delinquir, honestamente lo ofende”.

Rubiolo apuntó contra el testimonio de Brian Elías, parte de la pesquisa, que incluyó al exfuncionario en las planillas de sobresueldos: “¿Son precisas para Bortagaray pero no son precisas para, por ejemplo, el gobernador Mariano Arcioni, que figura?”.

Según el alegato, Diego Correa nunca pudo sumar a Bortagaray a la asociación ilícita ya que “quien lo designó y le tomó juramento fue Das Neves”. Y si desde el IPV salían mails a Casa de Gobierno, era cumplir órdenes del gobernador. Esa información la pedía Correa, no eran iniciativa de Bortagaray. “Fiscalía cree que porque el IPV es autárquico no recibe órdenes de la máxima autoridad. Pero no es autónomo, no depende de sí mismo y su autoridad la designa el Ejecutivo. Si el gobernador pide una cosa el IPV debe cumplir. Es complicado no hacer caso a tu jefe, ¿por cumplir una orden integro una asociación ilícita?”.

Rubiolo agregó que en los mensajes hallados en las pericias no hay vínculos con su cliente. “No es delito enviar una planilla al gobernador. Se hace comúnmente. Cuando llama alguien de Casa de Gobierno se hace sin preguntar; se cumple porque lo pide la cabeza de la administración”.

El defensor recordó que según Marta Evans, gerente en Trelew de la sucursal Belgrano del Banco Chubut, suele haber consultas al IPV para preguntar por pagos y cuentas corrientes de empresas. “¿No era que el IPV era blindado, no salía información y sólo el presidente estaba al tanto. No era tan así”, comparó Rubiolo.

El defensor también negó los cinco retornos que le imputan a Bortagaray. Y explicó que en las listas su cliente figura cobrando sólo una vez $ 25 mil. “Otros con montos mucho más elevados no están sentados en esta causa ni lo van a estar. Eso no se investiga”. Pidió la absolución del exintendente de Dolavon.

En cambio Federico Ruffa, defensor de Gonzalo Carpintero, no pidió la absolución del exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves. Es que el propio imputado admitió haberse enriquecido con el cobro de sobresueldos.

Pero el abogado solicitó a los jueces que si lo condenan, tengan en cuenta que los episodios ocurridos antes de 2013 prescribieron y que entre febrero de 2014 y diciembre de 2015, Carpintero fue asesor en el Congreso de la Nación. Ese lapso es jurisdicción de la Justicia Federal y no provincial. Ruffa también explicó que desde 2011 a 2015, Carpintero no ocupó posiciones de poder en Provincia.

Fiscalía le reprocha al exfuncionario un patrimonio de $ 45 millones. Si prevalece el criterio de la defensa, esa cifra se reduce sensiblemente ya que se tomaría en cuenta sólo el lapso diciembre 2015/octubre 2017.

“Tengan en cuenta que tuvo una colaboración irrestricta y sincera con la investigación, y tomen distancia del clamor popular”, solicitó Ruffa.

El fiscal general Marcos Nápoli dio inicio a la parte procesal de los alegatos con los que intentará lograr que se condene a los acusados en la causa Revelación. Esta etapa duraría hasta el 31 de marzo.

Describió la función que cumplía en la presunta asociación ilícita cada uno de los ex funcionarios y el empresario imputados. Señaló como jefe al ex gobernador Mario Das Neves y sostuvo que «esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia».

La causa Revelación llegó a debate tras una extensa investigación de presuntos delitos de corrupción a ex funcionarios provinciales de la última gestión de gobierno de Das Neves. Una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso, accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los ex funcionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Patterson, Pablo Alejandro Oca, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

REPASO DE LAS PRUEBAS

En su extensa alocución, el fiscal hizo un repaso de todas las pruebas documentales y testimoniales que ha producido el Ministerio Público Fiscal a lo largo de más de dos años de investigación.
Describió la función que cada exfuncionario y empresario cumplían dentro de la asociación ilícita de la que se los imputa y sindicó como jefe de la asociación delictual al exgobernador Mario Das Neves. «Esta operación global no podría haber funcionado sin su anuencia», señaló.
Dentro de la operación ilegal, recordó los porcentajes que el exministro coordinador de gabinete Víctor Cisterna había impuesto para el pago de los retornos, 3 y 5 % para las obras de las gestiones del ex gobernador Martín Buzzi y Mario Das Neves, respectivamente.

SOBRE LOS IMPUTADOS

También relató el fiscal que, de acuerdo a declaraciones de testigos, Cisterna iba durante las mañanas a la oficina de Pablo Bastida. Este último sindicado como recaudador dentro del grupo, según indicó el fiscal.
Señaló al ex ministro de economía Pablo Oca como miembro encargado de digitar los pagos en función de las planillas que se confeccionaban en el Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Martín Bortagaray, y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Alejandro Pagani.

También describió la etapa de transición que se dio con la salida de Cisterna a cargo de la banda y su reemplazo por Diego Correa. Allí resaltó el testimonio de Diego Lüters que daba cuenta de la nueva función que le pedía Correa, específicamente la confección minuciosa de las planillas despojándolo de las tareas administrativas que venía desempeñando.
En su rol de organizador, Correa fue agregando personas a la actividad ilegal. Federico Piccione y Andrés Ninín de Comodoro Rivadavia fueron contactados para oficiar también de intermediarios y recaudadores como dio cuenta el testigo Fasciglione, el propietario de Protel (canal 9), según el relato del fiscal.

También describió el manejo de Martín Bortagaray dentro del IPV y su coordinación permanente bajo el seguimiento de Diego Correa. A través de las declaraciones testimoniales de los funcionarios de ese organismo pudo explicar cómo era la metodología de pago para las empresas y así éstas podían pagar los retornos.
Finalmente, evaluó que el monto mensual estimado en concepto de coimas para sobresueldos y/o campaña política rondaba los $ 9.000.000.

Se refirió también la situación del empresario imputado Martín Castillo, al que describió su imputación como «experimental» en comparación a las del resto de los empresarios que fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba (probation) dando cuenta que fue una decisión de estrategia procesal ofrecer ese beneficio y que Castillo no aceptó.
Sinceró que llevar a juicio a más de 25 personas era materialmente imposible en relación a la falta de recursos que sufre el Ministerio Público Fiscal.

Sobre Castillo recordó el testimonio de una empleada del banco que testificó sobre la operatoria para que la entidad pudiera hacerse de los fondos necesarios para la cuenta de Industrias Bass propiedad de Castillo. El empresario le habría dicho a la oficial de cuentas del banco que para saber si había fondos debía preguntarle a Diego Lüters ya que él tenía la información precisa.

Fuente: El Chubut.

La síntesis dada a conocer hoy por el Ministerio Público Fiscal, dio cuenta de los mismos, brindando un detalle pormenorizado de los hechos declarados bajo juramento en la localidad de Rawson.

La misma fue resumida de la siguiente manera por el citado organismo judicial:

-“Contamos con una prueba fundamental que son los cartulares, es decir los cheques utilizados para pagar los retornos. Ahora bien no es la única prueba que hemos de contar”

– “El testigo Eduardo Loza- empresario de la construcción  propietario de la firma Emecco Loza-, refirió  con lujo de detalles como debió efectuar el pago de retornos a Diego Correa…  agregando que  fueron cinco los cheques que utilizo para el pago de retorno exigido por  el funcionario Publico… Le fueron exhibidos los cartulares 150082744 y 15008247 reconociendo de manera palmaria su firma en dichos instrumentos”.

– “Luthers refirió como anotaba los numerosos cheques narrados, detallando cómo  ese ya famoso porcentaje de 3% y 5 % , siendo esto también coincidente con los declarado  por los empresarios de la construcción Laborda Parasitada etc.”

-“En la pericia informática 593/18, 592/18 en quedó registrado de manera palmaria  la vinculación entre Federico Piccione y Diego correa, teniendo como  meta principal apropiarse del canal 9 de la ciudad de comodoro Rivadavia, no utilizando nada más y nada menos que cheques derivados de la obra pública , los cuales obtenían al exigir los retornos”.

-“El testigo Adrián Muñoz, chofer de la Unidad de Gobernador, dijo en este juicio que se encontraba a cargo de Diego Correa. A preguntas de la fiscalía narró que Diego Luthers le daba cheques para cobrar en la sucursal del Banco de la ciudad de Rawson, reconociendo sin ninguno tipo de dudas el endose realizado en dicho instrumento, comprobándose de esta manera que los choferes de dicha unidad eran usados a los fines de cobrar los cheques que prevenían de la asociación ilícita encabezada por Diego Correa”.

– “Por otro lado el accionar ilícito tanto de Diego Correa como de Martín Bortagaray queda demostrado a través del testimonio de la contadora Sandra Torres, del Instituto Provincial de la Vivienda, refiriendo que en la época que estaba Juan Martin Bortagaray de presidente, las planillas referidas a la obrar publica y en las  cuales de se disponía que pagar y eran enviadas también al secretario diego correa de la unidad del gobernador por encargo de quien era presidente,  no siendo ello para nada normal que desde un instituto autárquico como lo es el IPV se envié a un secretario de un gobernador.

-“La declaración que prestara Diego Luthers en este Juicio oral y público quien refirió que en el IPV se implementaba en mismo sistema de planillas en relación al pago de retorno por parte de empresarios de la construcción. Lo narrado no hace más que poner en evidencia la autoría de Diego Correa y la participación del hecho narrado de Juan Martín Bortagaray quien a ese momento estaba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda”.

Fuente: El Comodorense

En el juicio por la causa Revelación, el ex ministro de economía Pablo Oca admitió el cobro de sobresueldos, pero negó ser parte de una asociación ilícita.

El ex Ministro de Economía del Chubut Pablo Oca, imputado en la causa “Revelación” y sentado en el banquillo de los acusados del juicio oral que se realiza en Rawson, habló ante el Tribunal y reconoció que cobró sobresueldos aunque negó “encabezar y ser parte de una asociación ilícita.

“Niego rotundamente los hechos que me involucran. No fui miembro de una asociación delictiva. Voy a ser coherente con lo que dije durante el intento de juicio abreviado. No me simpatiza hablar de mi mismo, pero tengo que hablar de mis antecedentes profesionales,» dijo en alusión a su paso por la función pública en la Municipalidad de Trelew, Vialidad Provincial y Director de Rentas hasta llegar a desempeñarse como Ministro de Economía del Chubut y como docente de la Universidad Nacional de la Patagonia.

“Con todos estos antecedentes laborales cuesta pensar que un día me levanté para dedicarme a ser miembro de una asociación ilícita” señaló luego el ex funcionario de Chubut. Oca continuó como ministro en el inicio de la gestión de Mariano Arcioni como gobernador luego del fallecimiento de Mario Das Neves.

Oca era uno de los funcionarios fuertes de la gestión y al ser consultado sobre lo que percibía, reconoció que “cobraba sobresueldos” aludiendo que creía que provenían de gastos reservados del gobernador. Dijo que si bien su sueldo “era cinco veces inferior al del presidente del Banco del Chubut, no lo justifico. Lo reconozco abiertamente. Yo tenía dos caminos: renunciar al cargo o denunciarlo. Y no utilicé ninguno de esos dos caminos.

“Por eso ofrezco devolver esos sobresueldos a montos actualizados, para de alguna manera resarcir lo que cobré. Quiero devolver cada peso que cobré como sobresueldo cuando fue Ministro”, indicó. También habló ante los jueces los imputados Martín Bortagaray y Diego Luters que se basó en lo que dijo en la causa “Embrujo”.

Con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados, de los que se destaca la ex ministra Gabriela Dufour concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la denominada Causa Revelación.

Tras varias semanas finalizó la etapa de producción de pruebas del juicio oral y público por la Causa “Revelación”, una investigación penal sobre presuntas maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.

La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

LOS TESTIMONIOS

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañaba como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano -Trelew- en el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

Evans informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Acto seguido y convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Con posterioridad fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces. Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que “No queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado” y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.